Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 34803-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de la parte actora, revocar la decisión de fs. 63/67 y, en consecuencia, dejar sin efecto la multa y los tributos reclamados en la resolución (AD SAPE) 447/13.
2Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párr., y 279 del CPCCN).
El Sr. Juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN). El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente en los términos de la resolución JS N° 7/25.
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1474/2025 PIONEER ARGENTINA SRL (TF 34803-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 3 de junio de 2025.
VISTOS; Y
1. Que, a fs. 63/67, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Rechazó la nulidad planteada por la actora, con costas.
(ii) Confirmó la resolución (AD SAPE) 447/13, recaída en la actuación SIGEA 12634-56-2012, en cuanto había condenado a Pioneer Argentina SRL al pago de una multa de $2.778.488,09 en los términos del artículo 954, apartado 1º, incisos a y c, del Código Aduanero, así como al pago de $132.308,81 en concepto de tributos, tras detectar una diferencia entre el precio de la mercadería declarado en la destinación de exportación para consumo 09 060 EC01 003821X, y aquél al que fue importada en la República Federativa de Brasil; el cual se obtuvo a través del Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA). Impuso las costas a la actora vencida.
Al resolver, señaló que la transacción comercial cuestionada se había estructurado como una operación triangular entre empresas vinculadas.
En efecto, de los antecedentes administrativos surge que mediante el permiso de embarque 09 060 EC01 003821X, registrado el 9/9/09, Pioneer Argentina SA documentó la exportación de 222.476,22 kilogramos de semillas de maíz para siembra (PA 1005.10.00.000Q), con destino a Brasil y por un valor FOB de USD 906.534,68. Los derechos de exportación del 5% se liquidaron y abonaron considerando esa base imponible. La mercadería se envió directamente a Brasil, pero la venta se facturó a la empresa Pioneer Overseas Corporation de los Estados Unidos de América. Esta última, a su vez, revendió la mercadería a Du Pont Do Brasil SA; empresa, esta última, que documentó la importación de igual cantidad de mercadería ante la Aduana de Sao Borja, Brasil, con un valor FOB de USD 1.635.605,29, conforme se detectó mediante el aludido sistema INDIRA.
El tribunal administrativo precisó que la diferencia entre el valor FOB declarado en la destinación 09 060 EC01 003821X y el consignado en la documentación brasileña alcanzaba el 80,42%, y concluyó que eso había generado un ingreso de divisas y un pago de tributos distintos de los que correspondían. Para sustentar esta última conclusión, remarcó que no se discutía que las tres empresas intervinientes tenían vinculación entre sí. Por otro lado, destacó que la existencia de una operación triangulada constituía un elemento que de por sí habilitaba al servicio aduanero a investigar y recabar mayor información sobre el valor declarado, a los fines de evaluar la genuinidad de la operación comercial. En ese sentido, argumentó que el sistema INDIRA resultaba un medio de prueba válido y fehaciente, toda vez que 1 extraía los datos de los sistemas de registro de las operaciones en ambos países, con sustento en un convenio de intercambio de información y cooperación entre la aduana argentina y la brasileña. A continuación, hizo referencia a los informes técnicos producidos por la Aduana; los que, a su entender, permitían tener por probado que la intervención de Pioneer Overseas Corporation no tuvo sustancia económica y que el valor de transacción declarado se había visto influido por la por la vinculación. En este punto, hizo hincapié en la falta de justificación del rol cumplido por la empresa norteamericana, así como en el hecho de que la mercadería se había apreciado un 80,42% por el mero cruce fronterizo, en tanto se había comprobado que arribó a Brasil en el mismo estado en que salió de la Argentina. Dijo que, en ese contexto, le hubiese correspondido a la actora acreditar la veracidad de la operación, así como la real y efectiva prestación de un servicio u otra clase de aporte tangible por la intermediaria norteamericana; sin embargo, no lo había hecho. Finalmente, mencionó que de la prueba aportada por la actora se desprendía que el destino de todas sus operaciones para el período objeto de estudio había sido Brasil; lo que representaba otro indicio claro de que la venta a Pioneer Overseas Corporation había sido simulada, siendo el verdadero comprador Du Pont Do Brasil.
En otro orden de cosas, advirtió que no se había practicado un ajuste de valor con arreglo al procedimiento previsto por la resolución AFIP 620/99, sino que se tuvo por configurado el presupuesto del tipo infraccional y se tomó como precio realmente pagado o por pagar el abonado por Du Pont Do Brasil.
A su vez, rechazó la pretensión subsidiaria de la actora, consistente en que se ordenase a la DGA abonarle las diferencias de reintegros en virtud de la nueva base imponible. Declaró que esa cuestión excedía la competencia del tribunal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1132, apartado 1°, inciso a, del Código Aduanero. Por último, aclaró que no consideraba aplicable lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 20/19 “Pioneer Argentina SRL (TF 38718-A) c/ DGA”, sentencia del 29/2/24, ya que en ese precedente se había examinado una operación de importación, mientras que en el presente se examina una exportación, a la cual le corresponde un régimen legal diferente.
2. Que, disconforme, la actora interpuso y fundó apelación a fs. 75/91, que se concedió a fs. 97 y fue replicada a fs. 105/111vta.
En sustancia, planteó lo siguiente:
a) No están reunidos los elementos necesarios para tener por configuradas las modalidades de declaración inexacta endilgadas por la Aduana. En especial, porque no existe diferencia alguna entre la declaración efectuada en el permiso de embarque y su correspondiente factura comercial. Además, porque se encuentra probado que el precio acordado con Pioneer Overseas Corporation es el que efectivamente ingresó, se liquidó y registró contablemente.
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b) Se condena forzadamente, con sustento en indicios. Se asume que existió una subfacturación por la sola evidencia de ventas sucesivas y la constatación mediante el sistema INDIRA de que la mercadería se importó en destino a un precio superior al declarado al exportar desde la Argentina; circunstancia que la propia Corte federal estimó insuficiente en causas análogas. Además, tratándose de una infracción de naturaleza penal, tampoco corresponde condenar sobre la base de indicios. c) Se invierte la carga probatoria, afectándose de tal modo el principio constitucional y legal de inocencia (arg. arts. 18 CN y 898, CA). Por el contrario, es la Aduana quien debe acreditar la concurrencia de los hechos en que se sustenta la imputación mediante algo más que indicios.
d) La decisión confunde el valor en aduana con el precio pagado o por pagar a que alude el tipo infraccional. La circunstancia de que un precio no resulte apto como base de valoración no autoriza a considerarlo falso.
e) El tribunal no explica por qué debe reputarse verdadero el precio al que ingresó la mercadería en el país de destino, antes que el declarado en el permiso de embarque local, el cual -como se dijo- es coincidente con la facturación, la registración contable de la empresa y las constancias de ingreso de divisas.
Citó jurisprudencia en sustento de su interpretación.
3. Que la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954 del Código Aduanero queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista conducta reprochable: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma. Pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. esta Sala, causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
Con relación al primer requisito, se ha señalado —en más de una oportunidad—, que la falta de correspondencia debe recaer sobre un dato exigible de la declaración; de manera que es el precio de la mercadería, no su “valor en aduana” o “valor imponible”, el que compromete la responsabilidad infraccional del declarante. Esto es así en tanto, con arreglo al texto de los artículos 234 y 332 del 3 Código Aduanero —e incluso tras la reforma introducida por la ley 25.986—, la correcta valoración de la mercadería es una función primordial asignada “al servicio aduanero” (cfr. esta Sala, causas 30153/11 “Dibella”, sent. del 8/3/12; 56708/15 “Peugeot Citroen Argentina SA”, sent. del 25/8/16, y sus citas).
En cuanto al segundo requisito, cabe recordar que en este caso la Aduana subsumió la conducta de la actora en los incisos a y c de la norma.
Por el primero de ellos se sanciona a quien formulare una declaración que difiera de lo que resulte de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produzca o pudiere producir un perjuicio fiscal; concepto que, a su vez, es definido en el artículo 956, inciso b, del mismo código.
En cuanto al alcance que corresponde asignar al efecto previsto en el inciso c (“el ingreso o el egreso, desde o hacia el exterior, de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”), debe recordarse que en los precedentes “Bunge y Born” (Fallos: 321:1614) y “Free Port Importación SRL” (Fallos: 322:355) la Corte entendió que no es indiferente al control aduanero la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas. Y añadió que el tipo infraccional abarca tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (doctrina reiterada, a su vez, en Fallos: 325:786).
Resta mencionar que, siguiendo esa línea interpretativa, esta Sala precisó que, para tener por configurado un ilícito merecedor de sanción, la inexactitud del precio declarado en una operación (es decir, que aquél no fuese verdaderamente el importe pagado o por pagar) no podía presumirse, sino que debía quedar suficientemente demostrada por el servicio aduanero (cfr. causa 18731/08 “First Rate SA”, sent. del 15/7/14; énfasis añadido).
4. Que, en causas análogas a la presente, donde también se evidenciaban ventas sucesivas entre partes vinculadas y a valores diversos, esta y otras Salas de la Cámara interpretaron que la imputación por declaración inexacta no podía sostenerse si el servicio aduanero no había constatado fehacientemente la falta de correspondencia entre el precio declarado y el resultante de una verificación sobre la operación efectuada (cfr. esta Sala, causa 3675/2024 “Maltería Pampa SA (TF 35100-A) c/DGA”, sentencia del 30/4/24, consid. 5° y citas: Sala I, causa 22091/18, sentencia del 9/5/19; Sala II, causa 19247/21, sentencia del 17/2/23; entre otras).
Si bien estos precedentes involucraban imputaciones en los términos del inciso c del artículo 954, sus principios pueden aplicarse a casos como el presente, en los que la conducta de la actora también se pretende subsumir en el inciso a. Esto se debe a que las pautas establecidas refieren a los requisitos para acreditar la inexactitud del precio (primer elemento típico señalado en el considerando anterior), y no a la producción del efecto lesivo.
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En lo que ahora interesa destacar, en tales causas se determinó que:
a) No es posible sostener una imputación si el precio FOB declarado en el permiso de embarque resulta coincidente con el que surge de la factura comercial remitida al comprador; el cual, además, se corresponde con la suma que por tal operación fue remitida al exportador y que éste consignó en sus libros contables. b) La utilización de un esquema triangular de ventas o de ventas sucesivas entre empresas vinculadas es un hecho lícito que, por sí solo, no tipifica la conducta.
Si bien puede justificar que el servicio aduanero inicie una investigación y recabe información, la manipulación del precio declarado por la primera venta —es decir, que aquél no fuese el precio real de la transacción—, debe quedar suficientemente demostrada, ya que el ámbito sancionatorio requiere extremar el análisis de los recaudos propios de cada una de las faltas que se imputan a los administrados. c) La circunstancia de que haya existido una venta posterior concertada entre el intermediario vinculado y una tercera empresa, y la constatación a través del sistema informático INDIRA de que la mercadería fue importada en el país de destino a un valor superior al que se exportó desde la República Argentina, no es un elemento suficiente para descartar la veracidad del precio declarado por la primera venta, y sostener la configuración de la falta.
d) Sin perjuicio de la vinculación declarada, el precio de la segunda venta resultará ajeno al exportador argentino en la medida en que se encuentre probado que el intermediario se comportó como una sociedad con personería jurídica propia y de tal modo concertó la segunda venta, por la que obtuvo una ganancia que no puede reputarse de fuente argentina. En su caso, el Fisco Nacional debería poner en práctica las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico para demostrar la existencia de una verdad empírica diferente de la jurídica y auténticamente querida por el sujeto contribuyente. De lo contrario, no se puede considerar probado que la operación constituya en realidad una venta directa al importador en destino, encubierta a través de la utilización de una empresa intermediaria y controlada, con el único fin de reducir la base de imposición para el Impuesto a las Ganancias y generar un menor ingreso de divisas al país.
5. Que esta tesitura fue compartida por la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el dictamen que emitió el 4/7/24 en la causa CAF 44028/19 “Maltería Pampa SA (TF 35123-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”.
Allí sostuvo que, el hecho de que no se cuestionara la coincidencia entre los precios declarados, los importes facturados y registrados contablemente, y los importes 5 efectivamente recibidos como contraprestación de la mercadería, eliminaba “toda posibilidad de configuración de la infracción imputada, en la medida que la existencia de diferencias entre la declaración comprometida y el resultado de la comprobación, constituye un requisito ineludible para que se configure el tipo infraccional en examen”. Además, destacó que la actuación del servicio aduanero no había tenido por objeto demostrar cómo las particularidades de la operatoria afectaron en el caso concreto el precio de la mercadería exportada consignado en los permisos de embarque, sino que, por el contrario, había formulado enunciaciones genéricas para privar de virtualidad jurídica a la operación realizada con el intermediario, y así recalificar la operación como una venta directa al país de destino.
Agregó que esa tesitura había implicado desconocer en los hechos la individualidad jurídica de la empresa intermediaria “sin que se haya invocado norma alguna que habilite ese tratamiento (arg. Fallos: 335:131 y 519).” Continuó con la siguiente aclaración: “no se me escapa que la vinculación entre comprador y vendedor puede derivar en la concertación de un precio distinto al que hubieran estipulado operadores independientes (cfr. arts. 735, 742, 746 y ccdtes. del CA). No obstante, el servicio aduanero no alegó, ni mucho menos demostró -con el grado de convicción que requiere el art. 898 del CA-, que la maniobra que cuestiona hubiera influido en el valor de venta, produciendo una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (art. 954, inc. c, del CA)…Simplemente descartó la primera operatoria…y tuvo por válida la segunda, sin indicar fundamento alguno de las razones por las cuales el precio de la primera transacción debería ser descartado y reemplazado por el importe de la segunda.” Más adelante, precisó: “la ‘viabilidad de la sanción depende de la ponderación de los extremos que convergen en cada operación en particular’ y su ‘integración material está dada por la concurrencia de la inexactitud que revela la declaración comprometida y las diferencias comprobadas -de calidad o especie, cantidad, valor-, mediante la revisión o el control de los documentos emitidos y la verificación de las mercaderías’…”.
Y concluyó que, en esas condiciones, “la demandada no podía imponerle a la recurrente la carga de acreditar la exactitud de las declaraciones, ni mucho menos la obligación de demostrar la aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente (arg. Fallos: 316:1313; 316:1239; 320:2271; 327:5345)…porque la vinculación existente entre las partes que intervienen en la operatoria y la diferencia entre el precio declarado por la recurrente y el pagado por el comprador/importador… pueden ser considerados solamente como un indicio de la conducta reprochada, pero no como prueba suficiente para descartar el precio de la mercadería exportada y admitir –implícitamente como válido o idóneo el que fue concertado en la [segunda] operación”.
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En relación con la cuestión, consideró aplicables -cambiando lo que se debía cambiar- las apreciaciones vertidas por la Corte en la causa CAF 20/2019/CA1-CS1 “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA”, relativa a ventas sucesivas entre vinculado pero en materia de importación. Y advirtió que “el texto del art. 954, inc. c), del CA, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que –a los efectos de establecer el precio que ‘efectivamente correspondiere’– deba prescindirse del correspondiente a la primera venta y atenderse a los de las ventas posteriores”. “Aún más” -agregó- “no surge de dicha norma presunción alguna que, para el caso de ventas sucesivas entre partes vinculadas, establezca que la diferencia de precios que pudiese existir obedezca a dicha vinculación, imponiendo por tal razón la inversión de la carga de la prueba y colocando en cabeza del importador o del exportador la demostración de que la vinculación no incidió en el precio o que tal precio es propio de una transacción celebrada entre partes independientes”.
Por tales motivos, opinó que la conducta reprochada por la aduana no permitía tener por configurado el tipo infraccional, ya que no se advertía una diferencia entre lo declarado y lo comprobado, sino la existencia de ventas sucesivas entre entidades vinculadas que, si bien se concertaron a valores diversos, no se había demostrado que se tratase de operaciones simuladas, así como tampoco la falsedad o inexactitud de su precio.
6. Que, sólo a mayor abundamiento, cabe transcribir algunas afirmaciones que hizo la Corte federal, en la citada causa CAF 20/2019 “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 29/2/24, pues, si bien se refiere a un supuesto de importación, claramente convalida la interpretación que venía haciendo este Tribunal en supuestos análogos al del sub examine.
En particular, allí también se sostuvo que, en tanto se pueda tener por probado que los precios declarados se corresponden con los efectivamente percibidos por las operaciones, queda eliminada toda posibilidad de configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero. Por su parte, los jueces que conformaron la mayoría añadieron que “…el texto del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que —a los efectos de establecer el precio que `efectivamente correspondiere´— deba…atenderse a los precios de las ventas anteriores [ulteriores, en el caso de las exportaciones]. Aún más, no surge de dicha norma presunción alguna que, para el caso de ventas sucesivas entre partes vinculadas, establezca que la diferencia de precios que pudiese existir obedezca a dicha 7 vinculación, imponiendo por tal razón la inversión de la carga de la prueba y colocando en cabeza del importador o del exportador la demostración de que la vinculación no incidió en el precio o que tal precio es propio de una transacción celebrada entre partes independientes” (párrafo 7).
De consideraciones posteriores se puede inferir que, en defecto de tales previsiones en el tipo infraccional, el hecho de que la venta entre partes vinculadas hubiese estado seguida por una venta a un precio mayor, o “incluso sustancialmente” mayor, “no alcanza para desplazar la carga de la prueba… [en nuestro caso, hacia el exportador] a fin de que éste demuestre que se trató del precio que efectivamente correspondía a las mercaderías…” (párrafo 8).
Finalmente, concluyeron: “independientemente del juicio de desvalor que puedan merecer las ventas sucesivas (triangulaciones) que involucren la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, que van más allá de la materia aduanera para comprometer aspectos cambiarios y fiscales, no corresponde a los jueces juzgar el acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, debiendo limitarse a su aplicación tal como estos la concibieron…” (párrafo 9).
7. Que, así reseñados los elementos configurativos del tipo infraccional y la interpretación que de ellos hizo la jurisprudencia, cabe reparar en las circunstancias fácticas acreditadas en este caso.
Es claro que se presenta una situación similar a la de las causas citadas, por cuanto no se probó que la actora haya percibido por la mercadería del permiso de embarque 09 060 EC01 003821X un importe mayor al declarado, facturado y registrado contablemente (v. certificación contable y constancias documentales, a fs. 113/126 act. adm.).
Por otra parte, se advierte que el único elemento en que se fundó la Aduana para instruir el sumario y confirmar la imputación fue el resultado de la consulta al sistema INDIRA. Tal lo que se desprende del auto de apertura del sumario de fs. 79/83 de los antecedentes, así como del dictamen que precede al dictado de la resolución AD SAPE 447/13 -y al que ésta remite (v. fs. 262/267 y 269/275)-, donde se refiere a las planillas obrantes a fs. 6/9 de los antecedentes y, sin más, se tacha de irrazonable el incremento de valor del que dan cuenta (en el caso, un 80,42% en 6 días).
Ninguna relevancia tuvo para la Aduana el hecho de que la vinculación entre el comprador y el vendedor hubiese sido informada en la Declaración de los Elementos Relativos al Valor de Exportación, indicándose que no había influido en el precio y que el embarque era escalonado (fs. 28 y 247, act. adm.).
Del mismo modo, se consideraron inatendibles las explicaciones que había brindado la actora para el incremento de precios. Repárese en que ésta había proporcionado una copia del contrato de suministro suscripto con el intermediario, así como una carta enviada por este último para explicar la diferencia de precios. En CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1474/2025 PIONEER ARGENTINA SRL (TF 34803-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
concreto, Pioneer Overseas Corporation explicó que el precio más alto que le cobraba a DuPont Brasil “se vincula con los riesgos que enfrenta POC y la propiedad intelectual de las semillas básicas. POC proporcionó a Pioneer Argentina las semillas básicas para la producción de semillas comerciales. POC soporta todos los riesgos relacionados con bajos rendimientos, malas condiciones climáticas, técnicas de cosecha deficientes y defectos genéticos de los productos que pueden presentarse durante el proceso de producción de semilla comercial. Pioneer Argentina tiene un retorno garantizado sobre el costo en que incurra en relación con la producción, independientemente de los resultados de rendimiento…POC es titular de la propiedad intelectual creada a partir de sus iniciativas para el desarrollo de productos e integrada en las semillas básicas Pioneer. POC vende los productos de semillas Pioneer al valor justo de mercado a partes relacionadas (p. ej. Du Pont Brasil) y no relacionadas, y tiene derecho a todas las utilidades empresariales” (fs. 204/205, act. adm.).
Ahora bien, aunque la resolución definitiva del sumario relativizó el valor probatorio de los elementos aportados por la actora (v. fs. 272, act. adm.), no se desprende de los antecedentes que la Aduana haya realizado una verificación destinada a demostrar cómo las particularidades de la operatoria impactaron, en el caso concreto, en el precio de la mercadería consignado en el permiso de embarque. Tampoco se advierte que haya privado de virtualidad jurídica la operación llevada a cabo con el intermediario con el propósito de recalificarla como una venta directa al país de destino. Cabe destacar que esta verificación resultaba indispensable, pues, como se desprende del criterio jurisprudencial expuesto, ni siquiera una diferencia sustancial respecto del valor de la última venta—como la detectada mediante la consulta al sistema INDIRA—resultaba suficiente para trasladar la carga probatoria a la actora. En definitiva, la Aduana no demostró, debiendo hacerlo, que se tratase de operaciones simuladas, así como tampoco la falsedad o inexactitud del precio declarado, y sin pruebas concluyentes al respecto no era posible sostener una imputación.
8. Que resta aclarar que, en este caso, tampoco existen indicios suficientes, claros y concordantes que permitan sustentar la inexactitud del precio declarado en el PE 09 060 EC01 003821X.
Esto se debe a que el precio de importación de la mercadería en Brasil, obtenido mediante el sistema INDIRA —aunque más alto que el declarado en la destinación de exportación cuestionada— constituye apenas un indicio. Al ponderarlo junto con otros elementos que respaldan la posición de la actora —como la coincidencia entre el precio declarado, facturado y registrado contablemente, la constancia del ingreso de divisas y la explicación proporcionada por el intermediario— no se alcanza el nivel de certeza 9 necesario para sostener la falsedad de lo declarado, con la rigurosidad propia del ámbito sancionatorio.
9. Que, en suma, bajo los parámetros sentados por la jurisprudencia de esta Cámara y del Máximo Tribunal, no ha quedado demostrado que la firma Pioneer Argentina SRL haya incurrido en una declaración inexacta en ocasión de documentar la destinación de exportación 09 060 EC01 003821X.
10. Que, por último, cabe dejar constancia de que, en términos similares, la Sala III de la Cámara se pronunció al analizar una causa sustancialmente análoga a la presente. En dicha causa, la misma empresa actora había sido sancionada tras comprobarse, a través del sistema INDIRA, la existencia de ventas sucesivas a valores distintos en el marco de una operación de exportación, evidenciándose discrepancias entre el valor FOB declarado en el permiso de embarque y el precio al que la mercadería fue importada en el país de destino (cfr. Sala III, causa 15567/21 “Pioneer Argentina SRL (TF 39782-A) c/ DGA”, sent. del 17/12/24).
En dicho fallo, también se concluyó que no era posible presumir, sin otros elementos probatorios, que el documentante en nuestro país hubiera sido el responsable de declarar un valor inexacto de las mercaderías, al aceptar como válida la declaración realizada por el importador en el país de destino.
Por todo lo expuesto, SE
1. Hacer lugar al recurso de la parte actora, revocar la decisión de fs. 63/67 y, en consecuencia, dejar sin efecto la multa y los tributos reclamados en la resolución (AD SAPE) 447/13.
2. Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párr., y 279 del CPCCN).
El Sr. Juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN). El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente en los términos de la resolución JS N° 7/25.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 25/2/25.
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI SERGIO G. FERNÁNDEZ
(por su voto)
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El juez de Cámara Sergio G. Fernández dijo:
Que adhiero a la solución propuesta, por los fundamentos que expuse al resolver en la causa citada de la Sala III de la Cámara, expediente CAF 15567/21 “Pioneer Argentina SRL (TF 39782-A) c/ DGA”, sentencia del 17/12/24. ASÍ VOTO.
Fin de la sentencia