Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 34812-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por Pioneer Argentina SRL, revocar -en cuanto fue motivo de sus agravios- el pronunciamiento del 13/6/2022 dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, y, en consecuencia, declarar la nulidad de los artículos 1° y 2° de la resolución AD SAPE 445/2013, en cuanto multó a la nombrada firma por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero;
2Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional (Considerando XIV), y mantener lo decidido por el Tribunal Fiscal en orden a la revocación del reclamo tributario; y
3Imponer las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, a cargo del Fisco Nacional.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2023.-
VISTOS estos autos 22.898/2023 caratulados “Pioneer Argentina SRL (TF 34.812-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Según resulta de las actuaciones administrativas AFIP “12634-64-2012” que se tienen a la vista, producto de las tareas de fiscalización realizadas por la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación (SE FVEX) de la Dirección Regional Aduanera Rosario respecto de ciertas destinaciones de exportación, entre las cuales la “10 060 EC01 000499 X”, con destino a la República Federativa de Brasil, documentadas por Pioneer Argentina SA (continuada por Pioneer Argentina SRL) y su despachante de aduanas Lucas García Barcia, el 1/6/2012, fue labrado el informe técnico SE FVEX 21/2012 (fs. 2/4). De dicho documento surge:
-que habrían sido analizadas las exportaciones realizadas por Pioneer Argentina SRL con destino a la República Federativa de Brasil en el transcurso de los años 2009 y 2010, resultando de la fiscalización practicada, registrada en la actuación administrativa “12558-45-2011”, la existencia de ventas sucesivas -o triangulación comercial- en operaciones de exportación entre empresas que conformarían un mismo grupo económico; actuar que traería aparejado un perjuicio a los intereses fiscales nacionales;
-la existencia de un conglomerado de empresas relacionadas, siendo que Pioneer Argentina SRL se encontraba bajo la órbita de sus controlantes Pioneer Seed Holding Nederland y Pioneer Seed Holding Participation;
-que las ventas a la República Federativa de Brasil tendrían por común denominador el despacho (envío) físico directo de la mercadería a la relacionada Du Pont do Brasil, mientras que, a la vez, la venta era facturada a otra firma relacionada Pioneer Overseas Corporation, de Estados Unidos de América;
-que la fiscalización puso énfasis en doce destinaciones, documentadas en el transcurso de los años 2009 y 2010, con diferencias en el valor FOB de la mercadería embarcada en nuestro país, conforme la documentación aduanera cotejada, y el mismo valor FOB consignado en la documentación brasileña de destino, según las consultas efectuadas en el sistema Intercambio de Información de Registros Aduaneros (INDIRA), de intercambio recíproco de información aduanera dentro del Mercosur, reglado por las resoluciones general AFIP 2389/2008 y 2495/2008, así como por la instrucción general AFIP 12/1997;
-que se verificaría una diferencia de valor de U$S7.332.570, resultando las diferencias porcentuales entre los valores FOB -que oscilaban entre el 50,97% y hasta el 142,10%- lo suficientemente sensibles para desestimar el argumento de la correspondencia de comisiones y/o corretajes de compra y venta; adjuntando -al efecto- planilla demostrativa reflejando el identificador de la destinación argentina y brasileña, los kilogramos embarcados en origen y desembarcados en destino, los montos FOB y precios unitarios que surgirían de la documentación aduanera argentina como los que surgirían de las consultas al sistema INDIRA, la indicación de la empresa que emitió la nueva facturación en el exterior como así también el país donde se radica y el nombre del importador brasileño; y -que las divisas fruto de las operaciones comerciales investigadas se encontrarían ingresadas por el monto equivalente al “FOB casillero” de la destinación aduanera, acompañando al respecto extracto de los listados publicados por el BCRA con relación al exportador del asunto, agregadas a fs. 10/13.
Con asiento en la información recabada, la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación consideró que la utilización de sociedades vinculadas, vendiendo de manera sucesiva, se estaría utilizando -en el caso- con la clara intención de tributar en menos y dejar divisas fuera del país, lo que encuadraría prima facie en la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero, siendo que la mercadería involucrada tributaría un 5% en concepto de derecho de exportación.
A partir de lo informado, por acta del 13/6/2012, la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación denunció la presunta infracción al artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero, respecto de las doce destinaciones fiscalizadas, entre éstas la “10 060 EC01 000499 X” (fs. 14).
A continuación, el 11/7/2012, el titular de la Aduana San Pedro dispuso la oficialización de una actuación por cada destinación de exportación fiscalizada, agregando copias certificadas del expediente principal (AFIP 12539-43-2012; que obran a fs. 2/50) a cada una de ellas. Luego, el 16/7/2012, la Sección Verificaciones de la Aduana de San Pedro ingresó la denuncia individual en lo que respecta a la destinación bajo trato, informó la diferencia resultante de los derechos de exportación abonados y los que deberían haber ingresado Pioneer Argentina SRL al efectuarse los ajustes de los valores FOB en función de lo que se habría declarado en cada importación realizada en la República Federativa de Brasil según los antecedentes e informe aportado en autos, así como también los valores resultantes por el perjuicio ocasionado, conforme lo normado por los artículos 954, apartado 1, literal a), y 956, literal b), ambos del Código Aduanero (fs. 52).
Según dicho informe, por la destinación “10 060 EC01 000499 X”, el perjuicio fiscal ascendería a $73.144,90, mientras que la diferencia de ingreso de divisas a $1.536.045,07.
Por resolución AD SAPE 141/2012, del 24/7/2012, el administrador de la Aduana de San Pedro ordenó instruir sumario en los términos del artículo 1090, literal c), del Código Aduanero contra Pioneer Argentina SRL y su despachante de aduanas, señor Lucas García Barcia, por presunta comisión de la infracción prevista y tipificada en el artículo 954, punto 1, literales inc. a) y c), del Código Aduanero, con relación a la declaración “10 060 EC01 000499 X”; y correr vista de lo actuado a los sumariados a los fines de ejercer su derecho de defensa, haciéndoles saber del importe de la multa mínima y la deuda tributaria (fs. 53/57). En tal entendimiento, el funcionario firmante, tras referir los antecedentes hasta ese entonces colectados, destacó:
-que la operación involucrada en autos refería a la exportación a consumo de 84.381,06 kilogramos de maíz para siembra, cuya posición arancelaria en la NCM era “1005.10.00.000Q”, con destino a la República Federativa de Brasil, remitida vía terrestre con salida por medio de la Aduana de Santo Tomé, a un valor FOB declarado de U$S4 la tonelada, siendo el FOB total U$S 337.524,24, consignadas a la firma Du Pont do Brasil;
-que la carga se realizó el 18/2/2010 en la planta exportadora de la firma sita en la ciudad de Salto (Provincia de Buenos Aires) y el permiso de embarque fue cumplido conforme a lo declarado; -que, toda vez que el destino de la mercadería fue la República Federativa de Brasil, tal como se desprendía del informe técnico SE FVEX 21/2012, se contrastó, mediante la utilización del sistema de consultas INDIRA, que su ingreso en dicho país se habría verificado por ante la Aduana de Sao Borja el 26/2/2010, indicando un peso total de 84.381,06 kilogramos, un valor FOB unitario de U$S8,76 y un valor FOB total de U$S739.630,28;
-que, como vendedor de la mercadería figuraba la firma Pioneer Overseas Corporation, en tanto el país de facturación declarado correspondía a Estados Unidos;
-que la diferencia existente entre el valor FOB de ingreso en el país de destino de la mercadería (U$S739.630,28) respecto al declarado en la destinación de exportación (U$S337.524,24) ascendía a U$S402.106,04; lo que importaría un ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente hubiera correspondido;
-que no parecía razonable que la diferencia de cotización de la tonelada de maíz para siembra involucrada se hubiera incrementado de U$S4 por tonelada a U$S8,76 por tonelada, es decir, un diferencial del 119,13%, en tan sólo ocho días;
-que, asimismo, tampoco resultaría comercialmente razonable que empresas vinculadas, conforme se desprendía del informe técnico aludido, habiéndose documentado en la República Argentina la mercadería por un valor FOB U$S4 por tonelada, la compraran a un valor FOB de U$S8,76 por tonelada, esto es, a un valor 119,13% mayor; -que lo acontecido importaría el efecto de un ingreso desde el exterior de un importe distinto del que correspondía, lo que conllevaría la configuración del tipo infraccional achacado;
-que, al constatarse la diferencia de valores FOB. se habría producido un perjuicio fiscal conforme a lo normado en los artículos 954, apartado 1, literal a) y 956, literal b), ambos del Código Aduanero, al haber abonado derechos de exportación en menos; y -que como consecuencia directa de la diferencia del importe percibido entre las dos operaciones se verificaba una merma en la ganancia obtenida de fuente argentina en el exterior, configurando prima facie la metodología comercial empleada la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero, atento que se ha detectado una diferencia en el valor FOB declarado que producía una diferencia en menos de pago por derechos de exportación y el ingreso de divisas desde el exterior distinto del declarado. El 10/8/2012, se presentó Pioneer Argentina SRL, presentó su descargo (fs. 65/78), planteando:
-la nulidad de lo actuado por no haber sido seguido el procedimiento previsto en la resolución general AFIP 620/1999 a los efectos de efectuar una determinación de valor;
-la inexistencia de infracción por declaración inexacta, resultando veraz lo documentado, siendo coincidente lo pactado con lo declarado;
-la improcedencia de la determinación unilateral efectuada por el servicio aduanero, tomando como único sustento para desvirtuar el precio pagado y declarado a la información resultante de una base de datos;
-la falta de respaldo documental suficiente para desvirtuar el precio documentado; y -subsidiariamente, de disponerse el ajuste de valor, que se ordenara el pago de los reintegros correspondientes o, en su caso, se compensaran con el reclamo de derechos de exportación.
Por su parte, el despachante de aduana ejerció el 14/8/2012 su derecho de defensa, adhiriendo a la presentación de Pioneer Argentina SRL dando sus propias explicaciones y haciendo alusión a haber cumplido con las obligaciones a su cargo, debiendo en su entendimiento ser sobreseído (fs.130/134).
A pedido del administrador de la Aduana de San Pedro (fs. 183), mediante nota SE FVEX 72/2012, el jefe de la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación hizo saber que el informe técnico SE FVEX 21/2012, oportunamente producido, no importó un ajuste o recomposición de valor (tal lo expuesto por la presentación de la sumariada, de acuerdo a lo normado a través de la resolución general AFIP 620/1999, sino una denuncia contenciosa respecto de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero (fs. 184).
Por nota DV JRRO 60/2013, del 5/2/2013, el jefe de la División Jurídica emitió su opinión respecto de lo actuado (fs. 186/187), sosteniendo que correspondía rechazar el planteo nulificante puesto que el procedimiento previsto en la resolución general AFIP 620/1999 resultaba aplicable cuando se tratara solamente de ajustes que debieran efectuarse en función de la norma de valoración definida y desarrollada en los artículos 735 y siguientes del Código Aduanero objeto de determinación, por parte del servicio aduanero en las hipótesis en que el “precio pagado o por pagar”, no constituyera base idónea de valoración, conforme lo normado por el artículo 748 del Código Aduanero; ello, en la medida en que se hubieran proporcionado todos los elementos necesarios que permitieran al servicio aduanero efectuar una correcta valoración y, por tanto, los hechos no asumieran relevancia infraccional.
En cambio, continuó en su explicación el área dictaminante, cuando se estuviera ante una presunción de que el valor declarado resultara inexacto y, por ende, que ello resultara susceptible de ser encuadrado en alguno de los supuestos previstos en el artículo 954 del Código Aduanero, tal el caso, el funcionario que lo hubiese advertido se encontraría obligado a denunciarlo en cumplimiento al imperativo que emanaba del artículo 1084 del Código Aduanero, dando inicio al procedimiento previsto en los artículo 1080 y siguientes, también del Código Aduanero, en el marco del cual quien resultara imputado ha de gozar de la oportunidad para ejercer su derecho de defensa.
A ello, añadió que, aún cuando le asistiese razón a la sumariada respecto de la existencia de algún vicio en el procedimiento, en la medida en que en la etapa en curso contara con la posibilidad de ejercer su derecho a defensa y de ofrecer y pedir pruebas, no podía alegarse violación alguna a la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional. Por resolución AD SAPE 36/2013, del 21/2/2013, el administrador de la Aduana de San Pedro rechazó la nulidad articulada por Pioneer Argentina SRL (fs. 188/190).
Para así decidir, primeramente, destacó que el planteo nulificante fue formulado una vez vencido el término legal previsto en el artículo 1051 del Código Aduanero al efecto, quedando -por tanto- el acto tácitamente consentido.
Sin perjuicio de ello, teniendo en consideración lo expuesto por las áreas dictaminantes, antes apuntado, el funcionario decisor entendió que el procedimiento previsto en la resolución general AFIP 620/1999 no resultaba aplicable al supuesto de autos, en el que dependientes de la Aduana detectaron una declaración inexacta en la destinación en trato, que producía un perjuicio fiscal, susceptible de ser encuadrado como una presunta infracción aduanera normada en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero y realizaron la pertinente denuncia en cumplimiento de su obligación, emanada del artículo 1084 del citado Código, dando inicio al procedimiento normado en los artículos 1080 y siguientes del Código Aduanero, dentro del cual se encontraba debidamente garantizado el derecho de defensa que la imputada, ejerciéndolo en autos, alegó haber sido conculcado.
A ello, agregó que, aún cuando no se produjera intercambio de información alguna con la encartada, la resolución general AFIP 620/1999, prevé formular las pertinentes denuncias cuando se observara la existencia de presuntas infracciones en base a las investigaciones practicadas, conforme lo normado en el artículo 1082 y subsiguientes del Código Aduanero.
Y, por lo demás, recordó que en la medida en que en la etapa en curso contaba con la posibilidad ejercer su derecho a defensa y de ofrecer y requerir pruebas, la sumariada no podía alegar violación alguna a la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional. Contra lo así decidido, la exportadora presentó un recurso de revocatoria (fs. 1947197), que fue desestimado el 12/3/2013 por parte del titular de la Aduana de San Pedro (fs. 198), por no encontrarse previsto para cuestionar resoluciones como la atacada (conf. artículo 1129 del Código Aduanero).
A continuación, fue proveída la prueba ofrecida por los encartados, teniendo por agregada la documental aportada por Pioneer Argentina SRL (certificación contable, factura de exportación relacionada a la operatoria involucrada en autos, constancias de ingreso y liquidación de divisas de la destinación en trato y de los permisos de embarques y sus correspondientes facturas obrantes, carta enviada por Pioneer Overseas Corporation a Pioneer Argentina SRL y su traducción, contrato de suministro celebrado entre Pioneer Overseas Corporation y Pioneer Argentina SRL y su traducción) y por el despachante de aduana (formulario OM-2133 SIM y la carpeta DDT SIM 10060EC01000499-X y su documentación complementaria); así como por denegada la prueba informativa, testimonial y pericial contable ofrecidas; y ordenándose en ese mismo acto la agregación del permiso de embarque (fs. 200).
Luego, incorporada copia del permiso de embarque involucrado en autos (fs. 204/232), los imputados presentaron sus alegatos (fs. 248/243 y 244/244).
El 1/10/2013, por dictamen 462/2013, la Jefatura División Jurídica consideró que correspondía condenar a Pioneer Argentina SRL y su despachante de aduana por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c) del Código Aduanero, por haber sido acreditada una diferencia en los valores FOB declarados, los cuales han originado un ingreso menor al que hubiera correspondido por derecho de exportación y el consecuente ingreso de divisas desde el exterior distinto al correspondiente; apreciándose que tales diferencias de cotización de la tonelada de maíz para siembra, se habría incrementado en un 119,13% en tan sólo ocho días, lo que revelaba una operación de triangulación comercial, que tenía como consecuencia una disminución en la base de tributación; no advirtiéndose la existencia de un valor agregado y/o elementos, a tener en cuenta que justificaran la cuantía de tal diferencia, sino que simplemente se trataría de una mera intermediación comercial, motivada en dejar la ganancia obtenida de fuente Argentina en el exterior; configurándose así la infracción achacada, debiendo aplicarse la pena que resultare mayor, conforme apartado segundo del mencionado artículo 954 del Código Aduanero (fs. 249/256).
A lo dicho, agregó el dictaminante, que, además, la exportadora debía abonar la diferencia tributaria originada de los valores FOB declarados en cada operación (exportación República de Argentina - importación República Federativa de Brasil), conforme surgía del aforo practicado a fs. 52 respecto del permiso de embarque involucrado en autos.
En este contexto, por resolución fallo AD SAPE 445/2013 (fs. 258/264), el titular de la Aduana de San Pedro condenó a Pioneer Argentina SRL al pago de una multa de $1.536.045,07 por considerarla incursa en la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero, con relación a la destinación de exportación “10 060 EC01 000499 X” (conf. su artículo 1°); intimándola a su pago (conf. su artículo 2°), así como a la cancelación de los tributos adeudados en concepto de diferencia de derechos de exportación, que ascendían a $73.133,90, bajo apercibimiento de ejecución conforme lo normado por el artículo 1122, siguientes y concordantes del Código Aduanero, y la aplicación de intereses según lo previsto en el artículo 794 del Código Aduanero (conf. su artículo 3°); y absolviendo al despachante de aduanas interviniente por haber cumplido con las obligaciones inherentes a su cargo (conf. su artículo 4°).
Para así resolver, el funcionario decisor, hizo propio el criterio resultante del dictamen jurídico que se acaba de reseñar, entendiendo demostrada una discrepancia en los valores FOB declarados, los cuales originaron una diferencia en menos de lo pagado por derecho de exportación y el consecuente ingreso de divisas desde el exterior distinto al que hubiera correspondido.
Al efecto, destacó:
i) que la exportadora confundía el procedimiento previsto en la resolución general AFIP 620/1999, aplicable cuando se tratara de ajustes de valor, con una declaración inexacta susceptible de ser encuadrada, como ocurría en el caso concreto, en la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero, hecho que fue constatado por los funcionarios actuantes y denunciado en cumplimiento de su obligación como funcionario público, emanada del artículo 1084 del Código Aduanero, dando inicio al procedimiento infraccional normado en los artículos 1080 y siguientes del Código Aduanero, dentro del cual, se encontraba debidamente garantizado el derecho de defensa que la imputada, alegó que habría sido conculcado;
ii) respecto de la alegada inexistencia de infracción por declaración inexacta y la atipicidad de la conducta, que el contrato de suministro que se pretendía hacer valer para demostrar la veracidad de los valores y/o precios declarados en la destinación en trato, no resultaba oponible a terceros, atento que no se observaba ni fecha cierta, ni firma certificada; sumado a que el apoderado de la exportadora ratificó todo los hechos tenidos en cuenta por la Aduana, sin haber ofrecido prueba alguna que permitiera desvirtuar y/o justificar la diferencia existente entre los valores FOB declarados y los constatados posteriormente, como también el desvío de la mercadería a un país y la facturación a otro, fundado ello solamente en que se trataría de una operación habitual en materia de exportación.
Al punto, refirió que resultaba insuficiente para justificar la diferencia de cotización de la tonelada de maíz para siembra documentado en el permiso de embarque bajo trato, que se habría incrementado en un 119,13% en tan solo ocho días, una simple nota traducida enviada por Pioneer Overseas Corporation a Du Pont do Brasil, explicando que la factura incluía los riesgos relacionados con bajos rendimientos, malas condiciones climáticas, técnicas de cosechas deficientes, riesgos de comercialización y marketing, riesgo de mercado, demás riesgos y la propiedad intelectual dé las semillas básicas. Además, siempre en lo que al punto refiere, resaltó que conforme lo normado en el artículo 10, apartado 2, literal b), del Código Aduanero, los derechos de propiedad intelectual han de ser considerados igualmente como si se tratara de mercadería y, asimismo, que según el artículo 743 del Código Aduanero, el valor del derecho de utilizar la patente debía estar incluido dentro del precio de la mercadería, para determinar el valor imponible, circunstancia que no se habría verificado en la especie respecto de la declaración efectuada en el permiso de embarque bajo fiscalización.
iii) en lo concerniente a la sostenida improcedencia de la determinación de valor unilateralmente efectuada, que en el caso se trataba de una declaración inexacta y no de un ajuste de valor; y que el sistema INDIRA utilizado, que facilitó la constatación del precio documentado en el país de destino de la operación bajo trato, era un sistema de intercambio de información aduanera dentro del Mercosur, legitimado por las resoluciones general AFIP 2389/2008 y 2495/2008, así como por la instrucción general AFIP 12/1997;
iv) en cuanto al planteo del despachante de aduana, en discrepancia con el dictamen jurídico, que de las constancias documentales glosadas a fs. 22/50 y 204/232, de la lista de empaque aportada por el despachante de fs.150 y la factura de exportación “0002-00002190” glosada a fs. 89, se desprendía que obró de acuerdo a las instrucciones impartidas por su mandante, habiendo cumplido con los deberes y obligaciones a su cargo en la operación de exportación bajo trato, conforme lo normado en los artículos 902 y 908, ambos del Código Aduanero; máxime teniendo en cuenta que no existía obligación legal que impusiera al despachante comprobar la exactitud del valor consignado por el exportador a los fines de efectuar la declaración aduanera;
v) que el artículo 954 del Código Aduanero sancionaba - en correlación con el bien jurídico protegido- a quien, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuara ante el servicio aduanero una declaración que difiriera del resultado de la comprobación y que, si hubiera pasado inadvertida, habría producido o podría producir un perjuicio fiscal, o bien el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que correspondiera; circunstancia fáctica que tuvo por acreditada fehacientemente con la conducta puesta de manifiesto en la declaración efectuada por Pioneer Argentina SRL;
vi) que el Código Aduanero tutelaba el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentaran ante la autoridad aduanera;
vii) que la diferencia detectada del valor FOB total en dólar declarado en el permiso de embarque “10 060 EC01 000499 X” y el valor determinado posteriormente por la Aduana, produjo el efecto de un ingreso desde el exterior de un importe distinto del que hubiera correspondido, lo que, a la luz del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Frigorífico Rioplatense SA”, “Subpga SACIE" y "Bunge Born Com. SA”, se daba en exportación cuando el valor resultante o comprobado fuera meramente distinto del correspondiente, esto es aún cuando resultara inferior al documentado, y aun cuando no existiera un ingreso de importes que fuera efectivamente correspondiente o debido; resultando suficiente con que el “valor” resultante y no el efectivo ingreso de divisas, fuera distinto del correspondiente; y viii) que conforme los informes técnicos obrantes a fs. 1/4, 20 y 52 de las actuaciones labradas, al constatarse la diferencia de valores FOB, se produjo un perjuicio fiscal, al haber abonado derechos de exportación en menos, siendo que la exportadora abonó derechos por U$S16.072,57, habiendo correspondido abonar U$S35.220,45, resultando una diferencia de derechos por U$S19.147,88.
Finalmente, previo dictamen DV DSAD 362/2014 (fs. 267/268), por resolución SDG TLA 390/2014, del 26/5/2014, el titular de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera, aprobó la resolución AD SAPE 445/2013 en tanto dispuso la absolución del despachante de aduanas (fs. 269/271).
II. Pioneer Argentina SRL solicitó la revisión del acto por parte del Tribunal Fiscal de la Nación.
A esos efectos, en sustancial síntesis, planteó:
-la nulidad de lo actuado en virtud del incumplimiento del procedimiento previsto en la resolución general AFIP 620/1999 a los fines de realizar la determinación de valor respecto de la operatoria fiscalizada; -el cercenamiento de su derecho de defensa en tanto no se le otorgó la posibilidad de justificar los valores declarados en el permiso de embarque involucrado en autos;
-la omisión de llevar a cabo una investigación de valor en forma previa a sancionarla por declaración inexacta;
-que el único fundamento de la Aduana para justificar su accionar resultaba ser la consulta al sistema INDIRA, lo que no constituía base suficiente para la imputación en cuestión y el castigo recibido; -que la decisión adoptada se sustentó en una mera presunción, resultante de la compulsa de la base de datos INDIRA, extremo insuficiente a los fines de justificar el ajuste tributario y el reproche aplicado;
-que el servicio aduanero, sin darle intervención alguna en el procedimiento seguido, unilateral y arbitrariamente efectuó una determinación de valor en base a los valores de ingreso de la mercadería a la República Federativa de Brasil;
-la inexistencia de la infracción achacada y la atipicidad de la conducta bajo juzgamiento;
-que la venta de mercadería a una compañía, vinculada o no, remitiendo la misma, por pedido de la compradora, a una tercera, radicada en el exterior, no resultaba ser una operatoria prohibida sino totalmente legítima, surgiendo dicha circunstancia de la documentación aportada al permiso de embarque;
-la plena vigencia del principio de inocencia, debiendo el servicio aduanero demostrar de modo fehaciente la configuración de la infracción achacada; a cuyos efectos debió probar y justificar que el precio pagado o por pagar resultara falso o inexacto;
-que se trataba de dos relaciones comerciales completamente distintas, en la que cada una de las partes pactó un precio diferente;
-que conforme surgía del contrato de suministro obrantes en las actuaciones administrativas, resultaba razonable la diferencia de precios observada, hecho que conllevaba a descartar -de por sí- la existencia de una declaración inexacta;
-que el precio declarado en el permiso de embarque era el efectivamente pactado con la firma compradora y el efectivamente girado por la compradora e ingresado al país;
-que la propia Aduana reconoció en la corrida de vista y en la resolución apelada que las divisas fueron ingresadas por el monto equivalente al FOB casillero de cada destinación;
-que la información resultante del sistema INDIRA no constituía un antecedente suficiente que permitiera válidamente descartar el valor declarado;
-que si se hubiese declarado en el permiso de embarque el precio que la Aduana considerara aplicable (esto es, el de ingreso de la mercadería a la República Federativa de Brasil), habría incurrido en una infracción por declaración inexacta, ya que dicho precio declarado no coincidiría con el pactado con la compradora y -por ende- el que se debía ingresar;
-subsidiariamente, en caso de confirmarse el ajuste de valor, que se ordenara el pago de los reintegros, o en su caso, se compensaran con el reclamo de los derechos.
Por lo expuesto, Pioneer Argentina SRL requirió que se dejara sin efecto la multa y el reclamo tributario seguido en su contra, con costas.
III. Al contestar el traslado de la apelación deducida, el Fisco Nacional sostuvo:
-que, en el caso, se constató la presentación de una declaración que difería con el resultado de la comprobación, encontrándose por tanto configurada la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero;
-que, siendo que el destino de la mercadería fue la República Federativa de Brasil, se contrastó su ingreso a dicho país mediante el sistema INDIRA; tarea que determinó una diferencia entre el valor FOB de ingreso de la mercadería a país de destino respecto del declarado en la destinación de exportación, provocando un ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondía;
-que, en el caso, se trataba de una denuncia contenciosa por la infracción endilgada y no de un ajuste de valor, lo que echaba por tierra el planteo nulificante formulado por la exportadora; -que el bien jurídico tutelado en este tipo de infracciones era la veracidad y exactitud de las declaraciones aduaneras; y -que el artículo 954, apartado 1, literal c), del Código Aduanero, debía apreciarse mediante una perspectiva amplia que implicara la fiscalización de los importes que debían ingresarse con motivo de la exportación respecto a los declarados.
IV. Por resolución del 13/6/2022, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, conformada por el doctor Licht y la doctora Sarquis, confirmó el acto aduanero impugnado en cuanto multó a Pioneer Argentina SRL por infracción al artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero y lo revocó en lo concerniente al reclamo tributario, con costas según los respectivos vencimientos.
Para así decidir, los nombrados vocales consideraron:
i) que la actora incurrió en una declaración inexacta, al comprobarse una diferencia existente entre el valor FOB de ingreso de la mercadería a la República Federativa de Brasil respecto del declarado en la destinación de exportación fiscalizada; y ii) respecto del reclamo tributario, que era un requisito insoslayable la realización del procedimiento previsto en la normativa aplicable, deficiencia que no podía ser subsanada a posteriori, habiendo correspondido dar al particular la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en forma previa al dictado del acto administrativo.
En lo que respecta al aspecto infraccional, y a partir del voto del doctor Licht al que la doctora Sarquis adhirió, explicaron -a título introductorio- que:
-aún cuando el valor FOB total del permiso de embarque coincidiera con el consignado en la factura comercial, tal el caso, la situación resultaba pasible de configurar la infracción prevista en el artículo 954 el Código Aduanero; pudiendo emerger la diferencia requerida en cualquier estadio del procedimiento de fiscalización y verificación de la mercadería que ingresara o egresara del territorio aduanero; interpretación acorde al bien jurídico tutelado por la norma en la declaración aduanera, esto es, su veracidad y exactitud, visto que a partir de ella se construía el sistema de despacho en confianza de la mercadería, y en donde reposaba todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, se perpetraran maniobras que lo desnaturalizaran o pervirtieran;
-suponer que a los fines del artículo 954 del Código Aduanero, en la exportación sólo interesaba que el precio declarado se correspondiera con el antes pactado entre el exportador y el comprador, implicaba una interpretación limitada que no sólo no se correspondía con la completitud de la voluntad del legislador de atender a la función primordial del organismo aduanero que consistía en ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías y en donde el artículo 954, apartado 1, literal c) del Código Aduanero debía ser apreciado desde esa amplia perspectiva, que se vinculaba y guardaba coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado, desatendiendo el sentido del régimen de colaboración de los responsables de los hechos imponibles con la entidad aduanera en el marco de lo dispuesto en el artículo 9° del decreto 618/1997, según el cual, se autorizaba la revisión de las actuaciones y los documentos aduaneros una vez concluida su tramitación.
Desde esta perspectiva, continuaron, no se condecía con el recto sentido de la normativa, que se considerara a la subfacturación como una hipótesis ajena a la figura infraccional bajo estudio. -que de lo actuado surgían evidencias de subfacturación.
Al punto, destacaron que no se encontraba controvertido en autos la existencia de una venta de mercadería a una compañía vinculada, y la remisión de tal producto, por pedido de la compradora, a otra empresa distinta radicada en el exterior; lo que suele llamarse “una triangulación comercial”; y que, de conformidad con la resolución sancionatoria, la operatoria bajo análisis se enmarcaba como ventas sucesivas entre empresas que formaban un grupo económico, en concreto, operaciones detectadas con el envío de mercadería a la República Federativa de Brasil, que tenían como común denominador el despacho físico directo de la mercadería a la firma Du Pont Do Brasil, radicada en dicho país, mientras que la venta era facturada por Pioneer Argentina SRL a su vinculada Pioneer Overseas Corporation USA, radicada en Estados Unidos de América.
-que en materia de transacciones entre empresas de un mismo grupo económico, la tributación internacional ha dado avances significativos en los últimos tiempos, de la mano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y sus “Directrices OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias 2017”; estándar de cumplimiento directo obligado para los países miembros de la Organización y, previo consentimiento explícito, de las otras jurisdicciones signatarias de la Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales de la OCDE, como miembros del Marco Inclusivo;
encontrándose nuestro país comprendida en este segundo grupo desde el 22/4/1997;
-que si bien las reglas y estándares contenidos en dichas Directrices se ubicaban -mayoritariamente- bajo el paraguas de la imposición a la renta, no resultaban de incumbencia específica de tal tributo toda vez que se materializaban mediante operatorias de comercio exterior y, por tanto, afectaban también a los tributos relacionados al comercio trasfronterizo; puesto que cualquier regla que se aplicara a las transacciones entre empresas vinculadas implicaba un análisis y eventual apartamiento de los precios convenidos entre las partes, con el consiguiente efecto en la base imponible del impuesto a la renta y, por una cuestión de coherencia fiscal, también respecto de los tributos que gravaran el comercio exterior; lo que cobraba especial relevancia en la República Argentina, donde coexistían tributos no sólo a las importaciones sino también a las exportaciones;
-que, entonces, la preocupación radicaba en definir el tratamiento a dar a operaciones que se articularan global y conjuntamente, en el marco de un grupo económico, con el resultado final de la reducción de la tasa impositiva global efectiva, mediante el desvío de utilidades -y de divisas- al exterior, a través de la utilización de mecanismos que ocultaran y distorsionaran las operaciones reales.
Al respecto, advirtieron que debía estarse al principio rector previsto en las mencionadas directivas, conocido como de plena competencia o arm´s length, en virtud del que ha de eliminarse el efecto provocado por condiciones especiales sobre el nivel de beneficios. -que la OCDE ha definido “Precios de Transferencia”
como aquéllos que se utilizaran o pactaran entre sí sociedades sometidas al mismo poder de decisión, circunstancia que permitía, a través de la fijación de precios convenidos entre ellas, transferir beneficios o pérdidas de unas a otras, situadas en países distintos; así como también transferir beneficios a jurisdicciones de menor nivel de imposición o a aquéllas en que las que la administración tributaria ejerce menor presión; resultando conveniente establecer pautas legales que permitieran determinar en forma objetiva los valores asignados por partes relacionadas en transacciones internacionales;
-que el principio de plena competencia, rector para la determinación de los precios de transferencia correspondientes a operaciones entre empresas vinculadas, requería estar al precio que se hubiera acordado en una transacción entre partes independientes llevada a cabo en condiciones iguales o análogas a las de la transacción controlada; a cuyos efectos han de compararse los de la transacción examinada con operaciones no controladas y/o empresas independientes;
-que, respecto de los tributos que gravaban el comercio exterior, entre las guías OCDE para la aplicación del Principio de Plena Competencia, se mencionaba “la utilización del valor en aduana”; advirtiendo en el Capítulo I “El Principio de la Plena Competencia”, punto 1137, que los métodos de valoración a los efectos de aduanas podían no coincidir con los métodos reconocidos por la OCDE para la determinación de precios de transferencia, en el marco de los tributos que gravaran la renta, a la vez que reconocía que tal valor podía resultar útil a las administraciones tributarias para evaluar las condiciones de plena competencia del precio de transferencia de la operación vinculada y viceversa.
En este aspecto, aclararon que la determinación de los precios de transferencia en materia aduanera no debía necesariamente ceñirse a los métodos de determinación sugeridos por la propia OCDE para el impuesto a la renta (precio libre comparable, precio de reventa, coste Incrementado, margen neto operacional o distribución de resultado), mientras se persiguiera el principio de plena competencia, estándar rector de las directrices de la OCDE.
-que las guías OCDE en materia aduanera recomendaban la cooperación entre administraciones tributarias y aduaneras en un país para evaluar los precios de transferencia, lo que debería ayudar a reducir el número de casos en los que la valoración en aduana no resultara aceptable a efectos fiscales o viceversa; e insistiendo en que sería particularmente provechosa una mayor cooperación en el área del intercambio de información, y que no debería ser difícil de conseguir en aquellos países en los que hubieran integrado la administración de los impuestos sobre la renta y de los derechos de aduana.
Con asiento en estas consideraciones, los nombrados vocales explicaron que, en autos, el servicio aduanero argentino, al momento de analizar la destinación en crisis para determinar la procedencia de aplicar el principio de plena competencia a los precios de transferencia de la actora, utilizó la información provista por el sistema INDIRA) de intercambio recíproco de información aduanera dentro del Mercosur, adoptando en su investigación las recomendaciones de la Organización internacional.
A continuación, postularon que, a efectos de establecer la existencia o inexistencia de subfacturación correspondía estarse al principio de plena competencia de la OCDE, esto es, que el precio al que se vendió la mercadería entre las dos vinculadas (Pioneer Argentina SRL y Pioneer Overseas Corporation), fuera similar al que se hubiese vendido entre firmas no relacionadas, para bienes de iguales características físicas, calidad y volumen.
En particular, continuaron, de la resolución atacada surgía que la destinación de exportación “10 060 EC01 000499 X” involucraba la exportación de semillas de maíz para siembra, posición arancelaria “1005.10.00.000Q”, con destino a la República Federativa de Brasil, en el marco de la actuación SIGEA “12634-64-2012”, con un valor FOB declarado de U$S337.524,24 y FOB unitario de U$S4 por tonelada. Agregaron -a su vez- que el servicio aduanero informó que, habiéndose contrastado la operación con su ingreso al país vecino mediante la utilización del sistema de consultas INDIRA, resultó que la destinación Brasil, con destino a Du Pont Do Brasil, se registró con un valor total FOB de U$S 739.630,28 y FOB unitario por U$S 8,76 por tonelada, es decir una diferencia de U$S383.362, lo que representaba un incremento del 119,13%, resultando comercialmente razonable en opinión del servicio aduanero.
Precisaron que, a fs. 157/165 de las actuaciones administrativas, la actora, al contestar vista, acompañó simple nota, traducida, legalizada y apostillada, de Pioneer Overseas Corporation, explicando que el motivo del precio más alto que le cobraba a Du Pont Do Brasil se debía a los riesgos que enfrentaba aquella y la propiedad intelectual de las semillas básicas; que Pioneer Overseas Corporation soportaba todos los riesgos relacionados con bajos rendimientos, malas condiciones climáticas, técnicas de cosechas deficientes y defectos genéticos de los productos que pudieran presentarse durante el proceso de producción de semilla comercial; que ella (Pioneer Argentina SRL) tenía un retorno garantizado sobre el costo en que incurriera con relación a la producción, independientemente de los resultados de rendimiento, que es el costo total más una remarcación del 10%; resaltando -a su vez- que Pioneer Overseas Corporation era titular de la propiedad intelectual creada a partir de sus iniciativas para el desarrollo de productos e integrada en las semillas básicas de Pioneer®, por lo que las vendía al valor justo de mercado a partes relacionadas (ej: Du Pont do Brasil) y no relacionadas, y tenía derecho a todas las utilidades.
Acto seguido, remarcaron que el contrato de suministro, presentado para demostrar la veracidad de los valores y/o precios declarados en la destinación en trato, resultaba inoponible a terceros por no contener fecha cierta ni firma certificada; obrando únicamente la respectiva traducción legalizada y apostillada.
Al respecto, destacaron que no surgía de los actuados documentación con la entidad suficiente como para desvirtuar y/o justificar la diferencia existente el valor FOB de exportación argentino y el de importación brasileño, siendo que se trataba del mismo producto, incluso el mismo lote, reduciendo así la fundamentación antes descripta a meras afirmaciones carentes de fuerza para correr el velo de incertidumbre que aquejaba a la operación.
Así, continuaron, en el caso concreto, el Fisco Nacional demostró inconsistencias de precios en un contexto de transacciones entre partes vinculadas, sin que la recurrente hubiera podido justificar las diferencias con el grado de certeza necesaria para fulminar el argumento del servicio aduanero, puesto que no bastaba con afirmar una cierta situación sino que debía ser acreditada; de modo que, no existía evidencia suficiente que asegurara que se hubiera respetado el principio de plena competencia, sino que -a contrario sensu- surgía claro que Pioneer Argentina SRL vendió a Pioneer Overseas Corporation, su vinculada, cierta mercancía que era entregada directamente a una tercera parte relacionada, a Du Pont Do Brasil, mediando por exactamente el mismo producto una diferencia de precio en más de entre un 119,13%, sin que la actora pudiera evidenciarla.
Lo dicho, llevó a los nombrados vocales a considerar que, en la especie, se verificó un supuesto de subfacturación.
Sentado lo anterior, y ya en el marco de la figura de la declaración inexacta, tras efectuar ciertas consideraciones de carácter general respecto de la infracción achacada, advirtieron que:
*) si bien una discrepancia del valor declarado en aduana de la mercadería no resultaba suficiente para encuadrar la conducta en la figura de marras, no era menos cierto que el precio declarado ha de resultar verosímil; debiendo considerarse que exigir, so pretexto de la naturaleza penal de la infracción endilgada, una prueba inequívoca del precio verdaderamente concertado, representaba una desnaturalización del régimen sancionador aplicable;
*) aun cuando la sola declaración de un valor distinto al declarado en el país de exportación -por sí mismo- no resultaba un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción, al observarse diferencias manifiestas entre los valores FOB declarados y constatándose la utilización de un esquema de ventas trianguladas sucesivas realizadas por entidades vinculadas entre sí, era menester una explicación plausible que justificara las diferencias detectadas, de modo que no era necesario, para desestimar el precio declarado, la prueba inequívoca de la falsedad de la facturación o de los registros de contabilidad, por cuanto la figura endilgada no requería la presencia de las circunstancias ardidosas, resultando suficiente la acreditación material del incumplimiento material del deber ingresar la divisa que hubiera sido menester con sujeción al precio concertado; *) la figura no requería que la conducta fuera fraudulenta, correspondiendo la multa por el mero hecho de no declarar el precio debido, lo que llevaba a analizar si concurre en las presentes actuaciones, alguna causal exculpatoria;
*) no existía una explicación satisfactoria de porqué habiéndose vendido la mercadería en la República Argentina por un valor FOB U$S4 por tonelada de maíz, el mismo lote hubiera sido comprado, en una venta sucesiva, por un valor FOB U$S8,76 por tonelada (un 119,13% mayor), habiendo sido la mercadería entregada directamente al segundo comprador de la cadena, y siendo únicamente la facturación -y el movimiento de fondos- el que registró dos tramos; resultando insuficiente la explicación relativa a que el valor FOB total del permiso coincidía con el consignado en la factura comercial, por cuanto resulta de sentido común colegir que la triangulación entre empresas vinculadas colocaba al exportador en la carga de demostrar que su relación con las mismas no influyó en el precio de venta, existiendo -por tanto- elementos para presumir que la declaración fue efectivamente inexacta y que más allá de la conexión empresarial del caso y de su eventual influencia en el precio, quien se encontraba en mejores condiciones de hacerlo, debió explicar las diferencias de facturación entre las distintas operaciones;
*) la decisión apelada debía mantenerse, en el sentido de que existió un precio no justificado en cabeza del obligado, toda vez que no logró probar la veracidad del precio informado;
*) se encontraba configurada la situación prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, en cuanto refiere al ingreso desde el exterior de un importe pagado distinto del que efectivamente correspondiera, requiriendo -para su configuración- que lo que resultare de la comprobación o verificación demostrara que dicho precio no se condecía con el valor real de la mercadería, resultando innecesario que haya falsedad de factura o precio;
*) requerir una prueba positiva y fehaciente de que el precio declarado resultara falso para que procediera la infracción achacada importaba una incorrecta interpretación de la ley aplicable, confundiendo la figura de marras con la de contrabando;
*) en materia sancionatoria, aun administrativa, lo que se encontraba vedado era la utilización de medios indirectos para acreditar una maniobra dolosa, pero no para la determinación de los hechos; *) si bien va de suyo que la prueba recabada no podría servir de base para la imputación de una figura dolosa como el contrabando, si resultaba suficiente para ser aplicada en el caso de autos, máxime encontrándose basado el sistema en declaraciones juradas presentadas por los propios interesados, pudiendo formularlas en la forma que mejor cuadrara a sus intereses, aun mediando inclusión de datos ajenos a la realidad;
*) si bien el artículo 746 del Código Aduanero prevé que el hecho de que existiera vinculación entre el comprador y el vendedor no constituía motivo suficiente para considerar inaceptable el precio pagado o por pagar, no era menos cierto que la objeción se veía objetivamente materializada con base en indicios serios que autorizaban a ponderar que el precio pagado no reflejaba la realidad; y *) el procedimiento se llevó adelante bajo el principio de igualdad de armas, puesto que las partes adversarias pudieron acudir ante el tribunal con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales, ya que ningún obstáculo impidió el adecuado y equitativo desarrollo del derecho de defensa. En función de lo expuesto, los nombrados vocales consideraron que la decisión apelada debía mantenerse, en el sentido de que existió un precio no justificado en cabeza del obligado, toda vez que éste no logró probar la veracidad del informado; todo lo cual daba cuenta de la configuración de la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, en cuanto refiere a una declaración que difiriera con lo que resultara de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjera o hubiere podido producir a) un perjuicio fiscal y c) un ingreso desde el exterior de un importe pagado distinto del que efectivamente hubiera correspondido.
En cambio, el doctor Segura, en su voto minoritario, entendió que correspondía revocar la resolución AD SAPE 445/2013, con costas a cargo del Fisco Nacional, por no encontrarse configurada la infracción por declaración aduanera inexacta y, por consiguiente, por resultar improcedente el reclamo tributario.
El nombrado vocal alcanzó tal conclusión tras entender que:
-la figura de declaración inexacta requería, para su configuración, de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación; -en el caso de autos, lo que el servicio aduanero cuestionó fue la diferencia de importes (percibidos/pagados) entre la exportación registrada ante la Aduana de nuestro país y la de importación en la República Federativa de Brasil, objetando que, como consecuencia directa de dichas operaciones, parte de la ganancia obtenida de fuente argentina quedó en el exterior; metodología comercial que conllevaría una diferencia en el valor FOB declarado que producía una diferencia en menos de pago de derechos de exportación y el ingreso de divisas desde el exterior distinto del declarado, configurándose -a su entender- la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero;
-dicha diferencia cuestionada por el servicio aduanero se obtuvo tras la consulta al sistema INDIRA;
-conforme surgía de la compulsa de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, los valores declarados por Pioneer Argentina SRL mediante la destinación de exportación “10 060 EC01 000499 X” (valor FOB total U$S 337.524,24 + Flete total: U$S 12.154,00=U$S 349.678,24) se correspondían con los efectivamente cobrados por aquella, mal pudiendo -por tanto- considerarse la posibilidad de configuración del supuesto previsto en el artículo 954, apartado 1, literal c) del Código Aduanero.
Al respecto, destacó el doctor Segura, que ello se encontraba acreditado con la certificación contable obrante en las actuaciones administrativas, mediante la cual se verificó la registración de la factura de exportación “002-00002190”, por valor de U$S349.678,24 y la constancia de cobro mediante la acreditación en cuenta de U$S1.037.941,19 (equivalentes a $4.232.724,17); suma que comprendía el monto liquidado por el permiso de embarque en cuestión (U$S349.678,24). -no se encontraban reunidos los elementos necesarios para afirmar la existencia de una declaración inexacta por cuanto no se advertía una diferencia entre la declaración comprometida (permiso de embarque) y el resultado de la comprobación efectuada por el servicio aduanero.
En tal sentido, resaltó que el valor FOB declarado en el permiso de embarque, con más el costo declarado en concepto de flete, equivalía al consignado en la factura comercial, que, a su vez, se correspondía en definitiva con las divisas liquidadas con motivo de la exportación llevada a cabo por Pioneer Argentina SRL.
-la autoridad aduanera, en todo caso, pudo impugnar y desestimar el precio documentado, y realizar consecuentemente una investigación del valor, como base para redeterminar el valor en aduana; -en modo alguno quedó -en el caso- acreditada una diferencia entre el precio documentado y el precio efectivamente pactado y pagado, correspondiendo que el hecho investigado (que el precio declarado no resultara el precio realmente pagado o por pagar) fuese acreditado, mas no presunto;
-el caso podría haber dado lugar, siguiendo el procedimiento reglado para ello, a un ajuste o recomposición del valor documentado, a los fines de la determinación del valor en aduana, pero no ante una declaración inexacta como ilícito aduanero;
-descartada la configuración de la infracción de declaración inexacta, en lo concerniente al reclamo tributario, tras efectuar ciertas consideraciones de orden teórico en orden a las facultades de desestimación del valor imponible documentado, apuntó que el sólo hecho de la vinculación no permitía desestimar el valor de transacción, correspondiendo probar en cada caso particular que dicha situación incidiera realmente en el precio pactado entre las partes.
-no se encontraba controvertido en autos el hecho de la vinculación, situación que expresamente fuera declarada por la recurrente en la hoja de valor (copia digitalizada) obrante a fs. 208 de las actuaciones administrativas.
-el servicio aduanero no habría seguido el procedimiento reglado para cuestionar el valor de exportación y apartarse fundadamente del declarado;
-el hecho que la Aduana se hubiera limitado a comprobar -a través del sistema INDIRA- que la mercadería fue vendida por Pioneer Argentina SRL a una empresa vinculada en la República Federativa de Brasil, por un valor superior al que se exportó desde la República Argentina, no constituía -de por sí, en forma aislada- un elemento que resultara suficiente para concluir que el valor declarado en la primera de las ventas resultara inexacto o que no fuera el precio real de la operación;
-contrariamente a lo sostenido por la Aduana, la centralización de las ventas de exportación por intermedio de terceras sociedades resultaba perfectamente lícita, siempre y cuando no se tratara de una maniobra para perjudicar intereses fiscales;
-no fue probada de forma fehaciente la existencia de una simulación entre las dos operaciones de ventas sucesivas, como tampoco fue cuestionado el hecho que el precio declarado resultara idéntico al efectivamente facturado, percibido y registrado contablemente; de modo que, resultaba insuficiente la actividad probatoria desarrollada por la Aduana a los fines de descartar el valor de transacción declarado; -el servicio aduanero no sólo habría incumplido el procedimiento previsto para la investigación del valor, sino que tampoco especificó la norma en la cual basó el criterio utilizado para alcanzar al nuevo valor dado a la mercadería, limitándose a descartar el valor documentado por la exportadora, tras la consulta al sistema INDIRA, reemplazándolo por el valor documentado ante la Aduana de Sao Borjas (República Federativa de Brasil); y -la sola declaración de un valor distinto al declarado, en el caso el del país en el que se documentó la importación de la mercadería, no resultaba por sí mismo un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción, pues no se podría presumir, sin mayores elementos, que el documentante en nuestro país fuera quien declaró incorrectamente el valor de la mercadería, confiando en la exactitud de la declaración del país donde fuera importada.
V. Disconforme con lo resuelto, Pioneer Argentina SRL apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva.
Cuestionó la decisión adoptada en cuanto dio por válido el reproche recibido.
Sostuvo que, en la especie, no se encontraban reunidos los elementos constitutivos del tipo infraccional previsto en el artículo 954 del Código Aduanero.
En tal entendimiento, hizo hincapié en que fue probado y reconocido en autos, que no existía diferencia alguna entre la declaración efectuada en el permiso de embarque involucrado, su correspondiente factura comercial y el precio acordado con quien adquiriera la mercadería (que demostró como debidamente ingresado, liquidado y registrado contablemente) y el resultado de la comprobación realizada por el servicio aduanero.
Destacó que, por la resolución recurrida, sobre la base de meros y supuestos indicios (la información resultante del INDIRA), la autoridad administrativa consideró que el precio declarado en el permiso de embarque fiscalizado resultaría “falso” y que la mercadería vendida, habría sido ingresada en el país de destino por un valor superior al que fuera exportada desde la Argentina, suponiendo que habría existido una supuesta “subfacturación”; conclusión arbitraria e infundada, que no se condice con lo sucedido.
Alegó que existían en autos probanzas suficientes como para tener por acreditado que el precio declarado, facturado, ingresado, liquidado y registrado contablemente fue el efectivamente acordado con la compradora y, por tanto, exacto.
Al punto, explicó -por un lado- que la mera existencia de una venta posterior por un precio diferente al de la primera operación, observada a través de un sistema informático propio de la Aduana, mal podía bastar para tener por acreditado que el precio declarado resultara falso.
Refirió haber demostrado la inexistencia de perjuicio fiscal alguno, así como ingreso o egreso distinto, ya que lo que se ingresó, liquidó y registró contablemente coincidía con el precio acordado y pactado. Advirtió que por el pronunciamiento recurrido se habría presumido infundadamente la falsedad de lo declarado sobre la base de indicios, que mal podían conllevar a una condena como la recibida; máxime cuando, conforme habría sido acreditado en autos, especialmente en las actuaciones administrativas, el precio declarado en la destinación bajo trato fue el efectivamente acordado, abonado, ingresado, liquidado y registrado en su contabilidad, situación que no se encontraba controvertida. Recordó que, en materia infraccional aduanera, regía el principio de inocencia; lo que, sumado a lo normado por el artículo 898 del Código Aduanero, daba cuenta de la incorrección de lo decidido. Tildó de confusos, improcedentes y notoriamente inaplicables a la infracción en trato los razonamientos expuestos en el decisorio recurrido para confirmar la infracción recibida, en particular por haber revertido la carga de la prueba, poniendo bajo su órbita demostrar que el precio informado y declarado resultaba correcto; desconociendo así la innegable naturaleza penal de la infracción por declaración inexacta. Sostuvo que el servicio aduanero era quien debía demostrar de modo fehaciente la comisión de la infracción achacada, a cuyos efectos no era válido acudir a meros indicios o presunciones, sino que debe ser cabal.
Apuntó que los vocales decisores confundieron el concepto “valor en aduana” con el concepto de “precio pagado o por pagar”; perdiendo de vista que lo determinante en la infracción achacada, era si la aduana pudo demostrar y acreditar que el precio declarado en la destinación de exportación en trato era “inexacto o falso”.
Reiteró que la aduana era quien debía demostrar la comisión de la infracción endilgada y no su parte demostrar su inocencia; sin perjuicio de lo cual, esto último se encontraba suficientemente acreditado al probar que el precio declarado en la destinación involucrada ha sido el efectivamente ingresado, liquidado en el país y registrado en su contabilidad.
Agregó que el único dato exigible de declaración, en los términos del artículo 332, apartado 2, del Código Aduanero era el “precio pagado o por pagar”, mas no el “valor en aduana”.
Por tanto, concluyó, siendo que la infracción por declaración inexacta, normada por el artículo 954 del Código Aduanero, exigía la verificación de una diferencia entre algunos de los aspectos o rubros de declaración exigible y la comprobación que efectuase la autoridad aduanera; y toda vez que, en el caso, no fue demostrado que el “precio pagado o por pagar” declarado (único dato exigible de declaración) resultara inexacto y/o falso, presumiendo que era falso sobre la base de meros indicios, pretendiendo que su parte demostrara que su precio era veraz, correspondía la admisión de su pretensión recursiva y, a fin de cuentas, que fuera dejado sin aspecto el castigo recibido.
A lo dicho, agregó que por el pronunciamiento recurrido no se explicó acabadamente el motivo por el cual debía considerarse al al precio de ingreso al país de destino como el correcto, descartando el efectivamente declarado en la destinación de exportación bajo análisis; que resultaban distintos en virtud de la existencia de una triangulación, operación que fue declarada y resulta perfectamente válida, encontrándose contemplada en la propia normativa del Mercosur.
Resaltó que la decisión del servicio aduanero, convalidada por el Tribunal Fiscal de la Nación, de tener por incorrecto al precio declarado por el solo hecho que, según el INDIRA, el valor de ingreso al país extranjero fuera otro, resultaba infundada.
Apuntó que si bien la Aduana, como organismo de contralor, se encontraba habilitada a descartar, en el marco de un procedimiento de investigación de valor, un precio acordado por las partes, ello resultaba plausible únicamente a los fines de la valoración aduanera, es decir, bajo la órbita tributaria, más no en lo concerniente al área infraccional; mal pudiendo, a partir de una mera presunción sobre la base de indicios, determinar y concluir, como en la especie, que un precio era falso y tener -en consecuencia- por verificada una trasgresión aduanera. Manifestó que el error incurrido por el pronunciamiento apelado en lo relativo a los conceptos “precio” y “valor en aduana” quedó reflejado al hacer alusión al artículo 746 del Código Aduanero, aludiendo a la no aceptación del precio acordado entre partes vinculadas a los fines de la valoración, lo que nada tenía que ver con la “irrealidad” achacada del precio efectivamente acordado; habiendo correspondido que la irregular declaración se hubiera demostrado concluyentemente y no sobre la base de meros indicios, tal como aconteció en la especie.
Para concluir, citó distintos precedentes jurisprudenciales que, en su entendimiento, avalarían su postura. Por lo expuesto, Pioneer Argentina SRL solicitó que se revocara, en parte, el pronunciamiento dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se dejara sin efecto -en todos sus términos- la resolución AD SAPE 445/2013, con costas a cargo de la AFIP - DGA.
Dicha presentación no fue replicada por el Fisco Nacional.
VI. También apeló la AFIP - DGA, fundando en ese mismo acto su pretensión recursiva (conf. a, b y c -esp. fs. 1-). Cuestionó el pronunciamiento dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto dispuso dejar sin efecto el reclamo tributario.
Al respecto, señaló que se habría interpretado incorrectamente la resolución general AFIP 620/1999, que establece el procedimiento a seguir cuando solamente deba practicarse un ajuste tributario, no asumiendo relevancia infraccional lo fiscalizado. Explicó que, en la especie, no se verificó un ajuste de valor, sino una declaración inexacta, verificada en el marco del ejercicio de tareas de fiscalización, difiriendo lo comprobado de lo declarado, resultando ello apto para producir un perjuicio fiscal, además del ingreso desde el exterior de un importe distinto del que efectivamente hubiera correspondido; situación subsumible en el artículo 954 del Código Aduanero.
Con asiento en tales circunstancias, consideró que el caso jamás podía ser regido por la resolución general AFIP 620/1999. Citó jurisprudencia que avalaría su postura.
Agregó que, en el caso, el derecho de defensa de Pioneer Argentina SRL no se vio afectado, habiendo tenido oportunidad de presentar su descargo y producir toda la prueba que estimara conducente. Recordó la teoría de la subsanación de los vicios procedimentales ante la posibilidad de acudir a posteriores instancias de revisión del acto, así como la restrictiva aplicación de las nulidades en materia administrativa.
Luego, indicó los recaudos que han de verificarse para la configuración de la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, por la cual fuera castigada Pioneer Argentina SRL.
Hizo hincapié en la necesidad de resguardar la confianza que depositaba el servicio aduanero sobre los distintos sujetos que desarrollaban actividades de comercio exterior, exigiendo su colaboración.
A continuación, alegó que no existían motivos valederos para descartar el reclamo tributario si se convalidaba la aplicación de la multa en los términos del artículo 954 del Código Aduanero.
En función de lo expuesto, el Fisco Nacional peticionó que se revocara parcialmente el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, se confirmara -en todas sus partes- la resolución aduanera impugnada en autos, con costas a cargo de la exportadora.
Dicha presentación mereció réplica de su contraria.
VII. Así las cosas, según resulta de los Considerandos que anteceden, la cuestión debatida en autos radica en determinar si se ajusta a derecho la resolución AD SAPE 445/2013, por medio de la cual el titular de la Aduana de San Pedro consideró que Pioneer Argentina SRL habría incurrido en la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero, aplicándole -en consecuencia- una multa de $1.536.045,07 y, asimismo, reclamándole el pago de la diferencia de tributos resultante de la investigación seguida, que ascendía a $73.144,90, con más intereses.
La posición mayoritaria de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, conformada por el doctor Licht y la doctora Sarquis, entendió: -que la infracción se encontraba configurada, resultando procedente el castigo aplicado, en sucinta síntesis, por existir un precio no justificado en cabeza del obligado, quien no demostró la veracidad del precio informado, de modo que la declaración registrada habría diferido con el resultado de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjo o hubiera podido producir un perjuicio fiscal y un ingreso desde el exterior de un importe pagado distinto del que efectivamente hubiera correspondido; y -que, sin embargo, el reclamo tributario debía ser dejado sin efecto, dada la omisión de la autoridad fiscal de desarrollar el procedimiento previsto en la normativa aplicable (v.gr., resolución general AFIP 620/1999); omisión que no podía ser subsanada a posteriori en esta instancia recursiva, habiendo correspondido dar al interesado la oportunidad de expresar sus razones antes de la emisión del acto administrativo; cercenando así su derecho de defensa.
Por su parte, en su voto minoritario, el doctor Segura consideró que:
-no se encontraban reunidos los elementos necesarios para afirmar la existencia de una declaración inexacta por cuanto no se advertía una diferencia entre la declaración comprometida -permiso de embarque- y el resultado de la comprobación efectuada por el servicio aduanero; resultando el valor FOB declarado en el permiso de embarque, con más el costo declarado en concepto de flete, coincidente con el consignado en la factura comercial, así como con las divisas liquidadas con motivo de la exportación llevada a cabo por Pioneer Argentina SRL. Al punto, hizo hincapié en que, en todo caso, el servicio aduanero pudo impugnar y desestimar el precio documentado, y realizar consecuentemente una investigación del valor; y en que, no fue acreditada una diferencia entre el precio documentado y el precio efectivamente pactado y pagado; debiendo probarse -y no presumirse- la improcedencia del precio declarado.
-el servicio aduanero no sólo incumplió el procedimiento previsto para la investigación del valor, sino que tampoco especificó la norma en la cual basó el criterio utilizado para alcanzar el nuevo valor dado a la mercadería, limitándose, tras la consulta al sistema INDIRA, a descartar el valor documentado por la exportadora, reemplazándolo por el valor documentado ante la Aduana de Sao Borjas (República Federativa de Brasil).
En tal sentido, resaltó que la sola declaración de un valor distinto al declarado no resultaba por sí mismo un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción, pues no se podría presumir, sin mayores elementos, que el documentante en nuestro país fuera quien declaró incorrectamente el valor de la mercadería, confiando en la exactitud de la declaración del país donde fuera importada.
VIII. Acordado lo anterior, recuérdese que el artículo 954 del Código Aduanero, ubicado en el capítulo destinado a regular las “declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas”, dispone que quien, para cumplir cualquiera de las operaciones de importación o de exportación, efectuara ante el servicio aduanero una declaración que difiriera con lo que resultara de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjera o hubiera podido producir:
a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio;
b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción; y/o c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia.
Asimismo, prevé que si el hecho resultara simultáneamente subsumible en más de un supuesto, se aplicará la pena que fuese mayor.
Ello es así, toda vez que, en el régimen del Código Aduanero, la declaración aduanera debe contener según la destinación de que se trate, la posición de la mercadería, la nomenclatura arancelaria, la naturaleza, especie, calidad, estado, peso, cantidad, precio, procedencia y toda otra circunstancia para permitir la correcta clasificación y valoración de la mercadería (conf. artículos 234 y 332, ambos del Código Aduanero). Los datos incorrectos que se aporten en tal sentido tipifican la infracción comentada.
Ha de recordarse que la declaración -como principio- es inalterable de modo que, una vez registrada, compromete la responsabilidad de quien la presenta; por manera que, si bien la norma prevé distintas consecuencias, lo cierto es que el hecho tipificante de la infracción es uno y de naturaleza objetiva: la declaración inexacta. Al respecto, téngase presente que el bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una destinación en aduana, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema dirigido a evitar que, al amparo del régimen de exportación e importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (conf. CSJN, Fallos 315:929; 321:1614; 325:786, 830 y 333:300, entre otros).
Asimismo, ha de señalarse que la inexactitud del precio declarado en una operación (es decir, que aquél no fuese verdaderamente el importe pagado o por pagar), no puede presumirse, sino que debe quedar suficientemente acreditado por el servicio aduanero (conf. Sala IV del Fuero, en autos 18.731/2008 “First Rate SA (TF 20.834-A) c/DGA”, resol. del 15/7/2014, entre otros)
IX. Precisado lo anterior y a tenor de los desarrollos expuestos en los cuales han quedado de manifiesto las cuestiones implicadas así como los extremos de hecho relevantes para la decisión, cuadra destacar que no existe controversia entre las partes en cuanto a que el precio declarado por Pioneer Argentina SRL en el permiso de embarque “10 060 EC01 000499 X” coincide con el indicado en la factura comercial “002-00002190” que fue percibido por el exportador y registrado contablemente (ver esp. fs. 87/88, 89 y 97/99 de las actuaciones administrativas AFIP “12634-64-2012”, debidamente referenciadas, que se tienen a la vista).
X. Sin perder de vista ello, evaluado el caso, a la luz de los agravios propuestos por la recurrente, el Tribunal considera que la cuestión bajo análisis encuentra adecuada respuesta en las decisiones emitidas por las Salas I y V del Fuero, recaídas en causas sustancialmente análogas a la presente, que involucraban a la misma empresa y en las que también se habían evidenciado ventas sucesivas entre partes vinculadas y a valores diversos (bajo análogas condiciones y variaciones de precios que los aquí verificados), concluyendo en todos los casos que no existían elementos suficientes para tener por configurada la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero (conf. Sala I, en autos 31.012/2019 y 22.933/2023, resols. del 6/2/2020 y del 5/10/2023; y Sala V, en autos 18.167/2021, resol. del 31/5/2022).
En particular, de dichos pronunciamientos, con los que esta Sala coincide y a cuyos fundamentos, en lo sustancial, por razones de brevedad remite y hace propios, se estima apropiado resaltar, con la debida adaptación al caso:
*) la coincidencia entre el precio declarado por Pioneer Argentina SRL en el permiso de embarque y el indicado en la factura comercial, registrado contablemente;
*) que la centralización de las ventas de exportación por intermedio de terceras sociedades o traders, resulta un mecanismo lícito, siempre y cuando no se tratase de una maniobra tendiente a perjudicar los intereses fiscales;
*) que la información resultante de la compulsa del sistema informático INDIRA, que diera cuenta que la mercadería involucrada en autos fue importada al mercado brasileño a un valor superior al que se exportó desde la República Argentina, no constituye, de por sí, un elemento suficiente para cuestionar el valor en aduana consignado en la declaración fiscalizada.
Es que, la utilización de un esquema de ventas trianguladas (sucesivas) y el hecho que las empresas estuvieran vinculadas, no resulta suficiente para considerar que se trató de una maniobra ficta; por manera que la suposición de un falseamiento del precio real o en su caso, la existencia de una simulación en las operaciones trianguladas no ha sido debidamente probada en la causa.
En efecto, que haya existido una venta posterior concertada entre el intermediario vinculado y una tercera empresa, y la constatación a través del sistema informático INDIRA en punto a que la mercadería fue importada en el país de destino a un valor superior al que se exportó desde la República Argentina, no constituye, en forma aislada, un elemento de entidad tal como para descartar la veracidad del precio declarado por la primera venta y sostener la configuración de la trasgresión achacada.
*) que el Fisco Nacional es quien ha de probar la manipulación del precio declarado por la primera venta -es decir, que aquél no fuese el precio real de la transacción-, ya que el ámbito sancionatorio requiere extremar el análisis de los recaudos propios de cada una de las faltas que se imputan a los sujetos involucrados en la operatoria fiscalizada (conf. esta Sala, en autos 39.197/2017 “IMHDA SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 24/8/2017; y en autos 47.782/2016 “Peugeot Citroën Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 27/4/2017; entre otros).
Sobre la base de estos pilares, al no existir motivos suficientes para tener por acreditada la figura infraccional consagrada en el artículo 954 del Código Aduanero, el Tribunal entiende inadecuada la solución propiciada -al respecto- por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, debiendo -por tanto- admitirse la objeción formulada por la exportadora a la resolución AD SAPE 445/2013.
XI. A mayor abundamiento, cuadra señalar que, en igual sentido, se pronunció la Sala III del Fuero, en autos 20/2019, resol. del 22/10/2019; en la que, si bien examinando la conducta de Pioneer Argentina SRL en su rol de importadora, más no de exportadora, tal el caso bajo examen, evaluó y decidió respecto de análoga mecánica de concertación del negocio.
Añádase que, en dicha causa, actualmente en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la señora Procuradora Fiscal de la Nación, ha dictaminado que correspondía confirmar lo resuelto por la Sala III del Fuero y, por tanto, la decisión de dejar sin efecto el acto aduanero por medio del cual se aplicara una multa en los términos del artículo 954 del Código Aduanero; a cuyos términos y fundamentos, a mayor abundamiento, por razones de brevedad y para evitar innecesarias reiteraciones, también cabe remitir.
XII. Por lo demás, análoga línea de pensamiento a la aquí expuesta, ha sido plasmada por todas las Salas que integran esta Cámara al resolver contiendas iniciadas por otra firma exportadora, en las que el servicio aduanero habría advertido la existencia de ventas sucesivas entre partes vinculadas y a valores distintos, concluyendo -en todos los casos- que no se configuraba la infracción prevista por el artículo 954 del Código Aduanero (conf. -a título ejemplificativo- Sala I, en autos 22.091/2018, resol. del 9/5/2019; esta Sala, en autos 19.247/2021, resol. del 17/2/2023; Sala III, en autos 49.492/2018, resol. del 23/4/2019; Sala IV, en autos 44.732/2022, resol. del 6/6/2023; y Sala V, en autos 37.207/2019, resol. del 2/2/2021, entre otros).
XIII. Así las cosas, se concluye que, en función de la prueba colectada por el servicio aduanero, mal puede considerarse que la circunstancia reprochada por la Aduana, es decir, que la declaración del precio de exportación difiera del precio declarado por el importador brasileño, configure el tipo previsto en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c) del Código Aduanero, no advirtiéndose una diferencia entre lo declarado y lo verificado, sino que se evidencia la existencia de dos ventas sucesivas, a dos valores diversos y respecto de los cuales no se ha probado acabadamente que se tratara de operaciones simuladas o que - con ajuste a los recaudos y exigencias pertinentes, incumplidas en el casose hubiere justificado que debía ser desechado el precio pactado en la operación de exportación llevada a cabo por la aquí actora.
Lo expuesto, basta para admitir -en cuanto fue motivo de sus agravios- la apelación de la exportadora, revocar -en parte- la decisión adoptada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, dejar sin efecto los artículos 1° y 2° de la resolución AD SAPE 445/2013 en cuanto impuso una multa en los términos del artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero e intimó a su pago.
XIV. La decisión adoptada en lo que respecta al reproche infraccional, torna inoficioso el examen del recurso intentado por el Fisco Nacional contra la decisión que dispuso revocar el reclamo tributario, habida cuenta que por lógica implicancia del temperamento adoptado en aquél plano, bien que con ajuste a las circunstancias explicitadas y por los fundamentos expuestos, no se configura en el caso, el presupuesto fáctico y jurídico que habilite la reliquidación arancelaria.
XV. Finalmente, en atención al resultado final del pleito y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que la totalidad de las costas generadas por la actividad desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 1163 del Código Aduanero y arg. artículo 279 del CPCCN).
Y, en consonancia con lo que se acaba de decidir, por aplicación de igual principio y por análogas razones, corresponde que las costas relativas a esta instancia judicial, también sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. admitir la apelación deducida por Pioneer Argentina SRL, revocar -en cuanto fue motivo de sus agravios- el pronunciamiento del 13/6/2022 dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, y, en consecuencia, declarar la nulidad de los artículos 1° y 2° de la resolución AD SAPE 445/2013, en cuanto multó a la nombrada firma por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, literales a) y c), del Código Aduanero;
2. declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional (Considerando XIV), y mantener lo decidido por el Tribunal Fiscal en orden a la revocación del reclamo tributario; y 3°) imponer las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, a cargo del Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia