Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 39786-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas, al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
38634/2025 PIONEER ARGENTINA SRL (TF 39786-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2025.
VISTOS; Y
1. Que, a fs. 71/74, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución 278/18, recaída en la actuación SIGEA12634-109-2014, en cuanto había condenado a Pioneer Argentina SRL al pago de una multa en los términos del artículo 954, apartado 1º, incisos a y c, del Código Aduanero, así como al pago de tributos, tras detectar una diferencia entre el precio de la mercadería declarado en las destinaciones de exportación para consumo 13060EC01004313A, 4312W, 4311V y 4303W, y aquél al que fue importada en la República Oriental del Uruguay; el cual se obtuvo a través del Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA). Impuso las costas al Fisco Nacional.
Al resolver, señaló que la aduana había investigado un total de 36 exportaciones realizadas por la actora durante 2012 y 2013, y detectado que se habían estructurado como operaciones trianguladas entre empresas vinculadas. Todas tenían en común el hecho de que la mercadería se enviaba físicamente a la empresa relacionada Agrosan SA, mientras que las ventas eran facturadas por Pioneer Argentina SRL a Pioneer Overseas Corporation USA, y esta última, a su vez, las refacturaba a Agrosan SA por un valor FOB superior, conforme se pudo determinar mediante el aludido sistema INDIRA. En concreto, el servicio aduanero determinó una diferencia entre el valor FOB declarado en las destinaciones 13060EC01004313A, 4312W, 4311V y 4303 (USD 441.508,37) y el consignado en la documentación uruguaya (USD 573.620,31), y concluyó que aquello había generado un ingreso de divisas y un pago de tributos distintos de los que correspondían.
Sin embargo, el Tribunal Fiscal consideró que no estaban reunidos los elementos necesarios para afirmar la existencia de una declaración inexacta, atento que no se advertía una diferencia entre la declaración comprometida en los permisos de embarque y el resultado de una comprobación efectuada por el servicio aduanero. Esto así, en tanto el valor FOB declarado en cada permiso de embarque resultaba ser el mismo que el consignado en cada una de las facturas comerciales, que a su vez tenían correspondencia con las constancias de ingresos de divisas extraídas de la página web del Banco Central de la República Argentina.
Para robustecer su interpretación, remitió a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Pioneer Argentina SRL (TF 38718-A) c/ DGA”, sentencia del 29/2/24 (Fallos: 347:83).
Por otra parte, con relación al aspecto tributario, señaló que el mero hecho de que las empresas intervinientes en la operación se encontrasen vinculadas no bastaba para 1 desestimar el valor de transacción, sino que debía probarse en cada caso particular que dicha situación había incidido en el precio pactado entre las partes. Precisó que, contrariamente a lo indicado por el servicio aduanero, en el caso no se había declarado que existía vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido que dispone el artículo 742 del Código Aduanero. También indicó que la Aduana adujo que existía vinculación basándose en la consulta a los sistemas INDIRA y DISCOVERER, sin adjuntar las correspondientes destinaciones de importación. A su vez, observó que se había omitido la publicación del preajuste de valor en los términos de la resolución general AFIP 620/99. Por todo lo expuesto, determinó que se había incumplido el procedimiento previsto en el artículo 748 del código para desestimar válidamente el valor de transacción. Para concluir, dijo que la centralización de las ventas de exportación por intermedio de terceras sociedades era perfectamente lícita, siempre y cuando no se hubiese acreditado una maniobra para perjudicar los intereses fiscales; lo que no estaba probado en el caso.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 85/vta., que se concedió a fs. 87, se fundó a fs. 90/100vta. y fue replicada a fs. 104/106. En sustancia, planteó que se había hecho un análisis superficial de los hechos y que la infracción de declaración inexacta estaba configurada.
Hizo consideraciones generales sobre los elementos del tipo infraccional y las normas que rigen la valoración de mercaderías en materia de exportación. Agregó que no se había contemplado debidamente que se trataba de operaciones entre partes vinculadas, lo que, a su entender, colocaba a la exportadora frente a la carga de justificar la veracidad del precio declarado. Precisó que aquello no podía considerarse satisfecho por la mera coincidencia entre el precio declarado, el facturado y las constancias del ingreso de divisas. Añadió que el sistema INDIRA tenía relevancia internacional como sistema de intercambio de información entre las Aduanas, además de tener reconocimiento en el derecho derivado del MERCOSUR y distintas resoluciones generales de la AFIP (hoy ARCA), de manera que resultaba un elemento válido para poner en evidencia la maniobra efectuada en perjuicio del interés fiscal. En otro orden de ideas, argumentó que la doctrina del precedente “Pioneer” de la Corte, invocado por el Tribunal Fiscal de la Nación, se refería a operaciones de importación y no podía aplicarse al presente caso. A mayor abundamiento, sostuvo que se trataba de una doctrina inconveniente, pues se centraba en la coincidencia de valores, sin atender al conjunto de pruebas que respaldarían la existencia de una maniobra diseñada para disminuir la base de cálculo de los tributos aduaneros.
En tercer término, planteó que la decisión apelada invertía inadecuadamente la carga probatoria, pues era la actora quien se encontraba en mejor situación para explicar que la vinculación no incidió en el precio.
Por último, insistió en que se debió contemplar que se trataba de precios controlados entre partes vinculadas, y advirtió que la subfacturación se encontraba CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 38634/2025 PIONEER ARGENTINA SRL (TF 39786-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
acreditada en el caso, no solo por las impresiones de pantalla, sino como resultado de la prueba documental y contable producida en la causa.
3. Que la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954 del Código Aduanero queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista conducta reprochable: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma. Pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. esta Sala, causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
Con relación al primer requisito, se ha señalado —en más de una oportunidad—, que la falta de correspondencia debe recaer sobre un dato exigible de la declaración; de manera que es el precio de la mercadería, no su “valor en aduana” o “valor imponible”, el que compromete la responsabilidad infraccional del declarante. Esto es así en tanto, con arreglo al texto de los artículos 234 y 332 del Código Aduanero —e incluso tras la reforma introducida por la ley 25.986—, la correcta valoración de la mercadería es una función primordial asignada “al servicio aduanero” (cfr. esta Sala, causas 30153/11 “Dibella”, sent. del 8/3/12; 56708/15 “Peugeot Citroen Argentina SA”, sent. del 25/8/16, y sus citas).
En cuanto al segundo requisito, cabe recordar que en este caso la Aduana subsumió la conducta de la actora en los incisos a y c de la norma.
Por el primero de ellos se sanciona a quien formulare una declaración que difiera de lo que resulte de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produzca o pudiere producir un perjuicio fiscal; concepto que, a su vez, es definido en el artículo 956, inciso b, del mismo código.
En cuanto al alcance que corresponde asignar al efecto previsto en el inciso c (“el ingreso o el egreso, desde o hacia el exterior, de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”), debe recordarse que en los precedentes “Bunge y Born” (Fallos: 321:1614) y “Free Port Importación SRL” (Fallos: 322:355) la Corte entendió que no es indiferente al control aduanero la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas 3 por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas. Y añadió que el tipo infraccional abarca tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (doctrina reiterada, a su vez, en Fallos: 325:786).
Resta mencionar que, siguiendo esa línea interpretativa, esta Sala precisó que, para tener por configurado un ilícito merecedor de sanción, la inexactitud del precio declarado en una operación (es decir, que aquél no fuese verdaderamente el importe pagado o por pagar) no podía presumirse, sino que debía quedar suficientemente demostrada por el servicio aduanero (cfr. causa 18731/08 “First Rate SA”, sent. del 15/7/14; énfasis añadido).
4. Que, en causas análogas a la presente, donde también se evidenciaban ventas sucesivas entre partes vinculadas y a valores diversos, esta y otras Salas de la Cámara interpretaron que la imputación por declaración inexacta no podía sostenerse si el servicio aduanero no había constatado fehacientemente la falta de correspondencia entre el precio declarado y el resultante de una verificación sobre la operación efectuada (cfr. esta Sala, causa 3675/2024 “Maltería Pampa SA (TF 35100-A) c/DGA”, sentencia del 30/4/24, consid. 5° y citas: Sala I, causa 22091/18, sentencia del 9/5/19; Sala II, causa 19247/21, sentencia del 17/2/23; entre otras).
Si bien estos precedentes involucraban imputaciones en los términos del inciso c del artículo 954, sus principios pueden aplicarse a casos como el presente, en los que la conducta de la actora también se pretende subsumir en el inciso a. Esto se debe a que las pautas establecidas refieren a los requisitos para acreditar la inexactitud del precio (primer elemento típico señalado en el considerando anterior), y no a la producción del efecto lesivo.
En lo que ahora interesa destacar, en tales causas se determinó que:
a) No es posible sostener una imputación si el precio FOB declarado en el permiso de embarque resulta coincidente con el que surge de la factura comercial remitida al comprador; el cual, además, se corresponde con la suma que por tal operación fue remitida al exportador y que éste consignó en sus libros contables. b) La utilización de un esquema triangular de ventas o de ventas sucesivas entre empresas vinculadas es un hecho lícito que, por sí solo, no tipifica la conducta.
Si bien puede justificar que el servicio aduanero inicie una investigación y recabe información, la manipulación del precio declarado por la primera venta —es decir, que aquél no fuese el precio real de la transacción—, debe quedar suficientemente demostrada, ya que el ámbito sancionatorio requiere extremar el análisis de los recaudos propios de cada una de las faltas que se imputan a los administrados. c) La circunstancia de que haya existido una venta posterior concertada entre el intermediario vinculado y una tercera empresa, y la constatación a través del sistema informático INDIRA de que la mercadería fue importada en el país de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 38634/2025 PIONEER ARGENTINA SRL (TF 39786-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
destino a un valor superior al que se exportó desde la República Argentina, no es un elemento suficiente para descartar la veracidad del precio declarado por la primera venta, y sostener la configuración de la falta.
d) Sin perjuicio de la vinculación declarada, el precio de la segunda venta resultará ajeno al exportador argentino en la medida en que se encuentre probado que el intermediario se comportó como una sociedad con personería jurídica propia y de tal modo concertó la segunda venta, por la que obtuvo una ganancia que no puede reputarse de fuente argentina. En su caso, el Fisco Nacional debería poner en práctica las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico para demostrar la existencia de una verdad empírica diferente de la jurídica y auténticamente querida por el sujeto contribuyente. De lo contrario, no se puede considerar probado que la operación constituya en realidad una venta directa al importador en destino, encubierta a través de la utilización de una empresa intermediaria y controlada, con el único fin de reducir la base de imposición para el Impuesto a las Ganancias y generar un menor ingreso de divisas al país.
5. Que esta tesitura fue compartida por la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el dictamen que emitió el 4/7/24 en la causa CAF 44028/19 “Maltería Pampa SA (TF 35123-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”.
Allí sostuvo que, el hecho de que no se cuestionara la coincidencia entre los precios declarados, los importes facturados y registrados contablemente, y los importes efectivamente recibidos como contraprestación de la mercadería, eliminaba “toda posibilidad de configuración de la infracción imputada, en la medida que la existencia de diferencias entre la declaración comprometida y el resultado de la comprobación, constituye un requisito ineludible para que se configure el tipo infraccional en examen”. Además, destacó que la actuación del servicio aduanero no había tenido por objeto demostrar cómo las particularidades de la operatoria afectaron en el caso concreto el precio de la mercadería exportada consignado en los permisos de embarque, sino que, por el contrario, había formulado enunciaciones genéricas para privar de virtualidad jurídica a la operación realizada con el intermediario, y así recalificar la operación como una venta directa al país de destino.
Agregó que esa tesitura había implicado desconocer en los hechos la individualidad jurídica de la empresa intermediaria “sin que se haya invocado norma alguna que habilite ese tratamiento (arg. Fallos: 335:131 y 519).” Continuó con la siguiente aclaración: “no se me escapa que la vinculación entre comprador y vendedor puede derivar en la concertación de un precio distinto al que hubieran estipulado operadores independientes (cfr. arts. 735, 742, 746 y ccdtes. del CA). No obstante, el servicio aduanero no alegó, ni mucho menos demostró -con el 5 grado de convicción que requiere el art. 898 del CA-, que la maniobra que cuestiona hubiera influido en el valor de venta, produciendo una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (art. 954, inc. c, del CA)…Simplemente descartó la primera operatoria…y tuvo por válida la segunda, sin indicar fundamento alguno de las razones por las cuales el precio de la primera transacción debería ser descartado y reemplazado por el importe de la segunda.” Más adelante, precisó: “la ‘viabilidad de la sanción depende de la ponderación de los extremos que convergen en cada operación en particular’ y su ‘integración material está dada por la concurrencia de la inexactitud que revela la declaración comprometida y las diferencias comprobadas -de calidad o especie, cantidad, valor-, mediante la revisión o el control de los documentos emitidos y la verificación de las mercaderías’…”.
Y concluyó que, en esas condiciones, “la demandada no podía imponerle a la recurrente la carga de acreditar la exactitud de las declaraciones, ni mucho menos la obligación de demostrar la aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente (arg. Fallos: 316:1313; 316:1239; 320:2271; 327:5345)…porque la vinculación existente entre las partes que intervienen en la operatoria y la diferencia entre el precio declarado por la recurrente y el pagado por el comprador/importador… pueden ser considerados solamente como un indicio de la conducta reprochada, pero no como prueba suficiente para descartar el precio de la mercadería exportada y admitir –implícitamente como válido o idóneo el que fue concertado en la [segunda] operación”.
En relación con la cuestión, consideró aplicables -cambiando lo que se debía cambiar- las apreciaciones vertidas por la Corte en la causa CAF 20/2019/CA1-CS1 “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA”, relativa a ventas sucesivas entre vinculado pero en materia de importación. Y advirtió que “el texto del art. 954, inc. c), del CA, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que –a los efectos de establecer el precio que ‘efectivamente correspondiere’– deba prescindirse del correspondiente a la primera venta y atenderse a los de las ventas posteriores”. “Aún más” -agregó- “no surge de dicha norma presunción alguna que, para el caso de ventas sucesivas entre partes vinculadas, establezca que la diferencia de precios que pudiese existir obedezca a dicha vinculación, imponiendo por tal razón la inversión de la carga de la prueba y colocando en cabeza del importador o del exportador la demostración de que la vinculación no incidió en el precio o que tal precio es propio de una transacción celebrada entre partes independientes”.
Por tales motivos, opinó que la conducta reprochada por la aduana no permitía tener por configurado el tipo infraccional, ya que no se advertía una diferencia entre lo declarado y lo comprobado, sino la existencia de ventas sucesivas entre entidades CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 38634/2025 PIONEER ARGENTINA SRL (TF 39786-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
vinculadas que, si bien se concertaron a valores diversos, no se había demostrado que se tratase de operaciones simuladas, así como tampoco la falsedad o inexactitud de su precio.
6. Que, a mayor abundamiento, cabe transcribir algunas afirmaciones que hizo la Corte federal, en la citada causa CAF 20/2019 “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 29/2/24, pues, si bien se refiere a un supuesto de importación, claramente convalida la interpretación que venía haciendo este Tribunal en supuestos análogos al del sub examine.
En particular, allí también se sostuvo que, en tanto se pueda tener por probado que los precios declarados se corresponden con los efectivamente percibidos por las operaciones, queda eliminada toda posibilidad de configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero. Por su parte, los jueces que conformaron la mayoría añadieron que “…el texto del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que —a los efectos de establecer el precio que `efectivamente correspondiere´— deba…atenderse a los precios de las ventas anteriores [ulteriores, en el caso de las exportaciones]. Aún más, no surge de dicha norma presunción alguna que, para el caso de ventas sucesivas entre partes vinculadas, establezca que la diferencia de precios que pudiese existir obedezca a dicha vinculación, imponiendo por tal razón la inversión de la carga de la prueba y colocando en cabeza del importador o del exportador la demostración de que la vinculación no incidió en el precio o que tal precio es propio de una transacción celebrada entre partes independientes” (párrafo 7).
De consideraciones posteriores se puede inferir que, en defecto de tales previsiones en el tipo infraccional, el hecho de que la venta entre partes vinculadas hubiese estado seguida por una venta a un precio mayor, o “incluso sustancialmente” mayor, “no alcanza para desplazar la carga de la prueba… [en nuestro caso, hacia el exportador] a fin de que éste demuestre que se trató del precio que efectivamente correspondía a las mercaderías…” (párrafo 8).
Finalmente, concluyeron: “independientemente del juicio de desvalor que puedan merecer las ventas sucesivas (triangulaciones) que involucren la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, que van más allá de la materia aduanera para comprometer aspectos cambiarios y fiscales, no corresponde a los jueces juzgar el acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, debiendo limitarse a su aplicación tal como estos la concibieron…” (párrafo 9).
7 7°) Que, reseñados los elementos configurativos del tipo infraccional y la interpretación que de ellos ha efectuado la jurisprudencia, corresponde reparar en las circunstancias fácticas acreditadas en el presente caso. Se advierte que la situación es análoga a la de las causas citadas, en tanto no se probó que la actora hubiera percibido, por la mercadería amparada en los permisos de embarque 13060EC01004313A, 4312W, 4311V y 4303, un importe superior al declarado y facturado (v. facturas y constancias de ingreso de divisas obrantes a fs. 120/121 y 160/171, act. adm.).
Por otra parte, surge que el único elemento en que se basó la Aduana para instruir el sumario y confirmar la imputación fue el resultado de la consulta al sistema INDIRA. Así lo revela el auto de apertura del sumario (v. esp. fs. 98, act. adm.) y los considerandos de la resolución AD SAPE 278/18 (v. fs. 229 y 231), en los que se alude a las planillas obrantes a fs. 8/9 de los antecedentes y, sin mayor fundamentación, se califica de irrazonable e infundado el incremento de valor allí consignado (29,92%). No se otorgó relevancia alguna a las explicaciones brindadas por la actora respecto del incremento de precios. En efecto, ésta acompañó una carta de la intermediaria Pioneer Overseas Corporation, en la que se señalaba que el mayor precio cobrado a Agrosan SA obedecía a “los cargos financieros aplicados por POC a Agrosan en razón de la significativa extensión del plazo de pago”. Se destacó, además, que las operaciones de venta entre POC y Agrosan —empresa con la que no existe vinculación económica— se pactaron bajo condiciones financieras distintas de aquellas convenidas entre Pioneer Argentina y POC. Y que, en todos los casos, la diferencia de precio entre lo abonado por POC a Pioneer Argentina y lo facturado a Agrosan osciló entre un 22% y un 30% (fs. 130/134, act. adm.).
Ahora bien, aunque la resolución definitiva del sumario y los informes previos relativizaron el valor probatorio de los elementos aportados por la actora, no surge de los antecedentes que la Aduana haya efectuado una verificación destinada a demostrar cómo las particularidades de la operatoria impactaron, en el caso concreto, en el precio de la mercadería consignado en los permisos de embarque. La investigación de valor realizada con el objeto de determinar si el precio FOB de exportación se encontraba influido por una eventual vinculación societaria con clientes del exterior (v. fs. 188 y ss., act. adm.) se sustentó nuevamente en constancias de bases de datos del sistema E-FISCO y DEPOSITARIO FIEL, entre otros, para tener por acreditada la vinculación entre la actora y la intermediaria. Bastó esa circunstancia y la falta de respaldo documental sobre los aspectos financieros de la operación para concluir que la diferencia de precios resultaba significativa e infundada (v. esp. fs. 191, act. adm.).
Debe destacarse que dicha verificación era indispensable, pues, conforme al criterio jurisprudencial expuesto, ni siquiera una diferencia sustancial respecto del valor de la última venta —como la detectada mediante la consulta al sistema INDIRA (29,92%)— resulta suficiente para trasladar la carga probatoria a la actora.
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En definitiva, la Aduana no acreditó, como le correspondía, que se tratara de operaciones simuladas ni la falsedad o inexactitud del precio declarado. Sin pruebas concluyentes en tal sentido, no era posible sostener la imputación.
8. Que, en el presente caso tampoco se advierten indicios suficientes, claros y concordantes que permitan sustentar la inexactitud del precio declarado en los permisos de embarque 13060EC01004313A, 4312W, 4311V y 4303. Ello obedece a que el precio de importación de la mercadería en Uruguay, obtenido mediante el sistema INDIRA —aunque superior al declarado en la destinación de exportación cuestionada— constituye apenas un indicio. Al ponderarlo junto con otros elementos que respaldan la posición de la actora —como la coincidencia entre el precio declarado y facturado, las constancias de ingreso de divisas y la explicación proporcionada por el intermediario— no se alcanza el grado de certeza exigido para afirmar la falsedad de lo declarado, con la rigurosidad propia del ámbito sancionatorio.
Si bien el recurrente aludió genéricamente a la existencia de prueba documental y contable que respaldaría su postura, no la individualizó; y lo actuado, por el contrario, refuerza la posición de la actora y no la del Fisco.
9. Que, en suma, conforme a los parámetros fijados por la jurisprudencia de esta Cámara y del Máximo Tribunal, no ha quedado demostrado que la firma Pioneer Argentina SRL haya incurrido en una declaración inexacta al documentar las destinaciones de exportación 13060EC01004313A, 4312W, 4311V y 4303.
10. Que, finalmente, corresponde señalar que, en términos semejantes, la Sala III de esta Cámara se expidió al analizar una causa sustancialmente análoga a la presente. En aquella oportunidad, la misma empresa actora había sido sancionada sobre la base de la información obtenida del sistema INDIRA, al verificarse la existencia de ventas sucesivas a valores distintos en el marco de una operación de exportación, lo que puso de manifiesto discrepancias entre el valor FOB declarado en un permiso de embarque y el precio al que la mercadería fue importada en el país de destino (cfr. Sala III, causa 15567/21 “Pioneer Argentina SRL (TF 39782-A) c/ DGA”, sent. del 17/12/24). Sin embargo, en dicho precedente también se concluyó que no resulta jurídicamente admisible presumir, sin otros elementos probatorios adicionales, que el documentante en nuestro país haya sido responsable de declarar un valor inexacto de las mercaderías, y aceptar como válida la declaración efectuada por el importador en el país de destino.
9 Por todo lo expuesto, SE
Desestimar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas, al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 28/10/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia