Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, ante una diferencia de más de ocho horas entre una y otra, debo admitir que ambas son correctas y que la primera señaló las últimas etapas de metabolización y eliminación de un consumo de drogas anterior a los cuatro días del último consumo y el realizado en el laboratorio Génesis se practicó fuera de esos cuatro días. Tomo una duración de la cocaína en el organismo de hasta 4 días, como informa el Laboratorio Regional de investigación Forense del Poder Judicial de la provincia en PE 1865643/2025 como ejemplo, toda vez que no se ha determinado el momento del consumo. En mariguana la duración es mayor. Lógicamente que se trata de una estimación que depende de la frecuencia de uso, cantidad consumida y el metabolismo individual. Sugiere un mito urbano que un gran consumo de agua y ejercicios puede acelerar la eliminación por orina. Mito que se basaría en la desintoxicación rápida en tratamientos en el hospital como informa el informe del Laboratorio Regional de Investigación Forense. Existe una ventana en que la droga es detectada. Ello sin considerar que, como sostiene la demandada, el test del laboratorio Génesis no es un estudio independiente y ella no participó en él. Resta señalar que no se escapa que en el caso de un consumidor habitual la duración de la droga puede permanecer más tiempo en el cuerpo pero no estamos en el caso de un consumidor habitual. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9319/26 Sentencia: Definitiva Actor: Pira César Gastón Demandada: Estelar Resources S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 10-08-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los DIEZ días del mes de agosto de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “PIRA, César Gastón c/ ESTELAR RESOURCES S.A. s/ laboral- recaratulado”
Expte. Nº 1347/23 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº1 en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de la ciudad de Puerto Deseado, que tuvieron ingreso en este tribunal bajo el Nº 9319. A esos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el Dr. Leandro Martín Muñoz en PE1150654-2023 en representación y patrocinio de César Gastón Pira promovió demanda laboral contra Estelar Resources S.A. por cobro de indemnización por despido incausado, indemnización del art. 3 de la ley 25.323 y daño moral. Indica el ingreso a la empresa demandada en enero de 2018, su desempeño en mantenimiento de equipo pesado en categoría 2 operadores de instalaciones mineras en el yacimiento Minero Cerro Moro. Relata el despido con invocación de causa el 2/6/2023. Dice que ese día, al ingresar al yacimiento fue sometido a control o test de drogas y alcohol mediante una muestra de orina que arrojó un resultado aparentemente positivo al igual que la contraprueba, en procedimiento que a su parecer se encontraba viciado de nulidad absoluta por falencias e irregularidades que atribuye a la demandada y a un error en la autoría de las muestras. Afirma que la muestra que se le atribuyó no era la suya y que la contraprueba se realizó en la misma muestra. Expresa que luego fue trasladado a su residencia en Caleta Olivia. Manifiesta llegar sorprendido por lo ocurrido, pues manifiesta no consumir ningún tipo de droga ni alcohol. Dice haber reclamado por el error o pedir una nueva prueba lo que se le negó. Afirma que ya en su residencia, ese día a las 13hs.30' se dirige al laboratorio GENERIS donde con la presencia del escribano Raúl Gastón IGNAO quien labró un acta, se efectuó un test que le dio resultado negativo. Agrega que el 28/7/2023 fue citado para exámenes post ocupacionales. Funda en derecho, practica liquidación y ofrece prueba.
II. Que fracasada la instancia de conciliación en PE 1390719/2024 la Dra. Rocío Marsicano en representación de ESTELAR RESOURCES LIMITED S.A. contesta la demanda y solicita su total rechazo con costas. Reconoce la relación laboral con el actor, su fecha de ingreso, tareas desempeñadas, lugar de desempeño y jornada laboral. Se refiere al “Protocolo de Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas (alcohol y drogas) al que en forma aleatoria se sometió al actor el 2/6/2023 en el puesto 1 de ingreso, que arrojó resultado positivo de drogas en orina así como en la contraprueba. Explicó que el objeto del protocolo era prevenir al máximo los riesgos y daños al personal pues las actividades mineras son riesgosas y requieren la plena lucidez por parte de los empleados en el trabajo diario y determina la tolerancia cero y por ello procedió a despedir a Pira por pérdida de confianza. Detalló la problemática del consumo de drogas en el ámbito laboral y cita jurisprudencia.
Posteriormente se dispuso la recaratulación de la causa al determinarse que ESTELAR RESOURCES S.A es continuadora de ESTELAR RESOURCES LIMITED S.A.
III. Que en PE 879061/2024 se abre la causa prueba produciéndose la obrante en autos. Clausurado el periodo probatorio en PE 1213974/2025 se fija la audiencia de alegatos a la que no comparecen las partes, pero presentan alegatos: La actora en PE 2052716/2025 y la demandada en PE 2079208/2025. El llamado de autos obra en PE 2080252/2025. La sentencia que obra en PE 2166404/2025 resuelve: 1. Rechazar la demanda interpuesta por César Gastón Pira. 2.Costas se imponen por su orden (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1.444). 3. Honorarios. La regulación de honorarios se difiere hasta tanto la presente se encuentre firme. 4. Regístrese. Notifíquese.
IV. Que disconforme con este pronunciamiento el actor interpone y funda recurso de apelación contra la sentencia en PE2179511/2026 que le es concedido libremente y con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios en PE1295367/2026. Ellos son contestados en PE2195350/2026. Se ordena elevar los autos a Cámara en PE1304047/2026, donde se reciben sin agregados en PE 1316503/2026 y se dispone el llamado de Autos a Sentencia y se establece el orden de estudio en PE 2225951/2026.
V. Que el Dr. Leandro Martín Muñoz en representación del actor expresó los agravios que le irroga la sentencia. La ataca en primer término por cuanto delimita el presupuesto fáctico exclusivamente a la prueba acompañada en los escritos de demanda y contestación, especialmente en el acta de notificación y demás constancias de autos para tener por acreditada la causal de gravedad suficiente para justificar la pérdida de confianza invocada. Se queja por cuanto el juez a quo no emitió pronunciamiento alguno relativo a la posible irregularidad del procedimiento de la toma de muestras y control de la ejecución del procedimiento del protocolo aplicado ni de valoración de la prueba conforme la sana crítica racional y las reglas de la experiencia.
Ello hubiera permitido, a su juicio de manera fundada, desvirtuar la prueba con la aportada por su parte y quitar prevalencia a los elementos de juicio en los que la demandada sustenta su responde por sobre los producidos por la actora. Critica la falta de análisis exhaustivo de las circunstancias de tiempo modo y lugar y que mediante un rigorismo formal priva de virtualidad a los referidos elementos probatorios e incurre en errónea valoración de las declaraciones testimoniales del personal interviniente. Sostiene que no se configura en autos la causal invocada. En un segundo agravio ataca la indebida valoración del protocolo de “Procedimiento Gral. Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas”.
Explica que la sentencia en su decisorio circunscribe los hechos a un despido sin causa y de manera acertada asigna la carga de la prueba a la empleadora, pero no obstante cita jurisprudencia sobre la injuria laboral de pérdida de confianza. Aborda la existencia y regulación del “Procedimiento Gral. Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas” y reitera los argumentos desarrollados por la demandada vinculados a los procedimientos internos y el consentimiento informado del trabajador, política de seguridad de la empresa y los fundamentos de la sanción, que sostiene que como defensa técnica objetó. Expresa que el planteo central de la defensa se ha circunscripto a la potencial deficiencia e irregularidad en la ejecución del protocolo aplicado, que entiende no ha sido desvirtuado con las probanzas producidas en autos.
Se queja porque la sentencia resuelve sin ponderar la aplicación del principio de la duda a favor del trabajador pese a las inconsistencias en el procedimiento cuestionado. Lo considera el punto fundamental al no haberse enervado la hipótesis de irregularidad del protocolo lo que priva de sustento lógico y jurídico suficiente lo que la invalida.
En un tercer agravio se queja por la errónea desestimación de la prueba aportada en el libelo de inicio (análisis en el laboratorio Génesis y Acta de Constatación), y que la desestimación se haya fundado en que los resultados del test son categóricos y el desconocimiento de esta prueba por parte de la demandada y no haber acompañado prueba subsidiaria para contrarrestar tal desconocimiento. Se queja por el alcance que se otorga a tal desconocimiento que a su juicio no puede desestimar sin más la prueba ofrecida. Ésta consiste en el análisis efectuado en el laboratorio Génesis y se queja que la sentencia le atribuye no haber acompañado prueba subsidiaria para contrarrestar el desconocimiento por parte de la demandada. Lo califica de un juicio de valor erróneo toda vez que se acompañó como complementaria es el “Acta de Constatación” confeccionada por el escribano Ignao que da cuenta de un test con resultado negativo. Entiende que ambos constituyen elementos de prueban de carácter autónomo y en autos complementarios en aspectos centrales cuya ponderación no puede soslayarse. Recuerda que el acta constituye un instrumento público que da plena fe del procedimiento llevado a cabo citando lo que califica de destacada doctrina cuya autoría no identifica.
En el cuarto agravio se explaya sobre lo que considera errónea valoración de la prueba testimonial y se refiere a discrepancias entre los testigos y lo planteado en la contestación por la demandada, citando jurisprudencia y afirmando que la única contraprueba producida en autos ha sido la realizada por el actor en el laboratorio Génesis.
En un último agravio critica lo que considera una errónea valoración de circunstancias de tiempo y lugar refiriéndose a la circunstancia temporal en la realización de ambos test inmunocromatográficos que permite advertir en ambos test la condición de contradictorios y cita consideraciones de una sentencia de este tribunal junto con el informe del Laboratorio Regional de Investigaciones Forenses en lo relativo a los plazos de para realizar la contraprueba. Entiende que ambos test exigen pronunciamiento al respecto.
Por ello considera arbitraria la sentencia y pide se revoque se la revoque.
VI. Que la Dra. Rocío S. Marsicano, como apoderada de la demandada, contesta en PE 2195350/2026 los agravios vertidos por el actor.
En primer término los califica de mera disconformidad o desacuerdo con la sentencia con citas de jurisprudencia y pide se declare desierto el recurso. Señala que el quejoso olvida que la Jueza no tiene otros límites que los demarcados por su propia conciencia al tomar decisiones que entiende se ajustan a derecho en lo que constituye la regla de la libre convicción donde el magistrado actúa como árbitro soberano en criterio, encontrando sólo limitación cuando arriba a conclusiones que repudian las más elementales leyes del raciocinio, que es justamente lo que se ha dado en autos, por lo que se debe confirmar el fallo. No obstante, analiza esos desacuerdos pidiendo el rechazo con imposición de costas. Detalla las principales consideraciones de la sentencia. Al contestar el primer agravio se centra en el resultado positivo del test de sustancias prohibidas que comprometen la seguridad individual, de terceros y del establecimiento. Sostiene que, en ese contexto, la pérdida de confianza no constituye una fórmula vacía sino la consecuencia de una conducta incompatible con las obligaciones esenciales derivadas del contrato de trabajo.
Expresa que se critica la sentencia por considerar que se ha basado en consideraciones genéricas. Explica las argumentaciones de la sentencia y que fue su representada quien tuvo a su cargo la producción de la prueba de la injuria pues en autos se debate si estamos ante un despido con causa o no. Sostiene que no se acreditó irregularidades en el procedimiento ni que hubiera parcialidad en la valoración de la prueba testimonial que entiende se valoraron en función de la seriedad y credibilidad de los dichos de los testigos para reiterar que la sentencia no es arbitraria.
Responde al segundo agravio indicando que el “Procedimiento Gral.
Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas” fue correctamente aplicado y explica porque. Transcribe la notificación del despido y los requisitos del despido que considera cumplidos en lo que hace a la gravedad, proporcionalidad, oportunidad y contemporaneidad y el non bis in ídem con cita de jurisprudencia y doctrina.
Respecto del tercer agravio se explaya en que no se trató de un estudio que no es independiente pues su representada no estuvo presente en el momento de la toma de muestra ni del examen; ni el laboratorio fue elegido por ambos contendientes. Hace notar que el test en cuestión fue realizado 9 horas después que diera positivo en el realizado en el yacimiento. Sostiene que se trata de un test realizado en forma privada y que el Procedimiento Gral. Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas (alcohol y drogas) aceptado por el trabajador sin cuestionamientos no surgía la posibilidad de realizar otro tipo de test que los que se realiza en el yacimiento. Resume los cuestionamientos a ese test que se tienen presentes en este acto. Pide se rechace el agravio. Respecto del cuarto agravio sobre la valoración de la prueba testimonial destaca que entre los testigos no hubo contradicciones ni respuestas direccionadas. Insiste que los testigos estuvieron presentes o que tenían conocimiento directo de las cuestiones controvertidas y cita jurisprudencia que se tiene presente. Destaca aspectos del control aleatorio que no fue cuestionado y la confiabilidad de los inmunoensayos practicados. Por ello pide se rechace el agravio.
Respecto del quinto agravio respecto de una errónea valoración de las circunstancias de tiempo y lugar. Sostiene que no existe concomitancia temporal entre ambos test que permita predicar su carácter contradictorio por haber sido realizado con una diferencia horaria de nueve horas después del practicado en el yacimiento. Sostiene que con el transcurso del tiempo la concentración de algunas sustancias en orina varía en función de los procesos de absorción, metabolización y eliminación y que por ello análisis realizados en momentos distintos no son técnicamente equiparables por arrojar resultados diversos y se refiere al criterio expuesto en esta cámara en los autos “Manrique Gabriel Sebastián c/ Calfrac Well Services Argentina S.A.”
Critica el estudio acompañado por el actor señalando circunstancias que a su juicio le quitan credibilidad y se tienen presentes.
Cita jurisprudencia de este tribunal que tenemos presente y sostiene que la sentencia en crisis se encuentra en la línea de estos criterios y ello refuerza la corrección del fallo y constituyen fundamento para el rechazo íntegro de los agravios. Formula conclusiones que tenemos por reproducidas y formula reserva del caso federal.
VII. Que en primer término analizaré la pretensión de la demandada de declarar desierto el recurso interpuesto por el actor. Considera la demandada que la pieza con la que se lo sostiene no es “estricto sensu” agravios, sino meras disconformidades o desacuerdo. No comparto esta apreciación. A mi juicio en PE2179511/2026 el actor realiza una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que él, con o sin acierto, considera equivocadas tal como exige el segundo párrafo del art.90 de la ley 1444 cuando establece:
“… El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el apelante considere equivocadas para lo cual no bastará remitirse a presentaciones anteriores. Si no se cumpliere este requisito el tribunal de alzada declarará desierto el recurso.”
Y ello es así, por cuanto el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada tienen una doble limitación: la primera se encuentra en las pretensiones expuestas por las partes en la demanda y el responde mientras la segunda está dada por la medida de los agravios y deriva de los principios dispositivos y de congruencia. En la obra colectiva de Morello, Sosa y Berizonce “Códigos Procesales…..” cuarta edición ampliada y actualizada los autores expresan: “Es ineludible que esos escritos mediante los cuales se funda o motiva el recurso según haya sido concedido libremente o en relación, deben contener una crítica razonada, objetiva, precisa y seria de los errores que se atribuyen al fallo de primer grado denunciando en qué consisten ellos, punto por punto.
Las consecuencias que se derivan para el apelante la inobservancia de estas reglas son de extrema gravedad: a) Aun cuando se hubiere apelado el fallo en todas sus partes, quedan consentidas aquellas respecto de los cuales no se expresan -con suficiencia técnica – agravios; b)la idoneidad de la crítica debe autoabastecerse en el propio escrito de agravios (o en el memorial), sin que puede sustituirse con remisión a motivos o argumentos explicitados en primera instancia (en el alegato o en otros escritos); c) Frustrase su rol, si la crítica se reduce a discrepancias o afirmaciones genéricas que no destruyen el raciocinio del a quo. Pese a lo que acabamos de puntualizar, no hay módulos predeterminados para conceder en abstracto, el visto bueno a un escrito, considerándolo idóneo, desde el punto de vista formal, como expresión de agravios.
La preservación del derecho de defensa ve con malos ojos que se extreme el formalismo vaciando el sentido de la administración de justicia. La jurisprudencia ha calibrado razonablemente el margen en que debe moverse la cuestión. De allí que se haya puntualizado con acierto: a) que la brevedad -o el laconismo- de la expresión de agravios no autoriza a dar por desierto el recurso (que en la mayoría de los casos habrá de beneficiar en su poder críticos a diferencia de los inacabables discursos reiterativos y carente de sus notas propias), aún incompleta si llega el ataque a satisfacer el fin que le está asignado dentro del ámbito de la apelación, vale como expresión de agravios (obra citada tomo IV páginas 89/90 comentando el art. 260 del CPCC de la Provincia de Buenos Aires o el art.265 del código del rito en la justicia civil Nacional de texto semejante a nuestro art. 90 de la ley 1444).
En tales condiciones no merece, como se pretende, sean desestimados por un simple proveído. Hay un esfuerzo del profesional, quien ha desarrollado un discurso jurídico donde ataca aspectos puntuales de la sentencia que requieren tratamiento. Pero ese tratamiento se limita a aquellos aspectos que fueron materia de crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se consideran equivocadas, habida cuenta que como surge de la calificada doctrina expuesta por Morello Sosa y Berizonce en la cita que antecede “aun cuando se hubiere apelado el fallo en todas sus partes, quedan consentidas aquellas respecto de los cuales no se expresan -con suficiencia técnica – agravios;”
En autos se trata de un tema sobre el cual han existido numerosos pronunciamientos circunstancia que puede llevar a una rutina en el tratamiento, apoyándose en los precedentes, donde, sin que cambie el resultado quedan cuestiones que propusieron las partes sin ser atendidas debidamente, pero que deben ser dilucidadas por tener características que lo diferencia de los precedentes.
Habida cuenta ello rechazo esta primer vertiente donde se dirigió la contestación de agravios orientada a obtener la deserción del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, toda vez que el memorial del actor, sin perjuicio de la solución final, merece tratamiento.
VIII. Que podemos sintetizar los agravios del actor en la falta de tratamiento de las irregularidades en el protocolo llamado “Procedimiento General de control de consumo problemático de sustancias prohibidas”, en la carga de la prueba de la causal del despido, en la desestimación de la prueba aportada por su parte (análisis del laboratorio Génesis junto a un acta de constatación, errónea valoración de la prueba testimonial y de las circunstancias de tiempo modo y lugar.
El primer aspecto ha sido invocado en la demanda afirmando que en la oportunidad fueron seleccionados 4 trabajadores denunciando múltiples falencias e irregularidades en el control, en la toma de las muestras, su rotulación e individualización de las muestras. Sostiene que los trabajadores ingresaron en un pequeño baño para la obtención de la muestra en el recipiente entregado que luego eran colocados en una oficina anexa y que transcurrió un lapso de 25 minutos sin que el personal médico hubiera rotulado e individualizado cada muestra en relación a los trabajadores que las habían suministrado y permanecieron en un escritorio y fueron atribuidos en forma verbal por el personal médico adjudicando las muestras. Afirma que se le negó la posibilidad de nueva muestra para la contraprueba y que se le solicitó de manera autoritaria la firma del acta. Invocó en concreto la existencia de un error al no corresponderle al trabajador despedido la nuestra que diera positivo. La demandada en su responde formuló una serie de negativas entre ellas la posibilidad de que se hubiera incurrido en errores en el procedimiento referidos en forma taxativa en las negaciones identificadas con los números 12 a 20 (ver PE 1390719/2024).
Conforme el art. 355 del CPCC ley 1418 por remisión del art. 121 de la ley 1444:
“Incumbira la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción…”
Así como a la demandada le corresponde probar la injuria, en el caso el resultado de un test positivo al consumo de sustancias prohibidas que llevó a una pérdida de confianza, a la actora le habría incumbido la carga de demostrar la potencial deficiencia e irregularidad en la ejecución del protocolo aplicado que se denunciaron el libelo de inicio a saber: que los 4 trabajadores seleccionados ingresaron en un pequeño baño para la obtención de la muestra en los recipientes entregados, recipientes que luego fueran colocados en una oficina anexa y que transcurrió un lapso de 25 minutos sin que el personal médico hubiera rotulado e individualizado cada muestra en relación a los trabajadores que las habían suministrado y permanecieron en un escritorio y fueron atribuidos en forma verbal por el personal médico adjudicando las muestras con error en las personas en el atribuido al actor. Afirma que se le negó la posibilidad de nueva muestra para la contraprueba y se le solicitó de manera autoritaria la firma del acta. Invocó en concreto la existencia de un error al no corresponderle a su aporte la nuestra que diera positivo, negativa a proporcionar una nueva prueba e intimidación a firmar el acta.
No obstante haber presentado su patrocinante preguntas a los testigos que declararon en el acto, no los interrogó sobre las irregularidades y el error de atribución que invoca. No se demostró que recipientes fueran luego colocados en una oficina anexa y que transcurrió un lapso de 25 minutos sin que el personal médico hubiera rotulado e individualizado cada muestra en relación a los trabajadores que las habían suministrado y permanecieron en un escritorio y fueron atribuidos en forma verbal por el personal como se sostiene para afirmar que el resultado de positivo a drogas no le corresponde. Es decir que no es inexacta la autoría del suministro de la muestra de orina que diera resultado positivo al consumo. Esa prueba no se proporcionó por lo que rechazo este agravio desde que no hubo una crítica a estos aspectos que se expusieron en el inicio.
Por otro lado como el propio apelante lo aclaró y destacó en el segundo agravio la defensa técnica en ningún momento procesal objetó la política de seguridad de la empleadora en materia de consumo de sustancias peligrosas, ni en la adopción de protocolos internos, ni en el consentimiento informado del trabajador, ni en abstracto el régimen sancionatorio asociado a su incumplimiento, incluyendo los parámetros de proporcionalidad, contemporaneidad y razonabilidad.
Por ello destaco que a mi juicio no se ha acreditado que las muestras se hubieran colocado en un escritorio y durante 25 minutos no se las hubiera rotulado permitiendo (como se sostuvo en el inicio) una confusión en las muestras aportadas por cada trabajador seleccionado aleatoriamente. No hay siquiera margen de duda que permita recurrir a la presunción del 2º párrafo del art. 9 de la LCT para la apreciación de la prueba en el caso concreto. Tampoco se ha demostrado que el actor fuera intimidado para firmar el acta con los resultados de los test. En el trance de un resultado positivo a drogas, no es creíble que un operario de la industria de la minería que se desempeña en el mantenimiento de equipo pesado fuera intimidado para firmar un documento que implica el reconocimiento de una falta que es sancionada con el despido y que él entiende no cometió. Y el acta del examen realizado en la mina ese día 2 de junio del 2023 siendo las 7 hs. 35' acompañado al escrito de demanda y por la demandada en su responde se advierte que ha sido suscripta por el actor sin objeciones ni reservas respecto de la regularidad del acto. Por otro lado ha reconocido la firma en la posición 14 y aclara que “la firme porque sino me desvinculaban.” Sin referencia a intimidaciones.
Para atacar el resultado positivo a drogas recurrió a un test realizado a las 15hs. 30' del mismo día del atacado (es decir 8 horas después) en el laboratorio Génesis con intervención del bioquímico Gonzalo Exequiel Maionaro junto con el acta notarial confeccionada por el escribano Raúl Gastón Ignao a pedido del actor para dar fe del test realizado con resultado Negativo por lo contradictorio de ambos estudios.
Veamos, con esta prueba pretende la parte señalar que ante dos test contradictorios se introduce una duda respecto de cuál de ellos es el válido. En realidad los test realizados buscan acreditar la presencia de droga en orina luego de su metabolización de ella por el organismo mediante reactivos. Como el proceso de metabolización es continuo desde el consumo y principio de eliminación por la orina depende del momento del consumo hasta que puede ser detectado es decir que una persona pudo haber consumido y recién después de unas horas el reactivo reaccionar. Pero completado el proceso de metabolización y eliminación no quedarán restos de la droga en orina. Es decir que para demostrar una contradicción entre distintos test deben ser realizados simultáneamente o con poca diferencia en el tiempo.
El razonamiento del apelante vale respecto de dos pericias respecto de la existencia de dos hechos permanentes: por ejemplo: dos mensuras que den conclusiones disimiles sobre la existencia de invasión en el terreno ajeno de una medianera. Ello no cambia con el paso del tiempo toda vez que se puede verificar cual es la inexacta toda vez que la medianera no puede ser trasladada, solo destruida. Pero la droga en el organismo es metabolizada y eliminada.
Por ello, ante una diferencia de más de ocho horas entre una y otra, debo admitir que ambas son correctas y que la primera señaló las últimas etapas de metabolización y eliminación de un consumo de drogas anterior a los cuatro días del último consumo y el realizado en el laboratorio Génesis se practicó fuera de esos cuatro días. Tomo una duración de la cocaína en el organismo de hasta 4 días, como informa el Laboratorio Regional de investigación Forense del Poder Judicial de la provincia en PE 1865643/2025 como ejemplo, toda vez que no se ha determinado el momento del consumo. En mariguana la duración es mayor. Lógicamente que se trata de una estimación que depende de la frecuencia de uso, cantidad consumida y el metabolismo individual. Sugiere un mito urbano que un gran consumo de agua y ejercicios puede acelerar la eliminación por orina. Mito que se basaría en la desintoxicación rápida en tratamientos en el hospital como informa el informe del Laboratorio Regional de Investigación Forense. Existe una ventana en que la droga es detectada. Ello sin considerar que, como sostiene la demandada, el test del laboratorio Génesis no es un estudio independiente y ella no participó en él. Resta señalar que no se escapa que en el caso de un consumidor habitual la duración de la droga puede permanecer más tiempo en el cuerpo pero no estamos en el caso de un consumidor habitual.
En el segundo agravio se apoya en que en el punto V del decisorio se circunscribe los hechos a un despido sin causa y de manera acertada asigna la carga de la prueba a la empleadora. Ello es inexacto habida cuenta que textualmente el considerando V comienza expresando: “Ahora bien, en autos nos encontramos frente a un despido causado, siendo carga de ESTELAR RESOURCES S.A. acreditar las circunstancias fácticas en las que se funda el distracto y que fuera mencionada en el acta notarial donde se notificó al trabajador (art. 242 LCT)”
Aclarado ello vemos que la prueba del actor no ha acreditado irregularidades en la ejecución del protocolo ni alcanzado ha introducir una duda razonable que hubiera permitido beneficiarlo con el principio del artículo 9 segundo párrafo de la LCT. Debe rechazarse este agravio.
Por otro lado no habiendo sido acreditada la deficiencia o irregularidad en la ejecución del protocolo que la parte actora atribuyó al acto (y cuya prueba le correspondía como se aclaró), debe rechazarse el segundo agravio por la no ponderación del principio de la duda a favor del trabajador, toda vez que a mi juicio no hay posibilidad de duda.
Ya he tratado el tercer agravio. No se ha desestimado la prueba del ensayo inmunocromatográfico Genesis sino que no se le ha dado el alcance que el actor pretendía para quitar efecto a la constatación realizada por la patronal. Son dos pruebas que tienen efecto para dos momentos distintos. Por otro lado le asigna al acta de constatación labrada por el escribano Raúl Gastón Ignao el carácter de prueba subsidiaria y sostiene que ambos son prueba de carácter autónomo y además complementarios. Sostiene que esa escritura constituye instrumento público “que da plena fe del procedimiento llevado a cabo, como se aprecia en su contenido” y que “destacada doctrina considera que la vía a los fines de desestimar un instrumento público resulta la redargución de falsedad y no un simple desconocimiento.” Y, ello colocaría a las pruebas de su parte y de la demandada en igualdad.
Lo que se cuestiona es la prevalencia de una prueba sobre la otra que la desautorice.
Define a las actas el art. 310 del CCyC en esta forma:
“Se denominan actas los documentos notariales que tiene por objeto la comprobación de hechos.” Que pueden ser protocolares si se labran en el protocolo (art. 289 inc. a del CCyC) y las que se labran fuera de él quedan dentro del inc. b de, art. 289 del mismo cuerpo legal, y conforme el art. 312 del CCyC: “El valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y su estado. En cuando a las personas, se circunscribe a su identificación si existe, y debe dejarse constancia las declaraciones y juicios que emiten. Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial.”
Se advierte que con la invocación del acta notarial se pretende dotar al test realizado en el laboratorio Génesis un valor probatorio destinado a neutralizar el test de droga positivo al que se sometiera aleatoriamente al actor el 2 de junio de 2023 al ingreso a las instalaciones de la demandada. Este argumento no es admisible como se explicara más arriba.
Señala como irregularidad que la contraprueba fue con otra tableta pero la misma muestra de orina sin permitírsele suministrar otra. El protocolo permitía solicitar una nueva muestra. No se acreditó que la hubiere solicitado nueva muestra para la contraprueba y le fuera negado. Ello ha sido materia de expresa negativa en la contestación de la demanda. El testigo Maximiliano Abbas (PE 1561954/2024) aclara también que el examinado puede pedir otra muestra para la contraprueba (respuesta a la pregunta 14). La enfermera Ana Asiria Almeida López (y ratifica la Dra. Abud en PE 1635274/2024) explica que para la contraprueba se le da a los examinados la opción de suministrar otra muestra de orina, pero la mayoría elige usar la misma orina (ver PE 1572961/2024). No se acreditó que el actor hubiera realizado el pedido de que la contraprueba se hiciera utilizando otra muestra de orina. Agrego que nada afecta el resultado de la contraprueba que ésta se realice con la misma muestra de orina o una suministrada a continuación. Es una prueba científica y no un sorteo que puedan dar distintos resultados uno a continuación de otros mientras la droga del organismo no ha sido metabolizada. Esa argumentación no elimina la contraprueba efectuada en el ingreso de la mina Cerro Moro ni le quita valor probatorio como se pretende, sino al contrario.
Resta agregar que a mi juicio en nada favorece la posición del recurrente su invocación de lo decidido en autos “Manrique Gabriel Sebstián c/ Calfrac Well Services Argentina S.A. s/ laboral” Tomo C Sentencias, Registro 3065, Folio 165/177 Prot. Elect. A201 025 S.241. Precisamente en el voto en primer término de la Dra. Bard, al que adherí, se estableció que el transcurso del tiempo las sustancias del organismo varían a medida que transcurre el tiempo por lo que pueden existir variaciones en los resultados. El laboratorio Regional de Investigaciones Forenses en PE 1865643/2025 establece que la contraprueba debe realizarse lo antes posible, preferiblemente en el mismo día y en la mina Cerro Moro la contraprueba se realizó en el día.
La causal del despido ha sido acreditada. Un trabajador de la industria minera donde se requiere por su peligrosidad requiere máxima atención concurre a su trabajo con droga en su organismo comete una injuria que no permite la continuación de la relación (art. 242 de la LCT). En efecto nuestro Laboratorio Regional de Investigación Forense en el último punto de su informe de PE 1865643/2025 dictamina:
“Efecto del consumo de drogas en el cuerpo: El consumo de drogas puede causar una variedad de efectos, incluyendo alteraciones en el estado mental, dependencia, daño a órganos y sistemas corporales y puede generar peligro tanto para la persona como para terceros, especialmente en situaciones que requieren atención y coordinación como conducir.” Y ratificando la injuria debemos tener en cuenta que la minería ha sido una actividad de gran peligrosidad desde siempre, y a pesar del progreso sigue siendo muy peligrosa. La OIT explica que aunque sólo representa el uno por ciento (1%) de la fuerza de trabajo mundial, en la industria minera se dan alrededor del ocho por ciento (8%) de los accidentes mortales en el trabajo. No existen datos fiables sobre el número de lesiones pero serían considerables, como lo son el número de trabajadores afectados por enfermedades discapacitantes como la neumoconiosis, la perdida de la audición y los efectos de las vibraciones. Ello a mi juicio la pérdida de confianza en un operario con droga en el organismo en la industria de la minería es una injuria que por su gravedad no consiente la prosecución de la relación.
IX. Que en función de estos razonamientos considero que los agravios vertidos no pueden tener favorable acogida y en consecuencia debe rechazárselos y confirmar la sentencia en los aspectos que fueran materia de agravios inclusive en lo que hace a las costas que fueran impuestas en el orden causado sin observación. En la instancia las costas deben ser soportadas por el actor en su calidad de vencido por el principio objetivo de la derrota (art 68 del CPCC). Deberá diferirse la regulación de los honorarios hasta tanto obre regulación en la instancia de origen. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
X. Comparto las razones y fundamentos expuestos por el colega en su voto. Adhiero pues, en todo el voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de las consideraciones vertidas en mi voto, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar la pretensión de declaración de deserción del recurso por aplicación de lo dispuesto por el art. 90 de la ley 1444 que solicitara la demandada al contestar los agravios en PE 2195350/2026. 2º) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora en PE 2179511/2026 y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de los agravios vertidos. 3º) Imponer las costas de la instancia al actor en su calidad de vencido por el principio objetivo de derrota (art. 68 del CPCC ley 1418). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de los correspondientes a la instancia de grado. 5º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE2195350/2026. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XII. La propuesta formulada por el preopinante se ajusta a lo debatido en el Acuerdo. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 10 de Agosto de dos mil veintiséis
Y
1. Rechazar la pretensión de declaración de deserción del recurso por aplicación de lo dispuesto por el art. 90 de la ley 1444 que solicitara la demandada al contestar los agravios en PE 2195350/2026. 2º) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora en PE 2179511/2026 y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de los agravios vertidos. 3º) Imponer las costas de la instancia al actor en su calidad de vencido por el principio objetivo de derrota (art. 68 del CPCC ley 1418). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de los correspondientes a la instancia de grado. 5º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE2195350/2026. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. La Dra. Bard no firma por no existir disidencia. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 051 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3222 Folio Nº: 174/183 Secretaria: 1
Fin de la sentencia