Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 27.917-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 1221/2016, dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en el expediente 008-SC-269-2011/8 (luego Actuación SIGEA 12578-287-2011), en cuanto condena a la firma Pirelli Neumáticos S.A. y al despachante de aduana Hugo Alberto Ruggeri, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del CA, con costas a la demandada.
2Condenar a la firma Pirelli Neumáticos S.A. y al despachante de Aduana Hugo Alberto Ruggeri en forma solidaria al pago de una multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del CA, la que, por disposición de la Ley 27.260, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe considerarla. Todo ello con relación a lo declarado en el ítem 4 del DI en trato, con costas a la parte actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-101864277-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Septiembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “PIRELLI NEUMATICOS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 37581-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. A fs. 17-25 se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1221/2016, dictada el 21/12/16 por la Aduana de Campana (AD CAMP), en las actuaciones 008-SC-269-2011/8, luego SIGEA 12578-287-2011, por la que resultó condenada solidariamente con el despachante de aduana Hugo Alberto Ruggeri, al pago de una multa, por la presunta infracción al art. 954, ap. 1, inciso b) del Código Aduanero (CA), todo ello en relación a 314 unidades de mercadería importada mediante destinación 11008IC04004587U, ítem 4, clasificada en la Posición Arancelaria (P.A.) 4011.20.90.440. Sostiene que no existe la infracción endilgada, dado que no se configura el tipo penal. Afirma que la falta de presentación oportuna de los certificados correspondientes no convierten en prohibida la importación de la mercadería en cuestión. Invoca lo establecido en el art. 458, inc. c) del CA por cuanto la misma fue liberada sin permiso de uso y bajo garantía hasta tanto se cumpliera con la presentación de los certificados referidos. Alega que la norma invocada por la Aduana para justificar la medida adoptada tuvo una finalidad estadística y de seguimiento, no de prohibir ni restringir el libramiento de la mercadería. Invoca el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos: “Nate Navegación y Tecnología Marítima” con relación a la delimitación de los conceptos prohibición y restricción. Afirma que no se verifican los elementos exigidos para la configuración del tipo infraccional. Ofrece como prueba las constancias de las actuaciones administrativas. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas. Subsidiariamente pide la atenuación de la multa dispuesta en el mínimo legal.
Por su parte, a fs. 25-26 se presenta el sr. Hugo Alberto Ruggeri, despachante de aduana, quien interpone recurso de apelación contra la resolución en cuestión. Adhiere a los agravios y fundamentos expresados por la firma importadora. Asimismo invoca lo establecido en el art. 908 del CA y expresa que la declaración comprometida fue realizada conforme los datos y especificaciones emergentes de la documentación aportada por la importadora, coincidentes con lo comprobado en relación a naturaleza, calidad y especie de la mercadería. Cita jurisprudencia. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas. Subsidiariamente pide se reduzca la multa dispuesta al mínimo legal.
II. A fs. 38-41 vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los hechos expresados en la apelación no reconocidos expresamente. Realiza consideraciones acerca de los principios de veracidad y exactitud en los que descansa el sistema aduanero, como así también acerca de las facultades de control del servicio aduanero. Afirma que la importadora incumplió la obligación de presentar el certificado de importación de neumáticos exigido por la Resolución del ex-Ministerio de Producción (MP) N° 26/09. Por el contrario sostiene que el certificado presentado no amparaba la totalidad de la mercadería. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas relacionadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirme la sentencia apelada, con costas.
III. Según constancias de fs. 42, la demandada acompañó las actuaciones administrativas SIGEAS Nros. 12578-287-2011, 12574-3850-2011, 12578-287-2011/1, 12578-287-2011/2 y 12578-287-2011/3 en formato papel, las que se agregaron por cuerda en un total de 75 fojas.
A fs. 43 se declaró la causa como de puro derecho.
A fs. 47 se elevaron las actuaciones al conocimiento e intervención de la Sala “F” y quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. Las Actuaciones administrativas se iniciaron con el acta de denuncia efectuada el 15/08/11, obrante a fs. 3, motivada en lo informado mediante Nota N° 679/2011 de la Aduana de Campana en la cual se dejó constancia del control documental de la destinación objeto de autos y se expresó: “… en el Ítem 4 se declaró la cantidad de 314 unidades (neumáticos) en la P.A. 4011.20.90.440 A, Modelo=AB(FH75), Marca Pirelli, amparadas por Certificado de Otorgamiento (CHAS) N° 42-2066/2008 y Certificado de Importación de Neumáticos (C.I.N.) N° 7018/11 amparando la cantidad de 100 unidades, o sea, la cantidad declarada en la destinación (314 unidades), no se encuentra amparada por dicho certificado.” En consecuencia se procedió a bloquear el libramiento de la mercadería y se formuló la denuncia por la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. b) del CA.
A fs. 4 se agregó el sobre contenedor de la documentación original de la destinación en trato. A fs. 6-10 la firma importadora acompañó originales de C.I.N. nros. 7028/11 y 7375/11. Asimismo solicitó la liberación de la mercadería bajo garantía, cuya constancia de otorgamiento acreditó a fs. 12-14. A fs. 15, mediante Resolución 416/11 (AD CAMP) se ordenó la instrucción del sumario y la liberación bajo garantía, sin derecho a uso de la mercadería denunciada.
Corrida la vista a la firma importadora y su despachante de aduana, quienes la contestaron según constancias de fs. 27-42, a fs. 61-64 se emitió el Dictamen Jurídico N° 690/16 y a fs. 67-70 vta. se dictó la resolución apelada.
V. Sentado lo que antecede, corresponde analizar si es ajustada a derecho la resolución recurrida, en cuanto condena en forma solidaria a la firma importadora y a su despachante de aduana, por la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. b), del CA.
Al respecto cabe destacar que el art. 954 del CA sanciona al que para cumplir una operación de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: “… inc. b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación será sancionada con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.”
Las prohibiciones o restricciones a la importación y exportación previstas en el Código Aduanero, Sección VIII, constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción de la mercadería al territorio aduanero. Se trata de normas que expresamente prohíben en forma absoluta o relativa, con finalidad económica o no económica, la importación o exportación de cierta mercadería. Así también dichas normas establecen el sometimiento de la mercadería a otras restricciones, tales como: normas de calidad, de acondicionamiento, presentación de autorizaciones, certificados, etc. que deben acreditarse o presentarse en la oportunidad indicada por ellas, ya sea al momento del registro del despacho o en un momento posterior.
En el caso de autos, de la comprobación realizada por el servicio aduanero, surge que la recurrente habría incurrido en una declaración inexacta al oficializar, el 9/08/2011, en el ítem 4 del DI 11008IC04004587U, la cantidad de 314 unidades de la mercadería allí documentada, la cual requería, conforme lo establecido por la Resolución del ex-MP N° 26/09 y a los fines de su importación, la emisión del C.I.N autorizando la misma. Ello por cuanto en la información del ítem en cuestión se consignó C.I.N 7018/11, emitido el 26/072011 por el ex-Secretario de Industria y Comercio del ex-Ministerio de Industria y cuyo original se acompañó como documentación complementaria obrante en el sobre contenedor del despacho. Dicho certificado amparaba solamente la cantidad de 100 unidades de la mercadería referida.
Ahora bien, según las constancias de las actuaciones administrativas, mediante SIGEA N° 12574-3850- 2011 el 18/08/2011 se incorporó la presentación efectuada por el despachante de aduana, sr. Ruggieri, mediante la cual dio cuenta de la omisión incurrida por error, al oficializar el DI, dado que no se incorporaron en dicha oportunidad y como parte de la documentación complementaria, los C.I.N. Nros. 7028/2011 y 7375/2011, emitidos el 26/07/11 y 9/8/11 originales obrantes a fs. 7-8 y 9-10, que amparaban las cantidades de 175 y 170 unidades, respectivamente, de la mercadería en presunta infracción, es decir, además de las 100 unidades contenidas en el C.I.N. 7018/11, se sumaron 345, lo que totalizaba la cantidad de 445 unidades de neumáticos clasificados en la P.A. 4011.20.90.440 autorizadas para su importación a consumo.
Posteriormente, según constancias de fs. 11-14 de las actuaciones la importadora solicitó la liberación de la mercadería bajo garantía, para lo cual acompañó las constancias de la póliza otorgada a tal efecto. En consecuencia, mediante Resolución N° 416/11 (AD CAMP), el servicio aduanero ordenó su liberación sin derecho a uso.
De lo expuesto precedentemente se colige que la mercadería en cuestión no resultaba de importación prohibida en los términos del art. 954, ap. 1, inc. b). Ello por cuanto no solo se encontraba debidamente autorizada su importación — conforme los certificados acompañados— sino que además fue liberada bajo garantía.
En efecto, la resolución mencionada anteriormente estableció un procedimiento previo para seguimiento y control de la importación de la mercadería en cuestión consistente en la exigencia de previa solicitud del C.I.N. que debía declararse y presentarse en oportunidad de la registración de la DI (art. 12). Todo ello con un declarado propósito estadístico y no de prohibición, toda vez que por prohibición debe entenderse un impedimento para que la mercadería ingrese al país.
En otras palabras, se trató de una licencia de importación con fundamento en lo establecido en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de las Licencias de Importación, contenido en el Anexo 1 del Acuerdo de Marrakech de 1994, cuyo Acta Final fue aprobada en nuestro país por la Ley 24.425. Como la propia norma lo expresó en sus considerandos, tuvo como finalidad: “…establecer, en forma transitoria, un mecanismo de verificación previo al libramiento a plaza de dichas mercaderías con el objeto de efectuar el seguimiento y control de las importaciones.”
Cabe destacar que la norma referida fue abrogada por el art. 13 de la Resolución N° 11/2013 del ex- Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (Boletín Oficial 25/01/2013, pág. 8).
Conforme lo hasta aquí expuesto resulta claro que la falta de presentación del C.I.N no deviene punible en los términos del art. 954 ap. 1, inc. b) del CA por cuanto, dicho requisito, no condiciona la permisión de importación de la mercadería en trato.
Sin perjuicio del criterio fijado sobre la cuestión por la mayoría de esta Sala en diversos precedentes, entre otros en “Navarro Fernando Javier c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación” (expte. Nº 27.917-A), del 05/02/14, corresponde al caso aplicar la doctrina sentada por la CSJN en la sentencia del 12/6/2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A)”, por la cual, con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, el más Alto Tribunal recordó que las prohibiciones de importación o exportación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas, las restricciones habituales o requisitos. Allí se señaló que el Código no establece prohibición específica alguna, sino que ellas deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate. Se destaca, asimismo, que las prohibiciones aduaneras han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así de la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas.
Asimismo el Tribunal cimero, en el fallo precitado, expresó “toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas reglas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que - siempre desde esta perspectiva que considero errónea se trataría de una "excepción" a la regla de la prohibición.”
En el mismo sentido, la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que “toda prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia está sujeta la importación” (v. sentencia de fecha 2/07/15, in re “UNILEVER ARGENTINA S.A. c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”).
Por los fundamentos vertidos en el caso, a mi juicio no corresponde atribuir a la recurrente la infracción imputada (art. 954 ap. 1 inc. b. del C.A.).
VI. Sin perjuicio de la conclusión arribada precedentemente, la cuestión a dilucidar resulta ser si la conducta de la importadora originariamente omisiva respecto de la exigencia de presentación de los C.I.N correspondientes y que posteriormente subsanó, configura infracción alguna sancionable conforme los supuestos previstos en el CA, para lo cual este Tribunal es competente por aplicación de lo dispuesto en el art. 1143 de dicho plexo normativo, en cuanto lo faculta para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso, independientemente de lo alegado por las partes.
En este sentido corresponde aseverar que la recurrente incumplió con lo dispuesto en la Resolución ex-MP N° 26/09 al omitir declarar y acompañar los C.I.N. en oportunidad de la oficialización de la DI de marras, no obstante efectuar su presentación transcurridos nueve días desde entonces.
Estimo que la conducta analizada encuadra en la infracción establecida en el art. 995 del código de fondo, por cuanto tuvo como consecuencia la transgresión a los deberes impuestos en la legislación aduanera y la afectación al control aduanero.
La finalidad de la sanción impuesta en el art. 995 del C.A. es desalentar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos intervinientes en la operatoria aduanera, a efectos de prevenir y evitar la violación de las disposiciones legales.
El reproche aquí formulado, si bien se basa en los hechos tenidos en cuenta por el servicio aduanero en el resolutorio recurrido en la especie, no lo hace sobre la misma conducta endilgada por éste. Lo hace integrándolo con el libre accionar desplegado por la firma imputada que se reprocha como antijurídico, por la afectación de un bien jurídico tutelado que difiere de aquél que conformara el reproche aduanero. En definitiva la condena que se impone en esta instancia comparte con aquél solamente el reconocimiento de una conducta ilícita.
El distinto encuadre legal que se efectúa en autos, de ninguna manera afecta la garantía de la defensa en juicio, ya que se juzgaron los mismos hechos que fueron objeto de debate y prueba en la tramitación del sumario, y encuentra su justificación en la naturaleza del proceso, en el que prima la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos, constituyendo un deber el encuadre de los mismos dentro de las normas que resultan aplicables. En este sentido, la CSJN ha afirmado que: “la normativa procesal, indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio, ello no puede lograrse si se rehúye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio” (Fallos 302:1611).
A modo de colofón, cabe señalar que tampoco se está violando el principio de la reformatio in pejus, en atención a que el monto de la multa impuesta por el servicio aduanero es claramente superior.
Visto lo precedente, la naturaleza y gravedad de la infracción, y que la falta de diligencia de las co-actoras ocasionó el dispendio administrativo y judicial traído a debate, fijo el monto de la multa en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000).
Corresponde, entonces, revocar la resolución apelada en cuanto condena a la exportadora y al despachante de aduanas en los términos del art. 954, ap. 1, inc. b) del CA y condenarlas por la comisión de la infracción establecida en el art. 995 del CA, la que, por disposición de la Ley 27.260, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe considerarla. Todo ello con relación a lo declarado en el ítem 4 del DI en trato.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar la Resolución N° 1221/2016, dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en el expediente 008-SC-269-2011/8 (luego Actuación SIGEA 12578-287-2011), en cuanto condena a la firma Pirelli Neumáticos S.A. y al despachante de aduana Hugo Alberto Ruggeri, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del CA, con costas a la demandada.
2. Condenar a la firma Pirelli Neumáticos S.A. y al despachante de Aduana Hugo Alberto Ruggeri en forma solidaria al pago de una multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del CA, la que, por disposición de la Ley 27.260, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe considerarla. Todo ello con relación a lo declarado en el ítem 4 del DI en trato, con costas a la parte actora.
Así lo voto.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.
En virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 1221/2016, dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en el expediente 008-SC-269-2011/8 (luego Actuación SIGEA 12578-287-2011), en cuanto condena a la firma Pirelli Neumáticos S.A. y al despachante de aduana Hugo Alberto Ruggeri, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del CA, con costas a la demandada.
2. Condenar a la firma Pirelli Neumáticos S.A. y al despachante de Aduana Hugo Alberto Ruggeri en forma solidaria al pago de una multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del CA, la que, por disposición de la Ley 27.260, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe considerarla. Todo ello con relación a lo declarado en el ítem 4 del DI en trato, con costas a la parte actora.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino en los términos del art. 1162 del CA.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.09.12 15:47:19 ART Date: 2025.09.12 18:08:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.12 18:08:42 -03:00
Fin de la sentencia