Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 5835/2019, en cuanto le exige a la actora una multa.
2Reliquidar el importe de la multa respecto de los 6.916,68 kg., por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT nro 08001IT146000635G., en la suma de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 28,428.58)
3Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, declarando que la actora adeuda en concepto de tributos la suma de SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S 6.118,39), que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 26/4/19 y hasta la fecha de total y efectivo pago
4En relación a lo resuelto respecto de la multa, las costas se imponen según sus vencimientos, las que se estiman en un 66% a cargo de la actora y en un 34% a cargo de la aduana.
5En relación a lo resuelto respecto de los tributos, respecto de los rubros de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e IVA, imponer las costas según sus mutuos vencimientos, los que se estiman en un 75% a cargo de la actora y en 25% a cargo de la demandada.
6Respecto de los rubros IVA Adicional y Ganancias, las costas se imponen por su orden.-
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-122856304-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Diciembre de 2021 Tribunal Fiscal de la Nación En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “PIRELLI NEUMATICOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, EX2019-95092537-APN- SGASAD#TFN El Dr. Licht dijo:
I. Que la recurrente se presenta mediante IF-2019-95092079-APN-DTDJGM e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 5835/2019 (DE PRLA), en cuanto la condena al pago de una multa por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA y le formula cargo por tributos. Solicita se declare como previo y especial pronunciamiento la prescripción de la acción del fisco para imponer penas por infracciones aduaneras por falta de notificación del auto de apertura de sumario. Relata que el vencimiento del DIT ocurrió el 30/04/2009, de manera tal que el plazo de cinco años previsto por el art. 934 del C.A. corrió desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2014. Agrega que el auto de apertura de sumario es del 26/09/2014 y que fue notificado fuera del plazo de prescripción (10/04/2019); por lo que la acción para imponer penas estaba prescripta. En subsidio, opone la defensa constitucional de extinción penal por plazo excesivo e irrazonable para la sustanciación del proceso. Asimismo, solicita se absuelva a la aquí actora de la infracción endilgada por cuanto la mercadería ha sido reexportada en tiempo y forma. Aduce que la misma tiene carácter definitivo y es un documento idóneo para acreditar la relación insumoproducto. En subsidio, solicita se reduzca la graduación de la multa al mínimo ya que no existen antecedentes infraccionales que puedan ser considerados válidos para justificar la graduación efectuada por el servicio aduanero. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. De su lado, el organismo aduanero defiende lo actuado en sede administrativa. Sostiene que es abundante la jurisprudencia que considera que basta con el solo dictado del auto de apertura de sumario válidamente dictado para que el mismo sea apto para interrumpir o suspender el plazo de prescripción de la acción penal y tributaria respectivamente. En cuanto a la defensa constitucional de extinción de la acción penal por plazo excesivo e irrazonable de sustanciación del proceso, aduce que la protección que otorga la CADH le es acordada a las personas físicas, no así a las personas jurídicas. Sostiene que se ha configurado la infracción ya que la documentación presentada es incompleta. Respecto a la solicitud de reducción de la multa, la aduana sostiene que la recurrente realiza una errónea interpretación del art. 915 del C.A.
III. Que con posterioridad se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen autos a sentencia.
IV. Que la actuación administrativa acompañada en IF-2020-10177170-APN.SGASAD#TFN se inicia con el Acta de Denuncia N° 1952/2013 por la por la presunta infracción al art. 970 del C.A. por la totalidad de la mercadería amparada mediante el DIT n° 08 001 IT16000635G –el que obra en sobre contenedor a fs. 2-, con vencimiento el 30/04/2009. A fs. 5 obra la valoración en aduana, se informa que la mercadería no era de importación prohibida por el régimen general y los derechos y demás tributos que gravan la importación para consumo. A fs. 6 obra la liquidación tributaria. A fs. 7 con fecha 26/9/2014 se instruye sumario. A fs. 8 obra la liquidación tributaria y la base de la multa. A fs. 9 obra el pint de pantalla de la póliza (identificador de garantía 08001021668Y). A fs. 18/18 vta. con fecha 1/02/2019 se corre vista a la firma PIRELLI NEUMATICOS S.A. y se cita a la aseguradora CHUBB ARGENTINA CIA. DE SEGUROS. La aseguradora se notifica vía SICNEA el 8/4/2019 y la importadora el 10/04/2019 a fs. 30. A fs. 21/22 contesta la vista conferida la aseguradora. A fs. 31 se declara la rebeldía de PIRELLI, la que es notificada el 17/5/2019 vía SICNEA. A fs. 40/42 obra la consulta al Registro de Infractores. A fs. 44/45 se dicta la Resolución n° 5835/2019 (DE PRLA), de fecha 10/7/2019, apelada en autos. A fs. 46 se notifica personalmente la actora de la Resolución con fecha 27/9/19.
Primera cuestión V.- Que sentado lo que antecede, en primer lugar, corresponde examinar si la acción del fisco para el cobro de tributos y de la multa se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada. Que cabe aclarar que si bien la actora solo ha planteado la prescripción de la acción penal aduanera, no encuentro óbice para realizar la compulsa de oficio de la prescripción de la acción tributaria tomando en consideración que, la prescripción para determinar y exigir el tributo, no es más que una norma reglamentaria de la competencia administrativa en razón del tiempo. En efecto, a diferencia de la órbita privada en donde la prescripción atañe a un asunto de interés privado, de libre disposición, en la órbita pública, concierne a la rigurosa observancia del principio de legalidad.
VI. Que encuentro que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario. Ello así, como sostuve in re: “EX2019-91486944-APN- SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”; EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-
72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras y máxime que no se trata de un acto de mero trámite, sino que es un acto administrativo interlocutorio; tanto es así que mis distinguidos colegas de sala han propiciado en otros precedentes la declaración de invalidez cuando su dictado no resultó precedido del cumplimiento de los requisitos esenciales (En tal sentido, "Vicente Luciano e Hijos SRL", expte N° 35.700-A, del 19/9/19; "Henkel Argentina S.A.", expte N° 35.406-A, del 10/10/19; "Algodonera Avellaneda S.A.", expte N° 35.593-A, del 2/10/19, Sala "F", entre otras).
VII. Que, en las condiciones indicadas, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 26/09/2014 (ver fs. 7 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del CA. y carece de la entidad suficiente para producir la interrupción de la prescripción de la acción para cobrar la multa en los términos del art. 937, inc. a) del C.A.
Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2010 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 30-04-09-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2014 (cfme. arts. 803, 804, 805, 934, 935 y 937 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 10/7/2019, de la que se notificó personalmente la importadora el 27/9/2019). Cabe destacar que no hay constancia en las actuaciones administrativas que acredite que ha sido notificada a la aseguradora.
Que, en adición a lo expuesto, cabe subrayar que los actos posteriores al auto de apertura del sumario fueron la liquidación tributaria de fs. 8, la corrida de vista del 1/2/19, notificadas a la aseguradora el 8/4/19 y el 10/04/19 a la importadora y la declaración de rebeldía de la importadora de fecha 15/5/19 (notificado el 17/5/19), es decir todos los actos ocurrieron cuando el plazo prescriptivo analizado se encontraba ampliamente vencido.
Que, en virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos y hacer lugar al planteo de prescripción penal efectuado por la actora respecto del DIT N° 08001IT16000635G.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que corresponde recordar, como condición preliminar, que esta Sala “F”, en su actual composición (consolidada a partir del 1° de agosto de 2011), ha venido sosteniendo de modo inveterado un criterio diametralmente opuesto al sustentado por el Juez instructor al resolver la primera cuestión -en cuanto señala que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario-, que corresponde mantener en el caso sometido a examen de este Tribunal.
II. Que, asimismo, y de acuerdo a la posición sustentada por esta Vocalía de la 16° Nominación, tampoco corresponde hacer aplicación supletoria de lo dispuesto en la ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549, pues conforme a lo normado en el inc. 1 del artículo 1017 de la ley 22.415, al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal, según lo dispone expresamente el inciso 2, del mismo artículo 1017 supra citado (en el mismo sentido, Fallos 332:1109, voto del juez Zaffaroni -en disidencia-).
III. Que sentado lo que antecede, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia", como lo son, v.gr., la ley 22.415 (Código Aduanero).
IV. Que, en efecto, pese a que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [. . .]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Alto Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (C.S.J.N., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307:1094 y sus citas).
V. Que ello es así, por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, "Fallos", 212-51); extremo que corresponde extender, sin más, a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantiva o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa.
VI. Que a lo expuesto se agrega que la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, "pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional" ("García, Sixto E.", del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de "La Ley", del 27/9/99, p. 30).
En efecto, en el diseño constitucional argentino "...la Corte Suprema es' el Tribunal en 'último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción (...) Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones..." (Fallos: 12:134 y 325:2723).
VII. Que, en ese contexto, se colige necesariamente que es inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal Cimero que, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones (cfr. arg. Fallos: 332:2425).
VIII. Que, en ese marco, sus sentencias deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 312:2187 y sus citas, énfasis agregado), principio que se •basa primariamente en la estabilidad propia de toda resolución firme pero, además, en la supremacía del Tribunal (art. 108 citado) que ha sido reconocida por la ley desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales -art. 16, apartado final, ley 48- (Fallos: 325:2723).
IX. Por lo tanto, resulta incuestionable la autoridad definitiva que tiene la interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos: 212:51, 160 y 251; 321:2114).
X. Que, en consecuencia, si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar sus decisiones a las sentencias de ese Tribunal dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294), obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108, Constitución Nacional), los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (conf. doctrina de Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201 y sus citas). En definitiva, en virtud de los altos fundamentos constitucionales involucrados, si las sentencias de los tribunales se apartan de los precedentes de la Corte -en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia- sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, carecen de fundamento (Fallos: 307:1094 y resultan insusceptibles de seguimiento por esta jurisdicción.
XI. Que, bajo tales premisas, la cuestión prescriptiva sometida a examen de este Tribunal ha sido adecuadamente considerada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 12 de mayo de 2009 en autos “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario”, por lo que cabe remitirse a los fundamentos esbozados por el Alto Tribunal por razones de brevedad, máxime cuando dicha sentencia ha sido suscripta por tres jueces (Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda) que en la actualidad continúan desempeñando dicha función suprema.
En este orden de ideas, el Alto Tribunal ha destacado que surge claramente de la letra del artículo 937, inc. a), del Código Aduanero que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo, sin siquiera estar determinado que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva deba ser puesto en conocimiento del sumariado.
Asimismo, subrayó que “si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables, una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución, a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (art. 1101 del C.A.) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros).
Por último, señaló que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción le está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del Código Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada.
XII. Que, por lo demás, entiendo que tampoco corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de procesos aduaneros, en tanto la recurrente es una empresa (sociedad anónima) y no una persona física.
En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, siguiendo la doctrina emanada de los votos preopinantes del suscripto, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
XIII. Que en virtud de lo expuesto, considero que el acto examinado en autos ostenta la entidad suficiente como para producir tanto la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.-, como la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 1/1/10- en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 20/4/09-, la misma hubiera operado, de no haber mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2014 (cfme. arts. 803, 804 y 805; y 934, 935 y 937 del C.A.), siendo que en fecha 26/9/2014 se dispuso la apertura del Sumario (vide fs. 7 de las act. adm.), mientras que el dictado de la Resolución DE PRLA n° 5835/19, aquí apelada, se produjo el 10 de julio de 2017.
En virtud de ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT nro. 08001IT146000635G.
El Dr. González Palazzo dijo que:
Adhiero a lo propuesto por el Dr. Garbarino.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT nro. 08001IT146000635G.
Segunda Cuestión El Dr. Licht dijo:
I. Que, sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “F”, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
Que mediante la destinación n° 08 001 IT16 000635G, registrada el 28/04/08 por ante la Aduana de Buenos Aires (Capital), la aquí actora, documentó la importación temporaria de 9.180 kgs. de “En las formas previstas en la Nota 3 de este Capítulo Bromado –Los demás caucho isobuteno –isopreno (butilio) (IIR); caucho isobuteno – isopreno halogenado (CIIR o BIIR); CAUCHO SINTETICO Y CAUCHO FACTICO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS; MEZCLAS DE PRODCUTOS DE LA PARTIDA 40.01 CON LOS DE ESTA PARTIDA, EN FORMAS PRIMAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS”, mercadería clasificada en la P.A. SIM 4002.39.00.210L, por un valor FOB total de u$s 33.268,32, marca: EXXON, código del producto BROMOBUTYL 2222, al amparo del régimen del Decreto 1330/04, para la producción de neumáticos, para su posterior exportación.
Que, en tales condiciones, se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 360 días, operando su vencimiento el 30/04/09.
Que por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la actora, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del C.A.-, o, eventualmente, a convertirse, en forma regular, su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del D.I.T. que nos ocupa -Res. ANA n° 127/92 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos P.E.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, la actora ha sido declarada rebelde en la instancia previa y en esta instancia acompaña mediante RE-2019-94803383-APN-SGASAD#TFN, copias intervenidas por la aduana de P.E. y print de pantalla de AFIP del seguimiento de dichas destinaciones. Por su parte, mediante RE-2019-94803765-APN-SGASAD#TFN, acompaña la solicitud de CTC n° 0159383/06 y Declaración Jurada.
Que de la compulsa y análisis de la documentación acompañada en autos resulta la siguiente descarga: Fecha P.E. Cancela de Oficialización 08042EC03001129X 21/5/2008 96,382404 362,584404 45,5984 26,588352 43,24352 08042EC03001146H 23/5/2008 114,132312 472,736628 28,707616 45,5984 26,588352 08042EC03001126F 21/5/2008 86,556348 362,584404 20,50544 22,15696 no es correcta la cantidad 08042EC0300100U 19/5/2008 descargada 08042EC03001098N 19/5/2008 88,097832 ITEM 2 no coincide el código del producto item 3 no es correcta la cantidad descargada item 4 no es correcta la descarga 30,386 08042EC03001093X 19/5/2008 78,367968 item 2 no es correcta la cantidad descargada item 4 no coincide descripción del producto con ctc 22,15696 ITEM 1 no coincide descripción EC03001800E 16/5/2008 del producto 114,464 item 1 no coincide descripción 08042EC03001077K 16/5/2008 producto item 2 no coincide descripción producto item 3 no coincide descripción producto item 6 no se encuentra la P.A. en la sol. De CTC item 1 no coincide descripción 08042EC03001076J 16/5/2008 producto item 2 no coincide descripción producto item 3 no coincide descripción producto 20,50544 21,80528 item 6 no coincide código 26,588352 item 8 no se encuentra P.A. en sol.
De CTC item 1 no coincide descripción 08042EC03001069L 16/5/2008 producto item 2 no coincide descripción producto item 3 no coincide descripción producto item 5 no coincide descripción producto 22,15696 item 7 no se encuentra P.A. en sol.
De CTC no coincide descripción 08001EC03014870K 15/5/2008 producto item 1 no coincide descripción 08001EC03014521D 13/5/2008 producto item 2 no coincide descripción producto item 3 no coincide descripción producto item 1 no coincide descripción 080EC03014139X 9/5/2008 producto item 2 no coincide descripción producto item 3 no coincide descripción producto ITEM 1 no coincide 08001EC03014559Y 13/5/2008 código item 2 no coincide descripción producto item 3 no coincide código producto item 5 no coincide código del producto 11,07848 item 9 no coincide la cantidad descargada item 1 no coincide 08001EC03014552H 13/5/2008 producto item 2 no coincide descripción producto item 3 no coincide producto item 4 no coincide producto 42,73128 item 9 no se encuentra P.A. en CTC no coincide código 08001EC03013996S 8/5/2008 producto ITEM 1 no coincide 08042EC0301025D 13/5/2008 código producto item 2 distinto producto item 1 no coincide 08042EC0301053E 15/5/2008 producto item 2 no coincide descripción item 3 no coincide código item 6 no coincide código item 8 no coincide código item 9 no coincide código item 10 no coincide código 31,019 item 12 no se encuentra P.A. en CTC ITEM 1 no coincide 08042EC03001041 14/5/2008 código item 2 no coincide código item 4 no coincide producto item 5 no coincide producto item 6 no se encuentra la P.A. en la sol. De CTC ITEM 1 no coincide 08042EC03001028G 13/5/2008 código item 2 no coincide descripción producto item 3 no coincide código ITEM 1 no coincide 08042E 03001029H 13/5/085 código item 2 no coincide código item 4 no es correcta la descarga 08001EC03014508X 13/5/2008 efectuada TOTAL 9.180 kgs.
IMPORTADO
CANCELADO: 2.263,32 kgs.
EN INFRACCION: 6.916,68 kgs.
Que, en consecuencia, teniendo en cuenta la descarga efectuada, se concluye que se cancelaron en tiempo y forma 2.263,32 kgs de la mercadería importada temporariamente, encontrándose en infracción 6.916,68 kgs.
II. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 8 de las actuaciones administrativas, no ha sido cuestionada por la recurrente, en lo que hace a los rubros que la integran así como a las alícuotas aplicadas.
Que, sin perjuicio de ello, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta la descarga efectuada en el considerando I de la presente, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación: Valor en aduana u$s 25.466,83 Derechos de Impo.(2%) U$S 509,33 Estad. (0,5%) u$s 127,33 Base IVA U$S 26.103,49 IVA (21%) U$S 5.481,73 TOTAL TRIBUTOS: u$s 6.118,39 Que los intereses adeudados por la importadora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario de fecha 10/04/2019 (fs. 30 de las actuaciones administrativas), por lo cual los intereses deben computarse a partir del 26 de abril de 2019. Que, por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de U$S 6.118,39 (seis mil ciento dieciocho dólares con treinta y nueve centavos) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, importe que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio vendedor correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 26/04/19 y hasta la fecha de total y efectivo pago.
III. Que analizado el aspecto tributario, resta referirse a la multa impuesta en la resolución apelada. Que, atento a la descarga efectuada en el considerando VIII de la presente de la que surge que se encuentra en infracción la cantidad de 6.916,68 kg. de la mercadería importada temporariamente y no la totalidad de la misma, corresponde reliquidar el importe de la multa teniendo en cuenta tal cantidad de mercadería en infracción y no el total.
Que, por su parte, la actora también se agravia de la graduación de la multa en una vez y media el importe de los tributos que gravan la importación para consumo, por resultarle excesiva.
Que tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable. Por ello, habiéndose constado que el acto administrativo no tenía sustento suficiente para determinar la sanción en los términos en que se hizo, toda vez que los antecedentes invocados no resultaron probados por la documentación agregada a la causa, esto es no contienen los datos suficientes a los efectos de merituarlos o no como antecedentes, es que corresponde nulificarlo y ordenar a la DGA a que, sobre la base de lo aquí expuesto, fije nuevamente el importe de la multa que corresponde aplicar al caso en cuestión. Cabe destacar que previo a ello, deberá reliquidar el importe de la multa teniendo en cuenta la mercadería que aquí se determina en infracción, esto es 6.916,68 kg. de la mercadería importada temporariamente.
Que así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa,ED-DCCLXIV-708).
IV. Que, finalmente, en cuanto a la imposición de costas respecto de los tributos, corresponde aclarar que respecto de los rubros de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, corresponde imponerlas según sus vencimientos, las que se estiman en un 75% a cargo de la actora y en un 25% a cargo del fisco. Que, por su parte, respecto de los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias, teniendo en consideración lo novedoso del fallo de la Corte Suprema “CLADD ITA S.A. c/ EN–DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, corresponde imponerlas por su orden.
Que en virtud de todo lo expuesto, voto por:
1. Declarar la nulidad del art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 5835/2019 y ordenar a la DGA a que: a) reliquide el monto de la multa respecto de los 6.916,68 kg. aquí determinados en infracción y, efectuado ello b) determine la graduación de dicha multa, teniendo en consideración lo dispuesto en el considerando III de la presente.
2. Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, declarando que la actora adeuda en concepto de tributos la suma de SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 6.118,39), que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio vendedor correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 26/04/19 y hasta la fecha de total y efectivo pago, conforme lo dispuesto en el considerando II del presente.
3. En relación a lo resuelto en el punto 1, costas a la D.G.A.
4. En relación al punto 2, respecto de los rubros de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e IVA, imponer las costas según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 75% a cargo de la actora y en un 25% a cargo del fisco.
Respecto de los rubros de IVA Adicional y Ganancias, imponer las costas por su orden.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que adhiero, en lo sustancial, al voto del vocal preopinante, con excepción de lo señalado en el Considerando III y lo decidido en el Pto. 1) de la parte resolutiva del presente decisorio.
II. Que, en efecto, en cuanto al trámite de la presunta infracción objeto de autos corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
III. Que, asimismo, a mayor abundamiento cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal- No obstante, en el caso bajo examen, habida cuenta la posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al resolver cuestiones similares o análogas, y teniendo en consideración estrictas razones de celeridad y economía procesal, corresponde resolver el presente sin adoptar el temperamento supra expuesto, conforme lo sostenido por esta Vocalía antes causas que guardan sustancial analogía.
IV. Que, bajo tales premisas, conviene señalar que el artículo 915 del Código Aduanero autoriza a graduar las penas en cada caso, según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor, sin limitar -de ningún modo- la posibilidad que esta tarea pueda estar a cargo, además de la propia DGA en la esfera administrativa, del Tribunal Fiscal de la Nación al momento de revisar esa decisión, como así también de las etapas recursivas subsiguientes (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal y Corte Suprema de Justicia de la Nación). Por su parte, si el artículo 16 de la ley 48 (Jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales) faculta expresamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a devolver la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolver sobre el fondo, cabe colegir que dicha pauta puede ser jurídicamente extendida tanto en cabeza de la Alzada respecto de este Tribunal, como así también del TFN en relación a la DGA, máxime cuando el presente proceso recursivo lleva sin sentencia firme V.- Que, asimismo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver la causa “Herrera Ulloa” en fecha 2 de julio de 2004 enfatizó que de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la propia Corte internacional estableció que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.
En efecto, el denominado recurso ante juez o tribunal superior --que sería superior solamente en grado, dentro del orden competencial de los tribunales, como es el supuesto de este Tribunal Fiscal respecto de la DGA en la etapa de revisión de las resoluciones aduaneras, en tanto no cabe admitir superioridad o jerarquía diferencial alguna de los jueces en relación con el resto de la ciudadanía-- debe ser uno que, conforme el razonado voto concurrente del entonces Presidente de la CIDH Dr. Sergio García Ramírez, “efectivamente permita al superior entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación de ellas, inclusive en aspectos tales como la individualización de la pena o medida (que abarca la sustitución pertinente), como resulte justo en consideración de la gravedad del hecho, el bien jurídico afectado, la culpabilidad del agente y los otros datos que concurren al ejercicio de la individualización (atenuantes y agravantes o elementos de referencia que guían el razonado arbitrio judicial)”.
VI. Que, en esta línea interpretativa, corresponde descartar de plano cualquier solución que no respete los principios de certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y celeridad procesal, sometiendo a los litigantes a una suerte de retrogradación del proceso, que obstruya o paralice los procedimientos recursivos aduaneros, con la consiguiente sobrecarga de trabajo del personal de esta Sala “F”, quienes debieran analizar nuevamente los mismos expedientes al ser devueltos por la Aduana, siendo que dicha circunstancia implicaría, de modo causal, retrasar aún más el dictado de sentencias por parte de este Tribunal Fiscal, dificultando el ejercicio de su loable misión de impartir justicia tributaria aduanera en plenitud y dentro de un plazo razonable, siendo que va de suyo que los efectos desvastadores de la Pandemia mundial han impedido cumplimentarla adecuadamente.
VII. Que de la litis se desprende que el servicio aduanero sancionó, a la firma importadora, al pago de una multa igual a una vez y media (1,5 veces) el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción teniendo en cuenta los antecedentes infraccionales computables de la firma “PIRELLI NEUMATICOS S.A.INDUSTRIAL Y COMERCIAL”.
Bajo tales circunstancias, en relación al quantum de la multa impuesta en el caso de marras, debe contemplarse lo preceptuado por el art. 915 del C.A., que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor.
Y en cuanto a los antecedentes del infractor, el art. 927 del C.A., contempla el supuesto de aquel que habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
A su vez, el art. 928, inc. a), del C.A., establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso. Por ende, toda vez que los antecedentes invocados por la DGA no resultaron probados con la documentación agregada a la causa, y de acuerdo a lo señalado en el voto del Juez instructor, corresponde tener por configurada en autos la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, por lo que resulta ajustado a derecho reliquidar el monto de la multa respecto de los 6.916,68 kg determinados en infracción, de acuerdo a la siguiente liquidación:
MULTA
Mercadería en infracción: 6.916,68 Valor en aduana u$s 25.466,83 Derechos de Importación (2%) u$s 509,33 Estadística (5%) u$s 127,33 Base IVA u$s 26.103,49 IVA (21%) U$S 5.481,73 BASE MULTA: u$s 6.118,29 30% BI: u$s 7.640,04 Tipo de cambio: $3,721 $28,428.58 VIII.- Que, por lo demás, y toda vez que el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
IX. Que por último, corresponde dejar sentado que de acuerdo a las ideas y fundamentos que vengo sustentando desde mi ingreso a esta Magistratura en el año 2011, esgrimidos tanto en mis respectivos votos, como así también en diversas conferencias y artículos de la especialidad, este Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires o a los Juzgados Federales con asiento en las provincias, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto hablar de funciones “jurisdiccionalesjudiciales”-, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa, y se trata de la única magistratura del país especializada en la materia tributaria (aduanera e impositiva), por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los referidos tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNACAF., Sala I, sent. del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. del 18.4.85).
X. Que, en definitiva, admitir lo contrario implicaría conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011).
XI. Que, por lo tanto, la plena efectividad de los principios convencionales y constitucionales que corresponde aplicar en la materia tributaria aduanera impone la necesidad de practicar una hermenéutica que resuelva todas las dudas interpretativas que pueda generar el alcance de las facultades revisoras de esta instancia jurisdiccional-judicial en el modo menos limitativo de la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la Nación; siendo que, en tal sentido, se debe abandonar drásticamente la errónea idea de conceptualizar a esta magistratura como un organismo administrativo, por resultar un dogma histórico que en la actualidad encuentra un mayor sustento en la Retórica que en el Derecho, en tanto no posee, más allá de su ubicación formal, ninguna de las características propias y típicas de esos cuerpos, como así también reviste la indudable condición de Tribunal de Justicia, que ejerce la eminente misión de dictar sentencias conjuntamente con la regulación de honorarios –que es un acto de prístina naturaleza judicial y no administrativa- de acuerdo a las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –y no en los términos de la ley 19.549- sin limitaciones infraconstitucionales, haciendo simplemente de la Justicia una virtud al servicio de la verdad.
Que en virtud de todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar el art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 5835/2019, atento los fundamentos vertidos en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio.
2. Reliquidar el importe de la multa respecto de los 6.916,68 kg., por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT nro 08001IT146000635G., en la suma que surge de la liquidación formulada en el Considerando VII del presente decisorio.
3. Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, declarando que la actora adeuda en concepto de tributos la suma de SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S 6.118,39), que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 26/4/19 y hasta la fecha de total y efectivo pago, conforme lo resuelto por el Sr. Juez instructor.
4. En relación a lo resuelto respecto de la multa, las costas se imponen según sus vencimientos, las que se estiman en un 66% a cargo de la actora y en un 34% a cargo de la aduana.
5. En relación a lo resuelto respecto de los tributos, respecto de los rubros de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e IVA, imponer las costas según sus mutuos vencimientos, los que se estiman en un 75% a cargo de la actora y en 25% a cargo de la demandada.
6. Respecto de los rubros IVA Adicional y Ganancias, las costas se imponen por su orden.- El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero a la propuesta del Dr. Garbarino.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar el art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 5835/2019, en cuanto le exige a la actora una multa.
2. Reliquidar el importe de la multa respecto de los 6.916,68 kg., por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT nro 08001IT146000635G., en la suma de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 28,428.58)
3. Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, declarando que la actora adeuda en concepto de tributos la suma de SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S 6.118,39), que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 26/4/19 y hasta la fecha de total y efectivo pago 4.- En relación a lo resuelto respecto de la multa, las costas se imponen según sus vencimientos, las que se estiman en un 66% a cargo de la actora y en un 34% a cargo de la aduana.
5. En relación a lo resuelto respecto de los tributos, respecto de los rubros de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e IVA, imponer las costas según sus mutuos vencimientos, los que se estiman en un 75% a cargo de la actora y en 25% a cargo de la demandada.
6. Respecto de los rubros IVA Adicional y Ganancias, las costas se imponen por su orden.- Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Suscriben la presente los Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2021.12.15 17:45:20 -03:00 Date: 2021.12.17 17:39:22 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.17 18:11:14 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.17 18:11:15 -03:00
Fin de la sentencia