Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2327/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada a fs. 63/74 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2327/19-TSJ Interlocutorio N°: 446 Actor: PIRILLO CAMILO FACUNDO Y OTRO Demandada: GRZERGORCZYK POLONIA Objeto: LABORAL s/ RECURSO DE QUEJA –PARTE DEMANDADA Fecha: 31-05-2021 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 446 FOLIO Nº 1685/1689 PROT. ELECT. TSS1 003 O.211
Río Gallegos, 31 de mayo de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “PIRILLO CAMILO FACUNDO Y OTRO c/ GRZERGORCZYK POLONIA s/ LABORAL s/ RECURSO DE QUEJA –PARTE DEMANDADA”, Expte. Nº P-2327/19 venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la parte demandada, por derecho propio (cfr. fs. 63/74 vta.), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 57/59 vta., por cuanto rechaza el recurso de queja interpuesto por la demandada y confirma la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 609/613 vta., de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 597/606 vta., de dichos autos; con expresa imposición de costas.- La parte recurrente sostiene que existe cuestión federal suficiente en los términos del artículo 14 de la Ley N° 48 toda vez que: “…al resolver de la forma en que se hizo, haciendo caso omiso a los planteos de esta parte, defendiendo una resolución con argumentos que rayan lo absurdo -al solo efecto de proteger a quienes lo dictaron, violentando la (sic) distintas garantías procesales que tutela la constitución Nacional, como ser el derecho de defensa y el debido proceso.” (cfr. foja 64).- Entiende que en este caso, la cuestión federal surge de lo expuesto prístinamente respecto de la inconstitucionalidad del dictado de sentencias por quienes no revisten el carácter de jueces (cfr. foja cit.).-
Alega que la resolución recurrida le ocasiona un agravio concreto y actual y que llama la atención la ligereza conceptual con que fue resuelto su planteo (cfr. foja 64 vta.).-
Recuerda que su parte cuestionó la validez de una sentencia dictada con la firma de quienes no son jueces, lo que no fue consentido y al respecto argumenta que: “…una sentencia dictada por Secretarios de Cámara es nula, de nulidad absoluta e insanable, contraria a principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.” (cfr. foja 65).-
Esboza también que: “…la subrogancia que disponía el art. 37, inc, 3 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz era inconstitucional, en cuanto autorizaba a dictar un fallo a quienes no revestían el carácter de jueces: Los Secretarios de Cámara…Planteamos, oportunamente, la impostergable necesidad de resguardar elementales garantías constitucionales y derechos fundamentales, no solo reconocidos en la Carta Magna sino que también han sido establecidas como estándares mínimos en tratados internacionales a respetar en todos los procesos judiciales. Lo que se procuraba resguardar, y ello siempre en consonancia con esas garantías constitucionales aludidas, es que, en definitiva, todo proceso judicial -y, desde ya, el presente- sea resuelto por un juez imparcial y natural.” (cfr. foja 66).- Indica que: “Admitir lo contrario…nos lleva al absurdo de que un litigio judicial lo dirima quien ni siquiera ha jurado como Juez o, si se quiere, quien ni siquiera reúne las condición de juez. Nada tiene que ver la cuestión de la celeridad en la emisión de decisiones judiciales -que no es tal, como vemos en este caso que ha tardado varios años en fallarse- con la cual tampoco podrían dejarse de lado derechos que al ser tan básicos hacen a la esencia misma del Estado de Derecho. Tampoco cuestiones organizativas, funcionales o de simple comodidad de parte del órgano judicial superior, no pueden conducirnos a situaciones en las que los conflictos se resuelvan por quienes ni siquiera revisten la calidad o categoría de jueces.” (cfr. fs. 66 y vta.).- Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y manifiesta que: “…es evidente el apartamiento de la sentencia de la jurisprudencia y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresamente excluye del régimen de subrogancias a los secretarios. Cuestión que no puede desconocer el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.” (cfr. foja 67).-
Postula que: “…la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cuestión que nos ocupa, ha sido absolutamente clara y sus fallos constituyen doctrina constitucional. De dicha Doctrina, y que más abajo expresaremos, surge la inconstitucionalidad del art. 37 inc. 3 de la Ley Orgánica de la Justicia, planteado oportunamente. En tal sentido, cabe señalar que al integrarse la Cámara con sus secretarios, se está afectando la garantía del debido proceso y del juez natural, pues respecto de dichos funcionarios, no se ha llevado a cabo el proceso de selección que garantice la idoneidad e independencia, conforme preceptos constitucionales. La garantía del juez natural, se encuentra severamente afectada al constituirse un tribunal con un funcionario que no posee los atributos constitucionales para desempeñar tal función.” (cfr. foja 69 vta.).- Considera que: “…en nuestra Provincia…un secretario no rinde concurso, no presta juramento como juez y, además, se exige que su ‘expertise’ se relacione con cuestiones procedimentales y no sustanciales…no cuenta con las garantías reforzadas que son propias de un juez.
Ello compromete su impar-cialidad…es un dependiente o subalterno del propio vocal de ese cuerpo colegiado. Frente a esta subordinación jerárquica resulta por demás dudoso que el secretario pudiera asumir una opinión o postura distinta a la de un superior inmediato.” (cfr. foja 72).- Seguidamente agrega que: “…los procedimientos constitucio-nales que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley. Las disposiciones que rigen esos mecanismos se sustentan, pues, en la aspiración de contar una magistratura independiente e imparcial, lo que está directamente relacionado con la consagración constitucional de la garantía del ‘juez natural’…Que los principios expuestos no excluyen la implementación de un régimen de jueces subrogantes para actuar en el supuesto de producirse una vacante -y hasta tanto esta sea cubierto de conformidad con el sistema constitucional- a los efectos de no afectar el derecho de las personas de contar con un tribunal que atienda en tiempos oportuno sus reclamos.” (cfr. fs. 72 y vta.).- Finalmente concluye que: “…los Secretarios a los que hace referencia la ley orgánica de la justicia de la Provincia de Santa Cruz en el art. 37 inc. 3° son funcionarios judiciales que no han sido elegidos conforme al procedimiento constitucional para la elección de jueces, por lo tanto no gozan de las mismas garantías que éstos, y teniendo presente que los justiciables tienen el derecho de ser juzgados por un juez independiente, corresponde declarar la inconstitucionalidad de dicha normativa, y en el caso la consecuente nulidad de la sentencia dictada.
Lo que esta parte peticiona es que este caso sea Juzgado por jueces de la Constitución y no por Secretarios…no es la misma la labor de un juez que la de un secretario y de allí que los mecanismos de designación y exigencias son sideralmente distintos. No puede pretenderse o tolerarse que quien no se ha preparado para ello asuma el rol de juez. De esta forma, amén de la arbitrariedad que en si conlleva la resolución que aquí cuestionamos, se produce un claro quebrantamiento de las formas, que tornan nula de nulidad absoluta e insanable la sentencia dictada en autos.” (cfr. fs. 73 vta./74 vta.).- Que, en 56032-2021 obra dictamen del Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, quien por los fundamentos que expone y a los que nos remitimos en razón de brevedad, concluye que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
Que mediante providencia PE56864-2021 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Que analizando la presentación de la parte recurrente y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011 corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articu-lado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Alto Cuerpo, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 pues presentó la totalidad de su recurso en formato de hoja A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º, y parcialmente los requisitos del artículo 2º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. art. 1º del Reglamento).-
Cuenta con una carátula en hoja aparte que no cumple con las exigencias establecidas en los incisos a) y j) del artículo 2º de la mencionada Acordada.-
En particular con relación al inciso a) del citado artículo se advierte que el objeto de la presentación fue indicado de modo erróneo. Ello es así, toda vez que la quejosa expresa que recurre la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones que confirma la sentencia de Primera Instancia (cfr. foja 62 vta.) cuando, en realidad, interpone el recurso extraordinario federal contra el fallo dictado por este Tribunal Superior de Justicia a fs. 57/59 vta. (cfr. fs. 63 y vta.).- Respecto del incumplimiento del inciso j), se advierte que la recurrente omitió citar las normas legales que confieren jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intervenir en el caso.-
No obstante dichos incumplimientos, valorado aisladamente, no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado a los fines de evitar un excesivo rigorismo formal (cfr. Fallos 334:196).-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el escrito recursivo no logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b), toda vez que la recurrente no realizó un breve relato de todas las circunstancias relevantes del caso, no las relacionó con la cuestión federal que invoca, no indicó el momento en el que se presentó por primera vez dicha cuestión, ni tampoco precisó cuándo y cómo introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad.- Carlos R. Tribiño en su obra “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema” ha sostenido que: “…la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circunstanciada […] que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión ‘reserva del caso federal’. Es que quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante el Alto Tribunal y se encuentra excluido, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios.” (cfr. autor y ob. cit., Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, págs. 122/123).- Por otra parte, también se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (cfr. art. 3º, inc. c) de la Acordada Nº 4/2007). Es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del recurso extraordinario y del recurso de queja”, Ed. Ediar, págs. 108/109); sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte debemos dedicarle a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007; y 14 de la Ley Nº 48, toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (cfr. Fallos 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. Fallos 310:1789) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Ello quiere decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.; ob. cit, pág. 104).- La recurrente funda el recurso extraordinario federal en el artículo 14 de la Ley Nº 48, pero sin especificar en cuál de sus incisos (cfr. foja 64) y sin indicar, adecuadamente, cuáles serían las normas incumplidas y de que forma fueron vulneradas.-
En este sentido, es preciso recordar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso de la Nación; no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso; ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. art. 14, incs. 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 48). Al contrario, en el interlo-cutorio atacado, se resolvió rechazar el recurso de queja intentado por la demandada por entender que los términos de la queja contenían meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio de la Alzada en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba y además, porque toda la cuestión ateniente al modo en que quedó conformada la Cámara para el dictado de la sentencia pasó en autoridad de cosas juzgada, merced a la inacción procesal de la demandada y al principio de preclusión procesal (cfr. foja 58 vta.).- Por último, y como lógica consecuencia de lo anterior, tampoco se advierte que: “...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. art. 3º, inc. e) de la Acordada Nº 4/2007).-
Es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta la relación directa (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 106).- A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que el litigio se resolvió en base a normas procesales provinciales por tratarse de cuestiones relativas a la admisibilidad de recursos.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que aquellas resoluciones mediante las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local, ante ellos interpuestos, no son revisables -en principio- por la vía del artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. del Dictamen de la Procuración General que la Corte comparte y al que remitió en Fallos 327:5416), siendo, además, la tacha de arbitrariedad a su respecto sumamente restrictiva (cfr. del Dictamen del Procurador General que la Corte remite en Fallos 326:750).- Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. arts. 75, inc. 12 y 121 de la C.N.), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad -en principio- de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Asimismo, debemos indicar que la apertura de la instancia que se suscita también deviene improcedente en la medida en que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituyen una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.
Es que, de admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. Fallos 310:2306).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3, incisos d) y e) de la Acor-dada Nº 4/2007, tal como se ha expresado.-
Finalmente, se observa que la recurrente incumplió los recaudos previstos en el artículos 8 de la Acordada de marras pues no transcribió la norma jurídica no publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina en la que funda sus agravios, esto es la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, con consignación del período de vigencia de la misma.-
III. En suma, las críticas que la recurrente dirige contra el interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia son insuficientes para demostrar -con el rigor necesario-, la arbitrariedad de la resolución recurrida (que sólo fue invocada y no desarrollada), que se haya violado las garantías de defensa en juicio o debido proceso y que esa lesión le cause un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.-
Es que, en rigor, el verdadero agravio de la recurrente es ni más ni menos que el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya aquél por una interpretación más favorable a sus intereses, que de haberse visto afectados, tienen origen únicamente en una conducta propia. En este sentido, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura.- En consecuencia, corresponde concluir que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado acabado cumplimiento con los recaudos previstos en la Acordada Nº 4/2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio cuestionado y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.- Las costas deben imponerse al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota, conforme artículo 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 436, Folio 1656/1658).-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada a fs. 63/74 vta..-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente, archívese la presente queja.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-; Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-; Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1003O.211 Tomo: IX Interlocutorio: 446 Folio N°: 1685/1689 Secretaría: 1
Fin de la sentencia