Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 11.437
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: Se confirma parcialmente la sentencia dictada, modificándose el alcance de la condena con respecto a Liderar Compañía General de Seguros Sociedad Anónima, la que ha de fijarse en la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($833.320). Costas de alzada a los demandados vencidos (art. 68 CPC). Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967). Téngase presente la Reserva De Caso Federal.
Expte. 11437; Reg. 11 ( S) 19/2/2019 En la ciudad de Necochea, a los 19 días del mes de febrero de dos mil diecinueve, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “PISANI, Yanina Gabriela c/BAISI, Juan Carlos y ot. s/Daños y perjuicios” habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Oscar Alfredo Capalbo, Fabián Marcelo Loiza y Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª. Es justa la sentencia de fs. 661/671?.
2ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CAPALBO DIJO:
I. Conforme surge de las constancias de autos a fs. 661/671 el Sr. Juez de grado dicta sentencia en la que resuelve: 1. Hacer lugar a la demanda instaurada por Yanina Gabriela Pisani contra Juan Carlos Baisi, Adriana Marisa López y Liderar Compañía General de Seguros S.A. sobre daños y perjuicios; 2. Condenar a los demandados a pagar a la actora la suma de pesos novecientos quince mil ($915.000) en el término de diez días de quedar firme la presente sentencia, con más los intereses calculados según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días –tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días-, desde la fecha de la mora -11/08/2011- y hasta el efectivo pago; 3. Imponer las costas del juicio a los demandados vencidos; 5. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad que quede firme la presente resolución (art. 51 y concs. de la Ley 8904).
Contra dicho pronunciamiento con fecha 30 de mayo del corriente año interpone recurso de apelación el letrado apoderado de la actora, y con fecha 04 de junio lo hacen los demandados Marisa López y Juan Carlos Baisi y la citada en garantía Liderar Cía. Gral. de Seguros Sociedad Anónima, ambos a través de su letrado apoderado; habiendo expresado agravios la actora con fecha 16 de octubre y la demandada y citada en garantía con fecha 12 del mismo mes.
II) 1. Agravios de la parte actora:
1.1. Se agravia en primer término en cuanto “el Juzgador considera que no se halla acreditado el resarcimiento por lucro cesante, por cuanto resultan insuficientes las declaraciones de los testigos Domínguez, Solís y Acosta (fs. 445/447) no obstante que los mismos son de una entidad que no admite dudas sobre la veracidad de los datos aportados. El Juzgador considera insuficiente la prueba aportada, por cuanto de la misma no surge la entidad de los ingresos de la actora. Es obvio que resulta difícil que los testigos puedan conocer la entidad de los ingresos. Pero esto no significa que frente a una estimación más que razonable que se planteó en la demanda de $3.500; haberse acreditado fehacientemente cuál era la actividad que desarrollaba la actora al momento del accidente; el aporte que como emprendedora le otorga la Municipalidad de Lobería en función del crecimiento para la actividad y del uso adecuado de la facultad otorgada a los jueces por el art. 165 del C.P.C. no pueda el a-quo restablecer el importe del mismo.”
Destaca que “no es la única prueba aportada por nuestra parte la de los testimonios a que se hace referencia en el apartado anterior. Es más, surge de autos que a la Sra. Pisani, la Municipalidad de Lobería a cargo del Intendente Hugo Rodríguez le concedió un crédito para emprendedores destinado a la construcción y armado de un salón de peluquería y depilación (ver. fs. 270/274). El mismo se había comenzado. Lamentablemente la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente, le impidieron continuarla. El hecho de no haber podido proseguir con el proyecto del emprendimiento que le hubiera significado un ingreso aún mayor, sumado a la pérdida de clientes y de futuros potenciales clientes que eran atendidos personalmente por ella es la base utilizada para estimar este parcial, por un período de 24 meses, en la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL($81.000).”
Añade que “también se acreditó que la actora realizó el curso de peluquería en la Academia de Peluquería de Filadelfia Sonia Lupin (v. fs. 297/298) de la ciudad de Mar del Plata, lo que tampoco fue tomado en consideración por el Juzgador cuando resuelve el rechazo del rubro, ya que se refiere al mismo restándole importancia, siendo que para la actividad a que nos hacemos referencia, los cursos son los únicos medios para poder incorporar nuevos y mejores conocimientos y técnicas para ser aplicadas para la actividad.” Solicita en consecuencia se conceda el rubro lucro cesante en los términos y valores solicitados en la demanda.
1.2. Critica seguidamente el recurrente el rechazo del rubro daño psicológico.
Señala que “el informe al que hace referencia el a-quo, que no fuera objeto de cuestionamientos de parte del demandado ni de la citada en garantía, es concluyente en cuanto a las consideraciones que textualmente transcribo: ...Se observan en una mujer joven sin antecedentes patológicos síntomas emocionales (específicamente de ansiedad) en respuesta a un estresante identificable (accidente de tránsito y posterior inactividad por una lesión grave en una pierna) con repercusión significativa en las actividades laborales, sociales y académicas. Se sugiere un estricto control médico psiquiátrico y contención psicológica adecuada.”
Añadiendo: “Coincido en que el informe debió ser más completo, pero las conclusiones son contundentes. Por otra parte el a-quo cuenta en autos con antecedentes más que contundentes para dar curso al reclamo de este rubro, como lo son las pericias traumatológica, dermatológica y psicológica producidas, las declaraciones de los testigos y por si ello no fuera suficiente, las fotografías agregadas en autos que son más que elocuentes y ponen de relieve la relación accidente-daño psíquico.”
Y finaliza: “Considero que se halla acreditada en autos la necesidad de que la víctima de un hecho ilícito realice un tratamiento psicoterapéutico, entendido como secuela patológica de un hecho.”
2. Agravios de los demandados:
2.1. Agravia en primer término a los recurrentes “el elevado monto indemnizatorio concedido a la Srta. Pisani en concepto de ‘incapacidad sobreviniente’ fijado por el Sr. Juez a-quo en setecientos mil pesos ($700.000)”.
Aducen que los fundamentos vertidos en el considerando VIII de la sentencia atacada “son apenas aparentes, resultando evidente que se incumple en el fallo el deber de motivación que integra la garantía del debido proceso (arts. 171 de la Const. Provincial, 34.4 y 163 del CPCC), tornando por consecuencia en arbitraria la decisión.”
Añaden que “el pronunciamiento atacado no permite a esta parte perdidosa llegar a conocer y poder criticar razonadamente los cálculos hechos por el Sr. Juez para llegar a la cifra criticada y no a otra.”
“No se sabe si se basó en el art. 1746 del nuevo Código Civil y Comercial y, en tal caso, qué fórmula polinómica de matemática financiera uso (Vuotto, Méndez, Acciarri?) para tan siquiera chequear si las bases de cálculo se ajustan al plexo probatorio del juicio y si las cuentas están bien hechas.”
“Parecería, no obstante, que lo habría determinado ‘como antes’ ya que cita un precedente de la Cámara Civil y Comercial de Dolores del año 1993 donde se hace hincapié en que la fijación de estas indemnizaciones queda librada al ‘prudente arbitrio judicial’, lo cual, V.E. es un razonamiento inabordable.”
“Lo cierto es que la realidad actual establece la necesidad de utilizar fórmulas matemáticas para el cálculo de estas indemnizaciones lo que no significa que deba aplicarse en forma automática y menos obligatoria el resultado matemático que arroje la fórmula ya que siempre podrá el juzgador efectuar las correcciones que entienda necesarias atendiendo a las particularidades del caso.”
Solicitan en conclusión “se reduzca el monto cuestionado con base en el principio constitucional de razonabilidad que la CSJN ha sostenido que debe prevalecer a la hora de determinarlo.”
2.2. En su segundo agravio cuestionan el monto fijado en concepto de daño moral, el que, sostienen, “es exagerado y por tanto injusto.”
Citando un fallo de la Sala G de la Cámara Nacional en lo Civil, sostienen que “la determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla”, aduciendo los recurrentes que “faltó en la sentencia atacada esa necesaria ‘cautelosa discrecionalidad’.”
Piden en consecuencia se reexamine el punto y morigere la indemnización concedida a la actora por el concepto de daño moral.
Formula reserva del caso federal.
3. Agravios de la citada en garantía:
3.1. Provoca agravio a la aseguradora “que la sentencia, en su parte dispositiva, hace lugar a la demanda instaurada por Yanina Gabriela Pisani contra Juan Carlos Baisi, Adriana Marisa López y Liderar Compañía General de Seguros Sociedad Anónima, por un total de $915.000 (pesos novecientos quince mil), pero omite consignar expresamente que, respecto de la aseguradora, el alcance de la condenación es EN LA MEDIDA DEL SEGURO.”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 118 3er. párrafo de la ley 17.418 y como fue expresamente pedido al contestar la citación en garantía.
Expresa que las condiciones particulares de la póliza “establecen que el límite de la responsabilidad civil cubierto es de $2.400.000 (pesos dos millones cuatrocientos mil) por acontecimiento en caso de muerte o daños corporales a personas no transportadas, con un tope máximo de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000) por persona.”
Solicita en consecuencia se corrija el punto 1 de la parte dispositiva de la sentencia, incorporando la expresión en la medida del seguro.
3.2. En los denominados segundo y tercer agravio cuestionan “el elevado monto indemnizatorio concedido a la Srta. Pisani en concepto de ‘incapacidad sobreviniente’ fijado por el Sr. Juez a-quo en setecientos mil pesos ($700.000) y el monto de $150.000 fijado por el rubro daño moral, por estimarlo “exagerado y por tanto injusto”, expresando idénticos fundamentos a los vertidos por los demandados.
III) 1. Ingresando al cuestionamiento formulado por los demandados y la citada en garantía con relación a los montos indemnizatorios, y en primer lugar al referido a la cuantificación del rubro incapacidad sobreviviente fijado a favor de la actora en la suma de pesos setecientos mil ($700.000), ha de señalarse que a su respecto omiten los recurrentes expresar en qué medida o por qué razones el mismo resulta excesivo.
Como tiene dicho este tribunal, “fijado el monto por el Inferior conforme los parámetros personales que surgen de la causa, pesa sobre quien recurre la carga de impugnar de manera concreta y razonada dicha cuantificación, acudiendo a estos parámetros para demostrar su yerro como a los que usualmente se abordan al tratar este rubro aún en caso de deficiencia respecto de la capacidad económica de la víctima (conf. este trib., expte. 9481 reg. int. 14 (S) 25-02-2014) (arts. 260/261 CPC).” (conf. expte. 10182, reg. int. 99 (S) 16-09-2015). Más allá de las consideraciones generales y abstractas en torno a la falta de aplicación del principio de razonabilidad en la fijación del rubro, lo cierto es que no aportan los apelantes cálculo alguno que permita justificar la morigeración que pretenden, lo que sella la suerte del agravio (arts. 260/261 CPC).
A la misma conclusión se arriba respecto del rubro daño moral. En efecto, como también tiene dicho este tribunal, la disconformidad con el monto asignado, a fin de cumplir acabadamente con lo prescripto en el art. 260 del CPC, ha de consistir en una crítica concreta y razonada, de por qué el monto acordado resulta injusto (conf. expte. 10160, reg. int. 136 (S) 17-12-2015).
A tales fines, resultan insuficientes las referencias genéricas expuestas por los recurrentes respecto a que “el monto de $150.000 (pesos ciento cincuenta mil) es exagerado y por tanto injusto”, como así también las citas doctrinarias y jurisprudenciales que transcriben sin relacionarlas con el caso examinado.
Lo contrario, como ya se ha dicho, “sería erigir en agravio una mera discrepancia personal sin apoyo en una seria y fundamentada argumentación como lo exige el artículo citado. Ello si bien no con la estrictez que pueda exigirse en otros rubros no puede ser desatendido absolutamente y conduce, en el caso, a desestimar el agravio así deducido” (arts. 260/261 CPC). (conf. expte. 22, reg. int. 11 (S) 4-11-2008) (arts. 1078, 1083 y concs., Código Civil) (expte. 10014, reg. int. 138 (S) 23-12-2015).
Siendo ello así, no habiéndose expresado por lo demás, otro motivo concreto y relevante por el cual, a juicio de los recurrentes, el importe fijado resulta excesivo, no cabe sino confirmar la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000)fijada en la instancia (arts. 1083 del Código Civil).
2. Seguidamente ha de abordarse el agravio deducido por la actora, mediante el que cuestiona el rechazo del rubro lucro cesante por incapacidad temporaria. Conforme surge de su escrito de demanda, la actora peticionó la suma de pesos ochenta y un mil ($81.000) en concepto de reparación, monto que surge del ingreso mensual que estima en la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500) y el plazo de 24 meses de recuperación (v. pto. V DAÑOS RECLAMADOS. A) DAÑO MATERIAL. LUCRO CESANTE. 1)
INCAPACIDAD TEMPORARIA, fs. 69/70vta.).
Ahora bien, en el fallo apelado, el sentenciante estableció la suma de pesos setecientos mil en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente, sin efectuar cálculo matemático alguno, lo que, como quedara expuesto, no fue objeto de agravio. Siendo ello así, el agravio vertido por la actora resulta insuficiente a los fines de otorgar el peticionado lucro cesante por incapacidad total temporaria en tanto dicho cálculo supone que lo otorgado por aquel concepto resulta insuficiente para cubrir plenamente ese período, lo que impide su análisis y lleva a desestimar el agravio.
Por lo demás, como ya se ha pronunciado este tribunal: … como es sabido, para ser indemnizable requiere que sea cierto, no meramente conjetural o hipotético, pues no cabe su admisión por vía presuncional.
En el caso no se han acreditado fehacientemente las utilidades que se dicen frustadas, y las genéricas manifestaciones que efectúa el actor en su demanda (v. pto. 3), resultan insuficientes para acoger el rubro examinado.
En efecto, reiteradamente se ha sustentado que “no corresponde acordar una indemnización sobre la base de simples conjeturas sin que medie la prueba indispensable del perjuicio real efectivamente sufrido, no siendo suficiente al respecto, una mera mención imprecisa de esperanzas y consecuencias, imposible de valorizar (cfr. esta sala, 29/10/82, "Calatroni, Ricardo c. Astilleros Voquecraft S.A. Arg." entre otros)” (Cám.Nac.Apel. Com., sala A, La Ley 1996-E, 282, DJ 1996-2, 175, AR/JUR/1879/1996). Es que, como también se ha sostenido, “La mera posibilidad de que un hecho pueda haber ocurrido no le da verosimilitud; es necesario que junto a ella concurra alguna circunstancia que dé a aquél hecho apariencia de verdadero” (conf. CNCom., sala B, 21-09-2007, AR/JUR/7239/2007); y en el caso, como se dijera, no se ha aportado prueba atendible que permita a coger el rubro examinado (art. 375 CPC, 519 Cód. Civ.) (expte. 10168, “Romero Acosta, Juan Antonio c/Furlong, Emiliano s/Daños y perjuicios”, reg. int 97 (S), 10-09-2015). Criterio éste plenamente aplicable al caso de autos de conformidad con los reseñados antecedentes de la causa y los hechos en que funda esta petición correlacionados con los agravios vertidos (art. 1069 Cód. Civ.).
3. En lo que concierne al rechazo del rubro daño psicológico que motiva el segundo agravio del actor, ha de señalarse que el recurrente no critica eficazmente el tramo de la sentencia en el que el sentenciante da los argumentos para apartarse del dictamen pericial.
Así, sostuvo el Sr. Juez: El informe, escueto y similar a todos los presentados por la perito en diferentes causas en esta sede, merece objeciones. En efecto, la profesional no explicita cómo observa que los trastornos que refiere se enlacen con el episodio de autos (ver vgr. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-IV), pág. 401 y ss, introd, pág. XXI, XXII).
En efecto, las expresiones que vierte la perito en su dictamen no pasan de ser meras aseveraciones que al no explicar de manera fundada y concreta su conclusión, carecen del rigor necesario para acreditar el trastorno reclamado. Ello hace que la misma carezca de la atendibilidad necesaria para resolver esta litis en lo relativo a la incapacidad aquí analizada de afectación psicológica (art. 474 del CPCC).
El agravio del recurrente, como se anticipara, resulta insuficiente para contrarrestar tal conclusión en tanto no se apoya en principios científicos que conmuevan esa decisión y para más, el mismo recurrente califica de incompleto el dictamen vertido, razón por la cual ha de ser desestimado (arts. 260/261 CPC).
4. Resta abordar el agravio deducido por la citada en garantía en cuanto solicita que se consigne en la parte dispositiva de la sentencia que la condena, respecto de su parte, es en la medida del seguro.
Ahora bien, al contestar la citación en garantía (v fs. 124/138), la aseguradora sostuvo: a) EXISTENCIA DEL SEGURO: el Sr. CARLOS JUAN BAISI domiciliado en Necochea N° 471 de Lobería, tenía contratada con la aseguradora que represento la póliza de seguro N° 6.168.655 contra la responsabilidad civil frente a terceros por daños generados por el automóvil Peugeot 206, XRS PREMIUM, cinco puerta, año 2005, dominio ESH-098.
El contrato se encontraba vigente a la época de siniestro de modo que en la medida del seguro y de la responsabilidad del asegurado, habrá “LIDERAR” de responder por la condenación que a éste se le deriven del presente juicio.
Luego de puntualizar los “Límites de aseguramiento” (pto. b) y referirse a la “Intervención obligada del asegurado. Inexistencia de acción directa” (pto. c) y Dirección del pleito (pto. d), formula la siguiente reserva: Dado que la póliza de seguro se emite en un solo ejemplar que se entrega al asegurado, dejo reservada la prueba pericial contable para el caso de controvertirse sus alcances.
Solicito, en tal caso, que oportunamente se sortee un contador público nacional para que se constituya en las oficinas de mi mandante y, teniendo a la vista los correspondientes libros, se expida sobre cualquier punto dubitado. (v. pto. e). A fs. 161/vta. contesta demanda el accionado Juan Carlos Baisi, adhiriendo, en lo pertinente, a los términos de la contestación de citación en garantía formuladas el 8 de noviembre p/pdo. en nombre de “LIDERAR CIA. GRAL. DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA.” Adhiere asimismo a los medios de prueba por aquella ofrecidos, solicitando se agregue copia de la póliza N° 6.168.655, que obra en autos a fs. 144/160 bis.
Corrido el traslado de ley (v. f. 185), a fs. 183/184 el letrado apoderado de la actora y en lo que aquí interesa, sostiene: 2) Con relación al traslado conferido en el 2do. párrafo respecto a la contestación del demandado Juan Carlos Baisi, se debe tener por desconocida la autenticidad y sinceridad de contenido de la documentación acompañada, con excepción de aquella que en forma puntual y expresa sea objeto de reconocimiento. Sin embargo, al contestar la expresión de agravios el actor no mantiene dicho desconocimiento sino que se limita a impugnar la cláusula como abusiva sin –a su vez- haber planteado tal cuestión al efectuar ese desconocimiento (v. fs. 183/184, pto. 2)-, lo cual impide abordar la cuestión con la extensión que pretende (art. 272 CPC).
Ello no obsta a aplicar la doctrina legal que afirma: a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430).
II.3.a. En efecto, al tiempo del siniestro, la cobertura contratada alcanzaba los montos mínimos previstos en las resoluciones generales 21.999/92 y 22.058/93 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sin embargo, cuando la entidad de los daños sufridos por la víctima fue apreciada -a los fines de la ejecución de la garantía-, tales montos mínimos habían sido ya modificados sustancialmente por la mencionada autoridad nacional, resultando aplicable para dicha época la resolución general 36.100/11 [B.O. 23-IX-2011], a través de la cual se había elevado la cobertura básica a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (encontrándose incluso próxima a entrar en vigencia la resolución general 38.066/13 [B.O. 2-I-2014], doctr. arts. 2, 15 y concs., Cód. Civ.).
Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante. Si bien el asegurado abonó oportunamente las cuotas respectivas (prima pura y gastos de gestión interna y externa del asegurador) en relación con la cobertura básica obligatoria vigente al momento del siniestro (v. fs. 59/60 y 180 y vta.), y aun cuando adicionalmente deba la aseguradora afrontar complementariamente y en forma proporcional los mayores costos por intereses, costos y costas judiciales y extrajudiciales del presente proceso (conf. arts. 110, 111 y concs., LS, conf. doctr. causa C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; e.o.); de todas formas, la ecuación económica del contrato de seguro ha sido afectada significativamente.
Por un lado, pues a partir de una oposición a la procedencia de la acción (v. fs. 69/75 vta.) la compañía ha dilatado el cumplimiento de su obligación de garantía a pesar de haber recibido el premio (y haberlo administrado) por más de diez años, época durante la cual el valor de cambio de la moneda ha ido modificándose, tal como justamente ha sido puesto de manifiesto por el paulatino incremento de la cobertura mínima obligatoria dispuesto por la autoridad de aplicación en la materia (a través de su contralor sobre la legitimidad, equidad y claridad del contrato, art. 25, ley 20.091). Por otro, porque incluso considerando la operatividad del fondo de primas para compromisos futuros de la aseguradora (arts. 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091), no es posible soslayar en este esquema que las primas que se cobran hoy (sujetas a los valores actuales) son las que afrontan las coberturas judicializadas de ayer (conf. Stiglitz, Rubén, Derecho de Seguros, 5° Ed. Act. y Ampl., Tomo I, LL, 2008, pág. 64). Esta doble ecuación revela -en una interpretación contextual sobre el sistema por el que se establece un límite mínimo de cobertura (conf. arts. 217 y 218, Cód. Com.)- la sobreviniente irrazonabilidad y carácter inequitativo de las prestaciones a cargo de la aseguradora, por alterar el sentido del contrato.
En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.
Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil ésta determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.).
Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo) (SCBA, C 119.088 “Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y Perjuicios”, 21-10-2018).
Es en ese contexto que deben adecuarse los topes previstos en la póliza a los vigentes en la actualidad de conformidad con la resolución nro. 39927/16 que establece una cobertura mínima de $400.000.-
A estos fines ha de señalarse que la cláusula segunda de la póliza básica del seguro obligatorio de automotor agregada a fs. 144/161 fijaba para esa época un límite de cobertura por muerte o incapacidad de $120.000 por persona (SO-RC POLIZA BASICA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ARTICULO 68 DE LA LEY 24.449, cláusula 2, f. 147), en concordancia con el límite de cobertura para el seguro obligatorio establecido en la resolución Nro. 36100 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. De las cláusulas adicionales de la póliza surge que más allá de la suma asegurada, se estableció un tope de cobertura por persona por acontecimiento en la suma de $250.000, es decir, fue incrementado en algo más del 100% que el mínimo referido.
Por su parte, esta cobertura mínima luego fue modificada mediante resolución Nro. 38066 del 27/12/2013 SSN por la que se incrementó este límite mínimo quedando establecido en la suma de $200.000 y posteriormente modificada por la resolución Nro. 39927/2016 SSN, que estableció una cobertura mínima de $400.000, que es la vigente en la actualidad. Ello da cuenta de la evolución de las coberturas mínimas obligatorias durante el período y que debe quedar reflejada proporcionalmente a fin de mantener la ecuación económica del contrato según el siguiente cálculo:
250.000 x100 = 2.0833 120.000 Por todo lo expuesto, en consideración al principio de reparación integral, y las cláusulas del contrato de conformidad con las resoluciones reglamentarias, se considera que el límite de cobertura a los fines de la garantía de la aseguradora debe ser el fijado en la resolución Nro. 39.927/16 de Superintendencia de Seguros de la Nación ($400.000) incrementado en la proporción ya señalada y que arroja el siguiente guarismo:
$400.000 x 2.0833= $833.320.
Monto éste representativo del límite de la condena considerado a esta época.
(arts. 17, 19, 28, 75 inc. 22 y concs., Const. Nac.; 16, 21, 499, 502, 953, 1.037, 1197, 1198 y cc del C.C., art. 68, 109 y 118 de la ley 24449; conf. CCyC. Azul, Sala 1, expte. 1-61572/2016 sent. del 14/6/2018; SCBA, C 119.088 “Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y Perjuicios”, 21-10-2018).
En razón de lo expuesto propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia dictada, modificándose el alcance de la condena con respecto a Liderar Compañía General de Seguros Sociedad Anónima, la que ha de fijarse en la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($833.320).
Atento el resultado de los recursos y teniendo en cuenta el principio de reparación integral que preside la materia y el modo como se calcula el monto de los honorarios a regularse, según es criterio uniforme en este departamento judicial, las costas de alzada se imponen a los demandados vencidos (art. 68 CPC).
Por las consideraciones expuestas y con la modificación propiciada respecto del alcance de la condena con respecto a Liderar Compañía de Seguros Sociedad Anónima, a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CAPALBO DIJO:
Corresponde confirmar parcialmente la sentencia dictada, modificándose el alcance de la condena con respecto a Liderar Compañía General de Seguros Sociedad Anónima, la que ha de fijarse en la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($833.320). Atento el resultado de los recursos y teniendo en cuenta el principio de reparación integral que preside la materia y el modo como se calcula el monto de los honorarios a regularse, según es criterio uniforme en este departamento judicial, las costas de alzada se imponen a los demandados vencidos (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Necochea, 19 de febrero de 2019.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: Se confirma parcialmente la sentencia dictada, modificándose el alcance de la condena con respecto a Liderar Compañía General de Seguros Sociedad Anónima, la que ha de fijarse en la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($833.320). Costas de alzada a los demandados vencidos (art. 68 CPC). Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967). Téngase presente la Reserva De Caso Federal. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvase.
Dra. Ana Clara Issin Dr. Fabián M. Loiza Juez de Cámara Juez de Cámara Dr. Oscar A. Capalbo Juez de Cámara Dra. Norma T. Dominguez Secretaria
Fin de la sentencia