Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 79064
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución atacada en lo que ha sido materia de agravio.
2No imponer costas de Alzada, atento la naturaleza de la cuestión debatida y la ausencia de contradicción.
Causa N° 79.064/JF N°2 Reg. Elec. RS N° /21.
Expte. N° SG 6053/2016 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada con el señor juez, Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. N° 848 del Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 79.064, caratulada "M., C. A. C/ G., M. V. S/ PLAN DE PARENTALIDAD", habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Valdi, Lami.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión propuesta, la señora juez Dra. Valdi dijo:
I. Contra la resolución del 06/07/2021, mediante la cual señor juez a quo se declaró incompetente para seguir interviniendo en los presentes autos, con base en el domicilio y centro de vida del menor involucrado, se alza el progenitor con fecha 02/08/2021.
El recurso es sostenido con la memoria de fecha 18/08/2021, cuyo traslado es evacuado por la Sra. Asesora de Incapaces interviniente mediante la presentación electrónica del 02/09/2021.
II. El agraviado sostiene, en lo sustancial, que resulta improcedente la declaración de incompetencia aquí decidida pues la progenitora, incumpliendo el acuerdo homologado en el año 2017, mudó el domicilio del menor sin su consentimiento.
Señala que la interpretación del judicante acerca del centro de vida es errónea dado que no resulta equiparable al domicilio del menor.
Remarca en ese sentido que la noción de centro de vida refiere al lugar donde los niños hubiesen transcurrido la mayor parte de su existencia en condiciones legítimas, siendo inadmisible considerar que el domicilio escogido por la progenitora en forma unilateral quede abarcado en dicha noción.
Insiste con que el traslado del menor a la provincia de Santiago del Estero ha sido ilegal y que ese hecho no puede convalidar la competencia.
Destaca además que había iniciado una medida cautelar para que se dictara la prohibición del cambio de residencia del niño y que si bien fue rechazada, debe ser interpretada como una clara oposición a modificar el centro de vida.
También repara en que no se consideraron los antecedentes denunciados al solicitar el cuidado unilateral provisorio del menor, en relación a las condiciones desfavorables en que el niño se encuentra bajo el cuidado de la progenitora y entiende por ello que no debió convalidarse esa residencia como centro de vida del menor.
Solicita por todo ello que se revoque la incompetencia declarada.
III. A su turno, la Sra. Asesora de Incapaces interviniente, postula el rechazo del recurso interpuesto.
Refiere que cuando las partes homologaron el acuerdo en el año 2017 habían pactado que el centro de vida del niño sería en el domicilio de la progenitora y señala que, contrariamente a lo expuesto por el recurrente, los profesionales intervinientes no sólo no advirtieron indicadores de maltrato o descuido por parte de la progenitora hacia el niño, sino que, por el contrario, informaron que el niño había estado expuesto a situaciones de violencia por parte del progenitor.
Considera por todo ello que debe confirmarse la incompetencia, dado que el interés superior del niño involucrado reclama la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por la ley, entre los que se encuentra el respeto por su centro de vida.
IV. Anticipo que, en mi criterio, el recurso no debe prosperar.
a) Sabido es que la noción de centro de vida establecida en el artículo 716 del Código Civil y Comercial, recepta una pauta de determinación de la competencia cuando se deben resolver cuestiones que atañen a los niños.
Ese parámetro o regla es el que mejor representa el cumplimiento efectivo del interés superior del niño (arg. art. 3 de la C.D.N. ccdte. 706 del Código Civil y Comercial), ya que respeta los sentimientos y vivencias de los menores, que se traducen en una sensación de bienestar, de seguridad y permanencia y que hacen que un lugar determinado sea vivido por ellos como propio, como natural.
Por ello, la residencia habitual o el centro de vida del niño, que son ideas equivalentes, no es un criterio jurídico, es fáctico y supone los conceptos de estabilidad y permanencia por hallarse allí el centro de gravedad de su vida y el núcleo de sus vínculos parentales y afectivos (conf. Mauricio Mizrahi, Responsabilidad Parental, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2015 pág. 214 y sgtes.).
De allí que la noción de centro de vida, como pauta de determinación de la competencia, exige dirimir cuál es el juez que se encuentra en mejores condiciones de verificar esa situación fáctica y de conocer el contexto familiar, social, afectivo y las circunstancias particulares que rodean la realidad del beneficiario.
En ese sentido, es evidente que el centro de vida también se relaciona con el principio de inmediatez que rige en todos los procesos que atañen a los niños, pues se trata de un punto de conexión realista que responde al lugar donde efectivamente vive el menor, con el objetivo primordial de alcanzar la máxima tutela judicial de sus derechos.
Por tanto, la determinación del juez competente es una cuestión compleja que presenta una variedad de matices, por lo que se requiere un análisis particularizado caso por caso para decidir el correcto camino a seguir.
b) En esa inteligencia, las constancias de esta causa y de las conexas requeridas por el Tribunal (Exptes. SG 6053/2016, SG 885/2020, SG 1061/2020 y SG 4302/2020), dan cuenta de que las partes habían acordado hacia el año 2017 que el cuidado personal del menor fuese compartido y ejercido en forma indistinta, estableciendo como su centro de vida el domicilio de la progenitora y, posteriormente, en el mes de noviembre del año 2019, la madre se fue a vivir junto al niño a la provincia de Santiago del Estero, pues allí residían los abuelos maternos.
Tal situación dio lugar a la promoción de una cautelar por parte del padre para evitar modificar el centro de vida del niño en la que además requirió su cuidado personal unilateral provisorio. Ambas peticiones fueron desestimadas (ver resolución del 04/06/2020 en el Expte. SG 885/2020).
De las diversas entrevistas realizadas por las profesionales del Equipo Técnico del Juzgado emerge que la progenitora decidió mudarse junto al niño a la ciudad de Los Juries - Santiago del Estero, por resultar ambos víctimas de violencia en el contexto familiar. Explicaron que surgieron indicadores en el niño de haber sido destinatario de episodios compatibles con maltrato físico y emocional por parte de su progenitor, además de resultar testigo de las situaciones de violencia entre los padres. De ese modo, la experta, Lic. Foti, concluyó en que el niño se encontraba a resguardo estando con su madre (ver informes de fs. 31/32 y 35/36 del Expte. N° SG 6053/2016; informe del 12/03/2020 del Expte. N° SG 1061/2020 e informe del 18/05/2020 del Expte. N° SG 885/2020).
c) En el contexto fáctico y jurídico descripto aprecio que resulta inevitable el traslado de la competencia a la provincia de Santiago del Estero, pues es el órgano jurisdiccional de aquel lugar el que se encuentra en mejores condiciones de abordar integralmente la problemática de esta familia.
No puede pasarse por alto el obstáculo insalvable que conlleva la falta de cercanía e inmediatez del órgano jurisdiccional con los interesados y fundamentalmente con el niño involucrada; máxime cuando se trata de un principio previsto por el legislador en pos de garantizar y optimizar la tutela judicial efectiva de los derechos del menor involucrado (arg. art. 716 del Código Civil y Comercial). De ese modo, si lo que se pretende es la protección integral de los derechos del niño, el principio de inmediatez impone esa función al juez del lugar donde efectivamente vive el menor, esto es, en la localidad de Los Juries - Santiago del Estero.
Insisto por ello y coherente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto Departamental con fecha 05/07/2021, así como por la Sra. Asesora de Incapaces interviniente (dictamen del 02/09/2021), en que será el juez de ese lugar el que se encuentre en mejores condiciones de conocer el contexto familiar, social, afectivo y las circunstancias particulares que posee la conflictiva, con el objetivo primordial de asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos del niño (arg. art. 3 de la C.D.N. ccdte. 706 del Código Civil y Comercial).
Por todo lo expuesto, considero que deberá confirmarse la incompetencia que viene apelada.
Doy así mi voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión propuesta, el señor juez Dr. Lami, por las mismas razones, adhiere.
A la segunda cuestión propuesta, la señora juez Dra. Valdi dijo:
En atención al resultado que arroja la votación a la primera cuestión, corresponde: 1°) confirmar la resolución atacada en lo que ha sido materia de agravio; 2°) no imponer costas de Alzada, atento la naturaleza de la cuestión debatida y la ausencia de contradicción (arg. art. 68 segundo párrafo del CPCC).
Así lo voto.
El señor juez Dr. Lami, por las mismas razones, adhiere.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1°) CONFIRMAR la resolución atacada en lo que ha sido materia de agravio. 2°) NO IMPONER costas de Alzada, atento la naturaleza de la cuestión debatida y la ausencia de contradicción. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia