Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 138025
JS
C. R. L. C/ P. P. A. S/ PLAN DE PARENTALIDAD
Causa: 138025
La Plata, 3 de Octubre de 2024.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 24 de junio de 2024, la Sra. Jueza de la instancia tuvo "presente el nuevo domicilio real denunciado y por cumplida la intimación efectuada", ello en virtud "de lo informado por correo electrónico a ésta Judicatura por el letrado de la demandada", el que se mantuvo en reserva.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó el Sr. C., a través del recurso de reposición con apelación en subsidio que dedujera el día 1 de julio de 2024; donde afirmó verse agraviado en virtud de que dicha providencia tuvo por cumplida, mediante un simple mail del letrado, la intimación dispuesta a la contraria para que manifieste el domicilio al cual trasladó a los hijos en común sin su consentimiento; lo que importó negarle a su parte el derecho a conocer la situación de aquellos.
Luego señaló que la resolución carece de fundamento alguno, ni en derecho ni en los hechos, pues no se encuentra vigente medida cautelar alguna que impida contacto paterno filial, consintiendo la actitud procesal maliciosa de la demandada que permite el ocultamiento de los niños, y precisamente no vela por el interés superior de I. y B..
2.a. El día 10 de junio de 2024, el Sr. C. denunció que la contraria había mudado su domicilio, llevando consigo a los hijos en común, por lo que solicitó que se la intime a denunciar el nuevo paradero y, en caso de silencio, se dispongan las medidas necesarias para ubicarlos; lo que motivó que el día 13 de igual mes y año, la Sra. Jueza ordenara un emplazamiento a la referida para que dentro del "plazo de 48 hs. informe en autos el domicilio actual de los niños, bajo apercibimiento de ley en caso de silencio".
Con fecha 19, el Sr. C. peticionó que, en virtud del silencio guardado, se haga efectiva la referida consecuencia; generando así la resolución impugnada.
2.b. Ahora bien, aun cuando la suerte de los recursos debe analizarse, por regla, a la luz del material que se encontraba disponible para la juzgadora de la instancia de origen al tiempo de dictar la providencia puesta en crisis, no resulta menos cierto que deviene imposible desprenderse de las consecuencias que se derivan de las actuaciones cumplidas tanto antes como con posterioridad a dicho acto, especialmente en cuestiones de familia, dado que la respuesta jurisdiccional debe ajustarse, en la medida de lo posible, a la realidad imperante al tiempo de su dictado (art. 706 del Código Civil y Comercial; arg. art. 163 inc. 6, 270, 272 del CPCC).
En ese sentido y además del contenido del correo electrónico al que se hace referencia, advertimos que el 4 de julio de 2024 -esto es, un día antes de resolver la revocatoria- se incorporó el informe remitido por la Lic. L.I. L., donde la profesional sugirió "que el SAF pueda evaluar al Sr. y por consiguiente ir evaluando contacto parento filial; al momento de la entrevista B. no quería ver al padre, teniendo muy presente el niño la vergüenza que sintió cuando el padre fue a la escuela a los gritos, e I. si bien ha referido querer verlo, se sugiere que sean familiares que colaboren en la circulación"; agregando también que "B. presenta temor a que el padre sepa el domicilio donde están y aparezca intempestivamente, situación que se desaconseja".
Aun cuando tenemos presente que no existiría decisión alguna que hubiese suspendido el derecho de comunicación, no resulta menos cierto que las medidas de protección dispuestas respecto de la Sra. P. en los autos conexos -insinuadas también en los presentes a los fines de reservar el domicilio donde convive con sus hijos-, los términos del mencionado informe -en especial, las expresiones de B.- y lo previsto en los arts. 3 de la Convención de los Derechos del Niño y 706 del Código Civil y Comercial nos permiten adelantar que, en las especiales circunstancias que exhibe la causa, la resolución de marras se ajustó a derecho (arts. cits; 164 del CPCC).
Es que, en aras del interés superior de niños y adolescentes y de la protección y defensa de sus derechos, es posible relegar en una medida razonable aquellos que pudiesen invocar los mayores (art. 12 C.D.N., art. 4 in fine ley 13.298, Observación General 14).
En dicha línea, cuando entran en conflicto los derechos de otras personas con aquella pauta prevalente, la mencionada Observación del Comité de Derechos del Niño señaló que "...Si no es posible armonizarlos, las autoridades y los responsables de la toma de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados; teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño”. (OG 14 punto 39). Y también que "[l]o que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención" (p. 4).
La doctrina y jurisprudencia actual observan, con un criterio unificado, que el régimen de comunicación debe analizarse desde la perspectiva del niño, siguiendo la lógica de la Convención sobre sus Derechos, que en el art. 9 inc. 3 establece que los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior (SCBA, Ac. 63.120 sentencia del 31/03/98, Ac. 79.931 del 22/10/03).
Concluimos pues que el punto de partida debe situarse justamente en el "interés superior” de aquel, que, en su más prístina enunciación, quedó expresado en los siguientes términos: "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, como una condición primordial, atenderán prioritariamente al interés del niño" (artículo. 3 párrafo 1°, Convención sobre los Derechos del Niño); circunstancia que termina por convencernos de la desestimación del recurso.
2.c. Ahora bien, a un lado la conclusión arribada, no podemos dejar de mencionar que el Estado, como regla, debe garantizar al niño tener comunicación y contacto con el padre o madre con quien no convive, en línea con lo previsto en los art. 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño -que ya citara- y 11 de la ley 26061; normas que, como base, tienen en miras la salvaguarda de los sentimientos humanos más elevados, desinteresados y permanentes, cuales son los nacidos de la maternidad, paternidad, consanguinidad y parentesco; y en la medular importancia que el contacto con ambos padres tiene para la estructuración psíquica y moral de aquel (cfr. CNCiv., Sala B, 09/11/2010, en "S., A. V. c. C., A. C. s/Régimen de Visitas").
Desde esta perspectiva, el estrecho vínculo que la ley procura entre el hijo y el progenitor que no tiene su cuidado personal o no comparte con aquel el tiempo principal, se fundamenta en que el contacto de ambos padres con el niño es de medular importancia para la citada estructuración, evitando también la disgregación del núcleo familiar. Por ende, su mejor formación depende en gran medida del mantenimiento de las figuras materna y paterna, pues la falta de una de ellas ha de representar una carencia espiritual de variadas consecuencias (cfr. Mizrahi, Mauricio L., Responsabilidad Parental, Ed. Astrea, pág 531/533; Belluscio, Augusto C. Manual de Derecho de Familia, Ed. Astrea, Tomo III, N° 802).
En virtud de esas premisas, y siempre considerando -como dijéramos- el interés superior de ambos hijos, corresponde instar a las partes y al órgano jurisdiccional para que se arbitren los medidas necesarias con el objeto de resolver, de manera definitiva y a la mayor brevedad posible, la continuación o no de la comunicación entre el Sr. C. y los niños B. e I., solicitada por el referido y sobre la cual aún no existe pronunciamiento alguno (art. 652 y ccs. del Código Civil y Comercial)
2.d. Finalmente y en lo que refiere a las costas, consideramos que las mismas merecen imponerse en el orden causado, habida cuenta que las circunstancias de la causa, el desconocimiento del domicilio de los hijos por parte del Sr. C. y los derechos involucrados ameritan un apartamiento del principio objetivo de la derrota (art. 68, 69 del CPCC).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde: 1) confirmar la apelada resolución del 24 de junio de 2024; 2) hacer saber a las partes y al órgano lo expuesto en el considerando 2.c; y 3) imponer las costas en el orden causado. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia