Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 35.799-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas, con costas; y reducir la multa aplicada a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma, y por su orden, en relación de la misma.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-18433645-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 21 de Febrero de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia GUZMÁN (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro PORPORATTO (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Armando MAGALLÓN ((Vocal Subrogante de la Primera Nominación) a fin de resolver el Expediente N° 35.799-I, caratulado: “PLASTAL S.A .s/ apelación -impuesto al valor agregado" y su acumulado, Nº 37.091-I, caratulado: "PLASTAL S.A. s/recurso de apelación - impuesto a las ganancias y a las salidas no documentadas-".
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 107/156 y 465/512 se interponen sendos recursos de apelaciones contra las resoluciones de la AFIP-DGI, una de fecha 06/12/2011 y la otra fechada el 27/11/2012, mediante las cuales se determinó la obligación tributaria de la recurrente frente a los impuesto al valor agregado, períodos fiscales 10/2005 y 11/2005, por un lado y periodos fiscales 12/2005 a 10/2006, por otro, en el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2006 y en el impuesto a las ganancias – salidas no documentadas – por el periodo fiscal 12/2005 a 10/2006 -. En este último, se aplica una multa con sustento en los artículos 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley 11.683.
Explica que su actividad consiste en la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores, que fábrica en sus plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Destaca que no solo abastece al mercado interno sino también exporta dichas piezas, y que para producir importa tanto mercadería como maquinaria.
Sobre esa base, advierte que para desarrollar su actividad requiere diversos servicios - de los cuales no puede prescindir -, como por ejemplo la utilización de autos elevadores para el traslado de la mercadería en la planta operativa.
Ello así, alega que el motivo de ajuste fiscal se sostiene sobre la impugnación de las operaciones efectuadas con el proveedor Bambikian, Pablo Osvaldo quien proveía de dichos auto elevadores, tanto de su propiedad como de la firma Proyectos Profesional de Recursos Humanos S.A la cual no solo prestaba el servicio de maquinaria sino también de mano de obra.
Frente a ello, asevera que dichas operaciones fueron prestadas tanto por el proveedor impugnado como en la empresa tercerizada o subcontratada.
Agrega que la cancelación de los servicios aquí impugnados, fueron efectuados con cheques propios contra su cuenta corriente, y que algunos de ellos fueron endosados por el proveedor Bambikian y entregados a la firma Proyectos Profesional Recursos Humanos S.A. En ese sentido realiza un detalle de los cheques cuestionados por la administración y advierte que solo cinco de ellos, no fueron entregados por Bambikian a Proyecto Profesional, aunque si fueron emitidos por el, siendo descontados en la Mutual COINAG, la que informó, a su vez, que conocía a Bambikian y que las transacciones de cheques por efectivo se debía a meros préstamos, circunstancia que no se le puede achacar.
Por el resto de los cheques que le entregó a dicho proveedor, explica que fueron descontados por éste a través de su apoderado Nelson Bertero, en aquella Mutual a cambio de efectivo. Tal circuito de pago y demás circunstancias propias de la operatoria comercial, probarían – según sus dichos –la real existencia de las mismas.
Sobre esa misma línea, describe y detalla cada una de las facturas cuestionadas, las que coteja con diferentes remitos, órdenes de compra, presupuestos entre otros, a fin de acreditar la veracidad de sus dichos.
Por otra parte, solicita se aplique la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecida en el fallo Bildown por ser de aplicación análoga a los hechos discutidos en autos, en cuento – según su criterio – el organismo puso en su cabeza la potestad-deber de fiscalización y poder de policía que le es propia a la administración.
Entiende que el ente fiscal realiza un análisis erróneo de la normativa aplicable, pues invoca una parte del artículo 12 que no resulta aplicable a la situación bajo examen.
Edemas de ello explica el marco normativo establecido por el art. 12 de la ley de IVA, y asevera que fue correctamente computado el crédito fiscal, que el Fisco ahora impugna.
Argumenta que el Juez administrativo incumplió con el art. 377 del CPCCN en cuento no valoro la prueba ofrecida en sede administrativa y en consecuencia las resoluciones recurridas se encuentran – según entiende – infundadas.
En ese sentido, realiza una descripción de lo actuado por el Organismo Fiscal respecto del proveedor Bambikian, y dice que las observaciones detectadas y tenidas en cuenta al momento de dictar las resoluciones atacadas tuvieron basamento en situaciones que le son totalmente ajenas, o que las mismas de sustentaron en meras presunciones, por lo que solicita se revoquen las mismas. Finalmente solicita se aplique el principio de realidad económica previsto en el art. 1 y 2 de la ley 11.683 en cuento asegura que los servicios fueron prestado por ya sea por el mentado proveedor o por el subcontratista.
Asimismo, plantea la nulidad de las resoluciones por carecer de los elementos esenciales, causa, finalidad y motivo, como así también por el rechazo injustificado de la prueba ofrecida en sede administrativa. En ese sentido cita doctrina.
Alega la inaplicabilidad del instituto de salidas no documentadas y en subsidio solicita se decrete la prescripción de la misma.
Se agravia de la sanción aplicada por el organismo fiscal y que sustentó en el art. 46 de la ley 11.683.
Por último, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 178/201 y 526/559 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos que le fueran conferidos, y solicita por las razones de hecho y derecho que expone, que se confirmen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 573 se resuelve acumular el expediente N° 37.091-I al presente. A fs. 630 se clausura el periodo probatorio, se eleva a la Sala “A”. A fs. 631 se ponen para alegar, obrando a fs. 637/642vta el alegato de la representación fiscal no habiendo hecho uso de ese derecho la recurrente. Finalmente, a fs. 644 pasan a sentencia.
IV. Que por una razón de lógica precedencia debo expedirme sobre los planteos dirigidos a obtener una declaración de nulidad de las resoluciones apeladas con sustento en haber incurrido en error esencial.
Preciso es recordar que la ley establece que el procedimiento de determinación de oficio se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, acto destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y también solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso.
Así definido, el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece.
En ese contexto, los agravios dirigidos a obtener la declaración de nulidad de los actos venidos en recurso no pueden prosperar, pues se advierte claramente que el ente fiscal cumplió con los requisitos exigidos por la ley. Y, en punto al error esencial supuestamente incurrido en el dictado de las resoluciones apeladas, cabe señalar que allí se han explicitado con claridad los hechos y antecedentes del caso que le sirven de causa, así como el derecho que se considera aplicable al mismo. Se advierte de tal modo que no ha incurrido el Fisco Nacional en error alguno al efectuar los procesos determinativos que llevaron al dictado de las resoluciones apeladas. En definitiva, la contribuyente discute las conclusiones del Ente Fiscal, lo que será materia de análisis en la etapa procesal pertinente, pero que no pueden llevar a la nulidad de los actos venidos en recurso. Por último y con respecto a los agravios vinculados con la falta de producción de prueba, cabe destacar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros). Ello así, en autos el recurrente ha podido ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente.
Finalmente, cabe hacer notar también que la propia recurrente -quien pese a agraviarse respecto al rechazo de la prueba ofrecida al presentar su descargo- utiliza y ofreced prueba documental producida en aquella instancia para fundamentar sus agravios respecto a los ajustes efectuados.
V. Que sentado ello, corresponde ahora expedirse sobre el fondo de la cuestión .Conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa, de las tareas de fiscalización desarrolladas por la A.F.I.P. y del procedimiento determinativo que culminó en el dictado de las resoluciones que aquí se impugnan, el órgano recaudador detectó inconsistencias respecto a las operaciones realizadas con el proveedor Bambikian, Pablo Osvaldo.
A los fines de un mejor entendimiento, resulta oportuno efectuar una descripción de la actividad fiscalizadora:
Durante el periodo fiscal 10/2005 y 10/2006 - donde la acora se encontraba bajo la denominación de DYNAMIT NOBEL ARGENTINA SA -, facturo mano de obra, alquiler de autoelevadores, autoapiladores y tareas varias de mantenimiento, los cuales fueron abonados mediante cheques propios. De la circularización al BANCO HSBC BANK ARGENTINA SA, el cual remitió copia del frente y dorso de los setenta cheques emitidos por la actora al Sr. Bambikian, surge que gran parte de estos fueron endosados al Sr. Bertero quien a su vez los endosó a la MUTUAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA COINAG, entidad que los cobró.
De la circularización a la mencionada mutual, verificó que las personas que presentaron los cheques son: Bambikian Pablo Osvaldo, Herrera, Roxana Beatriz y Bertero Nelson Javier, por lo que concluyó que el proveedor no habría sido el verdadero beneficiario.
Del análisis del detalle de la cobranza de las facturas emitidas al Sr. Bambikian por el servicio de mano de obra, acreditó que los cheques habían sido librados por la actora, entregados al proveedor y que este los transfirió a PROYECTOS PROFESIONALES RECURSOS HUMANOS S.A beneficiario de tales pagos.
Constato que los servicios de mano de obra facturados por el proveedor, fueron realizados en forma tercerizada ya que la empresa de “SERVICIOS EVENTUALES” denominada PROYECTOS PROFESIONALES RECURSOS HUMANOS S.A., facturó a Bambikian la mano de obra que éste le prestaba a la actora.
Respecto a los cheques que habrían sido emitidos para el pago de la mano de obra, constató que se endosaban a la empresa de Servicio Eventual, siendo ésta quien le facturaba a Bambikian, por el personal eventual, quien éste a su vez le facturaba a PLASTAL S.A.
No surge que haya celebrado contratos con el proveedor, sino que la contratación de los servicios se habría acordado sobre la base de órdenes de compras abiertas y valorizadas conforme al servicio prestado (turnos por montacargas, alquiler de bienes, etc.).
Puntualmente en cuanto al proveedor, la División de Investigación de la Dir. Reg. Rosario N° 1, lo incluyó con "CONDICION: SIN CAPACIDAD ECONOMICA", en la base E-APOC de la Dirección de Informática de Fiscalización de AFIP y constató que trabajó en relación de dependencia para el Señor Nelson J. Bertero entre los períodos 05/1999 a 11/2004 y para Evangelina Bertero, hermana de éste último, entre los meses de 10/2001 a 12/2001.
Se inscribió en IVA, Ganancias en NCP - Registra una inscripción en el régimen de Monotributo en 10/2002, la cual fue dada de baja en 06/2004. Sus presentaciones de declaraciones juradas de IVA comenzó a realizarse a partir del período 09/2005. Y partir de 10/2005 comenzó a exteriorizar un importante volumen de actividad con una escasa relación DF/CF (apenas superior a 1).
Su único informante en el régimen CITI-Compras es la firma PLASTAL SA constituyéndose también en su único agente de retención.
Entre los meses de abril a junio de 2006 registró su único empleado en relación de dependencia, el Sr. Nassi Vera Alejandro Daniel.
Registró una gran cantidad de operaciones de compraventa de vehículos de importante valor económico, entre los años 2005 y 2006, y que a su vez constituyen los únicos bienes registrables a su nombre.
En la DDJJ de Bienes personales del ejercicio 2005 declaró únicamente rodados. En tanto en los años 2005 y 2006 registró escasos pagos tributarios (IVA, Bs. Personales y ART) y poseía dos cuentas bancarias sin movimientos de fondos.
De la documentación aportada por el Sr. Bambikian a la División mencionada surge que: seis autoelevadores de los cuales tres serian propios, adquiridos con financiación de terceros y los otros tres serian de propiedad de terceros.
Relata que habría extraviado los libros comerciales y la totalidad de comprobantes de sus operaciones, sin aportar la denuncia respectiva de los hechos. Declaró la actividad de prestación de servicios de autoelevadores y movimientos de carga.
De las operaciones celebradas con la firma FERRAMIC INS. INDUSTRIALES, la Sra. Herrera Roxana, Bertero Nelson Javier, entre otros, constató que la recurrente no podía desconocer, por un lado, que su proveedor fue continuador de la actividad que realizaba Roxana Beatriz Herrera – la cual también fue incluida en la base e-APOC por falta de capacidad económica- y por otro, la condición de apócrifo del Sr. Bambikian frente al organismo.
Con todos los datos colectados concluye el actuante que “…el proveedor es apócrifo por carecer de capacidad económica para la prestación del servicio, tildándolo de “PRESTANOMBRE". Los antecesores eran apócrifos y esto era conocido por PLASTAL S.A.
La actora es una empresa de gran envergadura en lo comercial y en lo administrativo, no celebró contratos escritos con su proveedor BAMBIKIAN Pablo Osvaldo. La falta de contrataciones no es habitual en ese mercado.
Existe una contradicción en lo que se refiere a autoelevadores utilizados en la planta: Por un lado PLASTAL SA manifiesta que la cantidad de montacargas que funcionaban en la planta era aproximadamente de 14. Por otro lado Bambikian Pablo Osvaldo, sólo utilizaba seis de los cuales tres eran propios y tres de terceros. (titularidad que no pudo ser corroborada)
De lo expuesto por PLASTAL SA el personal contratado por el Sr. Bambikiam en su mayoría, básicamente debería ser clarkista, sin embargo de la documental aportada sólo se registran 3, el resto es en su mayoría, operador calificado quienes profesionalmente no revisten para operar los montacargas y sí para ejercer otras tareas en la planta (lo que no es el objeto sustancial de la relación con BAMBIKIAN)…”
Con base en los elementos recabados, se incluyó a los proveedores en la base E.APOC y se llevó adelante el procedimiento determinativo, frente a los impuestos al valor agregado, a las ganancias y a las salidas no documentadas, que concluyó en los actos ahora impugnados VI.- Que con relación a las operaciones cuestionadas respecto al proveedor observado, cabe señalar que su impugnación resulta razonablemente efectuada. En efecto, tal como se desprende de del relato efectuado, el fisco nacional sustentó su pretensión a través de hechos tales como, la falta de capacidad económica para celebrar las operaciones, falta de contratos que acrediten los acuerdos para realizar las prestaciones de servicios, contradicciones en la cantidad de auto elevadores, o bien, que no se llevaron a cabo operaciones comerciales o actividades de ninguna índole con ellas. De tal forma, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas irregularidades con el proveedor cuestionado que lo llevaron a la fundada conclusión de que se estaba frente a operaciones inexistentes e impugnables.
En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
VII. Que sentado lo que antecede, cabe recordar que la actora esgrime diversos argumentos en su defensa, fundamentalmente, sostiene que las operaciones se realizaron, que la circunstancia de no ser localizado en su domicilio fiscal, no contestar los requerimientos efectuados, no presentar las DDJJ y el resultado del entrecruzamiento de información en la base de datos de la administración, son hechos que no pueden serle imputables. Asimismo, cuestiona la ponderación de las medidas probatorias ofrecidas.
En puntual contestación, cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 11/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés". Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
VIII. Que sentado ello, resulta pertinente destacar que tampoco debe acogerse la defensa de la actora que sostiene que las facturas impugnadas cumplen con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente y que el proveedor se encontraba inscripto y autorizado par la emisión de comprobantes, desconociendo si el mismo se encontraba incluido en la Base Apoc al tiempo de los períodos fiscales bajo examen, así como que no es su obligación controlar la veracidad de lo declarado por dicho proveedor.
En efecto, la impugnación - como quedo dicho - se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la no localización, la negación de las operaciones, falta de capacidad operativa del mismo, operaciones que son canceladas con cheques que resulta ser cobrados por una tercero o cuyos beneficiarios son financieras (en el caso de autos una mutual), entre otros, elementos que en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre su inexistencia En ese contexto, el accionar fiscal que impugnó el computo del crédito fiscal se ajusta a derecho. Resulta oportuno traer a colación la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98), en la que se sostuvo que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Criterio que fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en la causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
IX. Que ello así, corresponde entonces que este Tribunal analice el elenco probatorio de autos. Sobre la prueba pericial contable (vid. fs. 247/257vta. y 599/604) debo señalar que tal como informara el experto propuesto por el Fisco Nacional, no se logro dar respuesta a los puntos solicitados por no contar con la documentación original pertinente para llevar adelante la pericia – libros de sueldos y jornadas - . Asimismo, cabe destacar que tal como observaran ambos profesionales, en sendos informes, la información obtenida es producto de la compulsa de fotocopias de los libros o en su caso de CDs que no se encuentran transcriptos en los libros obligatorios, documentación que no permite confirmar las fechas requeridas.
De tal forma, la prueba no logró acreditar si el proveedor Bambikian fue el beneficiario de los cheques emitidos por la recurrente o en su caso si este endosó a los mismos a favor de la firma Prefectos Profesional en Recurso Humanos S.A Por otra parte, la información acompañada por las firmas Day Lunch SRL (v. fs. 219) y Proyectos Profesional en Recursos Humanos. S.A (v. fs. 22/223), no aportan ningún elemento que logre desvirtuar el ajuste fiscal. Lo propio ocurre con el informe acompañados por la AFIP, en el cual sólo surge el domicilio fiscal denunciado por el proveedor (v. fs. 224/226, 264/269 y 280/282), hecho que por si no aporta ningún elemento que destruya el criterio fiscal.
En resumidas cuentas el elenco probatorio no logró acreditar la realidad de las operaciones cuestionadas.
Ello así y en atención a que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012).
Y, agregó “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
De tal forma, corresponde concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones, al no ser sustentados por prueba fehaciente, resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran destruir las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos.
Aun cuando lo expuesto es suficiente para rechazar la tesis de la recurrente, también debe hacerse notar que si bien - reitero - toda la defensa de la recurrente se encuentra dirigida a probar las existencia de las operaciones con el Sr. Bambikian, no puede dejarse de lado que las mismas fueron canceladas mediante la utilización de cheques – propios -. En efecto, del análisis de la actuación y más precisamente de la información recolectada en la circularización al banco titular de la cuenta como a las firmas a las cuales les fueron entregados los mencionados cheques, lleva a la conclusión que no se ha probado ni acreditado el circuito financiero.
Por lo expuesto corresponde confirmar la postura fiscal en la resolución determinativa del impuesto al valor agregado, periodos fiscales 10/2005 a 10/2006. Con costas.
X. Que toda vez que idénticos fundamentos y defensas fueron expuestos por las partes en la determinación de oficio efectuada en el impuesto a las ganancias – periodo fiscal 2006 -, corresponde su confirmación. Con costas.
XI. Que corresponde entonces analizar, y pese a que ha sido introducido por la recurrente como un agravio subsidiario, el planteo de prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar de oficio el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas- respecto al período fiscal 12/2005 a 10/2006.
Como cuestión preliminar, cabe señalar que el planteo de la recurrente sobre que debe aplicarse el régimen prescriptivo del Código Civil, no puede tener acogida favorable. En efecto, frente al aparente conflicto normativo que presenta la recurrente en sus argumentos, considero que el instituto de la prescripción en materia tributaria se halla regulado, en el ámbito nacional, en la ley 11.683 y en el Código Aduanero con exclusión de las normas de fondo.-
Ello así, las obligaciones tributarias como las de autos poseen su propio régimen de prescripción, contenido en la ley 11.683, que tiene prevalencia sobre las disposiciones tendientes a regular relaciones de derecho privado. Caso contrario se avasallaría el régimen dispuesto para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas. Y ello encuentra particular reglamentación en el artículo 116 de la ley procesal tributaria, en cuanto dispone que “En todo lo no previsto en este Título serán de aplicación supletoria la legislación que regula los procedimientos administrativos y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en su caso, el Código Procesal Penal de la Nación”.-
En esa dirección, resulta necesario recordar que el artículo 56 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) dispone –en lo que aquí interesa- que “las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en el previstas, prescriben: a) por el transcurso de 5 (cinco) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que tengan obligación legal de inscribirse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación…”.
A su turno, el artículo 57 establece que dicho plazo, comenzará a correr el primero de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
En ese contexto, y teniendo en consideración que el artículo 2° de la Resolución General N° 893/00 establece que “el ingreso del impuesto indicado en el artículo anterior deberá efectuarse dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos de producida la erogación o salida no documentada” el término de cinco años para determinar y exigir el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas- , correspondiente al período fiscal 12/2005 a 10/2006, comenzó a correr el 1 de enero de 2007.
Sentado lo que antecede, resulta de aplicación el artículo 44 de la ley 26.476, de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado y exteriorización y repatriación de capitales (B.O. 22/12/2008), relativa a la suspensión del curso de la prescripción. Dicho precepto suspende “…con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.” De tal forma, siendo que el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas, correspondiente a los períodos fiscales 12/2005 a 10/2006, estuvo suspendido por el término de un año, la prescripción hubiera operado 31/12/2012, por lo que el acto impugnado fue dictado tempestivamente (27/11/12), lo que implica que el ente fiscal actuó dentro del plazo legal para determinar y exigir los tributos en cuestión.
XII. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar finalmente la procedencia de la determinación del impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, instituto que entiende no puede serle aplicable porque se lo estaría responsabilizando del incumplimiento de obligaciones de terceros, que no han podido ser localizados.
En principio, cabe tener presente que no sólo es requisito para la deducibilidad del gasto, que sea necesario para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. Las disposiciones legales y reglamentarias exigen, además, que la erogación considerada como gasto este respaldada por documentación, para que la partida sea contemplada en el aspecto negativo de la formación del resultado imponible.
En ese sentido, el artículo 37 de la ley del gravamen establece que: “Cuando una erogación carezca de documentación y no se prueba por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35 %) que se considerará definitivo”.
A su turno, el artículo 38 del mismo texto legal dispone que “No se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) cuando la Dirección General Impositiva presume que los pagos han sido efectuados b) cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos –por su monto, etc.- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Es menester destacar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han delineado el instituto de las salidas no documentadas.
Así, nos enseña el Profesor Reig, “Esta es una de las excepciones que hace nuestra legislación al carácter subjetivo del tributo, sobre el importe de las salidas no documentadas. De modo que allí no interesa la calidad de sujeto: si se trata de persona física, cuáles son sus cargas de familia; si se trata de persona jurídica, si es una empresa nacional o extranjera, etc; simplemente el hecho de ser una salida no documentada y no justificable, está dispuesto que se deba tributar el impuesto como si el desconocido beneficiario se hallare en la escala máxima del tributo” (Reig, Enrique J y otros, “Impuesto a las Ganancias”, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2006, pág. 408).
Por su parte, el Dr. Torres explica que la disposición en estudio, consiste en una presunción “iuris tantum” que la erogación es íntegramente ganancia neta gravada para el beneficiario oculto, con la particularidad de que por tal circunstancia (su ocultación) se presume, además, que se encuentra en el punto máximo de la escala de rentas, configurándose un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota máxima en todos los casos. “Consecuencia de ello es, también, que el impuesto a ingresar por éste concepto lo sea en forma de pago definitivo, que lo configura así como un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota marginal máxima para todos los casos” (cfr. Torres, Agustín, “Salidas no documentadas”, DTE, X, pág. 5 y 6).
Asimismo, cabe entender que ante una salida indocumentada, se presume “iuris tantum” que el gasto no es necesario, quedando en cabeza del sujeto que efectuó la erogación la carga de la prueba. Conforme lo ha señalado la doctrina y receptado la jurisprudencia, la finalidad de la norma no es otra que poder gravar en cabeza del erogante, lo que presumiblemente es renta en cabeza del perceptor de la renta o beneficiario del gasto y a quien, por la carencia de la documentación, no puede localizarse, para efectivizar su responsabilidad fiscal. En esa dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “…lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio” (C.S.J.N., Radio Emisora Cultural S.A., 9/11/2000).
En el mismo sentido, el Más Alto Tribunal ha dicho que “…para que el contribuyente pueda deducir un gasto no documentado y eximirse del pago del impuesto a los réditos sobre el monto correspondiente a este gasto, debe probar no sólo que la erogación tuvo que ser efectuada para obtener, mantener y conservar réditos, sino quien recibió realmente el pago, de donde la posibilidad de que probado lo primero sin llegar a demostrarse lo segundo, la exención del pago del impuesto no sea admitida a pesar de reconocerse la deducibilidad…”.
Y, agrega, “…de las verificaciones pertinentes y posibles impugnaciones con los consecuentes efectos en su caso, la documentación de un gasto permite comprobar, por de pronto, la realidad de la erogación y apreciar si por su naturaleza corresponde al concepto del artículo 5º de la ley de réditos, como asimismo individualizar al beneficiario para controlar si éste cumplió con las obligaciones impositivas que le incumben a raíz del pago recibido” (cfr. Fallos T 262:518, Cons. 4º y 5º). Ahora bien, cabe aclarar que cuanto la norma se refiere a la carencia de documentación, ello debe interpretarse como comprensivo de aquellos casos en que se carece de los respectivos comprobantes o cuando éstos son inoperantes o manifiestamente insuficientes a los fines que le son propios. En efecto, como lo aclaró la C.S.J.N. in re “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, de fecha 26/8/2003, “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario” y “21) Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las "salidas no documentadas" ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente). Criterio éste que fuera ratificado más recientemente por el Alto Tribunal in re “Interbaires S.A.”, de fecha 27/9/2011.
XIII. Que bajo tales pautas hermenéuticas y en el caso concreto de autos, conforme lo resuelto supra, y habida cuenta que las operaciones realizadas con el proveedor Bambikian Pablo Osvaldo, carecen de documentación respaldatoria válida, y no habiéndose individualizado al verdadero beneficiario de las erogaciones, corresponde, confirmar las resoluciones venidas en recurso en cuanto determino de oficio frente al Impuesto a las Ganancias a las salidas no documentadas. Con costas.
XIV. Que resta entonces tratar la multa aplicada en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, que se sustenta en el art. 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley 11.683 (t.o. en 1998), la –que se adelanta- debe ser revocada.
En efecto, no se encuentra configurado uno de los elementos del tipo descriptos en la norma en que se encuadra la conducta, toda vez que las boletas de depósito contempladas para el ingreso del gravamen no pueden ser consideradas declaraciones juradas en el sentido que el artículo 46 requiere. Ello así por cuanto para nuestro sistema tributario, la declaración jurada es aquélla que efectúa el contribuyente o el sujeto obligado a declarar, mediante la cual realiza una operación de interpretación de las normas tributarias sustantivas aplicándolas a la situación o los hechos cuya verificación reconoce e identifica el hecho imponible definido por la ley; valora también el contenido de estos hechos económicos según las pautas legales y finalmente, aplica la alícuota del impuesto sobre los valores determinados (conf. Jarach, Dino; “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Abeledo-Perrot, pág. 432 y sgtes). Es así, que como con justeza lo dice el Profesor Giuliani Fonrouge, la declaración tributaria es una determinación del impuesto efectuada por el sujeto obligado. Es el medio por el cual el contribuyente fija el monto del impuesto, mientras no sea impugnada, regula la existencia y medida de la obligación tributaria. (conf. CNACAF, Sala I, “MOUKAREL S.A.C.I. y F”, 20/5/94) En definitiva, es el acto que permite pasar de la base imponible abstracta definida y regulada por el legislador a la base concreta e individualizada que hace desaparecer la situación de incertidumbre inicial que el acreedor posee sobre la existencia y dimensión de la obligación impositiva. En ese contexto, y más allá de las regulaciones establecidas en la RG 893 del 11/9/2000, que contempla la forma de determinación e ingreso del gravamen en cuestión, establece plazos y formas de ingreso, no instrumenta –a mi criterio- una declaración jurada a presentar por los contribuyentes y responsables, toda vez que tanto aquellas como las boletas de depósito, si bien cumplen la función de exteriorizar al fisco el cumplimiento de una obligación tributaria, lo cierto es que la naturaleza de unos y otros instrumentos –según se vio- es distinta. (vid. doctrina legal del Acuerdo Plenario de este Tribunal, de fecha 3/12/75, “Gaseosas La Tablada S.A.”).
No obsta a tal conclusión lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 11683. En efecto, de consuno con dicho precepto, a fin de aplicar las sanciones previstas en los artículos 39. 45 y 46 de la LPT, las boletas de depósito, deben cumplir con los siguientes elementos sustanciales: 1) ser confeccionada por el responsable, y 2) con datos que él mismo aporte (conf. CNFED. CONT. ADM, Sala I; “Smurfit Kappa de Argentina S.A.”, 17/5/2016). Claramente, dichas circunstancias no se dan en los supuestos en los que la boleta no es confeccionada por el contribuyente ni los datos son aportados por él mismo, como en la especie, en el que aquellos fueron extraídos por los funcionarios fiscales al considerar que los gastos o compras efectuados tipificaban, según su criterio, una salida no documentada, y el juez administrativo los incorpora en la determinación de oficio.-
Asimismo, cabe traer a colación, un reciente decisorio, de la Sala I de la Excma. Cámara en el que definió cuales son los elementos que, de consuno con el artículo 15, deben tener las boletas de depósito para tener carácter de declaración jurada. Es indudable, dice la Cámara, que “para que la boleta de depósito fuera asimilada o tuviera el carácter de declaración jurada, debe cumplir estos elementos sustanciales: 1) ser confeccionada por el responsable, y 2) con datos que él mismo aporte” (CNFED. CONT. ADM., Sala I; “Smurfit Kappa de Argentina S.A.”, 17/5/2016. Claramente, dichas circunstancias no se dan en los supuestos en los que la boleta no es confeccionada por el contribuyente ni los datos son aportados por él mismo, como en la especie, en el que los que fueron extraídos por los funcionarios fiscales al considerar que los gastos o compras efectuados tipificaban, según su criterio, una salida no documentada, y el juez administrativo los incorpora en la determinación de oficio.
A mayor abundamiento, tal como lo he expuesto en otros precedentes, la “salida no documentada” no constituye un ilícito tributario tipificado en la figura de la defraudación prevista en la norma represiva que se aplica. En todo caso, aquélla podrá configurarse en la deducción indebida del gasto en el impuesto a las ganancias o, eventualmente, en el cómputo improcedente de un crédito fiscal frente al impuesto al valor agregado, al no contar el contribuyente o responsable con los correspondientes comprobantes respaldatorios, pero no por el solo hecho de la existencia de una erogación sin aportar la documentación respectiva (conf. Entre otros, T.F.N., Sala A, Interbaires S.A., 28/8/2003). Sentado lo expuesto, voto por revocar la multa aplicada en el impuesto a las ganancias – salidas no documentadas - (periodo fiscal 12/2005 a 10/2006). Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere a los relatos y a los Considerandos IV a XIII del voto de la Dra. Guzmán.
II. Que, en cambio a distinta solución arriba respecto de la procedencia de la sanción en materia de salidas no documentadas.
III. Que, en materia de sanciones derivadas el impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala "B" de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A." sentencia del 25/10/04 y "Tanslavial S.A." del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Radio Emisora Cultural S.A.", del 9/11/00, y "Red Hotelera Iberoamericana S.A.", del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI", compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el periodo 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
Que, en cambio, para los periodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) N° 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley N° 11.683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben seria pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
IV. Que en el caso, no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución y que particulariza en el acto apelado, a la luz de los elementos que surgieron de la fiscalización de la que se da cuenta en el Considerando V del Vocal preopinante, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una defraudacion por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46, correspondiendo su confirmación, con reducción de la misma a su mínimo legal, en razón de que no surge del Informe Final de Inspección ya mencionado en este decisorio que la recurrente registrara antecedentes infraccionales. Con costas en la parte que se confirma y por su orden en relación a la reducción de la misma.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere a los considerandos I y IV del voto del Dr. Porporatto, votando en su mismo sentido.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas; y reducir la multa aplicada a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma, y por su orden, en relación de la misma.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y archívese.
Date: 2024.02.21 15:08:11 -03:00 Digitally signed by Armando Magallon Date: 2024.02.21 15:36:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.21 15:44:46 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.21 15:44:47 -03:00
Fin de la sentencia