Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 10.603
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve (Por mayoria Dres. Volta- Castro Durán; Disid. Dr. Guardiola):
I. Receptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la accionante, y consecuentemente receptar la reparación del lucro cesante en la suma de $74.254,5; y elevar la indemnización otorgada en concepto de daño moral a la suma de $ 510.000, con costas de Alzada a cargo de los condenados quienes en lo sustancial resultaran vencidos.-
II. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (conf. art. 31 de la L.H.)
Expte. n°: JU-10603-2016 PLEININGER MARIANA EVANGELINA C/ LEMAGGIO GUILLERMO SERGIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM.
C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
--------------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-10603-2016 caratulada:
"PLEININGER MARIANA EVANGELINA C/ LEMAGGIO GUILLERMO SERGIO
Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Volta y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. Mediante la sentencia dictada en fecha 13-07-2022, el Dr. Juan Atilio Bazzani, Juez subrogante del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 departamental, hizo lugar a la demanda instaurada por Mariana Evangelina Pleininger contra Guillermo Sergio Lemaggio (en calidad de conductor), Silvana Andrea Civitillo (en calidad de titular registral del vehículo), con las limitaciones referidas en orden a la incidencia causal (75% que atribuye al demandado), haciéndose extensiva a la citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia”; y en consecuencia, condenó a estos últimos a abonar a la parte actora en el término de diez días, en concepto de daños y perjuicios las siguientes sumas por los rubros a saber: a) Daño emergente: Reparación de la motocicleta: $5.779; gastos médicos y de traslado: por la suma de $960; b) Incapacidad sobreviniente: por un importe de $1.053.187,00; y c) Daño moral: en la suma de $150.000; adicionándosele a todos estos montos los intereses a la alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta a los rubros: incapacidad sobreviniente y daño moral desde el momento del hecho -9/2/2015 - hasta la fecha de sentencia y de aquí en más, resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, hasta el día de su efectivo pago, y respecto del rubro daño emergente se le adicionará intereses la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde el hecho - 9/2/2015- y hasta el día de su efectivo pago, que no resulta inconstitucional respecto de las deudas de valor. Con costas a cargo de los demandados y citada en garantía.
Seguidamente, desestimó el rubro de lucro cesante, con costas a la actora; y difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes. Para así resolver, tuvo por acreditada la existencia del hecho en las circunstancias de tiempo y espacio indicadas, con las participaciones vehiculares y personales referidas por la actora en la demanda (fs. 68/9), por la citada en garantía en su conteste (fs.130/1) y por el demandado en su presentación de fs. 212vta.; quedando controvertida la mecánica del accidente, responsabilidad atribuible a las partes y rubros en reclamo.
Consideró que, si bien, la localización de los daños en el vehículo Volkwagen Polo y la motocicleta, no permite esclarecer la mecánica física o material de embestimiento; en base a la pericia mecánica (croquis y pericia de fecha 29-10-2020) y los informes de los daños de ambos vehículos obrantes en la IPP, tuvo por probado el contacto entre los mismos.
Entendió que, el accidente se produjo mientras la motocicleta, que venía circulando por calle Uruguay, sentido al Sudoeste; en la curva del distribuidor ingresando a la calle Belgrano, realiza una maniobra hacia su derecha en momentos en que el automóvil venía detrás; produciéndose la colisión cuando la parte izquierda del automóvil hace contacto con la parte derecha de la motocicleta.
Ponderó, en su análisis del caso, el acta de procedimiento obrante en la IPP Nº 1075-15-00 caratulada “Lemaggio Guillermo Sergio s/ Lesiones culposas”, como asimismo, la ausencia de registro habilitante para conducir de la Sra. Mariana Pleininger; por lo que, determinó una incidencia causal del 25% de la misma en el accidente.
II. Dicha resolución motivó los recursos de apelación interpuestos por la citada en garantía en fecha 3-08-2022 y por la actora en fecha 08-8-2022.- En fecha 15-09-2022 expresó agravios la accionante Mariana Evangelina Pleininger con el patrocinio letrado del Dr. Nicolás Cornaglia.
Allí, se agravió del porcentaje de responsabilidad atribuido a su persona. En esta dirección, manifestó que, el sentenciante de grado le adjudicó una responsabilidad por carecer de la licencia de conducir, siendo que se trata de una falta administrativa, y que, el hecho de no poseer esa habilitación, no es suficiente para traer aparejada una responsabilidad civil cuando no hay relación causal determinante del hecho dañoso.
Asimismo, consideró que, arbitrariamente, se dio por acreditado que evitó un Operativo de Tránsito, cuando no obra en autos elemento alguno que permita lograr convicción en el juzgador para llegar a esa conclusión. Aclaró que ha frenado al ver el control policial, obedeciendo al obrar de un conductor prudente y diligente, por advertir un control vehicular ante el cual se tiene que transitar a mínima velocidad, y ha sido embestida en su parte trasera.
Agregó que, del Acta de Procedimiento surge que, quien fue testigo ocular es el Sr. Claudio Galván, empleado de la Agencia de Seguridad Vial Municipal, en virtud de que se hallaba realizando un Operativo de Tránsito en otra intersección (Belgrano y Muñiz), y no, como se consignó en la sentencia, el Oficial Martín Auza, solicitando, por ello, se tenga por no acreditada su culpa en base al error de la valoración de la prueba documental.
Finalmente, se agravió del monto otorgado en concepto de daño moral por considerarlo exiguo y de la desestimación del lucro cesante.
Por su parte, mediante presentación de fecha 20-09-2022, la Dra. Antonela Gerardi, en su condición de apoderada de la citada en garantía, fundó su recurso, señalando que, contrariamente a lo resuelto por el a quo, en el caso de autos, se encuentra debidamente acreditado que la colisión se produjo por el obrar desaprensivo de la actora quien, para evadir el control de tránsito, efectuó una maniobra brusca.
Agregó que, el Sr. Lemaggio no infringió la ley de tránsito, puesto que tenía dominio del rodado, circulaba a baja velocidad y frenó -según surge de la pericia mecánica- en la misma curva.-
Puso de resalto que, el no tener la actora registro de conducir, es grave, no sólo desde el punto de vista administrativo, sino fundamentalmente, porque de ello se deriva que no estaba capacitada para manejar al momento del hecho.-
Consideró arbitrario haber atribuido responsabilidad al demandado, y más aún, haber otorgado mayor entidad a la misma que a la participación de la Sra. Pleininger; cuando no quedó acreditado el rol de embistente, ni la supuesta desatención del conductor del automóvil, ni la velocidad.
Finalmente, se agravió de la utilización de la fórmula matemática para la estimación de la incapacidad sobreviniente por arrojar un resultado desproporcionado, y desajustado con la realidad y de la cuantificación del daño moral.-
III. Habiéndose corrido los traslados de ley, sendos recursos son recíprocamente resistidos mediante las réplicas efectuadas en fecha 28-09- 2022 y 29-09-2022, por lo que, una vez firme el llamado de autos y sorteado el orden de votación, la cuestión ha quedado en estado de ser resuelta (conf. art. 263 del C.P.C.C.).-
IV. En tal labor, habré de coincidir con el sentenciante de grado en cuanto consideró aplicable al caso de autos el régimen de responsabilidad regulado por el Código Civil, al resultar la norma vigente al momento en que acaecieran los acontecimientos en que la accionante sustenta su pretensión (conf. art. 7 del C.C.C.).-
Sentado ello, resulta preciso adelantar que ha sido correctamente encuadrado por el Sr. Juez de grado dentro de la segunda parte del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, que establece un factor de atribución de responsabilidad objetivo, en base al riesgo creado por la intervención activa de una cosa.-
Sabido es que, el ligamen causal que vincula el daño directamente con el hecho e indirectamente con el factor de imputabilidad subjetiva o de atribución objetiva, es un elemento necesario, imprescindible en todos los casos de responsabilidad civil, de tal suerte que ésta se desvanece si el expresado nexo no ha podido concretarse. En aquellos supuestos que se fundamentan en la responsabilidad objetiva, no sólo no se prescinde de tal vínculo, sino que el juicio al quedar excluida la culpa, queda prácticamente circunscripto al mismo (Alberto Tamayo Lombana "La responsabilidad civil extracontractual y la contractual" Bogotá, 2005 p. 92 y ss). Incluso cuando en estos supuestos se predica que lo subjetivo (culpa de la víctima o del tercero) sólo debe interesar como eximente de responsabilidad y no como factor de atribución, en verdad se está haciendo alusión a la incidencia que el mero hecho de la víctima o del tercero tiene causalmente en la producción del resultado, es decir con un uso impropio del vocablo culpa (Ramón Daniel Pizarro " Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa" la Ley To. II p. 291)
El examen del enlace efectivo entre un acto y un resultado (conexión causal) debe realizarse de modo objetivo para establecer si la ocurrencia del daño era en abstracto previsible de acuerdo al curso natural y ordinario de los acontecimientos, tomando como módulo la diligencia exigible a un conductor normal o corriente. Esa prognosis póstuma o pronóstico objetivo retrospectivo aquilatará la adecuación de la causa conforme a la regularidad en el acontecer de los sucesos y las reglas dictadas por la experiencia, para dar respuesta a si ese desenlace sobreviniente encuentra o no su razón de ser en la acción del sujeto o en el riesgo de la cosa, según fuere el caso (art. 901 CCivil de Vélez aplicable al hecho aquí ventilado art. 7CCCN; Isidoro H. Goldenberg "La relación de causalidad en la responsabilidad civil" 2a. ed. La Ley p. 184/5) .
V. Pasando al fondo de la cuestión, es dable recordar que las partes son contestes en reconocer que la colisión se produjo aproximadamente a las 11 hs. del día 09-02-15, circulando ambos - la motocicleta conducida por la actora Sra. Mariana Evangelina Pleininger y el automóvil conducido por el demandado Sr. Guillermo Lemaggio – por la calle Uruguay.
También se encuentra fuera de discusión que el accidente se produjo ingresando a la calle Belgrano, en la curva del distribuidor de tránsito. Ahora bien, la citada en garantía resiste el progreso del reclamo invocando la interrupción del nexo causal existente entre el riesgo y vicio del automotor asegurado y los perjuicios sufridos por la accionante, en base al obrar culposo de la propia víctima.
Llegado a este punto, estimo oportuno señalar que, independientemente de lo indicado por la actora en su memorial en cuanto al oficial público interviniente y el testigo ocular en el acta de procedimiento obrante a fojas 28, lo cierto es que "En relación a dicho instrumento es dable señalar que dada la naturaleza de instrumento público que dicha acta reviste, la misma hace plena fe de los hechos acontecidos por ante el oficial interviniente en el mismo, a menos que se demuestre su falsedad por el correspondiente proceso de redargución de falsedad (conf. arts. 289, 296 y ccdtes. del C.C.C.; este Tribunal en autos JU-10759-2018 Aperlo Juan Maria c/ Godoy Orlando s/ Daños y perj., sentencia del 20/9/22).
Dicho lo cual, de la mencionada acta, surge que los Oficiales Pablo Marcheto y Martín Auza se constituyeron en la intersección de las arterias Belgrano y Uruguay, encontrándose en el lugar un empleado de la Agencia de Seguridad Vial Municipal, quien se identifica como Claudio Galván. El mismo “manifiesta ser testigo ocular del accidente en virtud de que se hallaba realizando Operativo de Tránsito en la intersección de Belgrano y Muñiz, pudiendo observar que la conductora de la moto se desplazaba por calle Uruguay cuando al llegar a la intersección con Belgrano, observa la presencia del personal de Seguridad Vial, realizando Operativo, por lo que frena bruscamente y el automóvil Volkswagen Polo que venía detrás de ella, no puede evitarla y la colisiona desde atrás, provocando su caída…” (sic) De la pericia mecánica presentada por el perito mécánico Hugo Peroni en fecha 29-10-2020 y de la cual no encuentro motivos para apartarme, surge que: “…Al estar ambos vehículos girando hacia su izquierda para circular por calle Belgrano, en la zona curva del distribuidor, el automóvil hace contacto con la motocicleta…En la fotografía de la motocicleta tomada desde atrás, no se observa en la zona trasera de la misma ningún daño… Es difícil tratar de compatibilizar los daños en ambos vehículos para determinar qué partes de los mismos entraron en contacto; lo que no puede observarse es que la motocicleta haya sido embestida en la parte trasera (guardabarros trasero, giño trasero derecho), estimando a través de los rayones observados en las fotografías aportadas por la actora, que el contacto en la motocicleta fue en la parte derecha delantera… La hipótesis más probable de ocurrencia del impacto, es que la motocicleta circulando por la izquierda, al estar circulando en la curva disminuye su velocidad y realiza una maniobra hacia su derecha en momentos en que el automóvil venía detrás; en estas condiciones, la parte izquierda del automóvil hace contacto con la parte derecha de la motocicleta….(respuesta 1 a parte actora).
En cuanto a la velocidad, el perito dijo: “no hay elementos para calcular la velocidad de los vehículos antes del siniestro (digamos unos 4 o 5 segundos antes, mientras venían circulando por calle Uruguay). Las velocidades de los vehículos al momento del impacto tienen que haber sido bajas, por lo siguiente: El automóvil quedó detenido sobre la misma curva donde se produjo el accidente (fs. 28). Los daños producidos sobre la motocicleta a raíz del contacto fueron muy pequeños (visu fs. 38 y fotografías fs. 11 a 20). La distancia a la cual quedó la motocicleta post – impacto fue escasa, dentro de la curva, delante del automóvil; en caso de que la velocidad del automóvil hubiera sido elevada, hubiera proyectado a la motocicleta a mayor distancia. La velocidad de la motocicleta… era también baja o muy baja” (respuesta 3 a la citada en garantía)
Agregó que, "...no hay manera de que antes del impacto (unos segundos antes) la motocicleta haya estado circulando por otra calle que no sea Uruguay, sentido al Sudoeste y antes del distribuidor. Al momento del impacto, ambos vehículos estaban en la curva del distribuidor” (respuesta 4).
Con relación a la calidad de embistente y embestido, el mencionado profesional dijo: “En la hipótesis más probable... hubo un contacto entre la parte izquierda delantera del automóvil y la parte derecha delantera de la motocicleta; es difícil atribuir el rol de embistente a alguno de los vehículos” (respuesta 5) Así las cosas, debe considerarse:
1. Ambos vehículos circulaban por calle Uruguay a baja velocidad (el automóvil quedó la curva hacia Belgrano -acta de fs. 28 y croquis de fs. 34- y la motocicleta caída delante del mismo" resp. del Ing. Peroni a la pregunta 1 de la actora parte final).
2. La colisión se produce en la mencionada curva de ingreso a la calle Belgrano, en la que existe un distribuidor de tránsito (ver croquis acompañado a la pericia). Esto conlleva, de por sí, limitaciones propias de la zona, debido a: I) las dificultades de una visión amplia por parte del zaguero que viene doblando en dicha curva y por eso no le resulta viable determinar la distancia de seguridad con el precedente y II) que el ingreso a la calle Belgrano puede efectuarse por ambos sentidos de circulación de la calle Uruguay, con imposibilidad de realizar por el zaguero una maniobra de esquive.
3. La conducta de la actora, quien abruptamente detiene su marcha en una curva, lo que implica una negligente maniobra, al no estar justificada por contingencias propias del tránsito. Como señala Jorge Gamarra (To. XXII Responsabilidad extracontractual, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, p. 76) en éste último supuesto que aquí no se verifica, el acto de perturbación que implica una frenada brusca y repentina quedaría anulado por una especie de causa de justificación. Es por ello que como sigue explicando el autor, satisfecha la carga probatoria por parte del conductor zaguero de esos dos extremos: detención repentina, intempestiva (que impida la actuación espontánea de los reflejos del conductor que circula por detrás; CNCiv. Sala E 21/09/2004, causa 405485 - "Lay, José Humberto c/Cardinale, Gustavo Gabriel y otro s/daños y perjuicios" elDial.com - AA2510- también referido a una detención en curva) y que la misma fue injustificada, corresponde su liberación. Así, se ha sostenido que, “…en general, la prueba del incumplimiento de la obligación será la ocurrencia objetiva de la colisión del zaguero sobre la popa del precedente. La intempestividad le puede ser excusada a éste último únicamente cuando su reducción ´subita o frenado` respondió a la evasión de un conflicto causado por otro, pero nunca si respondió al capricho o la imprudencia, pues todo conductor deberá evitar reducir bruscamente la velocidad de su vehículo a menos que razones de seguridad lo obliguen ( Carlos Tabasso “Fundamentos del Tránsito” Tomo I págs. 259/260).
“Con acertado criterio Vélez Sársfield regló expresamente a la falta imputable a la propia víctima como causal de eximición de responsabilidad, y ello así toda vez que es justo que quien causa su propio daño soporte las consecuencias de su intervención protagónica en el evento nocivo. En suma, la víctima no puede quejarse sino de ella misma (Sagarna, Fernando, Código Civil y Normas Complementarias, Ed. Hammurabi, t. 3 A, pág.417…). La víctima debe soportar el daño sufrido por ella misma en razón de su culpa, culpa que opera como causa extraña al hecho del autor (concausa) que suprime o desvía el curso de los sucesos y genera una relación causal propia que resulta ajena a la responsabilidad de dicho autor (cfr. Alterini, Atilio, Ameal, Oscar, López Cabana, Roberto, Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, Abeledo Perrot, pág. 191). Se da así, lo que algunos autores, como Claus Roxin, han dado en llamar «autopuesta en peligro de la víctima», dando lugar así a la producción del daño a sí misma, como consecuencia de la concreción del riesgo corrido y al cual se expuso voluntariamente (por violación de medidas de autoprotección exigibles); o lo que Günter Jakobs ha denominado «acción a propio riesgo», en la que el curso lesivo le debe ser atribuido a la víctima por haber aquélla violado un deber de autoprotección, al darse un quebrantamiento imprudente y no poder así distanciarse de las consecuencias nocivas por ese comportamiento, que, conforme a un pronóstico objetivo, son previsibles.” (“Cámara Nacional de Apelación en lo Civil Sala/Juzgado: J Fecha: 4-may-2017 Cita: MJ-JU-M-105107-AR | MJJ105107 | MJJ105107 causa “Betti Francisco Alejandro c/ Transporte Rio Grande S.A.C.I.F. y otro s/ daños y perjuicios”).
4. La magistratura en la reconstrucción fáctica no debe proceder a una valoración fragmentada sino en conjunto de todas las circunstancias significativas, con un enfoque adecuado de lo que sucede "según el curso natural y ordinario de las cosas", es decir según la causalidad adecuada (art. 901 del C. Civil de Vélez aquí aplicable; art. 7 CCyC), hilvanando los diferentes elementos de convicción, particularmente cuando no existen pruebas directas del momento exacto en que los daños se produjeron, ya que como bien señaló Aristóteles (El arte de la Retórica Eudeba Lib. 2 Cap. 25 p. 311/312) no debe el juez sentenciar siempre o únicamente sobre la base de lo necesario, sino también de acuerdo con lo verosímil.
Es por ello, que compartiendo el minucioso análisis que efectuó el juzgador de grado en el punto V de la sentencia en cuanto a la localización de los daños en los rodados (no registrándose daños en la parte trasera de la motocicleta) sobre la base a la pericia mecánica, que en sus tramos esenciales he transcripto, y su razonable y fundada hipótesis (art. 474 CPCC) y las fotografías obrantes a fs. 20/21, valorándolo en conjunción con el acta de procedimiento de fs. 28 que da cuenta del operativo policial próximo de control vehicular aunado a la falta de licencia de la actora, es que aplicando las reglas de la sana crítica (arts. 375 y 384 del ordenamiento procesal) tengo también por cierto que en su frenada realizó una maniobra de desplazamiento hacia la derecha, instintivo o con la probable intención de evadir el mencionado control, que agravó el imprevisto obstáculo que se le presentó al Sr. Lemaggio. Todo ello deja a mi parecer en evidencia que la colisión se produjo exclusivamente por el obrar culposo de la actora, interruptivo íntegramente de la relación de causalidad entre el riesgo o vicio del vehículo del demandado y los perjuicios sufridos por la misma, razón por la que habré de proponer al Tribunal, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, y consecuentemente, rechazar la demanda entablada, con costas de ambas instancias a cargo de la accionante vencida (conf. arts. 68, 274, 384 del C.P.C.C. y art. 1113 del Cód. Civ.).
Conforme a dicha forma de resolver, el tratamiento de los restantes agravios deviene abstracto.
TAL ES MI VOTO.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Volta, dijo:
I. Que si bien coincido plenamente con mi colega preopinante en lo atinente al encuadre normativo efectuado, habré de disentir con el mismo en cuanto le achaca responsabilidad exclusiva en la colisión al obrar imprudente de la víctima.-
Me explico: si bien la conducta de la actora es jurídicamente reprochable y contribuyó causalmente, no lo hizo en la medida suficiente para fracturar íntegramente el nexo causal.
Para llegar a esa conclusión, en primer lugar, debo dejar en claro que la versión de los hechos sobre la que se apuntala la defensa, que es la realización de una maniobra para "evadir el control de tránsito", no ha podido ser acreditada.
En rigor de verdad, lo único que ha podido acreditarse, con la objetiva e imparcial declaración del testigo presencial Claudio Galván, consignada en el acta policial, es que la accionante frenó bruscamente (art. 456 del CPCC). No encuentro relevante en este aspecto, la "hipótesis más probable" planteada por el perito mecánico que, en base a las fotografías y croquis del hecho, dedujo que la moto realiza una maniobra de giro hacia la derecha en el momento en que el automóvil venía detrás.
Digo esto, puesto que analizadas con detenimiento las fotografías adjuntadas por la propia actora y obrantes a fs. 11/20, si bien se aprecia la existencia de varios rayones y golpes del lado derecho de la motocicleta, la poca entidad de los mismos (al punto que no fueron siquiera mencionados en el informe de visu obrante a fs. 11 de la causa penal) no permite siquiera descartar que se hayan producido como consecuencia de la caída; por lo tanto, de allí a inferir que el impacto se produjo sobre ese lateral, y a su vez, que ello fue así por haber intentado la moto girar hacia la derecha, resulta una conjetura desprovista de todo respaldo científico; y esta circunstancia, sin dudas, fulmina su valor probatorio, máxime tomando en consideración que dicha interpretación no encuentra asidero alguno con lo declarado por el agente de Seguridad Vial Municipal Sr. Galván en el acta de procedimiento labrada a fs. 1 de la causa penal (arg. art. 375, 384, 474 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
En efecto, considero que la versión de los hechos brindada por dicho funcionario resulta de vital importancia dada su inmediatez con la colisión y su indudable objetividad, al tratarse de un funcionario municipal que se encontraba trabajando en el lugar.-
Dicho funcionario explicó que: "...se hallaba realizando Operativo de Tránsito en la intersección de Belgrano y Muñiz, pudiendo observar que la conductora de la moto, se desplazaba por calle Uruguay cuando al llegar a la intersección con Belgrano, observa la presencia del personal de Seguridad Vial, realizando el Operativo, por lo que frena Bruscamente y el automóvil Volkswagen POLO, que venía detrás de ella, no puede evitarla y la colisiona desde atrás, provocando su caída..." (sic. fs. 1 de la causa penal, el resaltado en negrita me pertenece).-
Nótese que dicho testigo presencial en ningún momento hizo alusión alguna a la pretendida maniobra de evasión del control, limitándose a afirmar que la accionante frenó bruscamente; para luego explicar que la demandada colisionó a la accionante desde atrás, lo que torna en altamente inverosímil la infundada hipótesis del perito ingeniero mecánico en cuanto afirma que la colisión se produjo con la parte delantera derecha de la moto.-
Llegado a este punto, y descartada la maniobra de evasión e incluso la de giro a la derecha antes referenciada, debo agregar que, contrariamente a lo afirmando por mi colega, la poca visión que puede tener el vehículo que está doblando en la intersección donde se produjo el accidente, así como la imposibilidad de realizar una maniobra de esquive por la existencia de un distribuidor, lejos de atenuar el deber de transitar con cuidado y prevención con la consiguiente distancia precaucional respecto del vehículo que lo antecede (exigidos por los arts. 39 inc. b y 48 inc. g del Código de Tránsito), por el contrario la incrementan (conf. art. 384 y ccdtes. del C.P.C.C.).- Y es que precisamente, ante una situación de poca visibilidad y de reducido espacio para maniobrar lo lógico y prudente es extremar los recaudos, con la consiguiente reducción de velocidad y mantenimiento de la distancia respecto del vehículo que lo antecede en el tránsito.-
En definitiva, habré de concluir que el demandado ha desatendido el deber de circular con precaución y a una distancia prudencial del vehículo que lo precedía y que debió advertir, potenciando de esta forma el riesgo o vicio del vehículo a su mando, erigiéndose de ésta forma como una causa jurídicamente relevante de la colisión (conf. arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.C. y arts. 39 inc. b y 48 inc. g del Código de Tránsito).-
Y es que conforme a lo hasta aquí expuesto ninguna duda cabe respecto a que estamos en presencia de los denominados choques por alcance, respecto de los cuales "...Reiteradamente se dice en la jurisprudencia que, entre dos vehículos que se desplazan en una misma dirección, el que se mueve en segundo término debe tomar todas las precauciones necesarias, con el objeto de prever cualquier clase de maniobra del que lo precede, por constituir ello una contingencia propia de la circulación.
La detención de la marcha es un acontecimiento que puede reputarse normal, debido a múltiples y variadas circunstancias propias del tránsito por ejemplo, el repentino cruce de un peatón por un lugar prohibido, el cambio de las luces de un semáforo, la aparición de un rodado en la encrucijada a elevada velocidad, la súbita presencia de un perro en la calzada o de un vacuno en la ruta, etcétera.
Por lo tanto, quien se desplaza en la retaguardia debe extremar las precauciones para detener también su vehículo en la debida oportunidad para evitar una colisión. Para ello es fundamental guiar a una prudente distancia del automotor que marcha adelante, la que estará regulada por diversos factores, como la velocidad, capacidad de los frenos, estado de las cubiertas, características del pavimento y, eventualmente, su humedad.
Distancia prudencial es aquella que permite al vehículo posterior efectuar las maniobras tendientes a evitar una colisión con el que lo precede, en caso en que éste ejecute alguna maniobra imprevista, y debe aumentarse dicha distancia cuando las condiciones climáticas o de transitabilidad lo exijan..." (Areán, "juicio por accidentes de tránsito", t2, págs. 261/2).-
En esta misma dirección se ha sostenido que: "...debe presumirse la culpa del embistente en un accidente de tránsito, aún cuando el embestido se haya detenido en forma repentina, si dicha maniobra no revistió características alternativas del movimiento urbano, pues se infiere que quien guiaba el vehículo posterior violó la distancia y la velocidad requeribles para poder sujetar la marcha sin un desenlace dañoso, entendiéndose por distancia prudencial la que le habría permitido evitar una colisión con el rodado precedente si éste hubiese ejecutado alguna maniobra imprevista..." (López Mesa, "Responsabilidad por Accidentes de Tránsito", T II, pág. 422/3).-
Que sin perjuicio de ello, el acreditado carácter abrupto de la frenada de la motocicleta, sumado a la ausencia de licencia de conducir habilitante, resultan suficientes para tener demostrado que la accionante no tenía el pleno dominio del vehículo a su mando, colaborando causalmente en la producción de la colisión en un porcentaje que estimo ha sido correctamente fijado por el sentenciante de grado en el 25% (conf. arts. 1.113 del Cód. Civ. , 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
II. Pasando al aspecto indemnizatorio, y siguiendo el orden en que los rubros han sido abordados en la sentencia de primera instancia, comenzaré por los agravios que la actora dirige contra el rechazo del lucro cesante reclamado por la disminución de los ingresos durante el período de convalecencia.- Recordemos que el sentenciante no consideró suficiente en miras de la acreditación de dicho daño, las declaraciones testimoniales de Juan José Cabero y Gonzalo E. Policrite, quienes declararon que la actora era niñera, pero sin precisar para quien trabajaba ni la cantidad de horas, ni la remuneración.- El actor cuestiona tal razonamiento, poniendo de resalto que ha soslayado que la actividad desarrollada habitualmente en condiciones laborales precarias, pero por decisión de quien contrata, y además, no es una actividad que se pueda probar fácilmente vgr. mediante compañeros de trabajos o como una relación laboral registrada. Agrega que difícilmente los testigos puedan conocer para quien trabajaba, cuantas horas o la remuneración percibida.- Que a fin de resolver la procedencia y en su caso extensión del rubro reclamado, no debe perderse de vista que: "...El Código Civil define el lucro cesante como "la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito" y lo declara resarcible como uno de los capítulos del daño patrimonial, al lado del "perjuicio efectivamente sufrido" o daño emergente (art. 1.069). Con relación específica al supuesto de lesión a la integridad personal ("heridas u ofensas físicas"), el artículo 1.086 dispone que la indemnización comprende "todas las ganancias que éste (el ofendido) dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento"...
En cualquier caso el lucro cesante equivale al cercenamiento de utilidades o beneficios materiales susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, a la pérdida de algún enriquecimiento valorable desde una óptica económica. Lo que no incide inmediata o mediatamente en lo productivo debe ser valorado dentro del daño moral.
El lucro cesante debe ser cierto, pero esta certeza es siempre relativa pues se apoya en un juicio de probabilidad, que comprende lo verosímil, sin llegar a lo seguro, necesario o infalible..." ("Zavala de Gonzalez", "Resarcimiento de daños", T 2A pág. 253).-
Asimismo es dable dejar sentado que dicho rubro no se superpone con la incapacidad sobreviniente, habiendo sido claramente delimitados sus ámbitos por el Superior Provincial de la siguiente forma: "...No puede confundirse la reparación por incapacidad con la correspondiente a lucro cesante. La primera es la secuela o disminución física o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento, en tanto que el segundo consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima..." (SCBA LP C 95167 S 05/12/2012, LP AC 75918 S 21/11/2001, Ac 52258 S 02/08/1994).- Que llegado a esta instancia habré de disentir con el sentenciante de grado, por cuanto considero que la aquí accionante ha logrado acreditar la pérdida de una ganancia concreta durante el período de convalecencia de las lesiones (conf. arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
Digo esto, puesto que, con las declaraciones testimoniales brindadas por Juan José Cabero y Gonzalo E. Policrite, puede tenerse por acreditado que la actora al momento del hecho trabajaba como niñera (arts. 384 y 456 del CPCC). Si es cierto que no se encuentra acreditado cuales eran los ingresos que con dicha actividad generaba.-
Sin embargo, no puede soslayarse que la realidad en el mercado laboral indica que aproximadamente el 35% de los trabajadores realiza su actividad de manera informal (conf.https://www.iprofesional.com/management/369930-ladesocupacion-bajo-al-69-cuanto-aumento-la-informalidad), lo que justifica flexibilizar la acreditación de los ingresos en miras de la plena reparación de la víctima, sin que ello conlleve a un enriquecimiento incausado.-
Con dicho norte, de la misma manera que ante los supuestos en que la víctima no acredita la realización de actividad laboral alguna, éste Tribunal invariablemente adopta como pauta objetiva (para la incapacidad sobreviniente) el salario mínimo vital y móvil utilizado como pauta por el sentenciante de grado, estimo que en las presentes actuaciones en donde se encuentra acreditada la realización de una actividad laboral, resulta razonable tener por acreditado que la accionante percibía mensualmente la suma equivalente al salario vigente para su actividad (Personal de casas particulares/ categoría cuidado de personas), el que a la fecha de la sentencia en revisión ascendía a la suma de $49.503 (Fuente: https://www.afip.gob.ar/casasparticulares/categorias-yremuneraciones/julio-2022.asp).
Por otro lado, en relación al tiempo de convalecencia, el perito si bien no se ha expedido expresamente al respecto, ha dictaminado que la lesión conlleva normalmente un tratamiento de 60 días de duración (ver presentación de fecha 16/2/21), por lo que tomaré a tal fin, ese lapso de tiempo.
En definitiva, teniendo en cuenta el porcentaje de incidencia causal atribuido a la aquí accionante, es que corresponde fijar la reparación del lucro cesante en la suma de $74.254,5 (conf. arts. 509 y 1069 del CC y arts. 165, 375, 384 y ccdtes. del CPCC).-
III. Continuaré por los agravios que la citada en garantía introduce respecto a la cuantificación del rubro incapacidad sobreviniente.- El sentenciante, siguiendo los lineamientos de este Tribunal, utilizó para su cuantificación un cálculo matemático actuarial, que refleja como variantes más importantes: la edad, porcentaje de incapacidad y los ingresos de la víctima.-
Se disconforma la apelante de la utilización de dicho mecanismo para el cálculo de la indemnización, y especialmente, de su resultado, haciendo hincapié en la falta de acreditación de los ingresos.
Llegado a este punto, es dable recordar que la indemnización por incapacidad sobreviniente no se determina en base a una suma fija por cada punto de incapacidad sino, tomando en consideración la incidencia que las lesiones constatadas tienen en la capacidad de obrar y de realizar actividades susceptibles de tener un valor económico, tomando en consideración las condiciones personales del afectado (edad, actividad laboral, nivel de instrucción, etc.).-
Así se ha sostenido que: "...Las indemnizaciones en sede civil no se las establece a la manera de una aplicación automática de una tabla de valores (baremos), donde cada punto de incapacidad otorgada tiene, conforme el Tribunal o juez sorteado, un valor diferente. En palabras de esta Sala, "la indemnización resulta ser un traje a medida", cuyos valores se establecen para cada caso, de acuerdo con las constancias objetivas de autos..." (JUBA, Sumario: B5019878 CC0002 LM lm 3767 2007 12 S 10/03/2016); y que: "...en materia de responsabilidad civil la cuantía indemnizatoria no se mide en base a porcentuales tabulados de incapacidad, ni mucho menos adjudicando una suma dineraria a cada punto que arrojen esas tablas, rigiendo en esta materia el principio de responsabilidad integral que busca restituir las cosas al estado en que estaban antes de ocurrir el hecho dañoso, para lo cual cuando la restitución en especie resulta imposible y debe ser reemplazada por su sucedánea dineraria, lo que se tiene en cuenta para fijar el monto indemnizatorio es la índole de las lesiones y de sus secuelas y el modo particular en que ellas inciden negativamente en la capacidad de obrar de la víctima teniendo en cuenta sus circunstancias personales (doct. arts. 1068 y 1083 Cód. Civ.)..." (JUBA, Sumario: B2005276, CC0002 SM 69349 9 D-141/15 S 30/06/2015).- En esta dirección, estimo útil comenzar por que el primer párrafo del art. 1.746 del C.C.C. establece que la evaluación de la incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial debe ser realizada a través de un sistema matemático/actuarial que permita determinar un capital cuyas rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades, mecanismo al que claramente hace alusión la demandada recurrente.-
Sentado ello, es dable aclarar que si bien dicho mecanismo no resulta exigible en el caso de autos, cuyo hecho generador acaeciera durante la vigencia del anterior Código Civil, (doctr. art. 7 del C.C.C.), lo cierto es que doctrina y jurisprudencia anterior a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, ya postulaban su recepción a través de distintas fórmulas matemáticas/actuariales "Vuoto 1 y 2", "Marshall", "Las Heras Requena", "Mendez", "Acciarri", etc., (conf. Acciarri-Testa, "Fórmulas Empleadas por la Jurisprudencia Argentina para cuantificar Indemnizaciones por Incapacidades y Muertes", Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,2.009,https://works.bepress.com/hugo_alejandro_acciarri/36/; Rossi, Jorge, "El art. 1746 del código Civil y Comercial y las fórmulas para calcular la incapacidad sobreviniente: A propósito de un fallo que aplica la fórmula "Acciarri" pub. en MJ-DOC-10358-AR/ MJD10358), las que precisamente tienen por finalidad resarcir íntegramente a quien sufre una incapacidad permanente, a través de un sistema actuarial que cumple las premisas receptadas por el art. 1.746 del nuevo C.C.C., las que estimo ha sido correctamente empleada por el sentenciante de grado en el pronunciamiento en revisión, al menos como una referencia incluso en los hechos a los que le resulta aplicable el Cód. Civ., tal como lo resolviera éste Tribunal in re "Buffoni, Enzo Fernando c/ Peralta Leonardo s/ Daños y Perjuicios", (Expte. n° 422-2014, L.S. n° 58, Nro de Orden 210, del 21/09/17).-
En lo demás, en cuanto al agravio apuntalado en la falta de acreditación de actividad económica rentada y de los ingresos, remito a lo expuesto al tratar el rubro lucro cesante.-
Tampoco resiste el menor análisis el genérico desconocimiento de la incapacidad de la accionante, la que fuera pericialmente determinada por el perito médico Tapia en su informe presentado el 16/02/2021, de cuyas conclusiones no encuentro mérito para apartarme (conf. art. 474 y ccdtes. del C.P.C.C.).-,.
IV. Por último, entrando al análisis del daño moral, resulta oportuno recordar que el sentenciante de grado justipreció el importe resarcitorio en la suma de $150.000, el cual ha sido reputado insuficiente y elevado, por la accionante y la aseguradora en sus respectivos recursos.-
Que a fin de analizar la extensión del perjuicio invocado resulta oportuno iniciar por recordar siguiendo a Pizarro que el mismo importa: "...una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial..." ("Daño Moral", pág. 47).- A lo antes expuesto cabe agregar que: "...En el daño moral derivado de la lesión estética, no se resarce propiamente la pérdida o menoscabo de la armonía corporal, intrínsecamente considerada; ni solo el dolor del lesionado. Si, en cambio, la proyección existencial de la persona a partir o desde su cuerpo, cuyo equilibrio se ve perturbado a raíz del menoscabo estético... En otros términos, el perjuicio moral que acarrea la lesión estética es indemnizable aunque ésta carezca de implicancias económicas...
...El daño moral no se resarce en abstracto, sino en virtud de razones muy concretas, susceptibles de variar circunstancialmente de un sujeto a otro en intensidad y calidad, aunque el bien o interés atacado sea el mismo..." (Zavala de Gonzalez, "Resarcimiento de daños, T 2A, Daños a las personas (integridad sicofísica)," pág. 182).-
Con dicho norte, y tomando en consideración los padecimientos sufridos por la actora y las lesiones constatadas en el informe pericial: excoriación cara interna miembro inferior derecho, hematoma rodilla izquierda, y especialmente, la fractura a nivel del coxis con desplazamiento, a consecuencia del cual presenta cuadro de coxigodínea con alteraciones a nivel de articulación sacrocoxígea, el cual es motivo de limitaciones en mantener la posición sentada y someter la zona a presiones. Además, de encontrarse cursando un embarazo de veintisiete semanas de gestación; como así también su edad al momento del accidente (24 años), con las consiguientes molestias y sufrimientos que tales secuelas necesariamente han de haber ocasionado en el accionante, es que habré de proponer a éste Tribunal incrementar el importe establecido en concepto de daño moral a la suma de $ 510.000, ya debitado el porcentaje de incidencia causal atribuido a la obrar de la víctima (doctr. art. 1.078 del Cód. Civ.).-
V. Es por lo hasta aquí expuesto, que propondré al acuerdo receptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la accionante, y consecuentemente receptar la reparación del lucro cesante en la suma de $74.254,5; y elevar la indemnización otorgada en concepto de daño moral a la suma de $ 510.000, con costas de Alzada a cargo de los condenados quienes en lo sustancial resultaran vencidos.-
ASI LO VOTO.
TAMBIEN A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán dijo:
Que se adhiere y hace suyo todos los fundamentos y conceptos doctrinarios y legales dados por el Sr. Juez preopinante en segundo término, Dr. Volta, votando en consecuencia en el mismo sentido.
ASI VOTO.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE: (Por mayoria Dres. Volta- Castro Durán; Disid. Dr. Guardiola):
I. Receptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la accionante, y consecuentemente receptar la reparación del lucro cesante en la suma de $74.254,5; y elevar la indemnización otorgada en concepto de daño moral a la suma de $ 510.000, con costas de Alzada a cargo de los condenados quienes en lo sustancial resultaran vencidos.-
II. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (conf. art. 31 de la L.H.)
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve (Por mayoria Dres. Volta- Castro Durán; Disid. Dr. Guardiola):
I-Receptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la accionante, y consecuentemente receptar la reparación del lucro cesante en la suma de $74.254,5; y elevar la indemnización otorgada en concepto de daño moral a la suma de $ 510.000, con costas de Alzada a cargo de los condenados quienes en lo sustancial resultaran vencidos.-
II. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (conf. art. 31 de la L.H.)
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Fin de la sentencia