Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37688-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución recurrida, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.).
38487/2022 PLUS ULTRA SA (TF 37688-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 30 de agosto de 2022.-LR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
1. Que mediante resolución de fecha 3/6/2016 el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la excepción opuesta por la representación fiscal y declaró su incompetencia para entender en el recurso de apelación interpuesto contra el silencio guardado por el M° de Economía y Finanzas Públicas frente a la presentación efectuada por el contribuyente.
Para así decidir, señaló que “al caso de autos no encuentra en ninguno de los supuestos del [artículo 159 de la Ley N° 11.683] que abren la competencia de este Tribunal”. Agregó que “tampoco puede asignarse al supuesto silencio guardado por la A.F.I.P. naturaleza sancionatoria para poder así encuadrarlo en el artículo 159, inciso b), de la ley N° 11.683”.
2. Que contra esa decisión la parte actora interpuso recurso de apelación.
En lo sustancial, sostuvo que el caso se subsume en la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Postuló que el silencio guardado por la Administración ante el pedido formulado en el sentido de que las cargas patronales generen un crédito fiscal equiparable al del IVA para poder compensarlos con obligaciones impositivas, debería considerarse un acto administrativo denegatorio.
3. Que la firma Plus Ultra S.A. interpuso, en los términos del artículo 76, inciso b), de la Ley N° 11.683, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación “contra la sanción que implica el silencio guardado hasta el presente por el Ministerio de Economía de la Nación respecto del pedido […] efectuado” en mayo de 2013 y peticionó que se “decrete la existencia de crédito fiscal [a su favor] a partir del pago de los aportes patronales asimilándolo al I.V.A., permitiendo en consecuencia su compensación para el pago de los tribunales que […] pudiera adeudar a la AFIP”.
Asimismo, solicitó que se declare la inconstitucionalidad “de las disposiciones de la AFIP y la ley nacional que derogaron en el año 2001 la ‘ley de competitividad’ dictada en 1998 que prohíben considerar los aportes patronales como créditos fiscales”.
4. Que, la competencia es la aptitud que la ley otorga para conocer en las distintas controversias planteadas, en atención a la materia, el grado, el valor o respecto a un territorio determinado.
En el caso del Tribunal Fiscal de la Nación, la competencia en materia tributaria se encuentra regida por los arts. 159 y 165 de la ley 11.683. Al respecto, y en lo que aquí interesa, conviene recordar que el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN será competente para conocer:
"d) [d]e los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en los casos contemplados en el segundo párrafo del art. 81 y "e) [d]el recurso de amparo a que se refieren los arts. 182 y 183.
Así las cosas, la cuestión planteada no se subsume en la hipótesis del art. 182 de la ley de rito, al no tratarse de un caso de demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) –organismo jurisdiccional encargado de revisar determinados actos de la A.F.I.P.-D.G.I.– en el marco del art. 159 de la ley 11.683.
Por el contrario, la pretensión del recurrente consiste en que el Tribunal Fiscal de la Nación haga cesar la supuesta demora excesiva incurrida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación en la resolución de un trámite a su cargo.
Por ser ello así, la pretensión resulta manifiestamente ajena a la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación en el marco de la acción promovida, por lo que los agravios invocados carecen de relevancia pues no se relacionan con las circunstancias fácticas y jurídicas involucradas en la cuestión planteada que, como es evidente, no pueden ser materia de examen y decisión en el presente marco jurisdiccional.
Por lo demás, y conforme lo ha señalado el Tribunal Fiscal de la Nación, no se ha dictado acto administrativo alguno, por ende, el recurso de apelación interpuesto por la actora en los términos del art. 76 de la Ley 11.683, carece de objeto de impugnación, pues no existe actividad administrativa que pueda ser identificada como susceptible de afectar al particular, lo que torna incompetente a dicho Tribunal (conf. en igual sentido, esta Sala in re “Teracode BA SA (TF 37120-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 24 de septiembre de 2014).
Destácase a todo evento, que aun cuando el silencio de la administración frente a las postulaciones del contribuyente fuere interpretado como decisión negativa a sus peticiones, es claro que ello en modo alguno comporta un dispositivo sancionatorio o determinativo, cuyo cuestionamiento fuere susceptible de habilitar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Por ser ello así, los agravios invocados carecen de relevancia pues no se relacionan con las circunstancias fácticas y jurídicas involucradas en la cuestión, y por lo demás, se limitan a expresar situaciones hipotéticas y conjeturales, las que, como es evidente, no pueden ser materia de examen y decisión jurisdiccional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución recurrida, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia