Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 39.959-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-94328859-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 7 de Septiembre de 2022 En el día de la fecha, reunidos los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dra. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) para resolver el expediente N° 39.959-I, caratulado: "PLUSPETROL ENERGY S.A. s/ recurso de apelación”
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 27/55, se interpuso recurso de apelación contra la resolución 34/2014 (DV DEOB) de fecha 19/05/2014 dictada por la Jefa (Int) de la División Determinaciones de Oficio "B" del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI, en la que se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias (IG) por el período fiscal 2007, e intimó su pago con más intereses resarcitorios y aplicó una multa graduada en el 70% del gravamen omitido (cfr. art. 45 de la ley 11.683).
La actora alegó que el núcleo de la controversia gira en torno al disímil criterio sobre el momento en que se produce el devengamiento de los costos que demandarán, en forma cierta y cuantificable, las tareas de cementamiento y abandono de pozos y como se deducen del IG.
Manifestó que el ajuste propuesto por el organismo fiscal no sólo ignora las condiciones impuestas a Pluspetrol Energy como concesionario que explota un yacimiento, sino que también prescinde de las pautas fijadas en la ley del impuesto a las ganancias sobre deducción de gastos. Ello así, al aceptar la deducción sólo en el momento en que se produce efectivamente el gasto, la tesis fiscal reconduce a la imputación de lo percibido, en lugar de mantener el método de lo devengado que corresponde a las rentas de tercera categoría.
Destacó que el propio fisco reconoce determinadas cuestiones como por ejemplo: que el gasto será realizado y que es necesario; la estimación de los costos que fundaron la provisión realizada por Pluspetrol Energy; el plazo estimado de explotación de los pozos en relación a la curva de producción; y que el cierre de los pozos constituye una obligación impuesta a la actora por la legislación de fondo. Planteó que el fisco solo cuestionó la imputación temporal del gasto y no su existencia cierta y determinada.
Afirmó que con sólo advertir el número de pozos que integran un yacimiento pronto se cae en la cuenta de que si, como reconoce de manera expresa el organismo fiscal, "no se discute que el taponamiento del pozo se realizará inevitablemente", se ha producido "el hecho sustancial" que vuelve necesario el reconocimiento del gasto, lo cual, además, no está desligado de la adecuada expresión de la capacidad contributiva. Porque en efecto, si se siguiera el criterio del fisco, se llegaría al absurdo que el taponamiento del pozo (y la deducción del gasto) se produciría con el cierre de la fuente productora de la ganancia, conclusión descalificada por su falta de conexión con la realidad económica y con cualquier criterio lógico de medición del hecho imponible de la “renta”.
Se agravió del criterio de la resolución recurrida que entiende que el gasto por abandono de los pozos no se ha devengado. Señala que, en la práctica, la tesis del fisco distorsionó el criterio del devengado y, para el caso bajo examen, concluye en aplicar, en verdad, el criterio de imputación del percibido, que es por demás ajeno al sistema de imputación previsto para las ganancias de tercera categoría. Ello así, en tanto si bien se encuentra probado que la erogación cierta y determinada se producirá, considera que hasta tanto no sea efectiva, no será deducible. De ahí que a criterio de la fiscalización la deducibilidad procederá siempre que se haya erogado en forma “efectiva” un gasto, lo cual, no se condice con el tratamiento previsto por la LIG para las ganancias de tercera categoría.
Explicó que la actividad de explotación de hidrocarburos se inicia con la perforación del pozo y se termina con los trabajos de abandono del mismo. En tanto, resulta lógico y razonable que un gasto necesario para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas, deba estar "apareado" con los ingresos, porque caso contrario, conforme el criterio sostenido por la fiscalización, se llegaría al absurdo de que cuando no haya ingresos, por agotamiento de la fuente, se debería soportar el costo por abandono de pozos, gasto que se tornaría irrecuperable. Toda vez que el hecho sustancial de la operación que genera los ingresos y gastos quedó perfeccionado con la "apertura de pozos" y que se ha realizado una correcta ponderación de los gastos en base a las prácticas comerciales, los riesgos inherentes y la legislación vigente, afirma que se está frente a parámetros objetivos que indican que el gasto se ha devengado, y no frente a un hecho incierto y futuro.
Señaló que los hechos sustanciales generadores del ingreso o gasto se produjeron porque la exigencia legal del cumplimiento del procedimiento de abandono es desde el inicio mismo de la explotación del pozo, un hecho fatal y que, en consecuencia, habilita la deducción durante el transcurso de la explotación conforme la amortización del pozo.
Con relación a la verificación del devengado manifiesta que en el caso que se examinó, la única fuente de ganancia, será la explotación del pozo, cuya causa eficiente se encuentra en su apertura, al cual se le deben aparear todas las pérdidas o gastos que durante toda su vida éste requiera. En otro orden de ideas, es la única fuente de ganancia a la cual se le podrán deducir los gastos producto de su mantenimiento. Destacó que el fisco considera en forma aislada y errónea la causa del gasto, entendiendo a ésta como la finalización de la explotación, violando el principio de correlación, plasmado en los artículos 17, 80 y 18 de la ley del gravamen, que para el caso se establece en una perfecta correlación entre los ingresos y gastos que permite aunarlos, de tal forma de incorporar a la base imponible sólo las ganancias o pérdidas netas. Hizo hincapié en distintos principios, en primer lugar menciona el de correlación (del gasto con la fuente generadora de ganancia), y luego, el de no sujeción a condición: el que trata de que si hay un hecho futuro y cierto en lugar de condición existe término, en cambio, si el negocio se subordina a un hecho futuro e incierto no existe término sino condición, señala que para el caso hay plazo pero no condición. Por otro lado, el principio de causalidad donde destaca que se vincula con la causa eficiente u origen del gasto, es decir, que el gasto tiene su razón de ser y su origen a partir de que comienzan las tareas de perforación, ya que sin perforación no existiría taponamiento alguno.
Y el último principio que mencionó es el de la avaluación donde no se requiere determinación, ni fijación de término para el pago, es decir que para el caso, el costo de tapar un pozo como la relación entre las reservas probadas, el ritmo de producción esperado y el plazo de concesión, son datos que permiten razonablemente establecer el quantum de la deducción así como su ritmo e imputación en el tiempo. Con relación a los intereses resarcitorios calculados, afirmó que la mora no le es imputable, en atención a que dio cumplimiento oportuno a sus obligaciones en materia del IG.
Respecto a la aplicación de la multa, manifestó que no se configura para el caso la existencia del elemento objetivo y subjetivo, que actuó diligentemente, que en ningún momento declaró e ingresó en defecto sus obligaciones respecto del impuesto a las ganancias, por lo cual no incurrió en la conducta reprimida por el artículo 45 de la ley 11.683. Asimismo, señaló la existencia del error excusable en su accionar. Ofreció prueba, citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura y solicitó se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 74/85vta el fisco nacional contestó el recurso interpuesto y negó todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
Señaló que el ajuste practicado determinó de oficio el IG del período fiscal 2007, habiéndose iniciado la fiscalización a efectos de analizar el tratamiento impositivo otorgado por la actora a la “Provisión para taponamiento de pozos y abandono de instalaciones”, por haber realizado la deducción de dicho concepto en el balance impositivo. A tal efecto, solicitó a la sociedad 'que informe el criterio utilizado para la constitución de dicha provisión, su tratamiento al momento de determinar la ganancia impositiva en el período 2007, documentación respaldatoria, detalle de los pozos abandonados definitivamente en los períodos citados, gastos reales deducidos por este concepto, registraciones y papeles de trabajo'. Afirmó el fisco que la actora yerra profundamente cuando insiste en que la causa del taponamiento del pozo es la perforación del mismo, ya que el devengamiento del gasto en concepto de taponamiento de pozos se produce cuando la operación que los origina se encuentra perfeccionada, en este caso, al dar la finalización de la explotación de dichos pozos, para luego de su abandono comenzar con las tareas de taponamiento según lo establecido en la normativa especifica.
Manifestó que es evidente que la recurrente confunde la causa eficiente del taponamiento del pozo (que sólo se puede entender por agotamiento, abandono total o parcial del mismo), con causa aparente del taponamiento y su gasto, (que dice ser la apertura, siendo "la apertura del pozo" consecuencia de la prospección, exploración y causa eficiente de su explotación).
Sostuvo que el criterio contrario al devengado es el de percibido, el que se vincula a la idea de cobrado o pagado. Atento las circunstancias del caso, la Administración no se basó en el criterio de lo percibido, dado que al tributar la actora por la tercera categoría, la liquidación deberá efectuarse según el principio del devengado. Por lo tanto, la postura fiscal no pretende centrarse en el efectivo pago del mismo, para lo cual debe identificarse el hecho.
Mencionó que no es verdad que si la deducción del gasto se hiciera cuando acaeciera el hecho cierto del abandono del pozo (total o parcialmente), no habría ingresos atribuibles a ese costo, porque la empresa como unidad económica, no basa su ganancia en la explotación de un único y exclusivo pozo, sino que su actividad es múltiple: investiga, prospecta, explora y explota al mismo tiempo. Señala que es harto evidente que se trata de una actividad multifacética, que surge de sus propias memorias y balances. No es "pozo x pozo", es, en definitiva, la esencia del riesgo empresario.
Destacó que es una empresa con tradición en la explotación de hidrocarburos. Se encuentra inscripta desde el 29/11/1977, teniendo plazo de finalización en 2076, y no dejó de dar ganancias y beneficios a sus socios. Alegó que teniendo en cuenta las situaciones mencionadas anteriormente, en el caso de finalización de la concesión antes del agotamiento de los pozos, el taponamiento de ellos se encontraría sometido a la realización de otro sujeto, obteniendo la actora, en ese caso, la deducción de un gasto en el cual nunca incurrió.
Respecto del hipotético ejemplo elaborado por la apelante, afirmó que no logró probar su postura en forma adecuada, sino que se basó en simples argumentaciones, sin fundamentos concretos, ni respaldo documental que permita desvirtuar el criterio adoptado por el fisco.
Señaló que el hecho sustancial del taponamiento del pozo es su abandono por finalización de su explotación, que en definitiva existe una imposición legal que todo pozo que se explotó, cuando no se explota más, debe ser taponado, es decir, en algún momento acaece el hecho cierto que no se va a explotar más, y por ello, corresponde su taponamiento.
Manifestó que en base a todo lo expuesto se concluye que la deducción efectuada no resulta procedente, toda vez que el gasto no se encuentra devengado al no haber acaecido el hecho generador (abandono de pozo); y por lo tanto, no puede confundirse el deber formal de informar con antelación las tareas de abandono de pozos mediante la Autoridad de Aplicación (Secretarfa de Energía de la Nación), con el efectivo devengamiento del gasto y su "provisión", y consiguientes deducción en el impuesto a las ganancias.
Con relación a los conceptos de "previsión” al no haberse comenzado a realizar el gasto, la tarea de taponamiento de pozos queda supeditada a contingencias futuras, haciendo variar esa "erogación cierta y determinable", asemejándose de esta manera a una "previsión" cuya deducción no está contemplada por la ley de marras.
Por lo expuesto, consideró que no corresponde deducción alguna en atención a no encontrarse efectivamente devengado el gasto por el concepto cuestionado.
Con relación a los intereses resarcitorios devengados, destacó que en tanto la suerte de los mismos queda supeditada a la obligación principal, se remitió para su rechazo a las consideraciones formuladas precedentemente en pos de confirmar los ajustes practicados.
Respecto de la sanción aplicada, peticionó su confirmación, toda vez que se demostró que la conducta de la actora fue haber presentado su declaración jurada del IG y haber ingresado en menos el gravamen correspondiente, verificándose el elemento objetivo y subjetivo de la infracción en que se sustenta el ilícito que se le atribuye.
Finalmente, solicitó se confirme el acto apelado, con costas.
III. Que a fs. 98/99vta. la actora acompañó como “hecho nuevo” la nota emitida por la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de fecha 22/6/2016 cuyas conclusiones - según afirma- están en línea con la postura sostenida por su parte, esto es, que la obligación del cierre nace en el momento mismo en que se perfora un pozo porque una cosa es cierta y segura, el pozo que se abre genera la obligación de cerrarlo. Puntualizó que dicha nota tiene el valor y significación de provenir de la autoridad de aplicación en materia de cierre de pozos que, en definitiva, es quien desde la norma determina al imponer la obligación desde el momento de la perforación, la causa o el hecho jurídico que motiva la imputación del gasto, como lo ha resuelto la Corte.
A fs. 107/107vta., el fisco contestó el traslado que se le corriera a fs. 101, manifestando que dicha nota no resulta conducente a los fines de dirimir la cuestión debatida en autos, puesto que el organismo emisor no posee competencia alguna para merituar respecto de la oportunidad legal de computarse los gastos en que la actora incurrirá al momento del taponamiento del pozo. Ello así, solicitó el rechazo del hecho nuevo invocado.
A fs. 109 se tuvo presente para su oportunidad lo manifestado por el fisco respecto del hecho nuevo presentado por la actora a fs. 95/99vta.
IV. Que a fs. 111 se elevaron los autos a consideración de la sala "C" y a fs. se llamaron los autos a sentencia.
V. Que, resumidamente, la discusión de autos versa en determinar en qué momento resulta deducible en el IG el gasto originado por “taponamiento” de pozos petroleros. No se encuentra controvertido la deducción de dicho gasto, sino cuál es el hecho que genera el derecho a la deducción y, en consecuencia, el momento en que tal deducción resulta procedente.
El fisco sostiene que la condición para que se produzca el taponamiento de los pozos, está dada por la finalización de la extracción de hidrocarburos, momento a partir del cual recién se estará en condiciones de comenzar las tareas comprometidas para efectuar el abandono del mismo.
Ello así, considero que la recurrente se equivoca al expresar que la causa eficiente del taponamiento de pozos es la apertura del mismo, ya que su devengamiento se produce cuando la operación que la origina se encuentra perfeccionada; en este caso particular, primero se debe dar la finalización de la explotación de los pozos para luego de su abandono comenzar con las tareas de taponamiento según lo establecido en la norma específica (Resol. 5/96 de la Sec. de Energía - Autoridad de aplicación de la ley 17.319 -). Los argumentos de la recurrente, sustentados en que los hechos sustanciales generadores del ingreso o gasto se produjeron, porque la exigencia legal del cumplimiento del procedimiento de abandono es desde el inicio mismo de la explotación del pozo, un hecho fatal y que, en consecuencia, habilita la deducción durante el transcurso de la explotación del pozo, no pueden tener acogida favorable.
En tal sentido cabe destacar lo prescripto por la Secretaria de Energía, Transporte y Telecomunicaciones - en su calidad de Autoridad de Aplicación de la ley 17.319- mediante Resolución SETYC N° 5/96, la cual tiene expresamente previsto en el Anexo 1, Capitulo 1, determinados procedimientos para el abandono de pozos de hidrocarburos, donde dispone que:
"1 - Se establecen DOS (2) tipos de abandono de pozos, de hidrocarburos (líquidos y/o gaseosos o estériles): El TEMPORARIO y el DEFINITIVO, correspondiendo al concesionario de explotación y/o permisionario de exploración, en base a razones técnicas, comerciales y/u operativas, determinar el tipo de abandono a efectuar."
"2 - Un pozo podrá ser abandonado en forma Temporaria, cuando a juicio del concesionario de explotación o permisionario de exploración, existan razones fundamentadas, que hagan previsible su reutilización en el tiempo."
"4 - CUATRO (4) años antes de expirar una concesión de explotación, o al momento de producirse la reversión total o parcial de un área de exploración, el concesionario o permisionario presentará a la Autoridad de Aplicación, un estudio técnico-económico donde fundamente las razones por las cuales no resulta conveniente el abandono definitivo o temporario, de cada uno de los pozos inactivos existentes en el área a entregar."
"En caso de existir objeciones de la Autoridad de Aplicación al estudio técnico~ económico presentado, sobre alguno o sobre todos los pozos, el concesionario o permisionario realizará el abandono temporario o definitivo de todos los pozos objetados antes de la devolución del área."
"6 - A partir del dictado de la presente Resolución, todo pozo que se perfore, en áreas de exploración o de explotación, deberá ser categorizado de conformidad con lo establecido en el Capítulo II, y si correspondiere, abandonado en forma Temporaria o Definitiva inmediatamente."
De la norma transcripta surge claramente que recae sobre el concesionario el deber de categorizar todo pozo que perfore, en áreas de exploración o de explotación, calificándolos como activos, inactivos y, en caso de que así lo estime, de abandonar transitoria o definitivamente los mismos (Pto. 6). Por otra parte, también resulta determinante en este análisis lo dispuesto en el Capítulo IV de su Anexo 1 donde establece un régimen informativo de plazos relativo a aquellos pozos en condiciones de ser abandonados, lo que supone que en los mismos ha cesado la actividad extractiva y por lo tanto, respecto de ellos, estaría cumplida la condición de agotamiento a partir de la cual son deducibles los gastos que demanda su abandono.
Por otro lado, la recurrente se agravia del criterio del ente fiscal, manifestando que pretende dar el carácter de obligación sujeta a condición, es decir, de “previsión”, al hecho cierto y determinado que ocurrirá inevitablemente, circunstancias que fundan la “provisión”.
Al respecto, corresponde destacar lo dicho por Enrique J. Reig en su obra "Impuesto a las Ganancias": "Antes de sancionarse la ley 19.550, de sociedades comerciales, la fórmula oficial de balances para sociedades anónimas distinguía las provisiones de las previsiones. Ello obligaba a diferenciar ambos conceptos: se aplicaba el de previsión cuando existiera incertidumbre de incurrir o no en el gasto; y se utilizaba la idea de provisión cuando los compromisos que habrían de hacer incurrir en el gasto ya existían, aún cuando no fueran todavía exigibles a la empresa y su medición sólo resultase posible mediante estimaciones aproximadas. En general, esa distinción era considerada sutil y fue eliminada de las prácticas contables argentinas. La expresión previsión se mantiene para referirse a los riesgos contingentes, y ha quedado suprimida de la clasificación de provisiones, para incluirlas en las deudas" (Reig: "Impuesto a las Ganancias"- 10° Ed. 2001, pág. 576).
Sobre el particular corresponde señalar que si bien la diferencia entre “previsión” y “provisión” fue eliminada de las prácticas contables, las “previsiones” se constituyen para hacer frente a contingencias que, si bien mantienen cierta incertidumbre, se fundan en razones que llevan a la conclusión de que existe un grado elevado de probabilidades de que éstas se verifiquen, y evitar de ese modo que se calcule como utilidad una cifra mayor a la que realmente corresponde.
En este caso, la recurrente denomina como “provisión”, a un pasivo contingente que por sus características correspondería denominarlo más certeramente como “previsión”, creada por la empresa en función de la obligación diferida de taponar los pozos utilizados en la explotación cuando los mismos se agoten, lo que precisamente no brinda certeza sobre su cuantificación, ya que la misma se halla sujeta a condición, en la medida de que los pozos se agoten estando en manos del mismo concesionario que formuló el cargo. De igual modo se expidió la Sala III de la CACAF en autos "ENAP Sipetrol Argentina SA", sentencia de fecha 28/09/2012 dejando sentado que:
"...el hecho jurídico que actúa como causa de la referida obligación de taponamiento de los pozos de hidrocarburos y a la cual ella se encuentra condicionada, no consiste -tal como postula el recurrente - con el inicio de los trabajos de excavación. Por el contrario, ese hecho consiste en que el pozo se encuentre en condiciones de ser abandonado transitoria o definitivamente durante la vigencia de la concesión. Puesto que, de otro modo, la obligación de taponar el mismo ya no recaería necesariamente sobre el actor, en su calidad de concesionario."
"En consecuencia, en tanto los costos futuros relativos a la obligación de taponamiento se encuentran sujetos a que suceda el hecho o condición (futura e incierta) antes descripta, ellos no pueden ser considerados como gastos devengados (arg. CSJN, Causa C. 1068. XLIV, ya cit.) y, por lo tanto, tampoco resulta conducente que se proceda a su deducción en los términos pretendidos por la empresa accionante."
"Finalmente sobre este punto, cabe agregar que no se evidencia en la causa la excepcionalidad en que la recurrente basa que dicha circunstancia constituya una condición resolutoria y, por ende, no obste el devengamiento del gasto. Ya que la condición referida (respecto de que el pozo entre en estado técnicoeconómico de abandono, durante la vigencia de la concesión), no sólo se vincula con las circunstancias que el recurrente califica de extraordinarias (retrocesión, cesión o nulidad), sino también con una normal y ordinaria, el vencimiento del contrato."
"IX. Que, por lo demás, demostrada la inviabilidad de tomar los referidos costos como gastos devengados, deuda y/o provisiones, atento a estar sujetos a un hecho o condición 'futuro e incierto" cabe agregar que, aun tomando dichos costos como “previsiones” (en tanto podría argumentarse que consisten “en importes estimados para hacer frente a situaciones que, probablemente, originen obligaciones), tampoco resulta posible acceder a la deducción pretendida por la actora. Puesto que, dichas previsiones no se encuentran receptadas entre las deducciones permitidas por la Ley del Impuesto a las Ganancias, en particular, por su art. 87.”
"X. Que, a mayor abundamiento, puede señalarse que, incluso si se entendiese aplicable al caso -como pretende la actora - la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente "Astra CAPSA" (Causa A.
831. XLIV, ya cit.), la aplicación del art. 75 de la LIG no conduciría a un resultado distinto al expuesto precedentemente. En este sentido, resulta conveniente destacar, en primer lugar, que el caso difiere del presente en tanto allí se estimó la suerte de "gastos realizados para controlar el accidente ocurrido durante la perforación de uno de los pozos". En segundo lugar, no puede soslayarse que, si bien dichos gastos fueron considerados como necesarios en los términos del art. 17 de la LIG, allí se concluyó que "en tanto el contribuyente no determine la viabilidad o la inviabilidad de la explotación del bien —o de la parte de éste que corresponda de acuerdo con el proceso productivo de que se trate—, tampoco podrá imputar el gasto a él relacionado —tomando en cuenta su finalidad económica tal como se expone en el considerando 8°— hasta tanto no adopte la decisión correspondiente" (CSJN, Causa A. 831. XLIV, ya cit., Consid. 12).”
Finalmente, corresponde señalar que en igual sentido se expidió la Sala III de la CNCAF en una causa también de la aquí actora, en fecha 2/05/2017 (causa 18389/2016, “Pluspetrol Energy SA TF 33.488-I c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”), habiéndose rechazado el 24/04/2018 el recurso extraordinario interpuesto por la apelante, según surge de la página web del Poder Judicial de la Nación (v. http://scw.pjn.gov.ar/scw/expediente.seam?cid=6031542).
Teniendo en cuenta lo descripto precedentemente y considerando improcedente la deducción del concepto analizado, corresponde confirmar el ajuste practicado por el fisco, con costas.
Por la forma en la que se resuelve deviene inoficioso pronunciarse sobre los restantes puntos articulados por la actora.
VI. Que con relación a los intereses resarcitorios intimados, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que incurrió el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. En tal sentido, cabe recordar que la Corte con fecha 1/6/2000 en la causa “Citibank NA c/DGI” expuso que: “si bien en el precedente de Fallos: 304:203 el tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del artículo 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas”.
En consecuencia, corresponde confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios calculados, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683, con costas.
VII. Que entrando al análisis del aspecto sancionatorio, cabe señalar que el ente fiscal encuadró la infracción en el tipo descripto en el art. 45 de la ley 11.683 -t.v. a la sazón-, el que establecía que: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente siempre que no corresponda la aplicación del art. 46 y en tanto no exista error excusable. ( ... )”.
En lo que se refiere al ilícito que nos ocupa de omisión de impuesto, cabe destacar que respecto del elemento objetivo de dicha figura y tal como se expuso en los Considerandos precedentes, el mismo quedó acreditado al haber omitido la recurrente el ingreso del gravamen. Por su parte, y con relación al elemento subjetivo de la sanción aplicada, la ausencia de culpa debe ser probada por la imputada, toda vez que el haber incurrido en error de hecho o de derecho es causal de absolución si el mismo es excusable. Al respecto, la jurisprudencia se inclinó por comprender tanto al error de hecho como al de derecho, requiriendo del mismo a los fines de su excusabilidad que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se atribuye la infracción tributaria.
Si bien la actora alega la existencia de error excusable de su conducta, lo cierto es que el mismo no fue acreditado. Ello así y resultando adecuada la graduación dispuesta por el ente fiscal, corresponde confirmar la multa aplicada, con costas.
Los Dres. Vicchi y Marmillon dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa.- Date: 2022.09.06 14:21:16 -03:00 Date: 2022.09.06 16:16:42 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.07 16:59:58 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.07 16:59:59 -03:00
Fin de la sentencia