Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2454/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la incidentista, Provincia de Santa Cruz, en PE94842-2021 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE140280-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2454/21-TSJ Interlocutorio N°: 3710 Actor: ACUÑA CEICHI VICTOR Demandada: MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA Objeto: ACCIÓN DE AMPARO s/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA Fecha: 07-09-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3710 FOLIO Nº 6586/6589 PROT. ELECT. TSS1 059 I.221
Río Gallegos, 7 de septiembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ EN AUTOS: ‘ACUÑA CEICHI VICTOR c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA s/ ACCIÓN DE AMPARO’ s/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA”, Expte. Nº P-13.932/20 INC (P-2454/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, del Sr. Vocal Subrogante Dr. Domingo Norberto Fernández y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte incidentista, Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado Dr. Fernando Pablo Tanarro y de su letrada apoderada, Dra. Fernanda A. Loncón Paredes, (cfr. PE94842-2021), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. PE90479-2021), que desestimó la recusación con causa planteada por dicha parte contra el Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº Dos de esta ciudad, Dr. Antonio F. Andrade.-
II. Contra dicha decisión la recurrente interpuso recurso de casación acusando violación de la ley, doctrina legal y arbitrariedad.-
Como punto de partida sostiene que el recurso es procedente conforme lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos fallos donde se establece que, en determinados supuestos, el remedio extraordinario procede a pesar de no encontrarse ante sentencias definitivas cuando se reúnen ciertas circunstancias de excepción que -entiende- se configuran en autos (cfr. PE94842-2021, pág. 1).-
Transcribe numerosa jurisprudencia emanada del Máximo Tribunal de la Nación y reitera que existen excepciones al principio general vigente en esta materia y que el supuesto de autos reúne las particularidades para tornarlas procedentes (cfr. PE cit., págs. 2/9).-
Seguidamente bajo el título de “Fundamentos del recurso - violación de la ley y doctrina legal”, sostiene que la Excma. Cámara de Apelaciones ha incurrido en una serie de desaciertos al momento de resolver el presente incidente (cfr. PE cit., pág. 10).-
Afirma que la imparcialidad es un elemento esencial para la prestación del servicio de administración de justicia y que, en el caso concreto, todas las denuncias administrativas por ante Superintendencia fueron debidamente fundadas en el incumplimiento de las funciones jurisdiccionales a cargo del juez recusado. Se trata de denuncias que revisten gravedad institucional (cfr. PE cit., págs. 10/11).-
Aduce que el código procesal es claro: si un juez ha sido denunciado por el recusante con anterioridad a la iniciación del pleito, se presume iure et de iure la parcialidad del juzgador, y que: “No puede desconocerse que la existencia de las denuncias perpetradas contra el magistrado recusado, anteriores al inicio del presente expediente…tienen la suficiente entidad para generar cierto resquemor y perturbar en su fuero íntimo la imparcialidad requerida para resolver en los presentes…Por el solo hecho de que existan esas denuncias contra el magistrado, y que además una de ellas haya culminado en sanción económica, provoca en esta parte un gran temor fundado de parcialidad, que nos expone indebidamente a transitar en el marco de un proceso en el que no se encuentra garantizado el accionar de un juez imparcial. Ello, en violación a la garantía constitucional del debido proceso, amparada en el art. 18 de la C.N. y reconocida también en los Tratados Internacionales, que conforman el bloque de constitucionalidad.” (cfr. PE cit., pág. 11).- Concluye que la interpretación de la Cámara sobre el instituto de la recusación no se adecua a la jurisprudencia de la Corte que requiere, como exigencia del debido proceso y adecuado servicio de justicia, despejar en todos los casos, cualquier atisbo de parcialidad y no se ajusta al derecho aplicable, por lo que la decisión que estima arbitraria debe ser casada (cfr. PE cit., pág. 13).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte incidentista (cfr. PE140280-2021).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE123643-2021.-
III. Expresado ello, debe efectuarse el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- En este sentido debemos adelantar que es doctrina de este Tribunal que las recusaciones de Jueces no constituyen sentencia definitiva a los fines de la apertura de esta instancia y, además, que se trata de una cuestión de hecho y de derecho eminentemente procesal extraña a la vía extraordinaria provincial (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3456, Folio 5880/5883).-
Con respecto a la falta de definitividad, “…este Tribunal Su- perior de Justicia ha sostenido que debe necesariamente considerarse que lo referente tanto a la recusación como a la excusación de los Señores Jueces, no puede constituir materia propia del recurso extraordinario provincial de casación, dada la plenitud de la naturaleza procesal del tema en debate y la ausencia del dictado de una sentencia definitiva que ponga fin al pleito o cause un agravio de imposible o insuficiente re- paración ulterior (confr. Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1232, Folio 1625/1626…). Resulta inviable, por no cumplir con uno de los requisitos esenciales de admisibili- dad, cual es el carácter definitivo del resolutorio en crisis, en tanto para revestir tal carácter y hacer excepción al principio expuesto debe importar un perjuicio de tardía o insuficiente reparación ulterior, y poner en juego la inteligencia del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales incorporados a ésta (CSJN, Fallo 329:2631).
En efecto, no se aprecia en el sub-examine la nota de definitividad de la materia resuelta en las instancias ordinarias a los fines de la procedencia del recurso de casación, conforme al recaudo exigido por el artículo 1º de la citada norma legal…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2728, Folio 4198/4200).- En cuanto a la cuestión eje del conflicto en los presentes, “…la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha resaltado: ‘…las decisiones adoptadas sobre recusaciones o excusaciones, además de no constituir sentencia definitiva…no son susceptibles de ser impugnadas por ante esta instancia extraordinaria (conf. doct. Ac. 100.973, resol. del 25-IV-2007; Ac. 104.851, resol. del 3-XII-2008; Ac. 102.380, resol. del 10-VI-2009).
Así, en el caso, en que la alzada rechazó la recusación planteada, no se observa la concurrencia de ninguna de las excepcionales circunstancias que han permitido apartarse del referido criterio (conf. doct. Ac. 100.023, resol. del 4-VI-2008; Ac. 102.153, resol. del 8-VII-2008).’ (cfr. SCBA, ‘in re’: Foiguel, León Isaac y otro c. Alvarez Manuel Alfredo y otro s. Daños y Perjuicios. Recurso de Queja C. 114.123, sentencia del 04/05/2011).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3128, Folio 5123/5127).- En el caso de autos, la resolución atacada no ha decidido sobre el fondo del conflicto, sólo resolvió un determinado punto en litigio, pero que no está vinculado al objeto del juicio, siendo ello así “…puede afirmarse que no es dable atribuir esa naturaleza a aquellas resoluciones que aun cuando concluyan una determinada controversia no están vinculadas al evento principal en litigio…y que por lo tanto, no le ponen fin.” (cfr.
Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”. Ed. Librería Editora Platense S.R.L., 2da Edición, La Plata, 1998, pág. 514).- La casacionista reconoce que si bien las recusaciones de jueces no constituyen, en principio, sentencia definitiva, en la especie se configura una excepción a dicha regla; excepción que pretende demostrar con citas de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, omite explicar aunque sea mínimamente, por qué este caso constituiría una exención a la regla de definitividad y cómo es que se aplica al presente la jurisprudencia que cita. Carencias, todas ellas, que dan por tierra con la pretensión de activar la instancia extraordinaria de casación.- Es oportuno recordar con relación al citado carácter de definitividad, que se encuentra “…conceptualmente asociado a la privación al recurrente ‘…de toda posibilidad de una ulterior tutela judicial de sus derechos…’ (confr.
Fassi, Santiago - Yánez, César; Cód. Proc. Civ. y Com. comentado, anotado y concordado, T. 2, pág. 549)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2731, Folio 4209/4211). Contrariamente a lo sostenido por la incidentista, no se advierte que lo resuelto por la anterior instancia termine la causa o impida su prosecución, ni mucho menos que provoque un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior. Tal situación no hace más que otorgar mayor robustez a la falta de definitividad del resolutorio recurrido, erigiéndose en un obstáculo insalvable para el tratamiento del recurso.-
IV. Por otro lado, la impugnante no demuestra que la resolu-ción que motivó su recurso sea arbitraria, es decir, como aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padecen de una carencia absoluta de fundamentación.-
Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...‘tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exteriori- za, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’…” (cfr. SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega J.E c/Cía. Swift S.A. Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/Cía. Swift S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54, citado por Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, Librería Editora Platense S.R.L., 2da. Edición, La Plata, 1998, págs. 479/480).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el re- currente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- En el sub lite, la incidentista no ha logrado demostrar la arbitrariedad que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso deducido discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio que rechazó la recusación planteada, sin demostrar que el mismo constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales.-
V. En cuanto a la violación de la ley, se advierte que la casacionista no sólo omite mencionar las normas supuestamente conculcadas sino que tampoco realiza una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis.- El recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en qué se han equivocado los magistrados que ya se expidieron, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.- Se advierte entonces que la lectura del escrito portador del recurso de casación desnuda la carencia de una crítica concreta y razonada de la resolución que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se intenta. No contiene, dicho libelo, una explicación razonable que demuestre, aunque sea mínimamente, como es que, en el caso concreto, se ha producido el error que amerite desechar la resolución de Cámara.- En definitiva, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso intentado.-
VI. Finalmente y visto que la casacionista acusa una supuesta violación de la doctrina legal emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es importante aclarar que la única doctrina legal obligatoria para los Tribunales de la Provincia es la que emana de este Alto Cuerpo (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 511, Folio 2860/2871, e Interlocutorio, Tomo XXVIII Reg. 3349, Folio 5590/5594). Así se ha sostenido que: “...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...” (cfr. Interlocutorio, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594).-
VII. Que, en virtud de todo lo expuesto, el recurso de casación articulado por la incidentista, Provincia de Santa Cruz, en PE94842-2021 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE140280-2021 de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Que, por el presente expreso mi disidencia con la solución propuesta, por considerar que en autos se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, por lo que corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante del Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani, del Sr. Vocal Subrogante Dr. Domingo Norberto Fernández y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1º).- Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la incidentista, Provincia de Santa Cruz, en PE94842-2021 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE140280-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1059I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3710 Folio N°: 6586/6589 Secretaría: 1
Fin de la sentencia