Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2176/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la recurrente a fs. 53/74 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2176/17-TSJ Interlocutorio N°: 412.-
Actor: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA EN AUTOS: GIORDANO GABRIEL LUCIO Demandada: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA Objeto ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA S/ RECURSO DE QUEJA - PODER EJECTIVO Fecha: 12-12-2018 Texto: TOMO VIII – OTROS RECURSOS – T.S.J..-
REGISTRO Nº 412 FOLIO Nº 1564/1568 PROT. ELECT. TSS1 015 O.181
Río Gallegos, 12 de diciembre de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA EN AUTOS: GIORDANO GABRIEL LUCIO C/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA S/ RECURSO DE QUEJA - PODER EJECU-TIVO”, Expte. Nº P-2176/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la Provincia de Santa Cruz, a fs. 53/74 vta., ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo obrante a fs. 46/49 que rechaza la queja y declara bien denegado el recurso de casación por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. foja 48 vta.).- La recurrente aduce que se suscita la instancia extraordinaria federal alegando arbitrariedad (cfr. foja 55 vta.). Manifestando que, en el sub lite, se presenta una situación de excepción que amerita el tratamiento de una cuestión relativa a la recusación de un Juez a través de la vía extraordinaria (cfr. foja 56 vta.).-
Sostiene que: “...hay un ejercicio imparcial de la actividad del juez que produce un serio menoscabo al servicio de administración de justicia...” (cfr. foja 59).-
Agrega que en los “...presentes actuados existe cuestión federal suficiente, en los términos del artículo 14 de la Ley N° 48, toda vez que, al resolver de la forma en que se hizo, haciendo caso omiso a los planteos de esta Fiscalía, defendiendo la permanencia de un magistrado cuya parcialidad se encuentra severamente cuestionada por la parte demandada, se violentan las distintas garantías procesales que tutela la Constitución Nacional, como referido derecho de defensa, la igualdad procesal y el debido proceso.” (cfr. foja 59 vta.).- Expresa que: “...las normas constitucionales que tutelan el debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad de las partes en el proceso, también alcanzan a nuestra representada...” (cfr. foja cit.).-
Señala que los derechos violentados también se encuentran reconocidos en tratados internacionales que resultaban operativos en función de lo establecido en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional (cfr. foja 60).-
Destaca que la cuestión federal fue planteada en la etapa procesal oportuna y que luego se mantuvo (cfr. foja 60 vta.).-
Plantea que la recusación del Juez de Primera Instancia, Dr. Antonio Andrade, se sustenta en sospechas fundadas acerca de su parcialidad. Al respecto observa que el referido magistrado, a través de la vía del amparo, habría intervenido en diversas causas contra el Estado Provincial, menoscabando en todas ellas su defensa efectiva. Con lo que se le habría denegado, según entiende la recurrente, sistemáticamente derechos y el acceso a un debido proceso. A modo de ejemplo trae a colación que el magistrado fue denunciado con posterioridad al inicio de estas actuaciones “...en virtud de los graves hechos ocurridos por una indebida autorización otorgada en el marco de una acción de amparo contra la Caja de Previsión Social, a una de las partes, para perseguir y notificar una cédula a un funcionario, quien fue hostigado por el grupo de amparistas -reiteramos, autorizadas por el juez- quienes se dedicaron a perseguirlo por la ciudad e ingresar a un predio de propiedad del funcionario por la fuerza generando incidentes” (cfr. foja 62 y vta.).- Augura que: “...de continuar el magistrado que esta parte impugna, irremediablemente, el proceso se encamina al fracaso, en virtud de las violaciones a las normas más elementales del debido proceso” (cfr. foja 65 vta.).-
Añade que las alegaciones de la demandada no han sido meras invocaciones de la afectación de garantías constitucionales, sino de efectivos perjuicios en el desarrollo del proceso (cfr. foja 67).-
Afirma que: “...esta parte invocó que el magistrado no extremó los recaudos para verificar la existencia de los requisitos de procedencia de la acción, e invadió esferas propias del Poder Ejecutivo, quebrantando la división de poderes, en efecto, la medida cautelar dictada ab initio, además de no reunir los requisitos para considerar procedente el dictado de la misma, la decisión adoptada implicaba inmiscuirse en actividades propias de la administración, privilegiando el interés individual de una persona por sobre el interés general.” (cfr. foja 69 y vta.).- Entiende que la resolución del Excmo. Tribunal Superior de Justicia no condice con las normas procesales vigentes ni con la interpretación doctrinaria y jurisprudencial aplicable al caso (cfr. foja 71).-
A foja 76 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictaminó a fs. 77/78. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
A foja 79 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Que analizando la presentación de la recurrente y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011 corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articu-lado.- En ese orden de ideas, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló en término ante este Alto Cuerpo.-
En segundo lugar se observa que la recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. art. 1º del Reglamento).-
Cuenta con una carátula en hoja aparte, que cumple parcial-mente con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la Acordada N° 4/2007, al no cumplir acabadamente con los incisos c) e i) de la misma (cfr. fs. 53/54).-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, no tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia.-
Es criterio sentado en la materia que la procedencia del recurso extraordinario requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (cfr. Fallos 303:633, entre otros).- Sobre la materia, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “...es conocida la jurisprudencia del Tribunal Cimero quién ha expresado que las decisiones que versen sobre la recusación de los magistrados es materia ajena al recurso extraordinario federal, por la naturaleza, en principio, fáctica y procesal del tema y la ausencia de sentencia definitiva o equiparable (Fallos: 290:334; 305:1745; 311:565; 317:771; 327:2048, entre varios otros)”.
(cfr. Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 356, Folio 1344/1346).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “Que conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal, lo atinente a la recusación de los jueces constituye materia que no puede ser traída a su conocimiento por la vía del art. 14 de la ley 48, atento la naturaleza procesal del tema y la ausencia de sentencia definitiva que ponga fin al pleito o cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos: 297:70; 302:346 y 1332; 303:220, 385 y 769; 304: 182 y 703, entre muchos otros). La invocación de arbitrariedad y de garantías constitu-cionales que se entienden conculcadas no suple la falta de aquel requisito a los fines de la procedencia del remedio intentado (Fallos: 298:47 y 85; 302:417), exigencia que tampoco se obvia por la alegada existencia de un supuesto de gravedad institucional, ya que en el estado actual del proceso no se advierte que la intervención de la Corte pudiera tener otro alcance que el de satisfacer el interés de la apelante en separar del caso a los magistrados sobre los que su parte abriga sólo una sospecha que no funda de manera precisa (Fallos: 303:221 y sus citas).
A lo que cabe añadir que las cues-tiones federales resueltas por autos no definitivos son susceptibles de conocimiento por el Tribunal en ocasión del recurso extraordinario que quepa eventualmente deducir contra la sentencia final de la causa (Fallos: 298:113 y 300:1136)” (cfr. Fallos 305:1745).- Con igual criterio la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que las decisiones que versan sobre recusaciones de los jueces, no son susceptibles de ser revisadas en sede extraordinaria, como en el caso, dado que por un lado no constituyen sentencia definitiva; y por el otro, remiten al examen de temas de hecho y derecho procesal (cfr. N. J. O. s/ informe art. 26 C.P.C.C, 13/11/2012, 383, Causa: C.116.570).-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las obser-vancias de los requerimientos del inciso b), ya que si bien se hace un breve relato de todas las circunstancias relevantes del caso, ello no es suficiente para considerar como autónomo al recurso deducido puesto que, el relato de los hechos, debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión federal invocada.- Es que a los efectos del cumplimiento de dicho requisito, no basta con la simple remisión a lo expuesto en actuaciones anteriores, ni con una enunciación genérica y esquemática que no permita la cabal comprensión del caso que fue sometido a consideración de los jueces de la causa. En definitiva, la recurrente omite precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional planteada (cfr. Andrés Gil Domínguez, “Técnica jurídica del recurso extraordinario y del recurso de queja”, Ed. Ediar, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º inciso c) se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasione un gravamen concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, deberían haber resuelto los magistrados intervinientes, a mencionar una serie de derechos y principios cons-titucionales que -a su criterio- habrían sido menoscabados, y a sostener de modo genérico la afectación que le produciría el no apartamiento de la causa respecto del juez recusado, pero sin profundizar dichas afirmaciones.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y artículo 14 de la Ley Nº 48, puesto que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (cfr. Fallos: 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T., publicado en E.D., Tomo 126, 1988, págs. 170/171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario re-quiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Carlos R. Tribiño, “El recurso extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2003, pág. 104).- En tal sentido, observamos que la recurrente funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48, sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas federales que invoca.
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (artículo 14, inciso 1º, de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una ley provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (artículo 14, inciso 2º de la Ley Nº 48) ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (artículo 14, inciso 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se resolvió rechazar el recurso de queja declarando bien denegado el recurso de casación que fuera interpuesto contra la resolución que rechazaba la recusación con causa formulada por la Fiscal de Estado Adjunta de la Provincia de Santa Cruz (cfr. foja 48 vta.).- Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio “...‘la demos- tración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas...’ (conf. inc. e) del artículo 3º).
Esto se...sigue de la inexistencia de cuestión federal (conf. artículo 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Palacio de Caeiro Silvia B.: “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed., Bs. As., La Ley 2012, pág. 431/432)” (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 362, Folio 1365/1368).- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logran demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.
De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extra-ordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, inciso d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado, en ciertas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones no federales: la arbitrariedad.-
Respecto de este carril por el que la recurrente intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha esta-blecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sen-tencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. Del Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 325:3265 y sus citas).- En autos, la presentación en estudio denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que la presentante realiza un análisis de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio de la recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya este por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Alto Cuerpo ha dado las razones jurídicas que fundamenta la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de la cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con funda-mentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (cfr. Fallos: 313:559; 316:2718; 319:103 y 321:1909).- Es que la arbitrariedad como causal de apertura de la instancia extraordinaria federal es excepcional y debe, como el resto de los agravios en un recurso de esta naturaleza, alegarse y probarse.-
Este cometido no es cumplido por la recurrente, en efecto, en el sub lite el recurso de queja por casación denegada mereció el rechazo por haberse incumplido con recaudos previstos en el código de rito que conducen al examen de una cuestión de derecho procesal local, resuelta sobre la base de la interpretación de normas de idéntica naturaleza que por ser cuestiones reservadas a los tribunales provinciales, escapan a la instancia extraordinaria (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VI, Reg. 296, Folio 1136/1139). En la misma inteligencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que: “Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó el recurso de queja interpuesto por la no concesión del de inaplicabilidad de ley...Ello así, pues las resoluciones que deniegan recursos interpuestos ante los tribunales locales, comprenden cuestiones que, por su naturaleza procesal, resultan propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia del art. 14 de la ley 48, máxime si los agravios que expresa el apelante sólo traducen, en definitiva, su discrepancia con una interpretación estricta pero posible de las normas adjetivas antes mencionadas, discrepancia que no sustenta la tacha de arbitrariedad opuesta.” (cfr.
Fallos 307:188).- Cabe agregar a lo expuesto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (cfr. Sum. Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (cfr. Sum. Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina juris-prudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resul-ta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autó-noma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el ape-lante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclu-siones que lo agravian (cfr.
Fallos: 308:2421; 310:722 -disidencia Dr. Enrique Santiago Petracchi- y 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y con-temple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado cumplimiento acabado con los recaudos previstos en el artículo 257 CPCCN, ni en los incisos a), b), c), d), y e) del artículo 3º de la Acordada 4/2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio cuestionado y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la recurrente a fs. 53/74 vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse excusada la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1015O.181 Tomo: VIII Interlocutorio: 412.-
Folio N°: 1564/1568.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia