Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2261/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la incidentista -Poder Ejecutivo Provincial- a fs. 53/67 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2261/17-TSJ Interlocutorio N°: 427.-
Actor: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ EN AUTOS: PERANCHO MONICA ELENA EN AUTOS: PERANCHO MONICA ELENA Y OTROS Demandada: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA CRUZ Objeto: ACCIÓN DE AMPARO s/ INCI- DENTE DE RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA s/ RECURSO DE QUEJA -PODER EJECUTIVO- Fecha: 30-04-19 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 427 FOLIO Nº 1620/1622 PROT. ELECT. TSS1 015 O.191
Río Gallegos, 30 de abril de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ EN AUTOS: PERANCHO MONICA ELENA EN AUTOS: PERANCHO MONICA ELENA Y OTROS c/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA CRUZ s/ ACCIÓN DE AMPARO s/ INCI- DENTE DE RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA s/ RECURSO DE QUEJA -PODER EJECUTIVO-”, Expte. Nº P-2261/18-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal ar- ticulado por la incidentista -Poder Ejecutivo Provincial- a fs. 53/67 vta. ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuer- po a fs. 48/51, el cual rechaza el recurso de queja por casación denegada articulado a fs. 31/38. Recurso que oportunamente se interpuso contra el fallo dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 26/29.- Sintéticamente, la incidentista planteó la inconstitucionalidad del artículo 37 inciso 3º de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz (vigente por entonces), por cuanto disponía que los Secretarios de Cámara po- dían subrogar a los Jueces y ello, a su entender violaba las garantías del Juez natural y el debido proceso.
Esta pretensión fue rechazada en las instancias ordinarias locales y finalmente arribó en queja ante este Tribunal Superior de Justicia.- La queja fue igualmente desestimada porque la sentencia recu- rrida no es definitiva; destacando que: “Contrariamente a lo sostenido por la quejosa no se advierte que lo resuelto por la anterior instancia termine la causa o impida su prosecución, ni mucho menos que provoque un agravio de imposible o muy dificulto- sa reparación ulterior. Tal situación, no hace más que otorgar mayor robustez a la fal- ta de definitividad del resolutorio recurrido, erigiéndose en un obstáculo insalvable para el tratamiento del recurso.” (cfr. foja 49 vta.). Tampoco demostró la incidentista que la resolución que motivó la queja sea arbitraria: “...ya que sólo se desprenden del recurso de queja, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el deci- sorio que declaró inadmisible la casación, sin demostrar que el mismo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales…” (cfr. foja 50).
Contra esta última decisión procura la in- cidentista el remedio federal bajo análisis.- La recurrente, para fundar el Recurso Extraordinario, acusa que: “…el tribunal aquí confunde una temática distinta de la planteada, pues la pre- tensión de mi parte no refiere a la recusación de algún magistrado, sino a la manifies- ta inconstitucionalidad de la intervención de secretarios en la Cámara de Apelaciones en carácter de jueces subrogantes por resultar ello violatorio de la garantía de juez na- tural...” (cfr. foja 60), señalando que por ello la resolución cuestionada es arbitraria.- Agrega que: “...tanto la Cámara de Apelaciones interviniente como el Tribunal Superior de Justicia han dejado sin respuesta el planteo de inconsti- tucionalidad referente al régimen de subrogancias provincial dispuesto en el art. 37 de la Ley Orgánica de la Justicia (Ley Nº Uno), omitiendo pronunciarse sobre los dere- chos y garantías constitucionales que esta parte como recurrente invocó oportuna- mente y omitiendo considerar que en el presente caso al estar en juego la inteligencia del art. 18 de la Constitución Nacional -específicamente la garantía del juez natural- debe asimilarse la resolución recurrida a una sentencia definitiva...” (cfr. foja 61).- Alega, además, que lo decidido se aparta de la doctrina del Má- ximo Tribunal de la Nación sobre la materia, plasmada en los fallos “Rosza”, “Aso- ciación de Magistrados y Funcionarios c/ E.N. -Ley 26.372 artículo 2º s/ amparo ley 16.986” y “Uriarte”, y afirma que: “Resulta evidente entonces que al integrarse la Cá- mara de Apelaciones con un secretario, se afecta la garantía del debido proceso y del juez natural, pues respecto de dichos funcionarios, no se ha llevado a cabo el proceso de selección que garantice la idoneidad e independencia conforme preceptos constitu- cionales.” (cfr. fs. 66 y vta.).- A foja 69, se ordena correr vista al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien dictamina a fs. 70/71. Allí expresa -sobre la base de los argumen- tos que esgrime y a los cuales nos remitimos 'brevitatis causae'- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
A foja 72 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Analizando la presentación del Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo disponen el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na- ción, los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48, y las Acordadas dictadas por la Corte Su- prema de Justicia de la Nación Nros. 38/2011 y 4/2007 (modificada por su similar Nº 3/12), corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presen- te recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso de- ducido en formato de hoja A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dis- puesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas con menos de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. artículo 1º del Reglamento) y cuenta con la carátula, en hoja aparte, que cumple par- cialmente las exigencias establecidas en el artículo 2º, incumpliendo el inciso d) (ccte. con el art. 1 de la Acordada 31/2011) al no consignar el código de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgada por la Corte Su- prema de Justicia de la Nación.- Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el arti- culo 3º de la Acordada Nº 4/2007, y en particular por el inciso a), observamos que la resolución que motivara la presente queja no es sentencia definitiva o equiparable a tal, en tanto que no pone fin al proceso ni impide su continuación. Más aún, lo decidi- do ha sido una cuestión incidental que en nada atañe a la cuestión de fondo.-
Así pues, en el juicio fundado de admisibilidad que le corres- ponde efectuar a este Alto Cuerpo, a fin de conceder o no -según corresponda- el re- medio interpuesto, debe destacarse, liminarmente, la existencia de un obstáculo deci- sivo que impide el acceso a la instancia extraordinaria, el cual se configura a partir del incumplimiento del requisito que exige que el recurso se dirija contra una senten- cia definitiva o equiparable a tal (cfr. artículo 14 de la Ley Nº 48).- Tal circunstancia basta para declarar la inadmisibilidad del re- curso interpuesto, toda vez que no cumple con el recaudo previsto en el artículo 3º in- ciso a) de la Acordada Nº 4/2007 y dicho requisito no puede suplirse aunque se invo- que la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales. Los cuestionamientos, en el caso, sólo traducen la mera discrepancia de la impugnan- te con el criterio adoptado por este Tribunal Superior de Justicia, lo que también es insuficiente a la hora de la apertura de la instancia de excepción.-
III. Si bien lo precedentemente señalado lleva, sin más, al re- chazo de la vía extraordinaria, cabe apuntar con respecto a las restantes exigencias es- tablecidas en el artículo 3º, que el escrito recursivo cumple los requerimientos del in- ciso b); empero la recurrente no efectúa siquiera un esbozo para demostrar que el pro- nunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual (tal co- mo manda el inc. c) del art. 3º de la Acordada Nº 4/2007).- Tampoco se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos de los incisos d) y e) del mencio- nado artículo, ni del artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. Fallos 101:70; 148:62; 306: 1740; 307:129), ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este Tribunal Supe- rior de Justicia (derivadas de la ley de subrogancia provincial, vigente al momento del fallo recurrido) atañen exclusivamente al orden local.-
IV. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Na- ción ha ingresado, en ciertas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones no federales: la arbitrariedad.-
Respecto de este carril por el que la demandada intenta, tam- bién, encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Na- ción ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Cons- titución Nacional (cfr. Fallo 325:3265, entre otros).- En el caso, de lo que verdaderamente se agravia la demandada es el criterio adoptado por el Juzgador, quedando en claro, entonces, que su preten- sión es que se sustituya éste por una interpretación normativa más favorable a sus in- tereses.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sen- tencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la correc- ción en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (cfr. Fallo 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades míni- mas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (cfr. Fallos 237: 74).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circuns- tancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; 297:100).-
La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronuncia- mientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. Fallos 311:1950; 315:449; 323: 3139).-
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, to- da vez que este Tribunal ha dado tratamiento a las cuestiones sometidas a examen y ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adversa a la pos- tura de la accionada.-
Finalmente, debe recordarse que el Alto Tribunal ha dicho, rei- teradamente, que las resoluciones por las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local que se interponen ante ellos no son, en principio, revisables en la ins- tancia del artículo 14 de la Ley Nº 48, y la tacha de arbitrariedad a su respecto es su- mamente restrictiva (cfr. sum. del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 327:5416, entre otros).-
V. En consecuencia, los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribu- nal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la incidentista -Poder Ejecutivo Provincial- a fs. 53/67 vta..-
2. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvanse los mismos y archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miem- bros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en vir- tud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en los autos caratulados: “Perancho Mónica Elena y otros c/ Caja de Previ- sión Social de la Provincia de Santa Cruz y otro s/ Acción de Amparo”, Expte. Nº P-11.850/17 (P-2217/17-TSJ) (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).- Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-; Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1015O.191 Tomo: IX Interlocutorio: 427.-
Folio N°: 1620/1622.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia