Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2266/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la incidentista -Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz- a fs. 52/66 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2266/18-TSJ Interlocutorio N°: 432.-
Actor: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA EN AUTOS: VIVANCO ANA MARIA Y OTROS EN AUTOS: VIVANCO ANA MARIA Y OTROS Demandada: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA Objeto: INCIDENTE DE EJECUCIÓN S/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA S/ RECURSO DE QUEJA -PODER EJECUTIVO Fecha: 21-05-19 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 432 FOLIO Nº 1639/1641 PROT. ELECT. TSS1 020 O.191
Río Gallegos, 21 de mayo de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA EN AUTOS: VIVANCO ANA MARIA Y OTROS EN AUTOS: VIVANCO ANA MARIA Y OTROS C/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN S/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA S/ RECURSO DE QUEJA -PODER EJECUTIVO-”, Expte. Nº P-2266/18, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la incidentista -Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz- a fs. 52/66 vta. ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 47/50, el cual rechaza el recurso de queja por casación denegada articulado a fs. 35/42. Recurso que oportunamente se interpuso contra el fallo dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 29/33.- Sintéticamente, la recurrente planteó la inconstitucionalidad del artículo 37 inciso 3° de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz (vigente por entonces), por cuanto establecía que los Secretarios de Cámara podían subrogar a los Jueces y ello, a su entender viola las garantías del Juez natural y el debido proceso.
Esta pretensión fue rechazada en las instancias ordinarias locales y finalmente arribó en queja ante este Tribunal Superior de Justicia.- La queja fue igualmente desestimada porque la resolución recurrida no es definitiva; destacando que: “...Contrariamente a lo sostenido por la quejosa no se advierte que lo resuelto por la anterior instancia termine la causa o impida su prosecución, ni mucho menos que provoque un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior. Tal situación, no hace más que otorgar mayor robustez a la falta de definitividad del resolutorio recurrido, erigiéndose en un obstáculo insalvable para el tratamiento del recurso.” (cfr. foja 48 vta.). Tampoco demostró la incidentista que la resolución que motivó la queja sea arbitraria, “...ya que sólo se desprenden del recurso de queja, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio que declaró inadmisible la casación, sin demostrar que el mismo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales...” (cfr. foja 49).
Contra esta última decisión procura la recurrente el remedio federal bajo análisis.- La recurrente, para fundar el Recurso Extraordinario, acusa que “…el tribunal aquí confunde una temática distinta de la planteada, pues la pretensión de mi parte no refiere a la recusación de algún magistrado, sino a la manifiesta inconstitucionalidad de la intervención de secretarios en la Cámara de Apelaciones en carácter de jueces subrogantes por resultar ello violatorio de la garantía de juez natural...” (cfr. foja 59), señalando que por ello la resolución cuestionada es arbitraria.- Agrega que: “...tanto la Cámara de Apelaciones interviniente como el Tribunal Superior de Justicia han dejado sin respuesta el planteo de inconsti-tucionalidad referente al régimen de subrogancias provincial dispuesto en el art. 37 de la Ley Orgánica de la Justicia (Ley Nº Uno), omitiendo pronunciarse sobre los derechos y garantías constitucionales que esta parte como recurrente invocó oportu-namente y omitiendo considerar que en el presente caso al estar en juego la inteli-gencia del art. 18 de la Constitución Nacional -específicamente la garantía del juez natural- debe asimilarse la resolución recurrida a una sentencia definitiva...” (cfr. fs. 59 vta./60).- Alega además, que lo decidido se aparta de la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación sobre la materia, plasmada en los fallos “Rosza”, “Asociación de Magistrados y Funcionarios c/ E.N. -Ley 26.372 artículo 2º s/ amparo ley 16.986” y “Uriarte” (cfr. fs. 62/64) y afirma que: “Resulta evidente entonces que al integrarse la Cámara con un secretario, se afecta la garantía del debido proceso y del juez natural, pues respecto de dichos funcionarios, no se ha llevado a cabo el pro-ceso de selección que garantice la idoneidad e independencia, conforme preceptos constitucionales.” (cfr. foja 65).- A foja 67, se ordena correr vista al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien dictamina a fs. 68/69. Allí expresa -sobre la base de los argu-mentos que esgrime y a los cuales nos remitimos 'brevitatis causae'- que debe decla-rarse inadmisible el recurso impetrado.-
A foja 70 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Analizando la presentación del Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo disponen el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48, y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 38/2011 y 4/2007 (modificada por su similar Nº 3/12), corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Alto Cuerpo, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dis-puesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d), del artículo 2º, por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas con menos de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. artículo 1º del Reglamento) y cuenta con la carátula, en hoja aparte, que cumple par- cialmente las exigencias establecidas en el artículo 2º, incumpliendo el inciso d) (ccte. con el art. 1 de la Acordada 31/2011) al no consignar el código de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. foja. 52).- Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, y en particular por el inciso a), observamos que la resolución que motivara la presente queja no es sentencia definitiva o equiparable a tal, en tanto que no pone fin al proceso ni impide su continuación. Más aún, lo decidido ha sido una cuestión incidental que en nada atañe a la cuestión de fondo.-
Así pues, en el juicio fundado de admisibilidad que le corres- ponde efectuar a este Tribunal Superior de Justicia, a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio interpuesto, debe destacarse, liminarmente, la existencia de un obstáculo decisivo que impide el acceso a la instancia extraordinaria, el cual se configura a partir del incumplimiento del requisito de que el recurso se dirija contra una sentencia definitiva o equiparable (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48).- Tal circunstancia basta para declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto, toda vez que no cumple con el recaudo previsto en el artículo 3° inciso a) de la Acordada 4/2007 y dicho requisito no puede suplirse aunque se invo-que la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales. Los cuestionamientos, en el caso, sólo traducen la mera discrepancia de la impug-nante con el criterio adoptado por este Tribunal Superior de Justicia, lo que también es insuficiente a la hora de la apertura de la instancia de excepción.-
III. Si bien lo precedentemente señalado lleva, sin más, al re- chazo de la vía extraordinaria, cabe apuntar con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, que el escrito recursivo cumple los requerimientos del inciso b); empero la recurrente no efectúa siquiera un esbozo para demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual (cfr. art. 3° el inc. c) del de la Acordada 4/2007).- Tampoco se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos de los incisos d) y e) del mencio- nado artículo, ni del artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. Fallos 101:70; 148:62; 306:1740; 307:129), ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este tribunal (deri-vadas de la ley de subrogancia provincial, vigente al momento del fallo recurrido) atañen exclusivamente al orden local.-
IV. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado, en ciertas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones no federales: la arbitrariedad.-
Respecto de este carril por el que la incidentista intenta también encauzar su recurso, debe recordarse que se ha establecido que la doctrina de la arbi-trariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razona-miento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. Fallos 325:3265, entre otros).- En el caso, de lo que verdaderamente se agravia la recurrente es el criterio adoptado por el Juzgador, quedando en claro, entonces, que su pretensión es que se sustituya éste por una interpretación normativa más favorable a sus inte-reses.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sen-tencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (cfr. Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (cfr. Fallos 237:74).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circuns-tancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; 297:100).-
La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronun-ciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139).-
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal Superior de Justicia ha dado tratamiento a las cuestiones some-tidas a examen y ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adversa a la postura de la recurrente.-
Finalmente, debe recordarse que el Alto Tribunal ha dicho, reiteradamente, que las resoluciones por las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extra-ordinarios de carácter local que se interponen ante ellos no son, en principio, revisables en la instancia del artículo 14 de la Ley Nº 48, y la tacha de arbitrariedad a su respecto es sumamente restrictiva (cfr. del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema de Justicia en Fallos: 327:5416, entre otros).-
V. En consecuencia, los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tri-bunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la incidentista -Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz- a fs. 52/66 vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernán- dez (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-; Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1020O.191 Tomo: IX Interlocutorio: 432.-
Folio N°: 1639/1641.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia