Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 18.603-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso planteado, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 359.403 (pesos trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos tres) por la representación procesal y de $ 898.508 (pesos ochocientos noventa y ocho mil quinientos ocho) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primera etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.875.477 (pesos un millón ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete), equivalente a 289,96 (doscientos ochenta y nueve con 96/100) UMA, y por el patrocinio letrado la suma de $ 4.688.693 (pesos cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y tres), equivalente a 724,91 (setecientos veinticuatro con 91/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las dos últimas etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-18529735-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 25 de Febrero de 2022 apelación - Impuesto a las Ganancias”
En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´ Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. Nº 47.972–I, caratulado “POLIRESINAS SAN LUIS S.A. s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias”
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 171/202vta. Poliresinas San Luis S.A. interpone demanda por retardo de repetición en los términos del art. 81 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) por haber transcurrido en exceso el plazo de tres meses sin que el Fisco se hubiera expedido sobre la procedencia de la repetición reclamada por la suma de $ 24.504.769,24 con más los intereses resarcitorios.
Manifiesta que se dedica a la fabricación de resinas poliéster insaturadas para plásticos reforzados con fibra de vidrio, sin refuerzos, gel coats, adhesivos, coatings y espumas flexibles, sistemas poliuretánicos para la producción de suelas de calzado, entre otros afines y que comercializa una línea de reventa de productos auxiliares.
Expone que conforme surge de la declaración jurada presentada determinó un monto de $ 50.949.586,59 en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2005 y considera que abonó en exceso la suma de $ 24.504.769,24, por lo que el 23/01/2017 planteó el reclamo de repetición ante la AFIP.
Describe sus instalaciones ubicadas en la Pcia. de San Luis, en la que goza de los beneficios del régimen de promoción industrial en los términos de la ley N° 22.021 y refiere a la situación económica existente en el país en los años 2002 y 2003 y a las normas dictadas en relación al proceso inflacionario.
Afirma que la determinación del impuesto sin la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación asume como base imponible una renta ficticia y no refleja su situación económico-financiera, lo que torna confiscatorio al impuesto. Señala que el resultado impositivo del período fiscal 2005 determinado sobre valores históricos importa en los hechos un enriquecimiento sin causa para el ente fiscal en violación del derecho de propiedad al superar la alícuota efectiva el 35% regulado en la ley. Indica que mientras el impuesto determinado sin ajuste por inflación asciende a $ 50.949.586,59 el monto contemplando dicho mecanismo alcanza la suma de $ 26.444.817,35; lo que le ha producido un perjuicio real y concreto.
Considera que se han vulnerado las garantías de equidad, igualdad, capacidad contributiva, legalidad y el derecho de propiedad y concluye que la no aplicación del mecanismo de ajuste por inflación constituye una clara violación al principio de razonabilidad al gravarse sobre la base de ganancias totalmente ficticias. Por los motivos que expone, solicita que a los fines de aplicar el ajuste por inflación se tenga en cuenta los índices publicados por la Pcia. de San Luis al reflejar de manera más fidedigna los verdaderos índices de inflación aplicables al período fiscal 2005. En subsidio pide que, en caso que no se haga lugar a tales argumentos, la devolución del impuesto pagado en exceso ajustado conforme arroje la prueba pericial contable teniendo en cuenta los índices del INDEC.
Requiere que para el cálculo de intereses se aplique la tasa pasiva mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina.
Por último, ofrece prueba documental y pericial contable y por los argumentos expuestos y la jurisprudencia citada pide que se haga lugar al reclamo interpuesto. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 219/233 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso conferido.
Hace referencia a las normas aplicables y advierte que la recurrente no controvierte que el mecanismo de ajuste por inflación contemplado en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias carece de operatividad ya que al mantenerse lo dispuesto por el art. 10 de la ley N° 23.928 y al no haberse derogado el art. 39 de la ley 24.073, los sujetos comprendidos en el Título VI de la ley del tributo no están legalmente autorizados a corregir por inflación sus resultados impositivos. Enuncia que la doctrina ha sostenido la derogación tácita del régimen, aun cuando los artículos de la ley del gravamen que regulan el mecanismo no han sido suprimidos.
Alude a la causa “Candy S.A. c/AFIP y otro s/acción de amparo” del 03/07/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sostener que a la luz de dicho precedente, la acreditación de un concreto supuesto de inconstitucionalidad por confiscatoriedad de un tributo es la única tangente válida admitida para en un caso concreto, según la actividad probatoria, hacer lugar al ajuste por inflación. Remarca que en aquellos supuestos se puso especial énfasis en las probanzas producidas para demostrar la mentada confiscatoriedad.
Con relación al planteo de la recurrente, más allá que el ajuste por inflación no se encuentra vigente, resalta que utiliza para el cálculo los índices de precios al consumidor publicados por el Gobierno de la Pcia. de San Luis, ignorando lo establecido por los arts. 95 y 96 de la ley del gravamen, y por otro lado menciona que es una empresa promovida según la ley N° 22.021 por lo que obtiene una ganancia no alcanzada al restar del resultado contable resultados no gravados.
Señala que la prueba documental consistente en un informe de Contador Público elaborado en forma unilateral no resulta concluyente para acreditar la confiscatoriedad al estar distorsionada la determinación del impuesto debido al uso de los índices de precios al consumidor utilizados por la Pcia. de San Luis. En consecuencia, rechaza los argumentos relacionados a la impugnación de los índices del INDEC en razón de corresponder al Poder Legislativo definir si existe un contexto de inflación.
En lo que hace a la tasa de interés aplicable, concluye que en los casos de repetición ésta ha sido fijado por el Ministerio de Economía en la Resolución N° 314/2004.
Por último, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, peticiona que se rechace el recurso de repetición interpuesto, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 255 se hizo lugar a la prueba pericial contable, la que fue agregada a fs. 259/271. A fs. 310 se declaró cerrado el período de instrucción.
A fs. 315 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. A fs. 319/324 obran los alegatos del Fisco Nacional y a fs. 325/335 los de la recurrente.
Finalmente a fs. 340 se pasan los autos para sentencia.
IV. Poliresinas San Luis S.A. interpone el presente recurso de repetición considerando que abonó sin causa la suma de $ 24.504.769,24 como consecuencia de la prohibición de aplicar el ajuste por inflación. Detalla que el impuesto determinado sobre un estado de resultados histórico ascendió a $ 50.949.586,59 mientras que si se lo hubiera realizado a partir de un estado de resultados ajustado el gravamen hubiera ascendido a $ 26.444.817,35. Para ello recurrió al mecanismo contemplado en la ley de Impuesto a las Ganancias (arts. 94 y siguientes), adaptándolo en cuanto al índice de corrección, ya que por las razones que expone prescinde del IPIM (mayoristas nivele general-INDEC) y lo reemplaza por un índice de precios al consumidor de la Provincia de San Luis. Encuadra la solicitud en que debió someterse a una determinación confiscatoria, recurriendo para ello a los últimos fallos emitidos por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación y por esta vía viene a demostrar que la tributación efectiva ha sobrepasado los límites tolerables de gravabilidad.
Cabe agregar que la empresa detalla que dentro de sus resultados se incluyen utilidades que provienen de su actividad promovida en la Provincia de San Luis y que una porción de ellas se encuentran al margen de la tributación.
Que en respaldo de sus afirmaciones acompaña prueba documental, cuyo Anexo D contiene a) un Informe especial de Contador Público independiente sobre el Estado de Resultados Ajustado por Inflación con un subdiario de sumas y saldos de cada una de las cuentas que componen los Estados Contables y b) un Informe especial de Contador Público independiente sobre el Estado de Resultado Impositivo Ajustado por Inflación. Al mismo tiempo ofrece prueba pericial contable con 24 puntos, desdoblados en doce preguntas a responder contemplando los índices de inflación en la Provincia de San Luis para el año 2015, y otras tantas que se reiteran pero utilizando los índices publicados por el INDEC (enero a octubre 2015) y los de la Provincia de San Luis en los dos meses en que no fueron publicados por el INDEC (noviembre y diciembre 2015). A su vez, distingue entre el mecanismo del ajuste por inflación global previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley de Impuesto a las Ganancias y el ajuste de las amortizaciones.
Esta prueba fue producida a fs. 259/271, mediante el Informe Conjunto que generaron los peritos del Fisco y de la actora.
Con estos elementos probatorios y el resto de los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios nos adentraremos al análisis de la petición de repetición.
V. Que cabe señalar que en materia impositiva el método de ajuste por inflación se rige por el Titulo VI de la ley del Impuesto a las Ganancias -art. 94 y siguientes-, el cual se encuentra suspendido por el art. 39 de la ley N° 24.073.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de expedirse acerca de la procedencia del ajuste por inflación al resolver los autos “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo”, con fecha 30/06/2005, al compartir los argumentos y conclusiones expuestos en el dictamen del Procurador General de la Nación, expuso que : “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas).”; a lo que se agregó que “..., no puede desconocerse que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 320:1166). Y que quien tacha de inconstitucional una norma tributaria aduciendo que viola sus derechos de propiedad e igualdad debe probar de modo concluyente cómo tal afectación ha tenido lugar (arg. Fallos: 314:1293 y 320:1166).”
Que con posterioridad, el Máximo Tribunal volvió a referirse al tema bajo análisis, y con fecha 3/07/2009 en la causa “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo” reiteró los argumentos vertidos en el precedente citado y agregó que:
“...el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad...”, y continúa diciendo que “Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si estas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152).
“A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los "principios de la ciencia económica" (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
“…Es necesario, entonces, determinar si existe una afectación al derecho de propiedad y, a tales efectos, corresponde reiterar algunas de las pautas jurisprudenciales que esta Corte, desde antiguo, expuso sobre la materia, examinando su concreta aplicación en el sub lite”.
“Al respecto, se ha señalado de manera invariable que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros)”.
“En todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”.
“Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial -Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”.
“…si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello" citado), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, …cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
VI. Que conforme lo expuesto en el Considerando precedente, en los antecedentes “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” nuestro máximo Tribunal sostuvo que “…el simple cotejo entre dos liquidaciones “con” y “sin” ajuste por inflación no resulta apto para acreditar la afectación al derecho de propiedad alegado por la actora. Citamos esta conclusión como punto de partida del análisis sobre el principio de no confiscatoriedad que debe estar presente en la materia tributaria. Coincidimos que no es un concepto técnico en donde sea suficiente medir dos números o dos porcentajes y mucho menos que se trate de un instituto que se encuentre a expensas de las diversas coyunturas. De hecho que la legislación no contenga un mecanismo de ajuste por inflación en el momento de implantación no permite adelantar que estemos frente a un gravamen que afecte el derecho de propiedad. Ello sólo podrá ser evaluado con el transcurso del tiempo, pues será suficiente que no haya inflación o que la misma tienda a cero para que el hipotético planteo de confiscatoriedad carezca de sentido. Aquí el ajuste por inflación global o mal denominado integral no permite a priori calificar el desvío. En definitiva se asumen alícuotas efectivas mayores o menores a la tasa nominal, según sea el grado de exposición de los activos y/o pasivos. Y no es un mero desvío entre la alícuota nominal y la efectiva el que debe sustentar los reclamos. Está implícito en el concepto y expreso en algunos fallos de la C.S.J.N. que tiene que superarse un límite tolerable o razonable. Estas afirmaciones nos permiten visualizar que la confiscatoriedad no es un mecanismo de control permanente sobre la alícuota aplicable, que autorice que cualquier desplazamiento otorgue el derecho a reclamarla.
Entonces nos encontramos con un principio que busca desprenderse de la simple comparación para elevarse a un terreno superior, cuasi constitucional, pero abstraído del análisis binario de “liquidación con ajuste” o “liquidación sin ajuste”. Y esto lo remarca también la Corte cuando ratifica que el ajuste por inflación impositivo que aún contempla el articulado de la ley está suspendido. Resolver este intríngulis aplicando únicamente el Título VI de la ley nos llevaría al contrasentido de decir “la ley está vigente”. Justamente es lo que abandona la jurisprudencia, busca determinar la existencia de una tributación exagerada, desmedida, pero esos límites escurridizos deben tener un arraigo marco en el tiempo, no resultando posible modificarlos a diario.
Quizás nos ayude a comprender que si bien nuestra legislación viene de casi dos décadas de una alícuota corporativa del 35%, ahí donde se busca tomar el punto de referencia, no debemos olvidar que la misma ley en la década de los 80 y principios de los 90, acogió una alícuota combinada del 45% para el tándem -sociedad/accionista- e igual porcentaje para establecimientos permanentes de sujetos del exterior. Más aún, hoy el artículo 69 contempla una alícuota del 41,5% para determinadas ganancias provenientes el juego y al mismo tiempo prevé una alícuota corporativa del 25% más un 13% sobre dividendos. A mayor abundamiento recordamos que cuando se transformaron los quebrantos impositivos en bonos de crédito fiscal, la alícuota del gravamen para las sociedades de capital se redujo al 20% con más el 8% si se distribuían dividendos.
Nos animaríamos a pensar en este último caso, a modo de ejemplo, ¿qué un 30% de una tasa efectiva hubiera sido tildada de confiscatoria? Entendemos que coyunturalmente la alícuota nominal puede variar sin que entre en crisis con la tasa efectiva. A ello debemos sumar un problema aún no resuelto definitivamente. Sólo a modo de ejemplo si utilizáramos uno de los límites que estableció la Corte en el caso Candy (55% de la utilidad comercial ajustada) diríamos que allí se confirma la confiscatoriedad pero en un 54% o 53% o cualquier valor menor, afirmaríamos que no. Ahora bien, sería razonable excluir de la tributación en el primer caso un 20% entre el 35% (tasa nominal máxima para períodos anteriores) y la hipotética tasa de confiscatoriedad (55%) y en el segundo supuesto gravar un 18% o 19% más.
No caben dudas que la declaración de confiscatoriedad debe estar acompañada de un segundo elemento que no genere una desigualdad entre los contribuyentes en igualdad de condiciones. Ello provocaría impactos económicos en utilidades y precios que podrían provocar la eliminación del mercado de uno de ellos. Este enfoque de que la confiscatoriedad requiere un alejamiento en demasía o superar un adecuado límite de razonabilidad, lleva consigo la necesidad de aceptar que su análisis y medición puede incluir cualquier otro elemento que no implique ceñirse estrictamente al mecanismo de la ley -Título VI- ya declarado como no vigente. Tan abierto es el resultado que quienes pretenden plantearla utilizan como parámetros orientadores tanto el resultado contable ajustado por inflación como el resultado impositivo ajustado por inflación.
Ello a veces marca dos extremos con un diferencial de alícuota del 10% o 20%, ¿cualquiera de ellos puede indicar el inicio de la confiscación? ¿Un mix entre ellos? ¿Y la utilización de un índice de precios que refleje de mejor manera las oscilaciones en los precios en la actividad de la empresa o en el sector donde actúa? ¿Y las ganancias que se combinan con otros resultados que están fuera de la tributación o con tributación diferencial.? Y el deterioro del impuesto a ingresar entre la fecha de determinación y la de efectivo pago. Todos ellos y muchos otros más pueden incidir en la determinación del ratio que se pretenda utilizar para efectuar la comparación que traduzca en números el principio jurídico de la no confiscatoriedad.
VII. Habiendo expuesto algunos elementos referenciales marco consideramos estar en condiciones de evaluar el requerimiento de repetición, que tramita en el presente caso.
Como adelantáramos, la empresa plantea una liquidación alternativa de resultado 2015, a ser comparada con el impuesto efectivamente ingresado, obteniendo una alícuota del 67,43% utilizando para ello el índice de precios al consumidor de la Provincia de San Luis con más el mecanismo previsto en los arts. 94 y siguientes de la ley de Impuesto a las Ganancias. Esta liquidación fue ampliada a otros supuestos primero usando otro índice de inflación (IPIM más IPC San Luis), donde el ratio se redujo a 50,46%. Pero también se extendió la comparación a los resultados contables ajustados por inflación, y allí los mismos porcentajes y supuestos se redujeron a 46,49% y 38,13%.
En una primera reflexión, se advierte que el ánimo de mostrar los diversos guarismos académicos, nos muestra la amplitud que puede tener el análisis y su solución, pues seguramente no podremos afirmar que tenemos cuatro tipo de confiscaciones distintas o cuatro puntos alternativos para llegar a una única verdad sobre dónde comienza la confiscatoriedad.
Aquí considero muy relevante que puedan explicarse estas diferencias, situación que no ha ocurrido en la etapa probatoria frente a este Tribunal, a excepción del índice de inflación utilizado. Me refiero expresamente a las diferencias entre un resultado contable ajustado y un resultado impositivo ajustado. Esto es determinante porque pueden ser múltiples las razones por las que el impuesto en ese ejercicio haya sido mayor, ej. diferimientos, diferencias transitorias, criterios de imputación, etc. Esto me permite pensar en la inestabilidad que presenta aplicar el mecanismo de ajuste por inflación -Título VI- en un solo ejercicio, porque hay diferencias que se pueden perfectamente neutralizarse en el tiempo, con lo cual el reconocimiento de la confiscatoriedad debe ser resuelto con la mirada de una empresa en marcha y una muestra más significativa que el ejercicio económico. Sobre este punto debo agregar que el informe pericial cuenta con una advertencia, en lo que se refiere al resultado impositivo ajustado que se pretende contrastar con el resultado histórico. En la respuesta al punto 3 de la pericia luce lo siguiente: “El ajuste por inflación impositivo, calculado conforme las reglas establecidas en el artículo 95 (y ss) de la ley de Impuesto a las Ganancias (“LIG”), y demás normativa complementaria incluida en el decreto reglamentario de la LIG, utilizando a tal fin los índices de inflación publicados por el INDEC (IPIM) complementando en los meses que no fueron publicados los índices del INDEC, con el IPC de San Luis, arroja un saldo de $ 42.326.094,00. El mismo surge de los papeles de trabajo surge de los papeles de trabajo aportados por la Cía.”
De lo transcripto se pueden extraer varias conclusiones, a saber: a) El ajuste por inflación impositivo surge de papeles de trabajo aportados por la Compañía. Una redacción demasiado ambigua como para entender que fue elaborado por los peritos o que fue verificado por ellos de acuerdo a la legislación LIG. De hecho la cifra resumen coincide hasta con decimales con los subdiarios e informes que incorporó la recurrente al recurso de repetición. De ser así pierde valor probatorio frente a la demostración que se pretende; b) Siendo dicho monto una pérdida por inflación, el menor impuesto equivalente asciende a $ 14.814.132,9 (0.35 x 42.326.094,00), por lo tanto el impuesto determinado ya no sería $ 26.444.817,35 sino $ 36.135.453,69. Aún, si a ello le descontáramos, supuestamente, el ajuste por inflación correspondiente a amortizaciones por $ 798.918,05, seguiría existiendo una diferencia con el impuesto reclamado; c) ni del informe pericial ni del papel de trabajo incluido en el expediente surge ninguna referencia a los ajustes que se hacen en nombre del mecanismo previsto en la LIG. Al respecto, entre otros, se detraen los bienes de cambio -valuación contable- por un valor diferente al que surge del Estado Patrimonial Contable obrante en los antecedentes administrativos. En este último al 31/12/2014 luce un monto de $ 134.000.669, mientras que en el papel de trabajo sólo se detraen $ 109.004.543.55, sin explicar las razones de una diferencia de $ 25.000.000, generando una pérdida por inflación con origen desconocido; d) tampoco se explicitan en el ajuste por inflación dinámico los pagos de dividendos que en principio generan ganancias por inflación ni su anticuación que permitan cotejar el alcance de los ajustes; e) se utilizan durante dos meses los índices de la Provincia de San Luis para los meses de noviembre y diciembre de 2015 en reemplazo del IPIM cuando idénticos índices para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 3 puntos porcentuales inferiores a la provincia puntana y f) finalmente se detraen del resultado $ 51.767.391 que en los papeles de trabajo indican que provienen de ganancias “Promoción Industrial”.
Al respecto la recurrente sólo se limitó a mencionar que goza de un régimen promocional en la Provincia de San Luis en el marco de la Ley 22.021 y modificatorias. Pero en las presentes actuaciones no se ha acreditado el origen de los mismos, ni los actos administrativos dictados en el orden provincial que sustentan dichos beneficios. Si bien no está en debate este aspecto, si resulta trascendental para entender primero en qué año de la escala decreciente de beneficios se encuentra, qué beneficios está gozando teniendo en cuenta que genéricamente la ley contempla promoción, entre otros, en los Impuestos a las Ganancias, IVA compras, IVA ventas. Existiendo una posición de bienes de cambio, que al inicio del ejercicio 2015 equivale al 40% del total del activo corriente, que genera pérdida por inflación, y que una porción importante pueda estar referida a la promoción, resulta muy llamativo que se haya anulado una ganancia promovida y se haya mantenido la pérdida por inflación por la totalidad del inventario al inicio. Esta situación llevaría al absurdo que en el hipotético caso que el 100% estuviera beneficiado con una exención de ganancias se generaría un quebranto por inflación que no responde a ninguna regla vinculada con la realidad económica.
VIII. De todo lo expuesto se puede concluir que los desvíos en el cálculo de la pérdida por inflación son de tanta envergadura que no puede otorgarse veracidad a los datos que se pretenden utilizar para demostrar la confiscatoriedad. Sin perjuicio de ello, existiendo un ratio sobre resultado contable ajustado equivalente al 38% pone en una situación muy desfavorable el pedido solicitado.
En síntesis, corresponde rechazar el recurso planteado, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que la cuestión planteada en los presentes autos guarda relación con la resuelta por esta Sala D, con fecha 25/2/2002 en la causa “Roberto J. Azcoitia y Cía S.R.L. s/apelación – impuesto a las ganancias” (Expte. N° 18.603-I) donde, en su parte pertinente, el Dr. Brodsky expresó:
“Al efecto debe tenerse presente que el citado art. 39 –ley 24.073- dispuso: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus modificaciones), y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1° de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 23.415 y sus modificaciones). El Poder Ejecutivo Nacional en oportunidad de proceder al ordenamiento de las citadas disposiciones deberá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo establecido en el párrafo anterior”. “Como se puede advertir, el texto legal transcripto no suspende ni deroga el mecanismo de ajuste por inflación establecido en la ley del impuesto a las ganancias. Simplemente torna neutro el ajuste, porque ..., a partir del 1/4/92 la relación inicial de la variación de precios será siempre uno (1), por lo que su empleo deviene prescindible”.
“Tampoco queda explícito el alcance que tiene la expresión “adecuaciones de texto pertinentes”, porque todo el Título VI de la ley N° 20.628 subsiste sin modificaciones”.
“...En todas las modificaciones efectuadas a dicha ley desde la adopción del régimen de convertibilidad (ley N° 23.928 – B.O. 28/3/91), la no aplicación de la exención de las sumas originadas en la actualización de créditos, para quienes se hallan sujetos al ajuste por inflación de sus balances fiscales, así como el título mismo que establece este mecanismo, se mantuvieron inalterados, lo que indica manifiestamente que no ha sido intención del legislador prescindir del citado instituto ni innovar en sus disposiciones.”
“Ello así, la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias ... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. ley N° 24.587 – B.O. 22/11/95).”
“No obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley N° 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente.”
II. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad, debe señalarse que el art. 185 de la ley 11.683 (t.o. 1998) veda a este Tribunal la posibilidad de pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, en tanto previamente no lo haya hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuyo caso lo autoriza a seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Cabe señalar que nuestro más Alto Tribunal tuvo oportunidad de expedirse acerca de la procedencia del ajuste por inflación y al resolver los autos “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo”, con fecha 30 de junio de 2005 (fallo al que aluden las partes en sus escritos de inicio), al compartir los argumentos y conclusiones expuestos en el dictamen del señor Procurador General de la Nación, expuso que : “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas).” También se dijo que “..., no puede desconocerse que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 320:1166). Y que quien tacha de inconstitucional una norma tributaria aduciendo que viola sus derechos de propiedad e igualdad debe probar de modo concluyente cómo tal afectación ha tenido lugar (arg. Fallos: 314:1293 y 320:1166).”
Que con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a referirse al tema bajo análisis, y con fecha 3 de julio de 2009 en la causa “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo” reiteró los argumentos vertidos en el precedente citado y añadió que:
“...el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad...”, y continúa diciendo que “Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si estas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152).
“A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los "principios de la ciencia económica" (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
III. No obstante que las normas que impiden aplicar el ajuste por inflación impositivo son constitucionalmente válidas, conforme lo expresado en el Considerando precedente, no puede soslayarse que la actora plantea puntualmente que de no aplicar el mecanismo del ajuste por inflación, por los períodos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 el impuesto a las ganancias resultaría confiscatorio.
Que para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (CSJN, Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255), y para ello resulta indispensable que la prueba arrimada sea concluyente a fin de acreditar la confiscatoriedad que se alega (CSJN, Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255), y por lo tanto corresponde analizar dicho punto a la luz de las probanzas producidas en autos.
Que en el ya citado precedente “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo” se sentenció: “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello" citado), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
En tal sentido, la confiscatoriedad alegada debe resultar de una prueba concluyente a cargo de quien alega la confiscatoriedad del gravamen, puesto que prescindir de ella importa tanto como dejar a la acción sin fundamento, puesto que priva al Tribunal del elemento de juicio primordial y necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto sobre el rendimiento de la propiedad que lo soporta (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293).
Por todo lo expuesto, y que de la prueba producida en autos surgen porcentajes inferiores a lo fijado en la sentencia dictada por nuestro más Alto Tribunal por nuestro más Alto Tribunal en el precedente “Candy S.A.” para que pueda considerarse la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, corresponde rechazar el recurso incoado en autos, con costas.
La Dra. O´Donnell dijo:
Adhiero a la decisión propuesta por el Vocal Instructor de rechazar el recurso de retardo por repetición de Poliresinas San Luis S.A., por los siguientes fundamentos.
La pretensión se sustenta en el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 332:1571 (“Candy S.A.”) respecto de la aplicación del principio constitucional que prohíbe la confiscatoriedad en el impuesto a las ganancias. Dijo allí, concretamente, que la prohibición de aplicar las normas del ajuste por inflación impositivo tiene su límite en que el pago de la obligación no implique la absorción de una porción sustancial de la renta. La prueba, surge de allí también y de los precedentes que allí se citan, debe ser indubitable y queda a cargo del contribuyente.
En “Candy S.A.”, y en los restantes precedentes del mismo Tribunal y de otros que la recurrente cita en su recurso, quedó establecido también que la prueba objetiva para determinar el supuesto de confiscatoriedad era la prueba pericial contable. Es decir que tratándose de los alcances de esta garantía constitucional, la prueba pericial contable es fundamental. Así lo manifestó también en “Chubb Argentina”, sentencia del 27.5/.2014 al decir que”…como lo señaló el a quo con citas de precedentes de esta Corte, "las rigurosas exigencias con que el Alto Tribunal ha rodeado la configuración de ese agravio constitucional (confr. Fallos: 314: 1293, considerando 7o y sus citas), no condicen con que pueda ser admitido teniendo como único medio de prueba la documentación confeccionada y presentada en forma unilateral por la accionante" (confr. Causa S.260.XLIII "Sol de Mayo S.A. cl AFIP DGI si ordinario", sentencia del 19 de mayo de 2010). Por lo tanto, la circunstancia de que se trate de una especie particular de procedimiento no releva a la actora de probar los hechos que alega, máxime cuando, de la jurisprudencia de esta Corte surge con nitidez la decisiva importancia de la carga probatoria exigible a quien invoca la existencia de la confiscatoriedad de un tributo (confr. Doctrina de Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”.
En el caso, si bien a fs. 259/284 obra el informe pericial contable rendido en la instancia de este Tribunal a solicitud e interés de Poliresinas San Luis S.A., sus conclusiones, carecen de la habilidad de ser la prueba objetiva de la confiscatoriedad, necesaria según los precedentes antes citados, los mismos invocados por la recurrente en sustento de su pretensión.
Ello, por cuanto en los puntos A. 3), 4) y 9) en forma expresa los expertos informan que las respuestas que allí se dan surgen de los papeles de trabajo de la Cía., mientras que las respuestas en los Puntos 5), 7) y 10) remiten a tales puntos; la misma situación se da en los Puntos B. 3), 4) y 9) y los 5), 7), 10) y 11) a los que también se remiten, es decir que la mayoría de los puntos propuestos evacuados en el informe pericial, entre ellos el referido al monto de las ganancias originadas en la aplicación del régimen de promoción (ley 22.021) no son producto de la compulsa de los libros, registraciones y documentación de respaldo de Poliresinas San Luis S.A. sino de los papeles de trabajo que ésta seleccionó con dicho propósito y puso a disposición de los profesionales intervinientes.
La prueba producida en tales condiciones no permitiría, entonces, concluir si media o no la absorción de la porción sustancial de la renta o del capital, ni tampoco el porcentaje de las alícuotas efectivas que, en su caso, produjeron la afectación a la garantía constitucional para luego analizar la situación particular según el criterio adoptado en el precedente rector en la materia.
Por ello, al no haberse cumplido con la carga probatoria exigible a quien invoca la existencia de la confiscatoriedad del tributo, corresponde rechazar el recurso, con costas.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar el recurso planteado, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 359.403 (pesos trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos tres) por la representación procesal y de $ 898.508 (pesos ochocientos noventa y ocho mil quinientos ocho) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primera etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.875.477 (pesos un millón ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete), equivalente a 289,96 (doscientos ochenta y nueve con 96/100) UMA, y por el patrocinio letrado la suma de $ 4.688.693 (pesos cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y tres), equivalente a 724,91 (setecientos veinticuatro con 91/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las dos últimas etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Regular los honorarios del contador Carlos Alberto Louit por la labor desarrollada como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $ 2.829.371 (pesos dos millones ochocientos veintinueve mil trescientos setenta y uno), la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines las pautas dispuestas por el Decreto ley N° 16.638/57.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.02.24 13:40:41 -03:00 Date: 2022.02.24 13:47:22 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.25 10:46:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.25 10:46:40 -03:00
Fin de la sentencia