Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2019-45965873-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la repetición intentada por la suma de $26.363.613,88, con más los intereses, conforme lo dispuesto en el considerando V in fine. Costas al Fisco Nacional en la parte que resulta vencido, y costas por su orden en la parte por la que no prospera el recurso intentado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-81247793-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Julio de 2023 RETARDO POR REPETICIÓN”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
La causa N° EX-2019-45965873- -APN-SGAI#TFN caratulada: “POLIRESINAS SAN LUIS S.A. S/ RETARDO POR REPETICIÓN – IMPUESTO A LAS GANANCIAS”.
I. Que, mediante el IF-2019-45949373-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso por retardo de repetición en los términos del segundo párrafo del art. 81 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias), mediante el cual intenta repetir la suma de $ 43.311.808,14, con más los respectivos intereses, en concepto de Impuesto a las Ganancias ingresado -a su criterio- en exceso respecto de los períodos fiscales 2012, 2013 y 2014, en razón de no haber incorporado el ajuste por inflación previsto en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias, pese a encontrarse -según expone- habilitada a ello por verificarse a su respecto el criterio jurisprudencial establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente “Candy” (Fallos 332:1571) y otros tantos precedentes en idéntico y/o similar sentido.
Expresa la recurrente que en fecha 19/12/2018 interpuso reclamo administrativo previo de repetición, el cual a la fecha de interposición del presente recurso ante este organismo jurisdiccional no ha tenido resolución expresa, por tanto habiendo transcurrido el plazo de tres meses establecido normativamente se encuentra habilitada la instancia ante este Tribunal Fiscal.
En ese sentido, expresa la recurrente que respecto de los períodos fiscales mencionados supra ingresó en concepto de Impuesto a las Ganancias las sumas de $ 15.808.780,97, $ 29.094.541,83 y $ 45.528.816,18, respectivamente, lo que totaliza la suma de $ 90.432.138,98. Asimismo, apunta que en caso de haber aplicado las normas referidas al ajuste por inflación, el gravamen a ingresar hubiera mermado de forma significativa de forma tal que se hubiera reducido el monto ingresado en las sumas de $ 8.803.262,57, $ 12.714.517,16 y $ 21.794.027.92, respectivamente, lo que totaliza la suma de $ 43.311.808,14, monto a su criterio ingresado en exceso y cuya repetición constituye la base reclamada a través del presente recurso.
Sintetiza que la actividad que desarrolla en la provincia de San Luis goza de los beneficios del régimen de promoción industrial conforme a la Ley N° 22.021, por lo cual los ingresos provenientes de la referida provincia se encuentran exentos del Impuesto a las Ganancias y, en ese orden, la acción de repetición que ensaya no incluye los referidos ingresos.
A su vez, sostiene la recurrente que las determinaciones del referido gravamen correspondientes a los períodos fiscales en cuestión sin la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias asumen como base imponible una renta ficticia, pues no reflejan en lo más mínimo la real situación económico-financiera e impositiva de la empresa, todo lo cual lleva a tributar un impuesto confiscatorio e importa en los hechos un enriquecimiento sin causa a favor del Fisco Nacional, excediendo los límites razonables de imposición.
En sustento de su síntesis argumental, refiere que para cada período fiscal determinó cuál sería el importe resultante de llevar adelante un ajuste por inflación de acuerdo con las normas contenidas en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias vigente en los referidos períodos fiscales, así como también el mayor importe de las amortizaciones de los bienes de uso, intangibles y bienes diversos resultantes de su re- expresión ajustada. Sin embargo, informa que para así proceder tomó como índice de referencia al Índice de la Provincia de San Luis, no así el índice elaborado por el INDEC, el que impugna sobre la base del dictamen del Ministerio Público Fiscal - Fiscalía de Investigaciones Administrativas- de fecha 15/05/2007 con motivo de la causa “Secretaría de Comercio Interior s/ supuestas irregs. y/o delitos cometidos por su titular en lo referente al requerimiento de información amparada en el secreto estadístico (Ley 17622)”, el Decreto PEN N° 55/2016 de fecha 07/01/2016, la Resolución N° 5/2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, y un comunicado emitido por el propio INDEC en el cual dicho organismo recomendó los índices de San Luis y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, razón por la cual solicita a este Tribunal que a los fines de la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación impositivo se tengan en cuenta los índices publicados por la provincia de San Luis tomando en consideración que la recurrente se encuentra radicada en dicha provincia.
En esa tónica, afirma que el estudio realizado arrojó como conclusión que en términos porcentuales la incidencia del impuesto efectivamente pagado por la recurrente respecto del resultado impositivo ajustado por inflación para cada período fiscal implicó una tasa efectiva del 78,98%, 62,17% y 67,14%, respectivamente, tasas que en todos los casos superaron ampliamente la tasa legal del 35% vigente hasta el período fiscal 2017. Asimismo, destaca que la incidencia de ese mismo impuesto respecto del resultado contable ajustado por inflación antes del Impuesto a las Ganancias y sin considerar los resultados por beneficios por promoción industrial implicó una tasa efectiva del 67,70%, 53,61% y 62,04%, respectivamente, en todos los casos también superiores a la tasa legal. A su vez, sostiene resulta de aplicación al caso de marras el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Candy” dictado el 03/07/2009, el que analiza de forma pormenorizada, para luego desarrollar las ramificaciones de la aplicación del referido precedente tanto en esa misma instancia como en los tribunales inferiores.
Por su parte, además del impuesto que considera ingresado en exceso, reclama el pago de los intereses resarcitorios calculados no ya sobre la tasa legal aplicada en materia de repeticiones de impuestos sino sobre la base de la tasa pasiva mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.
Por último, mediante el RE-2019-45950188-APN-SGAI#TFN adjunta prueba documental -equivalente a aquella presentada en oportunidad de interponer el reclamo administrativo previo-, y ofrece producir prueba pericial contable, plantea el caso federal y solicita se haga lugar a la repetición intentada por la suma de $ 43.311.808,14, con más los respectivos intereses.
II. Que, mediante el IF-2019-78482506-APN-DNTEID#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente y acompaña la certificación de pagos (cfr. IF-2019-78482380-APN- DNTEID#JGM). Por otra parte, rechaza la aplicación del índice elaborado por la Provincia de San Luis, toda vez que la norma establece la aplicación del índice confeccionado por el INDEC, a cuya impugnación se opone. En otro orden de ideas, sostiene que la cuestión planteada por la recurrente se encuentra a estudio y que el área de origen dispuso un cargo de fiscalización bajo la O.I. N° 1.787.980, en curso al momento de la presentación de la referida contestación del recurso, solicitando se rechace el recurso interpuesto y se conceda un plazo suficiente al área de origen a los efectos de resolver la aceptación o el rechazo de la acción de repetición, ello sin perjuicio de afirmar que considera correspondiente someter al contralor de la Administración Fiscal la determinación del tributo.
A su vez, destaca la representación fiscal que no resulta un hecho de menor importancia que la apelante sea una empresa promocionada conforme la Ley N° 22.021 de promoción industrial, puesto que a efectos de medir la confiscatoriedad debería tenerse en cuenta que la empresa obtiene también una ganancia no alcanzada pero que resulta del sacrificio del propio Estado al otorgarle el beneficio, y que de incluir en los resultados contables las ganancias de la promoción industrial los porcentajes variarían notablemente.
Por último, se opone a la prueba documental y a la producción de la prueba pericial contable, plantea el caso federal y pide se dicte sentencia rechazando el recurso interpuesto, con costas a la actora.
III. Que, mediante PV-2020-69864769-APN-VOCVI#TFN se confirió traslado a la parte actora de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, el que fuera contestado en la presentación que corre bajo el IF-2021-
21142893-APN-DTD#JGM.
Mediante las presentaciones que corren bajo los RE-2020-72218268-APN-DTD#JGM y IF-2020-78587269- APN-DTD#JGM cada una de las partes acompaña a su tiempo la Resolución N° 87/2020 (DV RRME) de fecha 28/09/2020 dictada por el Jefe (Int.) de la Sección Determinaciones de Oficio A/C de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, por medio de la cual se rechazara la repetición interpuesta por la recurrente. Se deja expresado en esta oportunidad que la jurisdicción para resolver el reclamo ensayado en sede administrativa por la aquí apelante resulta atribuible a este Tribunal Fiscal, en un todo conforme con lo establecido en el art. 81 de la norma procedimental, habiendo perdido todo competencia la Administración Fiscal en el momento en que, verificados los extremos legales, la parte actora optó por recurrir ante este organismo jurisdiccional con motivo del retardo incurrido por la propia Administración.
Por último, a través de la PV-2021-82146337-APN-VOCVI#TFN se dispuso la apertura a prueba de la presente causa, haciéndose lugar a la prueba pericial contable la cual se encuentra agregada bajo el IF-2021-123184065- APN-DTD#JGM, declarándose la clausura del período probatorio mediante el PV-2023-30978004-APN- VOCVI#TFN.
IV. Que, en la PV-2023-62244648-APN-VOCVI#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B”. Bajo el IF-2023-66453378-APN-VOCVI#TFN se ponen las presentes actuaciones a disposición de las partes para que produzcan sus respectivos alegatos, haciéndolo la recurrente en el IF-2023-73308284-APN-DTD%JGM y el Fisco Nacional en el IF-2023-73916398-APN-DTD#JGM.
Finalmente, se pasan los autos para dictar sentencia en el IF-2023-77768427-APN-VOCVI#TFN.
V. Que, corresponde entonces a este Tribunal evaluar si procede o no la repetición ensayada por la recurrente de la suma de $ 43.311.808,14, con más los respectivos intereses, en concepto de Impuesto a las Ganancias ingresado -a su criterio- en exceso respecto de los períodos fiscales 2012, 2013 y 2014, en el entendimiento que según la propia apelante expresa ha quedado demostrada la alegada confiscatoriedad del gravamen en virtud de la prohibición legal de aplicar el denominado “ajuste por inflación” previsto en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En ese sentido, y siguiendo la tónica marcada por nuestro Máximo Tribunal en el precedente “Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo” (sentencia del 3/7/2009), cabe pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado y, ergo, al reintegro del monto reclamado.
Al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
En esa tónica, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema que, a partir del precedente “Candy”, viene resolviendo en toda cuestión análoga en el sentido de si se adecuan o no los hechos de la causa con los parámetros establecidos en dicha oportunidad (véase “Pettiti Automotores S.A.”, del 04/05/2010; “Carlisa S.A.”, del 07/09/2010 y “Pontoni, Roberto Luis y otros S.H.”, del 17/05/2011, entre otros tantos).
En aquella oportunidad, y en lo atinente a la cuestión principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial - Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”.
“Que en orden a ello, cabe destacar que en el caso, el Tribunal tiene especialmente en consideración que se trata de un ejercicio -el correspondiente al año 2002- signado por un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia contemporánea de nuestro país, que fue reconocido por el Tribunal en oportunidad de pronunciarse en Fallos: 328:690, 329:5913 y 330:855...”. “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, y en virtud de las conclusiones arribadas en los considerandos 8° y 9° del presente decisorio, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a las ganancias, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que, conforme las pruebas de la causa, entendió que en dicho caso el pago del Impuesto a las Ganancias sin aplicar el ajuste discutido, al representar para Candy S.A. más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, resultaba confiscatorio. En ese mismo orden, ha de señalarse que habiendo advertido el citado Tribunal la desmesurada incidencia real del gravamen por la no aplicación del ajuste por inflación, el mismo concluyó que la ganancia neta determinada sin ajuste por inflación, no es adecuadamente representativa de la renta que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar (utilidades reales en lugar de ganancias ficticias). No obstante, ello deberá evaluarse en cada caso, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
Sentado lo que antecede, y en relación a la objeción expuesta por el Fisco Nacional en cuanto a que los porcentajes de algunos períodos fiscales cuya repetición se pretende resultan inferiores al 62% observado por la Corte Suprema en el precedente “Candy”, cabe destacar que la confiscatoriedad no se encuentra condicionada a un año fiscal determinado y a un porcentaje específico sino a la configuración de las circunstancias fácticas que constituyan tal supuesto en el año fiscal de que se trate, sin dejar de señalar que asiste razón a la parte actora cuando apunta que tanto los tribunales inferiores como el Máximo Tribunal han admitido con posterioridad al dictado de la sentencia porcentajes inferiores al referido 62%.
Ahora bien, conforme surge de la prueba documental acompañada por la recurrente en oportunidad de presentar su recurso por retardo de repetición -que, en esencia, no difiere en absoluto de aquella presentada en sede administrativa junto al reclamo administrativo previo y que obra agregado en los antecedentes administrativos-, para cada uno de los períodos fiscales cuya repetición ensaya la recurrente fue confeccionado un “Informe Especial de Contador Público Independiente sobre el Estado de Resultados Ajustado por Inflación” y un “Informe Especial de Contador Público Independiente sobre el Resultado Impositivo Ajustado por Inflación” (cfr. RE- 2019-45950188-APN-SGAI#TFN). Ello así, en cada uno de los referidos informes el profesional interviniente concluyó que cada Estado de Resultados fue confeccionado en forma adecuada y de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y tampoco surgían observaciones que formular respecto del Resultado Impositivo Ajustado por Inflación.
No obstante lo expuesto, advierte este Tribunal -la propia recurrente así lo ha reconocido en su recurso- que en la Nota 1 de cada uno de los Estados de Resultados Ajustados por Inflación, así como también en cada uno de los Informes elaborados por el profesional independiente se ha dejado expresa constancia que los índices utilizados para cada ejercicio han sido aquellos referentes al IPC confeccionados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis, lo que en rigor de verdad no coincide estrictamente con la Resolución Técnica N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la que establece en su Sección IV.B. 5. que el índice a emplear será el resultante de las mediciones del índice de precios internos al por mayor (IPIM) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, regla que en definitiva concuerda con lo expresado en el Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
En otro orden de ideas, no escapan a este Tribunal Fiscal las aseveraciones vertidas por la representación fiscal en torno a la unilateralidad de las certificaciones contables elaboradas por el contador público independiente contratado a ese efecto por la parte actora en aras de validar los cálculos y resultados arribados mediante la aplicación del referido mecanismo de ajuste por inflación. Con respecto al argumento referido a que el organismo recaudador no tuvo ningún tipo de intervención y/o contralor por parte de funcionarios especializados que lo representaran, cabe referir que la parte actora puso la totalidad de la información a disposición de ese mismo organismo en oportunidad de presentar el reclamo administrativo previo de repetición. Asimismo, dicho organismo no está impedido de proceder al ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización en los términos de los arts. 33 a 35 de la norma procedimental y, en caso de estimarlo conveniente, proceder a determinar de oficio la obligación impositiva de la recurrente conforme el procedimiento establecido en los arts. 16 y 17 del mismo cuerpo normativo.
A su vez, debe ponerse de relieve que, en el marco del procedimiento llevado adelante ante esta instancia jurisdiccional, se abrió la causa a prueba, designado peritos contadores por ambas partes y producido el respectivo informe pericial contable, el cual obra agregado bajo el IF-2021-123184065-APN-DTD#JGM, ocasión en la cual el Fisco Nacional tuvo nuevamente posibilidad de abordar el estudio de la pretensión esgrimida por la recurrente, desde un aspecto netamente técnico.
En esa tónica, del análisis del informe producido por ambos peritos contadores en autos, surge que partiendo de los Estados Contables cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/02014 -certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis, todos con informes de auditoría sin observaciones- y de la determinación del Impuesto a las Ganancias contenida en las Declaraciones Juradas correspondientes, se efectúan una serie de cálculos en dos series que, en principio, difieren únicamente en los índices utilizados en cada una de las ellas.
Por un lado, la primera serie toma como base los índices de inflación publicados por la Provincia de San Luis y aborda -en lo que aquí interesa- la incidencia del impuesto efectivamente pagado por la recurrente en cada período fiscal sobre el resultado impositivo ajustado por inflación en esos mismos períodos fiscales, lo que arrojara como resultado una tasa efectiva del gravamen del orden del 78,98%, 62,17% y 67,14%, respectivamente, lo que, en esencia, coincide de forma exacta con las conclusiones arribadas en sus Informes por el contador público independiente.
Por otro lado, la segunda serie toma como base los índices de inflación publicados por el INDEC y, al igual que la serie anterior, aborda la incidencia del impuesto efectivamente pagado por la recurrente en cada período fiscal sobre el resultado impositivo ajustado por inflación en esos mismos períodos fiscales, lo que arrojara como resultado una tasa efectiva del gravamen del orden del 50,79%, 43,90% y 53,16%, respectivamente. Ello así, en principio corresponde concluir que de las certificaciones contables presentadas en la instancia administrativa por la recurrente, posteriormente corroboradas en la primera serie por los peritos contadores intervinientes en oportunidad de la presentación del informe pericial contable en estas actuaciones, convalidan en los términos expresados por la recurrente en su escrito de inicio el presupuesto de confiscatoriedad respecto de todos los períodos fiscales cuya repetición -en la medida de la diferencia entre el impuesto efectivamente ingresado y el que hubiere correspondido ingresar de resultar aplicable el mecanismo de ajuste por inflaciónensayada por la recurrente excediendo en cada caso concreto el límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad en los términos planteados en los considerandos anteriores. No obstante lo expuesto precedentemente, y sin perjuicio de las alegaciones desarrolladas por la parte actora en su recurso de apelación, no es menos cierto que la Ley de Impuesto a las Ganancias no contempla en su Título VI la posibilidad de elegir un índice a los efectos de proceder a realizar el ajuste por inflación, sino que de forma específica establece que la actualización de los diversos importes se efectúa mediante la aplicación del índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado por el INDEC. En efecto, conforme surge de la segunda serie de cálculos practicada por los peritos contadores tomando como base de actualización el índice establecido en la normativa del gravamen, de todos modos, se arriba para cada período fiscal a una tasa efectiva del gravamen del orden del 50,79%, 43,90% y 53,16%, respectivamente, serie que corresponde tomar en cuenta por este Tribunal Fiscal para considerar si en el caso concreto se produjo o no un supuesto de confiscatoriedad.
A mayor abundamiento, no escapa a este Tribunal que, no obstante que las actuaciones desarrolladas en sede administrativa con posterioridad a la interposición del recurso ante este organismo jurisdiccional no resultan, a su respecto, vinculantes en lo absoluto, no es menos cierto que el propio Fisco Nacional, a través de sus áreas operativas arribó a tasas efectivas cuyos porcentuales resultan prácticamente idénticos a los expuestos por los peritos contadores en el informe pericial contable confeccionado durante la etapa probatoria en esta instancia (cfr.
RE-2020-72218268-APN-DTD#JGM).
Por lo expuesto y de acuerdo a las conclusiones arribadas supra, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación establecido en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en la causa "Candy", dado que el impuesto determinado insume una parte sustancial de la renta en un monto que excede cualquier limite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
Por último, los incentivos fiscales de los que goza la recurrente no representan un óbice para aplicar el mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en el Título VI de la ley del gravamen sobre las restantes rentas alcanzadas y efectivamente gravadas por el impuesto, teniendo en cuenta que su no aplicación implica que termine tributando por ganancias meramente nominales y/o ficticias, razón por la cual el argumento de la representación fiscal debe ser rechazado.
En ese orden, y en atención a que conforme surge del informe pericial contable el impuesto efectivamente ingresado en cada período fiscal ascendió a las sumas de $ 15.808.780,97, $ 29.094.541,83 y $ 45.528.816,18, respectivamente, mientras que de haberse aplicado el mecanismo de ajuste por inflación previsto legalmente dicho impuesto hubiera ascendido a las sumas de $ 10.893.330,25, $ 23.197.748,08 y $ 29.977.446,77, respectivamente, este Tribunal entiende la repetición ensayada por la recurrente debe proceder por la suma de $ 26.363.613,88.
En consecuencia corresponde hacer lugar a la repetición intentada en el monto expresado en el párrafo que antecede con más los intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte.Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. Costas al Fisco Nacional en la parte que resulta vencido, y costas por su orden en la parte por la que no prospera el recurso intentado en atención a las particularidades del caso.
Por ello, SE RESUELVE:
Hacer lugar a la repetición intentada por la suma de $26.363.613,88, con más los intereses, conforme lo dispuesto en el considerando V in fine. Costas al Fisco Nacional en la parte que resulta vencido, y costas por su orden en la parte por la que no prospera el recurso intentado.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y archívese. Date: 2023.07.13 15:21:24 ART Date: 2023.07.13 16:10:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.07.13 17:04:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.07.13 17:05:42 -03:00
Fin de la sentencia