Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 48995-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar las apelaciones de ambas partes y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de recurso,
2Distribuir las costas de esta instancia por su orden (cfr. art. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.) y
3Elevar los honorarios fijados con fecha 4/10/2022, conforme lo expuesto en el Considerando XIII.- del presente decisorio.
Expte. N° 03519/2023.-
///nos Aires, 14 de julio de 2023.- JMVC Y VISTOS, estos autos caratulados: “POLIRESINAS SAN LUIS S.A. -TF 48995-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, y
I. Que con fecha 14 de marzo de 2022 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: 1) rechazar la excepción de nulidad opuesta por la contribuyente, con costas y 2) revocar la resolución N° 87/2018, de fecha 18/06/2018, por la cual el Fisco Nacional impugnó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2016 por haber practicado el ajuste por inflación a dicho período, se liquidaron intereses y se aplicó una multa en los términos del art. 45 de la L.P.T- y distribuir las costas por su orden.
Asimismo, en fecha 4 de octubre de 2022 reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación vinculada con el rechazo de la excepción de nulidad articulada por la actora.
II. Que, para decidir de ese modo, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo en primer lugar desestimó el planteo de nulidad efectuado por la actora, con fundamento en la presencia de vicios en los elementos reglados de la resolución impugnada, por entender que el Fisco Nacional sustentó su accionar en el derecho aplicable, lo cual quedó expresado en la resolución determinativa, en la cual expresó los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa y, asimismo, se enunciaron en forma concreta las razones por las cuales se determinó la obligación tributaria de la actora.
Luego, tras reseñar los pormenores de la resolución administrativa, se adentró al conocimiento de la cuestión de la fondo, la cual consiste en determinar si corresponde el ajuste por inflación impositivo y la re-expresión de las amortizaciones anuales de bienes de uso previstos en el Título VI y el art. 84 y concordantes de la L.I.G., utilizando los índices de precios al consumidor de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo de la Provincia de San Luis, en lugar del índice de precios al por mayor, nivel general, del I.N.D.E.C.
Sentado lo anterior, recordó que la normativa aplicable al caso se desprende que el art. 39 de la ley 24.073 no suspende ni deroga el mecanismo de ajuste por inflación establecido en la L.I.G. (t.o. 1997 y sus modificatorias), sino que simplemente torna neutro el ajuste, porque a partir del 1/04/1992 la relación inicial de la variación de precios será siempre uno (1), por lo que su empleo deviene prescindible.
Agregó que, en base a ello, surge que del título VI de la L.I.G. (t.o. 1997 y sus modificatorias), subsiste sin modificaciones, lo que indica manifiestamente que no ha sido intención del legislador prescindir del mecanismo ni innovar en sus disposiciones. Sin embargo, prosiguió, esto no obsta a que la aplicación del mecanismo corrector, en la práctica, no logre el efecto que de él se espera, atento a lo dispuesto por el art. 39 de la ley 24.073, que ha tornado inocua su aplicación; situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente.
A continuación, recordó que el Cimero Tribunal zanjó la cuestión de fondo aquí planteada mediante las decisiones dictadas en las causas “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Economía s/amparo", del 30/6/2005 (Fallos: 328:2567) y "Candy S.A. c/A.F.I.P. y otro s/acción de amparo", del 3/07/2009 (Fallos: 332:1571), efectuando una transcripción parcial de lo decidido en ambas causas.
Al respecto, destacó que en esos casos se tuvieron en cuenta los resultados de un informe pericial del que surgía, que si no se aplicaba el ajuste por inflación impositivo, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% como establece el artículo 39 de la ley del impuesto, sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado por inflación correspondiente al período analizado, o el 55% de las utilidades contables, también ajustadas por inflación; porcentajes estos que excederían los límites razonables de imposición. Indicó que también tomó en cuenta el dictamen del Procurador General, en el cual se observa que el "impuesto histórico" supera al impuesto "ajustado por inflación" en un 77% y que el impuesto calculado con el ajuste por inflación sobre el "patrimonio neto de la sociedad" es del 18% o, calculado sin el ajuste por inflación, es del 32%.
Sobre el punto, consideró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha determinado dos parámetros que deben cumplirse en forma concurrente para establecer un supuesto de confiscatoriedad, ni ha establecido un porcentaje a partir del cual debe entenderse que un gravamen se convierte en confiscatorio ni, mucho menos, las múltiples opciones que surgirían de considerar dos parámetros cuando ambos definen magnitudes que pueden presentarse contradictorias, sino que ha resuelto en función de lo que las pruebas periciales aportaron a la causa. Asimismo, destacó que en el precedente “Candy S.A.”, la Corte Suprema de Justicia resaltó la relevancia probatoria de la prueba pericial contable la que, en ese caso, permitió tener por acreditada la posición de la contribuyente, habiendo indicado el Alto Tribunal que si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo, no es apta para acreditar una afectación del derecho de propiedad, ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si, entre una y otra suma se presenta una desproporción de tal magnitud, que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes, no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto pretende gravar.
De allí que, enfatizó, nuestro Tribunal Cimero puso el énfasis en la actividad probatoria, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega.
Desde esa perspectiva, consideró las pruebas producidas en autos. En particular, la prueba pericial contable, a efectos de calcular el resultado contable antes de impuesto ajustado por inflación necesario para determinar la segunda tasa efectiva mencionada en “Candy S.A.”, se detraen del resultado contable ajustado por inflación los beneficios promocionales de la actora alegando que, así, el porcentaje resultaría comparable.
Con esta detracción, el resultado contable ajustado por inflación antes del Impuesto a las Ganancias ascendería a $ 116.108.783 y la tasa efectiva del impuesto sin ajustar por inflación respecto del resultado antes calculado sería del 69,79%.
Resaltó que el valioso antecedente de la Corte Suprema de Justicia funda una doctrina, pero no se ocupa de fijar requisitos concurrentes ni establece porcentajes que sirvan como valladares fijos ni, además, trata un caso en el que parte de la renta se encuentra fuera de objeto o exenta de gravamen como ocurre en este caso.
Agregó que, resulta inapropiado que la confiscatoriedad de la renta o del patrimonio deba considerarse sobre bases distintas a aquellas sobre las cuales se calcula el gravamen en crisis, porque en todo momento lo que se intenta demostrar es la porción de la renta o patrimonio afectado y el hecho de no utilizar bases con criterio generales homogéneos podrían llevarnos al absurdo de que una tasa que resulte desproporcionadamente, por ejemplo, superior al 100% de la fijada por el poder legislativo como alícuota de un gravamen termine convalidada por la existencia de rentas no alcanzadas o patrimonios fuera del objeto del gravamen en trato.
Concluyó aseverando que, de todas maneras y en este caso, el propio Fisco que se agravió del cálculo promovido por la actora en la prueba pericial, no incitó a producir prueba que demuestre que, incluir el beneficio promocional en la base de utilidad contable, derivaría en un supuesto de falta de confiscatoriedad, sino que solo lo asevera en forma dogmática.
Por último, con relación al planteo de la actora vinculado con la utilización de los índices de precios al consumidor de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis, en lugar del índice de precios al por mayor, nivel general del INDEC, resolvió sus desestimación pues corresponde tener en cuenta la normativa aplicable a los períodos en cuestión, la cual expresamente establece que las actualizaciones previstas en la ley se efectuarán sobre la base de las variaciones del índice de precios al por mayor, nivel general, que suministre el INDEC y, asimismo, indicó que las manifestaciones vertidas por la actora tendientes a soslayar la utilización de dicho índice, carecen de prueba que avale su improcedencia.
En cuanto a las costas, las distribuyó en el orden causado en atención a que las cuestiones que se discuten exhiben una complejidad suficiente como para apartarse de la regla establecida en el primer párrafo del art. 68 del C.P.C.C.N.
III. Que contra lo decidido en cuanto al fondo, el Fisco Nacional interpuso apelación y presentó su memorial en forma tempestiva. La actora contestó el traslado oportunamente conferido.
A su vez, también contra la decisión de fondo, la parte actora interpuso apelación y presentó la fundamentación en tiempo y forma. El Fisco Nacional contestó el traslado que le fue conferido.
La regulación de honorarios fue apelada por la parte actora por considerarla elevada y por el Fisco Nacional por considerarla baja.
IV. Que la parte actora se agravió respecto de la imposición de costas dispuesta en el resolutorio recurrido.
En tal sentido, tras recordar la regla establecida en el art. 68 del C.P.C.C.N., resaltó que para apartarse de dicho principio debe existir mérito suficiente que justifique la eximición total o parcial al litigante vencido, Al respecto, interpretó que en el pronunciamiento recurrido los vocales del T.F.N. haciendo referencia al art. 184 de la Ley de Procedimiento Tributario, se apartaron del principio general aplicando la excepción, sin esgrimir fundamento alguno para eximir parcialmente a la demandada del pago de las costas originadas por su injustificada pretensión respecto de su parte.
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura y destacó la existencia de casos análogos al presente en donde se impusieran las costas al organismo recaudador.
Finalmente, sostuvo que la cuestión debatida no resulta ser novedosa ni compleja como lo indican los vocales del T.F.N., ya que la cuestión ha sido zanjada con el dictado del fallo “Candy S.A.”, ya que ninguna particularidad fue referida como distinta para apartarse de los lineamientos del citado precedente de la C.S.J.N.
Por lo expuesto, solicitó que se modifique la sentencia recurrida y se disponga que las costas sean a cargo de la demandada que resultó sustancialmente vencida.
V. Que, por su parte, el Fisco Nacional tras reseñar los antecedentes de la causa y lo resuelto en la instancia anterior, sostuvo que el decisorio incurre en una manifiesta arbitrariedad en la apreciación de los hechos comprobados y plasmados en el acto administrativo impugnado, así como también en la valoración de la prueba pericial contable.
Sobre esto último, citó en apoyo de su razonamiento, un pronunciamiento emitido por la Sala D del T.F.N., en una causa en la que no se hizo lugar al reclamo de repetición, también con fundamento en la supuesta confiscatoriedad del impuesto por inaplicabilidad del mecanismo del ajuste por inflación. Indicó que, en este caso, el Tribunal a quo no hizo mérito ni mención de los resultados de la fiscalización que oportunamente se le practicara a la actora y que fueron plasmados en la resolución N° 87/2018.
Detalló los fundamentos vertidos en aquella oportunidad, y refirió que la fiscalización -previo a analizar la normativa que rige la materia- concluyó que no corresponde tener en cuenta ninguna corrección en relación con el efecto del cambio en el poder adquisitivo de la moneda.
Sin embargo, enfatizó, ninguna consideración fue efectuada respecto a la postura asumida en sede administrativa, sino que, por el contrario, el pronunciamiento revocatorio se afincó en el contenido del informe pericial contable producido a instancias de la contribuyente, el cual -según su criterio- presenta graves falencias en cuanto a su objetividad.
Sobre el punto, reiteró la existencia de un pronunciamiento emitido por la Sala D del T.F.N., en el cual se consideró que el ajuste por inflación impositivo al surgir de papeles de trabajo aportados por la contribuyente, se trataba de una circunstancia que lo privaba de valor probatorio frente a la demostración que se pretende. En otras palabras, señaló que la mayoría de los puntos propuestos y evacuados en el informe pericial no son producto de la compulsa de libros, registraciones y documentación de respaldo de la firma actora, sino de los papeles de trabajo que ella misma seleccionó con dicho propósito y puso a disposición de los profesionales intervinientes.
De allí que, según su postura, se trata de un supuesto de arbitrariedad en la valoración de la prueba producida, que amerita la revisión por parte de este Tribunal.
A mayor abundamiento, detalló ciertos aspectos del dictamen pericial que consideró relevantes. Así, indicó que: 1) los peritos no tenían forma de saber si la contribuyente tenía vigentes sus beneficios de promoción industrial o si se produjo el decaimiento por parte del Estado Provincial y/o de la A.F.I.P. y en su respuesta del punto 8), dan por sentado que esos beneficios corresponden y están vigentes;
2. los peritos no expresan que se han basado en los estados contables certificados, ni en registraciones contables rubricadas para tomar conocimiento de cuánto es el importe de los beneficios amparados por la ley 22.021; es más, en ningún momento dicen cuánto es;
3. los peritos se limitan a reproducir que el resultado contable ajustado surge de papeles de trabajo ($ 116.108.783) pero los datos básicos para el cálculo del ajuste por inflación estático y dinámico no fueron ni siquiera confrontados con las registraciones o estados contables para saber -por ejemplo- si el saldo de activo y pasivo al inicio y cierre del ejercicio son correctos;
4. los peritos no informan si han tenido en cuenta que si se excluyen beneficios (entendiendo por tales a las utilidades) hay un efecto en la contrapartida que impacta en el llamado ajuste por inflación estático (deben excluirse los saldos al cierre del rubro créditos por ventas de los clientes vinculados a esos ingresos o saldos de proveedores, por citar un ejemplo);
5. los peritos, al detraer los beneficios de la ley 22.021 a los efectos de determinar el resultado contable, se amparan en que es necesario para hacer comparable el índice, que se entiende que se refiere a comparable con los índices del fallo "Candy S.A.", pero en ese fallo se hace referencia a utilidad sin diferenciar utilidad gravada o no, sin expresar a qué tipo de utilidades alcanzan esos parámetros o índices resueltos.
En tal orden de cuestiones, manifestó que el caso presenta aristas de complejidad que no han sido debida y seriamente analizadas en el informe pericial producido a instancias de la apelante, quien tenía a su cargo la acreditación del excepcional supuesto de confiscatoriedad del impuesto alegado.
De allí postuló la arbitrariedad en la valoración de los hechos analizados por la fiscalización efectuada por el Fisco y plasmados en el acto determinativo apelado, así como también en el mérito de una prueba inhábil (por las constancias precedentemente detalladas), lo cual amerita la revisión de lo resuelto por parte de esa Cámara Nacional de Apelaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 86 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
En subsidio, solicitó que para el supuesto de que no hiciera lugar a su apelación, las costas sean impuestas por su orden en ambas instancias; de conformidad con los fundamentos expuestos por el Tribunal Fiscal, referidos a la complejidad y a las particularidades de las cuestiones de hecho discutidas, circunstancia que permite apartarse de la regla general establecida en el art. 68 del C.P.C.C.N.
VI. Que planteadas así las cuestiones a resolver, cabe destacar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el criterio trazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “HSBC Argentina Holdings S.A. - TF 48911-I c/D.G.I.”, Expte. N.º 19801/2021, del 1/07/22, entre muchos otros). Asimismo, tampoco es obligación de los jueces ponderar todas las pruebas agregadas, sino sólo aquéllas que se estimen apropiadas para resolver el conflicto (cfr. Fallos: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 y esta Sala, in re, “Eidico S.A. -TF 46884-I c/D.G.I.”, Expte. Nº 22019/2017, sentencia del 5/12/2022, entre otros).
VII. Que, en atención a los agravios introducidos por las partes, cabe recordar que aquí se discute la legitimidad de la resolución A.F.I.P. -D.G.I. N° 87/2018, de fecha 18/06/2018, por conducto de la cual el organismo recaudador impugnó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2016, por haberse practicado el ajuste por inflación a dicho período. Asimismo, se liquidaron intereses resarcitorios y se aplicó una multa en los términos del art. 45 de la L.P.T.
VIII. Que, sentado lo anterior, cabe destacar que el Fisco Nacional en su memorial, señaló que la sentencia del T.F.N. adolecía de arbitrariedad y que, por ello, resultaba aplicable la solución normativa del art. 86, inc. b) de la L.P.T. Al respecto, cabe comenzar por recordar que la primera formulación de la noción de sentencia arbitraria data del año 1909 y fue efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar la causa: “Rey vs. Rocha”, registrada en Fallos: 112:384.
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal sostuvo que sentencia arbitraria es aquella desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces y no lo es, en cambio, cuando concurra simplemente una interpretación errónea de las leyes a juicio de los litigantes. De allí que resulte trascendente remarcar la distinción entre arbitrariedad, por un lado y el mero error en la interpretación de las leyes o en la apreciación de la prueba por el otro. Sobre el punto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquella que caracteriza que debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el” (cfr. Fallos: 207:72, in re, “Carlozzi c/Tornese Ballesteros”, del 14/02/1947 y doctrina concordante posterior, doctrina aplicada por esta Sala en reiteradas oportunidades, por ejemplo, sentencia en autos: “Quilsa Com Ar S.H. (T.F. 28283-
I. c/D.G.I. s/R.D.O.E.”, Expte. Nº 6647/2021, del 26/04/2022).
A lo expuesto, debe agregarse que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho, así se estimen esas discrepancias legítimas o fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen como tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, los pronunciamientos quedan descalificados como actos jurisdiccionales (cfr. Fallos: 244:384, citado por Carrió, Genaro R., Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Bs. As., Abeledo Perrot, 1967, p. 29).
En este orden de ideas, se observa que la resolución del Tribunal a quo dista ampliamente de poder ser considerada arbitraria.
Como se verá en el desarrollo posterior, el apelante no ha logrado demostrar que la sentencia del Tribunal a quo adolezca de la anunciada arbitrariedad, que la torne revisable por esta Cámara en los términos de lo dispuesto en el art. 86, inc. b) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.); norma a cuyo respecto cabe recordar que, en cuanto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, en la causa: “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, in re, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, en autos: “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, causa: “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, in re, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre otros).
Sobre el punto, el criterio jurisprduencial imperante en esta Excma. Cámara de Apelaciones puede sistematizarse en los siguientes aspectos fundamentales: 1) se trata de un recurso como principio limitado, en la medida en que no habilita al Tribunal de Alzada a revisar la materia fáctica y probatoria, debiendo tenerse por ciertas las conclusiones del T.F.N. sobre esta materia;
2. tal principio tiene como excepción, el supuesto de que las conclusiones del T.F.N. sobre las cuestiones fácticas presentan deficiencias serias, las que sólo tienen lugar cuando exista arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad en las conclusiones del T.F.N. sobre estas cuestiones; y, 3) no se verifican dichos supuestos, cuando el recurso ante la Cámara manifiesta solamente una discrepancia respecto de la selección y valoración de prueba por el T.F.N. La circunstancia de que el Tribunal a quo haya dado preferencia a determinada prueba no configura, per se, un supuesto de arbitrariedad.
Lo apuntado precedentemente es relevante, puesto que el recurrente no cuestiona los fundamentos teóricos de la resolución apelada, sino que por el contraraio, sus principales argumentos se apoyan en la cita de un pronunciamiento de la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación el cual, según su tesitura resulta aplicable al caso de autos; y en la valoración que de la prueba pericial contable ha efectuado el Tribunal a quo.
IX. Que, en particular, adentrándose en el conocimiento de los postulados del Fisco Nacional, cabe señalar que no corresponde otorgarle el “efecto vinculante” que pretende, a la decisión adoptada en una causa presuntamente análoga a la presente por parte de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación. Esto es así, toda vez que los únicos pronunciamientos con carácter vinculante para este Tribunal son los Fallos Plenarios, establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, bajo el título “Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, en sus artículos 288 a 303; en particular en este último es que se establece la mentada obligatoriedad.
En otra palabras, fuera de ese particular supuesto no puede válidamente predicarse que este Tribunal se vea compelido a adoptar idéntica tesitura que otro tribunal al decidir una cuestión que se le plantea, dado que cada caso presenta sus modulaciones propias y máxime, como ocurre en este caso, teniendo en cuenta que el pronunciamiento de la Sala “D” del T.F.N. -sobre el que se apoya el recurrente- no se encuentra firme, ya que fue apelado ante este Tribunal. Por otra parte, con relación a las apreciaciones vinculadas a la prueba pericial, su alcance, extensión y valoración por parte del Tribunal a quo, corresponde también su desestimación.
En efecto, en primer lugar, corresponde señalar que la pericia contable producida en autos fue elaborada en forma conjunta por los peritos propuestos por ambas partes.
Asimismo, conforme fuera expuesto en el punto 1) del dictamen pericial, el mismo fue elaborado teniendo en consideración los Estados Contables de la sociedad actora al 31 de diciembre de 2016, certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis y con informe de Auditoría sin salvedades al 28/03/2017, lo cual es corroborado con la documentación obrante a fs. 25/92 del expediente en soporte papel, en especial, fs. 29/30.
A ello debe agregarse que el Fisco no impugnó los resultados de la pericia practicada en autos, como así tampoco instó otras pruebas conducentes a efectos de controvertir aquello con lo que discrepa.
Por lo tanto, mal puede en esta instancia y teniendo especialmente en cuenta la previsión normativa del art. 86, inc. b) de la L.P.T. -circunstancia a la que ya se ha hecho referencia anteriormente-, pretender una suerte de impugnación tardía de la pericia contable practicada en autos, por peritos propuestos en paridad de partes, y no habiéndose formulado objeciones en la oportunidad procesal pertinente.
A esta altura del análisis, interesa poner de resalto que, en lo atinente al valor probatorio de la pericial contable, debe reconocerse validez a las conclusiones de los expertos para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (Fallos: 319:469; 320:326), circunstancias que a criterio de este Tribunal no concurren en el caso.
En autos, el Fisco Nacional al expresar agravios -como quedara dicho- no refutó las conclusiones de los peritos, sino que se limitó a efectuar manifestaciones subjetivas acerca de las actuaciones de los profesionales que, valga la reiteración, fueron propuestos por ambas partes.
A lo que cabe agregar que tampoco produjo prueba a fin de poder desvirtuar las conclusiones a las que arribaran los expertos, como así tampoco impugnó en la oportunidad procesal correspondiente, las conclusiones a las que arribaron.
En esa inteligencia, la insuficiencia de las observaciones de la parte demandada y la ausencia de prueba específica que contradiga a la postura de la actora, imponen reconocer como válidas las conclusiones exhibidas en el informe pericial; puesto que la sana crítica aconseja la admisión de sus conclusiones (cfr. arts. 477 y 386 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.; cfr. esta Sala, in re, “Sominar Sociedad Minera Argentina S.A.”, del 8/09/2011 y sus citas, entre otros).
Por otra parte, y sólo a mayor abundamiento, en punto al reproche consistente en que las conclusiones del perito fueron elaboradas pura y exclusivamente sobre la base de los datos suministrados por la propia empresa (papeles de trabajo), cabe apuntar que ya en otra oportunidad, se ha sostenido que: “[l]as críticas de la demandada debieron necesariamente traducirse en una liquidación que controvirtiera la información contable –ratificada por el perito– y las tareas de auditoría invocadas debieron producirse en la etapa probatoria de autos, que fue el momento procesal oportuno para hacer valer sus defensas.”. Se añadió en dicha ocasión que: “[l]as circunstancias que le impidieron actuar de tal modo (es decir, avocarse al estudio de las registraciones de la actora para corroborar su veracidad, determinar la base contable, efectuar los cálculos correspondientes, etc.) no son oponibles a su contraria, que ofreció y produjo la prueba que acreditó su posición y dio sustento a su pretensión” (cfr. esta Sala, in re, “Ferrero Argentina S.A. c/E.N. –A.F.I.P. –D.G.I. -ley 24.073 s/proceso de conocimiento”, Expte. N° 26.296/03, del 29/05/2012 y sus citas, sentencia firme, en atención a que el Alto Tribunal declaró que el recurso extraordinario cuya denegatoria originaba la queja, resultaba inadmisible en los términos del art. 280 del C.P.C.C.N. –ver F. 310 XLVIII, RHE, “Ferrero Argentina S.A. c/Estado Nacional –A.F.I.P. –D.G.I. ley 24.073 s/proceso de conocimiento”, del 30/10/2012). Por lo tanto, cabe concluir que las manifestaciones expuestas por la recurrente no pasan de ser meras discrepancias sobre el proceder de los expertos y sobre la valoración efectuada por el Tribunal Fiscal, lo que denota la nula incidencia de los cuestionamientos efectuados para la resolución del caso.
X. Que, en cuanto al fondo de la cuestión, cabe recordar que este Tribunal tuvo la posibilidad de expedirse en numerosos casos sobre la doctrina sentada por los fallos dictados por la C.S.J.N. en la materia, siendo el más reciente de ellos el dictado por esta Sala en autos: “Camuzzi Gas Pampeana S.A. c/E.N. -A.F.I.P. - D.G.I.”, Expte. N° 22.277/2015, del 12/03/2020; Expte. N° 84.341/2016, “Industrial and Commercial Bank of China S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I.”, del 16/09/2022; Expte. N° 81.731/2018, “Agro Uranga S.A. c/A.F.I.P. -D.G.I.”, del 2/06/2023; Expte. N° 45.029/2017, “Puente Hnos. S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I.”, del 27/04/2023, entre otros).
Allí, se destacó que la controversia suscitada en torno a la procedencia de la aplicación del sistema de ajuste de resultados contables para el cálculo del Impuesto a las Ganancias quedó zanjada por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaídas en las causas “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía”, del 30/06/2005 (Fallos: 328:2567) y “Candy S.A. c/A.F.I.P. y otro”, del 3/07/2009 (Fallos: 332:1571), respecto de las cuales se efectuó un extenso análisis que, en idéntico sentido fuera efectuado por el Tribunal a quo en el considerando IV del decisorio recurrido. En la primer causa citada, “Santiago Dugan Trocello S.R.L.”, se rechazó el planteo de inconstitucionalidad allí incoado tras considerar el Máximo Tribunal que la prohibición al reajuste de valores -así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas- resultaba ser un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, quien tenía a su cargo la fijación del valor de la moneda, por lo que no cabía pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación.
Además, destacó que la prueba allí acreditada no resultaba un método apto para demostrar la afectación al derecho de propiedad alegado por la actora. Por otra parte, en el segundo fallo citado: “Candy S.A.”, dictado cinco años más tarde, si bien también se rechazó el planteo de constitucionalidad al igual que en el antecedente referido previamente, analizó la prueba allí presentada y a la luz de la misma consideró que se encontraba acreditada la confiscatoriedad del impuesto alegado por la firma actora, calculado sin aplicar el mecanismo. En particular sostuvo que: “si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (…), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
En ese contexto, examinó el planteo concerniente a los efectos confiscatorios que a juicio de la empresa demandante producían las normas involucradas, y recordó que ha señalado de manera invariable que para que exista confiscatoriedad debe producirse una absorción por parte del Estado de una parte sustancial de la renta o el capital, y que ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada al requerir una prueba concluyente sobre la configuración de aquella circunstancia.
Asimismo, ponderó un informe especial del contador público que contenía una estimación de resultados fiscales con efectos del ajuste por inflación impositivo del que surgía que, sobre la base de la pertinente comparación, “la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades – también ajustadas- obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año, porcentajes éstos que excederían los límites razonables de imposición”. Y también valoró el peritaje contable, que había “llegado a resultados que, en líneas generales, coinciden con los expresados por la actora, e incluso consideró que, de aplicarse el ajuste por inflación, el importe que correspondería detraer del resultado sujeto a impuesto era un poco mayor que el señalado en el informe contable que adjuntó la accionante”.
Al respecto, es dable señalar que este Tribunal ha sostenido, en causas en las que se dilucidaba si la falta de aplicación del mecanismo de ajuste por inflación generaba, en el caso concreto, un efecto confiscatorio -y en las que se puntualizó, que, a los efectos de la resolución de tal controversia debía estarse a la prueba aportada en los respectivos expedientes- que: “…si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquél (conf. C.S.J.N., en Fallos: 11:1.644 y 2.004 y esta Sala, en autos: ‘Bravo de Laguna, Leandro c/E.N. -E.M.G.E.- Resol. 5/VI/95 s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.’ del 8/11/2012)”;
“Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley (ver esta Sala, in re, ‘Consolidar Administradora de Riesgos del Trabajo c/E.N.–A.F.I.P. D.G.I–Resol. L.G.C.N. 140/08’, expte. N° 13.345/08, del 3/06/2014);”
“Desde esta perspectiva, según surge de los parámetros expuestos por el Alto Tribunal, en la medida en que resulte afectado el derecho de propiedad de un contribuyente por verificarse un supuesto de confiscatoriedad, debe considerarse inaplicable la normativa que prohíbe la utilización del mecanismo de ajuste por inflación previsto en el título VI de la ley 20.6 28” (ver esta Sala, in rebus: “Arfinsa Financiera Argentina S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -ley 24073”, Expte. Nº 22.321/03, del 10/06/2014; “Bartolomé, Mario Federico c/D.G.I.”, del 21/05/2015 y “Camuzzi Gas Pampeana S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I.”, ya citada, el resaltado es un agregado).
XI. Que sentado lo anterior, y desestimados los principales argumentos expuestos por el demandado en su memorial, cabe recordar que el Tribunal de instancia anterior consideró que en las presentes actuaciones, las conclusiones del peritaje contable conjunto, llevaban a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en el precedente “Candy S.A.”, en tanto, respecto del ejercicio 2016, si se determinaba el Impuesto a las Ganancias sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva del impuesto a ingresar no sería del 35% sino del 69,79 % (ver considerando VIII coincidente en la numeración y en sus alcances en el voto de ambos Vocales, cfr. fs. 186/193, en especial, fs. 190 del expediente en soporte papel).
A juicio de este Tribunal, la interpretación propiciada por el Tribunal Fiscal de la Nación de la doctrina sentada en la causa “Candy S.A c/A.F.I.P. y otro s/acción de amparo” (Fallos: 332:1571) y su aplicación al presente caso, se ajustan a derecho, sin que los dichos del Fisco Nacional obsten a esta conclusión. Por lo expuesto hasta aquí es que corresponde desestimar la apelación del demandado y confirmar el pronunciamiento en cuanto fue materia de recurso.
XII. Que, en cuanto al agravio deducido por la parte actora por la imposición de las costas contenida en la sentencia de primera instancia, corresponde mencionar en primer término, que el Tribunal a quo no hizo aplicación de lo normado en el art. 184 de la L.P.T., como lo afirma el recurrente, sino de lo establecido en la segunda parte del art. 68 del C.P.C.C.N.
A continuación, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de fallar la causa: “Candy S.A.” (Fallos: 332:1571), decidió que correspondía distribuirlas en el orden en que fueron causadas, en mérito a la complejidad jurídica de la cuestión en debate y a la forma en que se la resolvió. El criterio adoptado fue invariablemente mantenido desde entonces y hasta el presente (cfr. entre otras, las causas: C.598.XLV, “Consolidar A.F.J.P. S.A.”, del 12/04/2011; S.591.XLV, “Swaco de Argentina S.A.”, del 14/02/2012; B.966.XLVIII, “BBVA Consolidar Seguros S.A.”, del 28/05/2013; H.4.L “Hotel Edelweiss”, del 23/09/2014; Causa FGR 71000025/2009/SJI, “Pemp, Francisco José”, del 29/04/2015).
Por ser ello así, y por no advertirse motivos que aconsejen modificar el criterio discernido por el Alto Tribunal, corresponde desestimar la apelación de la parte actora, confirmando la distribución que de las costas efectuara el Tribunal Jurisdiccional Administrativo en la instancia anterior.
Idénticas razones conducen a decidir que corresponde proceder de igual modo con relación a las costas generadas en esta instancia (cfr. art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.).
XIII. Que, a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII- 97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Cabe señalar que el tratamiento de los recursos se lleva a cabo abordando la regulación según la ley aplicable a cada lapso de actuación profesional cumplida, siguiendo las pautas interpretativas fijadas por el Alto Tribunal en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos: 341:1063), por lo que corresponde modificar la regulación de fecha 04/10/2022, elevando los emolumentos allí fijados. Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucradosconf. fs. 1 (F4), lo resuelto con fecha 14/03/2022 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados en relación con el rechazo de la excepción de nulidad, corresponde modificar los honorarios fijados con fecha 4/10/2022, elevando a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES ($261.063) – equivalente a 13,50 UMA–, y PESOS CIEN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($100.557) –equivalente a 5,20 UMA–, los emolumentos de los DRES. DEMIAN KONFINO y MARIA ELIZABETH BAHHOURI, patrocinante y apoderada, respectivamente, actuantes en la defensa de la demandada (arts. 14, 16, 20, 21, 29 inc g), 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio – Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por todo lo expuesto, el Tribunal
1. desestimar las apelaciones de ambas partes y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de recurso, 2°) distribuir las costas de esta instancia por su orden (cfr. art. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.) y 3°) elevar los honorarios fijados con fecha 4/10/2022, conforme lo expuesto en el Considerando XIII.- del presente decisorio.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia