Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 46.909-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa, de conformidad con el Considerando IV y V -conforme lo establecido por la Ley 27.260, con costas; y declarar condonados, en la parte proporcional, los intereses resarcitorios y la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado, costas por su orden.
2Confirmar las resoluciones apeladas en autos, con costas, de conformidad con los Considerandos VII a XIII; y reducir la multa aplicada a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma, y por su orden en relación a la reducción de la misma, conforme voto de la mayoría.
3Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, según las pautas establecidas en los puntos anteriores. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar el cuerpo principal y los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-119905293-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 28 de Octubre de 2025 En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia GUZMÁN (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro PORPORATTO (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y José Luis PÉREZ (Vocal Subrogante de la Primera Nominación) a fin de resolver el EXPTE. N° 46.909-I, caratulado: “PONCE PEÑALVA, PABLO s/apelación - y su acumulado Nro. 46.910-I de igual carátula.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 64/87 y 178/201 vta. se interponen sendos recursos de apelación contra dos resoluciones de la AFIP-DGI fechadas ambas el 30 de mayo de 2016, mediante las cuales se determina de oficio la obligación del recurrente frente a los impuestos a las ganancias (período fiscal 2010) y al valor agregado (períodos fiscales 1 al 12 de 2010, ambos inclusive) y se liquidan intereses resarcitorios. Asimismo, se aplica multa en el impuesto al valor agregado, con sustento en los artículos 46 y 47, inc. d) y con respecto al impuesto a las ganancias, se deja en suspenso en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 24.769.
En sus escritos de recurso expone las circunstancias de hecho que concluyeron en los actos ahora recurridos. Explica que la administración fiscal inició la fiscalización al verificar que denunció préstamos de terceros y realizó dos inversiones inmobiliarias. El ente fiscal atribuyó supuestos ingresos no declarados correspondientes al período fiscal 2010, época de realización de las operaciones cuestionadas, sin considerar la totalidad de las circunstancias que acreditan que el dinero utilizado fue consecuencia de ahorros y otros elementos que inciden en el resultado que presume el ente fiscal.
Señala que se decidió ampliar la inspección al impuesto al valor agregado, incurriendo -dice- en idéntica actitud, queriendo percibir impuesto correspondiente a períodos anteriores y que ya fueron percibidos en el año 2010.
Manifiesta que aportó documentación (y sugirió requerir información a terceros) y explicó el origen de los fondos objeto de los préstamos denunciados o informados.
Agrega que en su condición de abogado se encarga de todos los negocios derivados de la relación familiar con su madre y hermanos, quienes le han delegado todas las contrataciones y demás actos que se relacionan con los inmuebles rurales de la familia.
Con respecto a los préstamos, que informó en su presentación de fecha 27/2/2014 y que figuran en las declaraciones juradas correspondientes al año 2010, son: 1) préstamo del Sr. Abdón Romero por la suma de $ 802.000, equivalente a U$S 200.000; 2) de la Sra. Beatriz Peñalva (su madre) por la suma de $ 1.000.000.- Por otra parte, explica que el dinero dado en préstamo se origina en: a) las ventas de soja realizadas desde el año 2003 en adelante, a partir de las entregas de soja (pago en arriendo a CINSA) en la planta de la empresa Bunge Argentina S.A.; b) el cobro de arriendos de la finca familiar (condominio).
Sostiene que el ente fiscal no tuvo en cuenta información presentada oportunamente, en la que explicó detalladamente la operatoria relativa al origen de la soja vendida y que justifica que la misma no pueda ser imputada como propia. Esa información no se verificó en la instrucción y en consecuencia en los actos venidos en recurso.
Realiza una extensa explicación de los hechos, concluyendo que:
a. Dispuso en el año 2010 de una cantidad de dinero a partir de un préstamo, denunciándose en la respectiva DDJJ que los acreedores eran su madre y el Sr. Romero;
b. La Administración Fiscal desconoció la existencia de dicho préstamo por carecer de instrumentación o porque la misma no cumple con los requisitos y no haber justificado los acreedores la titularidad del origen del dinero;
c. Considera acreditado por la documentación acompañada que recibió la soja que por contratos de arriendo debía recibir CINSA del Sr. Monaldi y de Las Lajitas S.A. en pago de los mencionados arriendos y menciona d. De los contratos de arriendo surge que los arrendatarios mencionados debían ingresar en pago las siguientes cantidades de soja 238.050 kilos de soja los años, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Aclara que la prueba producida acredito que recibió esas cantidades de parte de Monaldi y Las Lajitas S.A.
e. Surge de la información provista por BUNGE que en el año 2010 el Sr. Monaldi le cedió la cantidad de 119.025 kilos de soja y la misma cantidad, Las Lajitas S.A. Idénticas cantidades recibió en el año 2006. Afirma que de toda la información que cuenta la administración surge palmariamente que la soja que recibía y luego vendía, no era de su propiedad.
En el mismo sentido, expresa que el dinero utilizado en el período 2010, declarado como préstamo, no era de él, sino que provenía de operaciones de entrega y luego de venta de soja aludida y del cobro de arriendos por cuenta de los restantes condóminos de los inmuebles identificados con Matrícula 9590 y 9591.
Explica que, si bien los préstamos no se encuentran formalmente documentados, queda acreditado que los fondos no fueron propios sino de CINSA, que resultaría ser la acreedora.
Considera que si no se acepta la existencia de los préstamos efectuados por su madre y el Sr. Romero debe concluirse que el dinero que se encontraba bajo su custodia era propiedad de CINSA y por lo tanto esta sociedad es la acreedora.
Centra luego su análisis en los actos que impugna. En primer término, sostiene que los actos no se ajustan a derecho en tanto desconocen la realidad económica, pues no contemplan la existencia de los créditos y se basan en meras presunciones, atribuyendo el carácter de incremento patrimonial no justificado a los fondos originados en préstamos de terceros.
Se agravia porque a su criterio el ajuste reposa en la voluntad arbitraria y discrecional de la administración que ignoró la realidad económica y determinó una supuesta deuda con base a diversas presunciones y se dejaron de lado datos ciertos que constan en el propio organismo.
Dice que yerra la administración al sostener que omitió la declaración de ingresos en el año 2010 pues lo hizo en su declaración jurada correspondiente al IVA por el solo hecho formal de haber llevado a cabo las ventas y en el impuesto a las ganancias lo declaró como préstamos de terceros. Para así concluir sostiene que se omitió considerar la documentación que hubiera acreditado el origen de los fondos. De haber actuado conforme a derecho, agrega, el juez administrativo hubiera advertido que los fondos ingresaron en varios períodos fiscales –algunos prescriptos- y quienes son los verdaderos titulares de esos fondos.
Destaca que de los considerandos de los actos en crisis surge palmario la intención del organismo fiscal de ignorar los periodos precedentes, de donde surgen documentados los negocios exteriorizados en su totalidad. Esa documentación de los contratos anteriores al período 2010 es –a su criterio- fundamental en tanto dichas operaciones repercuten en el período bajo análisis. La revisión de los períodos anteriores, agrega- destruye la presunción del incremento patrimonial no justificado.
Sostiene que una simple operación matemática acreditaría que los fondos se originan en el año 2003 y actualizados son compatibles con el monto liquidado.
Reitera que debió darse relevancia a los contratos de arriendo dado que los ingresos guardan relación con ellos y no sólo con el contrato de arriendo del año 2010 como pretende el organismo recaudador, constituyendo un tratamiento arbitrario de la causa. La intención del Fisco Nacional, agrega, es tratar de evitar la prescripción que se produjo sobre algunos períodos fiscales en los que se realizó gran parte de los cobros y aplicar una presunción sobre un supuesto “incremento patrimonial” derivado del período en que el dinero ahorrado durante varios años ha sido utilizado, desconociendo datos de la realidad.
Impugna luego el tratamiento que se le otorgó a los arrendamientos del condominio familiar. Sobre esta cuestión dice que declaró la parte proporcional del condominio, pero que de ninguna manera puede exigírsele que se haga parte de las obligaciones fiscales de sus condóminos. Debería, aclara, efectuarse una atribución proporcional a cada condómino.
Con respecto a la venta de soja en el período fiscal 2010, afirma que la AFIP resolvió atribuirle la totalidad del monto percibido con motivo de la recepción y posterior venta de soja que entregaron los arrendatarios de la empresa CINSA en concepto de arriendo. No obstante, dice, de acuerdo con las constancias que obran en sede administrativa la soja era de CINSA y la transferencia constituyó el pago por arrendamiento y le pertenecía a su madre y al Sr. Romero. De no aceptarse esa interpretación, corresponde imputársela a CINSA, pero nunca al recurrente.
Explica que los nombrados constituyen un grupo económico, pues CINSA fue creada para hacerse cargo de los inmuebles arrendados. Por lo tanto, entiende que, si la noción de conjunto económico es válida para aplicarla a favor del fisco, debe serlo también a favor de los contribuyentes, y en ese caso, servirá para explicar la relación entre las diversas partes intervinientes.
Impugna la determinación sobre base presunta. Sobre este punto menciona que informó los montos percibidos por cuenta de terceros e indicó los elementos probatorios y documentación que acredita quien era el titular de los fondos y en qué oportunidad se percibieron.
Destina nuevamente sus agravios a cuestionar la limitación temporal realizada por la administración fiscal, que tuvo en cuenta solo la información vinculada con el período 2010, dejando de lado tanto la información como la documentación referida a los períodos anteriores al 2010, ignorando la realidad económica. Lo propio hace con respecto a los ingresos que –alega- correspondían a sus condóminos.
Explica que la falta de documentación de los préstamos se debe a la familiaridad de la operación, pero ello no implica que exista orfandad probatoria respecto a su existencia, pues percibió arriendos y soja por cuenta de terceros, lo que quedó acreditado. El préstamo es producto de una relación de confianza, de una madre a un hijo. Se encuentra acreditado –entiende- el origen del dinero, respaldado por la documentación que se acompañó. Dice que es un elemento muy importante su condición de abogado toda vez que se ocupa de cobrar los contratos y operaciones familiares, lo que acreditó, pero la AFIP insiste en considerarlos ingresos de fondos de propios no declarados.
Explica que la entrega de fondos al deudor surge del cobro (por terceros) del arriendo y de la soja, conceptos estrictamente vinculados con los préstamos. El dinero objeto de los préstamos no es otro que el que se percibió por venta de soja ajena y cobro de arriendo por terceros.
Reitera que los préstamos reposan en una relación de confianza familiar directa de madre e hijo, por lo que se formalizó verbalmente. Destaca que explicó el origen del dinero, respaldado con toda la documentación que adjuntó y por los dichos de su madre, que no considera ambiguos.
Entiende que se encuentra acreditado el origen de los fondos, pues su familia arrienda un campo, así como que su madre fue quien compró los derechos hereditarios de las sucesiones que detentan los inmuebles que oportunamente serán inscriptos a nombre de la sociedad CINSA.
Cuestiona el criterio de la administración que exige formalidades para la prueba de este tipo de préstamos y afirma que se encuentra debidamente acreditada su existencia.
Cita doctrina y jurisprudencia en abono de su postura.
Realiza luego una exposición sobre los contratos con Las Lajitas y Monaldi y señala que la administración fiscal no consideró las relaciones comerciales a la luz de presunciones y no bajo el principio de la realidad económica.
Destaca que el juez administrativo no hizo nada por probar que el dinero del préstamo entre Peñalva y Romero proviene de la venta de soja a la firma Bunge Argentina S.A. desde el año 2003 a 2010. Y agrega, de la resolución surge que sólo se consideraron los contratos de arriendo vinculados al período en crisis, es decir, 2010, atribuyéndole a tal criterio fiscal arbitrariedad.
En atención a la forma en que deben determinarse los distintos períodos fiscales en el gravamen, entiende que no pueden ignorarse los años previos al 2010 como hace el fisco.
Los datos y pruebas producidas, entiende, no pueden dejarse de lado, máxime cuando se está frente a una determinación sobre base presunta como el caso bajo examen. Cita jurisprudencia y doctrina en abono de su postura.
Afirma que su función, en virtud del acuerdo entre los Sres. Peñalva y Romero, era ser el custodio del dinero ingresado por los arriendos, pagar algunos gastos eventuales y a seguir negociando la compra de los derechos hereditarios de las mencionadas sucesiones. Situación esa, agrega, que permaneció por varios años, hasta que en el año 2010 se acordó la utilización de esos fondos en carácter de préstamo. Destaca que como habían acordado que el producido del arriendo no se repartiría hasta que concluyeran las sucesiones al Sr. Romero le resultaba indiferente su utilización. Por otra parte, dice que el saldo final del dinero acumulado y bajo custodia luego de que se cancelaren las obligaciones de los sucesorios y las contraídas con los cedentes de los derechos hereditarios será sustancialmente menor que el monto total percibido 244/344de las ventas de soja. Es decir, entiende que el fisco desconoce su carácter de custodio de la soja y del dinero que se produjo con su venta. Señala que recién en el año 2010 exteriorizó como préstamos el dinero que hasta ese momento tuvo en custodia, pero la AFIP los desconoce.
Insiste en caracterizar como arbitrario el accionar fiscal al no aceptar que el dinero era producto de un préstamo y cuál es su origen.
Expone luego los argumentos que sustentan la impugnación que efectúa sobre la imputación por los vehículos que figuran a su nombre. Sobre ello, aclara que el vehículo que se encuentra registrado a su nombre se adquirió con dinero de su hermano.
Luego, formula críticas a la determinación sobre base presunta, que cuestiona por considerar que no cumple con las exigencias legales. Desarrolla el tema con base en doctrina y jurisprudencia.
II. Que a fs. 98/112 vt. 212/227 obran agregados sendas contestaciones de recurso efectuadas por la administración fiscal, que por las razones de hecho y derecho que expone peticiona se confirmen los actos en crisis, con costas. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 239 luce el decisorio del Tribunal en Pleno que ordenó la acumulación del expediente N° 46.910-I al que lleva el N° 46.909-I.
A fs. 473 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala A y se llaman los autos para dictar sentencia.
A fs. 244/344 el recurrente informa acogimiento a moratoria y sinceramiento fiscal. Explica que de acuerdo con lo que surge de la documentación que acompaña regularizó mediante la moratoria establecida por ley 27.260 la obligación fiscal determinada.
Luego de una serie de requerimientos e intimaciones efectuadas a ambas partes, la representación fiscal presenta un informe que obra agregado a fs. 430/472 en el que se detallan los conceptos e importes por los cuales el recurrente formuló acogimiento.
Frente a ello, cabe destacar que el actor no cumplió con los requerimientos e intimaciones formulados. Así las cosas, de acuerdo con lo que surge del detallado informe acompañado por el Fisco Nacional, corresponde señalar que de acuerdo con las Multinotas presentadas conjuntamente con los F408/NM, el recurrente manifestó que el acogimiento que formuló es parcial, observándose que con respecto a: 1) impuesto a las ganancias, entre el importe que expuso como monto total y como monto cuestionado, arrojó una diferencia de $ 70.832,21.-; y 2) en el impuesto al valor agregado, expuso como monto total la suma de $ 1.278.623,58.- y como monto cuestionado el de $ 1.228.721,54.-. arrojando una diferencia de $ 49.902,04.-
Asimismo, el plan de facilidades de pago J305230, formulado en los términos de la ley 27.260, incluyó obligaciones del impuesto a las ganancias, período fiscal 2010 por $ 70.832,91 y obligaciones del impuesto al valor agregado, períodos fiscales 5, 6, 8, 9, 11 y 12 de 2010 por $ 2778,19; $ 378; $ 3.713,51; $ 16.838,86; $ 8.775,55 y $ 1.384,13, respectivamente, lo que hace un total de $ 33.868,24.-
Se informa también que de acuerdo con las declaraciones juradas rectificativas presentadas con fecha 23/3/2017, reconoció una diferencia a ingresar por impuesto a las ganancias, PF 2010, de $ 70.832,91, regularizado mediante el plan de pagos J305230 y por IVA, períodos fiscales 1 a 12/2010, reconociendo los importes indicados en el párrafo anterior, habiendo cancelado mediante dicho plan de pagos la suma de $ 8775,55.- y el resto, $ 16.064,49.- mediante compensación del 30/11/2012.
Finalmente, se refirió a las causales de exclusión previstas en el artículo 84 de la ley 27.260 y explicó que sólo no pudo constatar la del inciso 2).
De lo expuesto, surge que ninguna de los reconocimientos efectuados incluye el monto total determinado en discusión en autos.
IV. Que, en mérito a lo expuesto, corresponde en primer término expedirse sobre el desistimiento parcial formulado por el recurrente.
Cabe recordar que la Ley Nº 27.260 dispuso en su Título II, la regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. En tal sentido el artículo 52 de dicha ley estableció - en lo que aquí interesa- que “Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título...”.
Por su parte, el artículo 53 de dicha normativa expresó que “Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda. Quedan también incluidas en el artículo anterior aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables”.
Acorde con lo dispuesto en la Ley, el artículo 11 de la Resolución General (AFIP) Nº 3920 - reglamentaria de aquella- estipuló que en el caso de incluirse en este régimen de regularización deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes y/o responsables -con anterioridad a la fecha de adhesión- deberán allanarse y/o desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que formulen el acogimiento, mediante la presentación del formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo), ante el Organismo Fiscal, lo que deberá acreditarse ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa. Por su parte el artículo 14 de la citada Resolución General, en concordancia con el artículo 53 de la Ley Nº 27.260, dispuso que los honorarios estarán a cargo del contribuyente y/o responsable que hubiere formulado el allanamiento a la pretensión fiscal o el desistimiento de los recursos o acciones interpuestos.
V. Que en ese contexto, habiendo acreditado con sus presentaciones de fs. 368/369 y la documentación acompañada por el Fisco Nacional a fs. 411/417, lo manifestado en su presentación de fs. 430/435 vta. y documentación acompañada a fs. 437/471, y sin que surja de estas actuaciones la existencia de causales de exclusión establecidas en el art. 84 de la ley N° 27.260, y la conformidad del Fisco Nacional prestada en dicha presentación, corresponde tener a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa, hasta los importes de $ 70.832,21.- en el impuesto a las ganancias y $ 49.902,04.- en el impuesto al valor agregado, con costas -conforme lo establecido por el artículo 53 de la Ley 27.260 y art.14, inciso b), de la Resolución General 3920-.
VI. Que por otra parte, y en atención a lo dispuesto por el artículo 55 de la ley 27.260, corresponde declarar condonados, en la parte proporcional, los intereses resarcitorios y la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado, costas por su orden.
VII. Que sentado lo que antecede, debe ahora este Tribunal expedirse sobre los ajustes que no fueron conformados por el actor.
De acuerdo con sus manifestaciones, de fs. 285/285 vta., el desistimiento formulado incluyó los importes vinculados con la venta de soja y el cobro de arriendos en el impuesto a las ganancias, y los importes determinados por la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado.
En mérito a lo expuesto, la cuestión nuclear a resolver refiere a un incremento patrimonial no justificado originado en la impugnación de pasivos y por la omisión de declarar rodados.
Ello así, conforme surge del informe final de fiscalización sobre el ajuste en discusión, el recurrente mediante nota, informó préstamos contraídos en el año 2010 con los Sres. Abdon Romero por la suma de U$S 200.000.- y con la Sra. Beatriz Peñalva por la suma de $ 1.000.000. En ninguno de los dos casos, acompañó documentación que respalde sus dichos. Explicó que la deuda contraída con el Sr. Romero, el importe se destinó a la compra de un inmueble y se instrumentó en pagarés por valor de U$S 20.000.- cada uno, con vencimientos semestrales desde el 1/12/2014.
Por su parte, dice que la deuda contraída con la Sra. Peñalva, su madre, obedece al hecho de que percibió desde años anteriores dineros correspondientes a su madre y a sus hermanos, por arriendos, ahorros y otros conceptos, con el objeto de su administración e inversión y constituyen un pasivo hasta tanto sea reintegrado.
Las sumas que figuran como pasivo a favor de los Sres. Jorge Coraita y Martín Coraita, así como a nombre de Brogin y Austerlitz, explica que obedecen a aportes realizados por esas personas, que en ese período fiscal integraban su estudio jurídico, a los efectos de atender gastos corrientes y la compra de un inmueble donde funciona.
Los ingresos declarados por el ejercicio de su profesión independiente de abogado, en concepto de honorarios, declarados en el impuesto a las ganancias son coincidentes con los declarados en el impuesto al valor agregado.
No aportó los libros IVA Ventas. Acompañó fotocopias de facturas de servicios jurídicos, por el período fiscalizado. Al presentar descargo, el recurrente acompañó la totalidad de las facturas emitidas y pudo determinarse una diferencia entre lo declarado y lo determinado.
Del sistema e-Fisco Siter surgen acreditaciones bancarias superiores a las ventas totales declaradas en IVA y a los ingresos totales declarados en Ganancias. Se corroboró con información obtenida de las entidades bancarias.
Se detectaron pasivos, expuestos en la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período bajo fiscalización, respecto de los cuales no se presentó documentación respaldatoria. Con respecto a los vehículos sin declarar formuló las siguientes observaciones:
1. Vehículo identificado con dominio JKS 020: informó que fue adquirido con dinero del Sr. Carlos A. Ponce Peñalva, a quien le hizo entrega de la documentación respectiva, aclarando que la compra se realizó a su nombre porque obtenía beneficios por ser abogado de Chevrolet. Aportó autorizaciones para manejar dicho vehículo a nombre de María Bernardita Ponce Mora y María Clara Ponce Mora. Fue vendido con fecha 30/10/12.
2. Vehículo identificado con dominio GBC 295: adquirido en el año 2008 y vendido en el año 2012, si bien manifiesta que lo vendió con fecha 11/9/2009 habiéndose entregado la posesión y documentación correspondiente.
3. Vehículo identificado con dominio AYK 913: de acuerdo con las bases informáticas fue adquirido en el período fiscal 1998. Manifiesta que fue vendido al Sr. Federico Torres en fecha 20/8/2008, haciéndose entrega de documentación, aunque no inscribió la transferencia.
4. Vehículo identificado con dominio DYM 631: pues no se encuentra declarado al cierre del ejercicio. En atención a la documentación y elementos recabados se concluyó que dichos vehículos debían ser incluidos en la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2010.
Ahora bien, con respecto a los pasivos declarados al cierre del ejercicio, el importe asciende a la suma de $ 1.927.110,01.- y los acreedores declarados son: 1) Beatriz Peñalva, su madre ($ 1.000.000.-); 2) Abdon Romero ($ 802.000.-); 3) Brogin-Austerlitz (sin identificación de CUIT) ($ 76.957,50.-); 4) Jorge Coraita (no identifica monto); 5) Martin Coraita (No identifica monto).
La circularización a los acreedores, los que resultaron negativos a las pretensiones del recurrente en tanto, los dos últimos afirmaron no poseer créditos en el período en análisis y el Sr. Brogin manifestó no poseer crédito pero si una “obligación de hacer a su favor”, en tanto debía escriturarse la sexta parte de un inmueble a su favor.
El resto de los acreedores declarados no contestó los requerimientos.
El Sr. Ponce Peñalva manifestó respecto de estos créditos que la deuda contraída con el Sr. Romero se instrumentó en pagarés por un valor de U$S 20.000.- cada uno con vencimientos semestrales a partir del 1/12/2024.
Con relación al préstamo contraído con su madre, informó que desde años previos percibió importes correspondientes a su madre y a sus hermanos por arriendos, ahorros y otros conceptos, con el objeto de su administración e inversión, constituyéndose en un pasivo hasta tanto sean reintegrados.
Las sumas que adeuda al resto de los acreedores declarados obedecen a aportes realizados por esas personas que integraban su estudio jurídico, a los efectos de atender a gastos corrientes y la compra de un inmueble donde funciona.
Aclaró que los fondos adeudados a los dos primeros acreedores, fueron originados en la venta de soja y de áridos a su nombre en virtud de un convenio celebrado, en base al cual administraba los fondos de la operatoria por cuanto se compraron derechos hereditarios, por parte del Sr. Romero y su madre, relacionados a las sucesiones titulares de los inmuebles rurales arrendados a las firmas Las Lajitas S.A. y el Sr. Osmar Monaldi, quienes pagaban los arrendamientos mediante la entrega de soja. De dicha operatoria de venta de soja se pactó una retribución del 7% del monto total de las ventas por las gestiones de atención de esas sucesiones y diversos gastos. En tanto que del importe bruto deducido el 7%, se distribuyó el 55% de los ingresos a su madre y el 45% al Sr. Romero, quien era poseedor de parte de los inmuebles rurales objeto de las cesiones de derechos. Se verificó la situación fiscal de los acreedores.
Con respecto a su madre, se observó que es pensionada, se encuentra inscripta como monotributista desde el 4/2014, sin haber realizado ningún pago. No surgen transacciones vinculadas a venta de inmuebles que puedan justificar el origen de los fondos. Posee bienes inmuebles y automotores de su propiedad. Posee acreditaciones bancarias en los períodos fiscales 2009 y 2010 que ascienden a $ 115.919.- y $ 82.373.-, respectivamente. No existen operaciones que puedan justificar la tenencia del monto declarado como préstamo. El Sr. Romero se encuentra inscripto en el IVA y Ganancias, desde el 5/2010, declarando como actividad el cultivo de soja. Presentó sus declaraciones juradas “sin movimiento” desde su inscripción. Presentó sus declaraciones juradas en el impuesto sobre los bienes personales sin movimiento, por lo que no exteriorizó el supuesto crédito. No posee bienes registrables ni acreditaciones bancarias en periodos anteriores que puedan justificar los importes vinculados con el préstamo declarado.
Se destaca que el momento de la fiscalización venció el pago del primer pagaré, no habiéndose acompañado constancia que acredite dicha circunstancia.
Atento al relato efectuado se procedió a impugnar los pasivos declarados y a determinarse el patrimonio neto, al inicio y al cierre del ejercicio, arribándose a un incremento patrimonial no justificado, determinado con la aplicación del inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). En dicho informe se detallan las deducciones personales contempladas, las retenciones computadas, amortizaciones de los bienes de uso, efectuándose la correspondiente justificación patrimonial. Como consecuencia del ajuste efectuado en el impuesto a las ganancias, se determinaron las ventas ciertas y presuntas en el impuesto al valor agregado, determinándose el impuesto correspondiente, por aplicación del cuarto párrafo del artículo 18 de la ley 11.683, atribuyéndose a cada uno de los meses calendario, prorrateándose en función de las ventas gravadas y exentas que se hubieran declarado o registrado. Con sustento en esos elementos, y toda vez que el recurrente no prestó conformidad con los ajustes proyectados, se iniciaron sendos procedimientos determinativos que concluyeron en los actos ahora en crisis.
VIII. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse sobre los agravios dirigidos a impugnar el criterio fiscal que determinó la obligación del recurrente frente a los impuestos al valor agregado y a las ganancias, a partir de la presunción contenida en el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), debiendo analizarse, en primer término, la determinación del impuesto a las ganancias. Cabe precisar que más allá de que la ley imponga al contribuyente o responsable la obligación de declarar la existencia y medida de su obligación tributaria, puede suceder que éste no lo haga o lo haga defectuosamente, por haber incurrido en errores de interpretación o realizado maniobras tendientes a eludir o evadir el tributo correspondiente. Frente a esas situaciones, el legislador previó el procedimiento de determinación de oficio, que habilita a la administración fiscal a determinar la obligación tributaria en forma cierta o directa o estimativa o presunta, cuando se verifiquen dos supuestos: a) cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o b) cuando las presentadas resulten impugnadas. De allí que este procedimiento resulta excepcional y subsidiario, pues deben darse alguna de aquéllas circunstancias para que pueda actuar el ente fiscal.
Asimismo, la norma establece un orden cronológico a seguir, pues la administración podrá recurrir a la estimación de la obligación tributaria sobre base presunta cuando no se cuenten con elementos ciertos que le permitan conocer la existencia y magnitud de la materia imponible. Es decir, en primer término, deberá agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo y sólo deberá recurrir al método indirecto o presuncional cuando no cuente “con pruebas lo suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente” (vid. Esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros, “Cafiero y Pollio S.A.”, 28/6/2001). Como señalara el Profesor Dino Jarach “cualesquiera que sean las circunstancias que muevan a la Dirección a determinar el impuesto –ausencia de declaración jurada o equivocación por parte del contribuyente en sus declaraciones juradas, la Dirección General Impositiva…debe, en primer término, tratar de determinar el impuesto sobre bases ciertas, o sea, sobre un conocimiento directo y cierto de todas las circunstancias de hecho que la ley ha considerado relevantes para el nacimiento de la obligación tributaria….Puede ocurrir que falten elementos de juicio o que los que existan no sean suficientes para que la Dirección General Impositiva –el fisco, en una palabra- determine sobre bases ciertas. Solamente en este caso…puede acudir, en nuestro sistema legal, a una determinación sobre base presuntiva o, como dice la ley 11.683, a una estimación presuntiva…” (Jarach, Dino, “Determinación Impositiva. Naturaleza, Formas y Efectos”, en “Estudios de Derecho Tributario”, Ediciones Cima, 1998, pág. 219 y sgtes.).
Es decir que la ley estableció una metodología precisa a seguir con el objeto de evitar decisiones alejadas de la realidad, en tanto que el método indiciario permite fijar con “probabilidad” (más que con certeza) la existencia y magnitud del hecho imponible. Para ello el legislador establece reglas de valoración o índices que serán empleados como signos objetivos de que su sola presencia sea reveladora de la riqueza que está sometida a tributación. La utilización de estos índices se traduce en un método de determinación indirecta, pues si bien no nos suministran un conocimiento cierto de sus dimensiones, nos permiten “presumirlas”.
La facultad de acudir al método presuntivo ha sido aceptada por la doctrina jurisprudencial. Así lo recuerda en un pronunciamiento la Alzada al sostener que “...la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, ‘sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:514; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107)’, y que si bien ello no significaba edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, ‘tampoco permiten descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios (en razón de calificarlos como meramente subsidiarios), cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada, como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De ahí que, en todo caso, su validez dependerá de que ‘su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa’ (doc. Sala II del Fuero in re: ‘Verón, Teresa Argelia’, del 13/4/93)” (conf. Sala I in rebus: “Beraja, Alberto David y Dwed, José Roberto (TF 9904-I) c/ DGI”, del 20/09/99, y sus citas; y “Candle SA -TFN Nº 13.855-I c/ DGI” del 22/02/01, y sus citas).
Aclarado ello, podemos afirmar junto con la doctrina especializada que las presunciones son juicios lógicos por los que de un hecho base se extrae un hecho consecuencia, debiendo el hecho base estar completamente acreditado y siendo además necesario que entre ese hecho y el hecho consecuente exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. (Ziccardi, Horacio, “Derecho tributario administrativo o formal”, en Tratado de Tributación, Astrea, Buenos Aires, Tº I, Vol. 2, pag. 237).
Ahora bien, las presunciones así definidas, tienen como objeto constituir la prueba a favor del fisco para verificar el cumplimiento de la obligación tributaria por parte del contribuyente, facilitando su tarea. En efecto, la utilización de una presunción deviene en el cambio de objeto de la prueba, pues deberá probarse la existencia del hecho conocido que da soporte a la presunción. Más ello no significa que el Fisco se encuentre dispensado de llevar adelante una actividad probatoria, pues debe justamente probar los hechos base o inferentes en que se funda la presunción.
Como contrapartida, deberá el contribuyente cuestionar y probar tanto la existencia del hecho cierto en el que se basa como la relación entre el hecho inferente y el inferido.
IX. Que, en función de lo expuesto, corresponde determinar la procedencia de los actos determinativos impugnados, aclarando que a la luz de lo expuesto en el Considerando precedente, puede afirmarse que el ente fiscal recurrió válidamente a la estimación sobre base presunta prevista en el artículo 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Cabe conceptualizar al incremento patrimonial no justificado como el aumento en el valor del patrimonio del contribuyente -ya sea a través del aumento de sus activos o disminución de sus pasivos- sin que este último pueda justificar acabadamente la fuente que los originó.
Así, pueden clasificarse los mismos en tres tipos diferentes, a saber: a) por aumento de derechos o bienes; b) disminución de las obligaciones y c) por la creación artificial de pasivos.
En los tres casos ese incremento patrimonial podría justificarse si el contribuyente cuenta con la documentación fehaciente de los mismos.
Ahora bien, respecto al ajuste bajo análisis, es dable destacar que en relación a la prueba de la existencia de un pasivo, en pronunciamientos que resultan aplicables al caso, la Sala IV de la Alzada en la causa “Valle Escondido S.A.” de fecha 17/05/16, sostuvo que “...la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debe ser en casos como el presente particularmente indudable. Para ello, resulta necesaria la demostración de la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, en particular, la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación del préstamo a la actividad comercial de éste, y su posterior restitución (conf. “Club Vacacional S.A. c/ Dirección General Impositiva c/ recurso directo de organismo externo”, sent. Del 14/4/16...”).
Y señaló también, en la causa “Pasarin, Armando”, que “…más allá de las formalidades que puedan exigirse en la firma de un contrato de mutuo, la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debe ser particularmente indudable acerca del nacimiento, de las modalidades y, eventualmente, de la extinción de la deuda. Es necesario, pues, que se demuestre la secuencia completa de la operatoria pertinente” (Sala I, “Badial SA (TF 32.999I) c/ DGI”, sent. del 3/2/15 y “Ariston SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/07/15) …”.
Bajo ese marco doctrinario, el caso sub examine refiere a una cuestión de hecho y prueba, dirigido a obtener el grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos estimados por el organismo recaudador con la realidad económica de la contribuyente.
X. Que en ese contexto deben analizarse los argumentos de defensa ensayados por el recurrente, los que se centran en justificar la existencia de los pasivos en la familiaridad existente con sus acreedores. Posteriormente, con su presentación de fs. 286/336 pretende probar sus créditos con el sinceramiento efectuado por sus supuestos acreedores a los beneficios de la ley 27.260.
En principio, resulta importante destacar que el recurrente no ha logrado probar la secuencia de la operatoria que invoca para acreditar la existencia de los pasivos declarados. En efecto, no logró acreditar la efectiva transferencia de los fondos -más allá de alegar que ello es consecuencia de su actividad como abogado que lo llevó a ocuparse de cobrar los contratos y operaciones familiares, circunstancia no probada- y su posterior restitución mediante un circuito de pago por lo que sus argumentos lucen huérfanos de toda probanza que hayan podido acreditar la existencia del préstamo. Es más, ya en sede administrativa debió acreditar el pago del primer pagaré al Sr. Romero, lo que no hizo.
De la actuación fiscal, relatada en el Considerando VII se desprende que sus supuestos acreedores han desconocido las operaciones y no contaban con fondos como para hacer frente a los préstamos invocados. Tampoco puede aceptarse su defensa sobre la ausencia de documentos que avalen los préstamos por tratarse de relaciones familiares. En efecto, es conteste la doctrina jurisprudencial en sostener que “…si bien al tratarse de créditos entre parientes resulta plausible considerar que no se observen ciertos requisitos formales en su documentación (que en otros casos se exigirían) ello es así cuando aquellos no tienen más consecuencias que las limitadas al ámbito familiar, mas no, por ejemplo, en las tributarias que aquí se analizan, en donde el cumplimiento de esas formalidades para acreditar la realizada de los hechos es indispensable o, por lo menos, suplir las mismas con pruebas que demuestren esa realidad” (Vid. por todos, T.F.N., Sala A, “Montemagiore, Fortunato”, 7/5/98).
Finalmente, no prueban la existencia de los préstamos alegados los sinceramientos formulados por los supuestos acreedores. En efecto, con la simple manifestación efectuada por aquellos no puede considerarse corroborado sus dichos.
Sustenta esta conclusión lo manifestado por la representación fiscal a fs. 435/435 vta. en tanto los importes sincerados no coinciden con los pasivos declarados. Baste destacar que la Sra. Beatriz Peñalva habría prestado la suma de $ 1.000.000.- y ha sincerado $ 235.000.-
Asimismo, y como corolario de lo expuesto, debe señalarse que el recurrente no ha ofrecido ni producido ninguna prueba que abone sus dichos ni ha instado la posibilidad del levantamiento del secreto fiscal a fin de obtener elementos que vinculen el sinceramiento efectuado por sus “supuestos acreedores” con los pasivos que declarara.
En mérito a lo expuesto, corresponde confirmar este ajuste, con costas.
XI. Que debe confirmarse también el ajuste originado en la falta de declaración de vehículos, pues sus argumentos de defensa lucen huérfanos de prueba, con costas.
El recurrente alega que el automotor dominio JKS 020 fue adquirido para y con dinero de su hermano, más no ha aportado ningún elemento que acredite tal situación.
XII. Que toda vez que la impugnación de la determinación de oficio del impuesto a las ganancias reposa en idénticos argumentos y probanzas, cabe arribar a la misma solución, confirmando dicho acto, con costas.
XIII. Que no habiendo expresado agravios sobre la liquidación de intereses, corresponde su confirmación, con costas.
XIV. Que resta trata la procedencia de la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado, que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, inc. d) de la ley 11.683 –t.o. en 1998-, en la parte que no ha sido condonada. Se aclara que, aun cuando el recurrente no expresó agravios sobre la sanción, la misma se trata por tratarse de materia penal.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
Con respecto, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
XV. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió para encuadrar la conducta del recurrente, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es -generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580). Al amparo de lo expuesto, analizadas las actuaciones administrativas, los informes finales de inspección y en atención a lo resuelto en Considerandos precedentes, el Fisco Nacional actuó correctamente al encuadrar la conducta de la recurrente. En efecto, imputa a la apelante la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas toda vez que “media una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surgen de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11” y porque allí “se consignan datos inexactos que ponen una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
Frente a ello, los argumentos que ensaya no tienen entidad para enervar la ausencia de una conducta dolosa. Baste para ello destacar que sus declaraciones juradas originales no reposaban en documentación fidedigna, pues se encontraban declarados créditos fiscales y gastos que no contaban con el debido respaldo documental que significaron un importante ajuste en su determinación de la obligación tributaria. Asimismo, y en puntual contestación a los argumentos esgrimidos, cabe señalar que –más allá de que la figura que se les enrostra no lo admite como causal de exculpación- que no se encuentra configurado el alegado error excusable. Ello por cuanto, es conteste la jurisprudencia en considerar que aquel será excluyente de culpabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de la norma, ya sea por normas intrincadas o contrapuestas, o simplemente por criterios interpretativos distintos que colocan al contribuyente en la posibilidad, razonable, de equivocarse al aplicarla, circunstancias estas que no se advierten en la especie. En consecuencia, habiendo quedado comprobada la presencia del elemento objetivo y subjetivo que exige la figura penal que se le enrostra, corresponde confirmar la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado –en la parte que no ha sido condonada-, la que –por otra parte- se advierte ha sido correctamente cuantificada, con costas.
Los Dres. Porporatto y Pérez dijeron:
Que adhieren al relato de los hechos y a la solución propiciada por la Vocal Propinante, excepto en lo que se refiere a la graduación de la sanción aplicada –en la parte que no ha sido condonada-, la que deberá reducirse a su mínimo legal en atención a la carencia de antecedentes sumariales, según las constancias de autos. Las costas en este aspecto se imponen a la recurrente en la parte que se confirma, y por su orden en la parte que se reduce.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Tener a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa, de conformidad con el Considerando IV y V -conforme lo establecido por la Ley 27.260, con costas; y declarar condonados, en la parte proporcional, los intereses resarcitorios y la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado, costas por su orden.
2. Confirmar las resoluciones apeladas en autos, con costas, de conformidad con los Considerandos VII a XIII; y reducir la multa aplicada a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma, y por su orden en relación a la reducción de la misma, conforme voto de la mayoría.
3. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, según las pautas establecidas en los puntos anteriores. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar el cuerpo principal y los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes y de los autos principales.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos a los efectos ordenados en el punto 3° y oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.28 15:14:35 ART Date: 2025.10.28 15:37:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.28 16:28:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.28 16:30:41 -03:00
Fin de la sentencia