Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Regular en forma definitiva los honorarios profesionales del Dr. Alejandro Jalile, por todos los trabajos realizados en la presente causa, en la suma de pesos ciento sesenta y dos mil trescientos ($ 162.300)
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: SESENTA Y DOS
San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de junio de 2022
Estos autos Corte Nº 014/2015 "PONCE, Rosana Paola c/ ESTADO PROVINCIAL - MINISTERIO DE SALUD s/ Acción Contencioso Administrativa", traídos a despacho a fin de resolver la regulación de honorarios, y- -
Que a fs. 232 de los presentes autos, el Dr. Alejandro Jalile, patrocinante de la parte actora, solicita regulación de los honorarios profesionales por los trabajos realizados en la presente causa.
Que a fs. 89/96 comparece la parte actora, por intermedio de letrado patrocinante, interpone acción contencioso administrativa en contra del Estado Provincial - Ministerio de Salud.
Corrido traslado de ley, a fs. 108/112 vta., comparece el Estado Provincial a través de apoderadas y contesta demanda.
Abierta la causa a prueba, la actora produjo prueba documental, informativa e instrumental, conforme certificación de Secretaría obrante a fs. 128.
A fs. 131/133 obra alegato de la parte actora.
Que el Tribunal dictó Sentencia Definitiva Nº 28 de fecha 18 de septiembre de 2018, por la cual se resuelve: "1) Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. Rosana Paola Ponce en contra del Estado Provincial, en consecuencia, condenar al pago de haberes correspondiente a la misma, a partir del 11 de abril de 2012 y hasta su efectivo pago, con el interés de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, más el 0,5% nominal mensual.- 2) Imponer las costas a la demandada".
2. Que resulta de aplicación la Ley N° 5724 -Decreto N° 2678- (BO N° 01 de fecha 04/01/22) que actualiza y fija las pautas de regulación de los honorarios de abogados y procuradores de la provincia de Catamarca. En la misma, se consagra expresamente que los honorarios profesionales revisten carácter alimentario (art. 3°), que es una ley de orden público (arts. 1°, 17°), instituye el JUS como unidad de honorario profesional de abogados/as y procuradores/as (art. 22°), estableciendo una nueva base de cálculo, en relación a lo dispuesto por la Acordada N° 4183/2011 modif. Acordada N°4547/2021 y establece honorarios mínimos arancelarios (arts. 23° y conc.), entre sus modificaciones al régimen anterior (Ley Nº 3956/1983).
En lo que respecta al auto regulatorio y en particular a la facultad jurisdiccional que ejerce esta Corte de Justicia, se destaca lo dispuesto en el art. 17° in fine: “En ningún caso podrán los/as jueces/zas apartarse de los mínimos establecidos en la presente Ley, los cuales revisten carácter de orden público”. Con relación a la acción promovida el art. 48 establece: “La interposición de acciones y peticiones de naturaleza administrativa seguirán las siguientes reglas: a) Demanda contencioso administrativas: se aplicarán los principios establecidos en los Artículos 25 y 27 de la presente, si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria se aplicará la escala del primero de ellos; (…) En los casos en que los asuntos no sean susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior a 20 o 7 JUS, según se trate del ejercicio de acciones contencioso administrativas o simples actuaciones administrativas, respectivamente ” y el art. 25 in fine establece: “(…) En todos los casos, si no existiera susceptibilidad de apreciación pecuniaria, para la regulación de honorarios se aplicarán las pautas de valoración del Artículo 17”.- - -
No se soslaya que la ley en cita, importa un merecido reconocimiento a la dignidad de la labor que despliegan los profesionales del derecho. Más debe dejarse a salvo, en cuanto a la obligatoriedad impuesta en relación a los mínimos arancelarios, que el deber jurisdiccional que inviste a los
CORTE Nº 014/2015
jueces y juezas impone el examen de razonabilidad de la norma. No puede prescindirse, sin más de las circunstancias del caso, de la extensión y complejidad de la labor desarrollada, aplicando de forma mecánica los mínimos legales, dado que en determinados supuestos, puede resultar una regulación de honorarios desproporcionada o irrazonable, en violación a la norma fundamental.
El caso bajo análisis es una acción contenciosa administrativa susceptible de determinación pecuniaria, ya que en Sentencia Interlocutoria Nº85/2020 (fs. 222/223) se aprobó planilla de liquidación de deuda, por la suma de $239.348,61, que aplicada como base para la regulación de honorarios solicitada, no alcanza el mínimo previsto en el régimen normativo vigente y aplicable, arts. 17 y 48 de la Ley 5724. Bajo estos parámetros corresponde analizar la complejidad del asunto, el mérito de la labor profesional desplegada en cuanto a su calidad, eficacia, extensión, resultado obtenido y etapas cumplidas.
Del estudio de la causa se observa que el Dr. Jalile completó las tres etapas de un proceso complejo -contencioso administrativo- y demostró eficiencia y diligencia en su tramitación, así como la calidad de su labor representada en el resultable favorable a los intereses de su mandante, por lo que corresponde, conforme a todo lo expuesto, regular los honorarios profesionales del Dr. Alejandro Jalile, patrocinante de la parte actora ganadora, en 20 JUS ($8115 x 20 = $162.300).
Por todo ello,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Regular en forma definitiva los honorarios profesionales del Dr. Alejandro Jalile, por todos los trabajos realizados en la presente causa, en la suma de pesos ciento sesenta y dos mil trescientos ($ 162.300)
2. Protocolícese, notifíquese a las partes, al Colegio de Abogados y a la Dirección General de Rentas.
Fdo.: Dres. Vilma Juana Molina -Presidente-, José Ricardo Cáceres, Fabiana Edith Gomez, Luis Raúl Cippitelli, Néstor Hernán Martel, María Fernanda Rosales Andreotti -Ministros- y Marcela Soria Acuña -Ministra Subrogante Margarita Ryser - Sec. en lo Contencioso Administrativo - Corte de Justicia
Fin de la sentencia