Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 100945
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles las impugnaciones deducidas por los Defensores de los imputados Marcela Alejandra Suárez y Andrés Oscar Pontaut.
II. Rechazar, por improcedentes, los recursos de casación interpuestos por la Defensa Particular en favor de Andrés Oscar Pontaut y por la Defensa Oficial en favor de Marcela Alejandra Suárez, sin costas y confirmar la pena de prisión perpetua impuesta para ambos, por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca (causa n° 284, orden interno 3080), con excepción de la calificación penal escogida de homicidio agravado por alevosía (art. 80 inc. 2º del Código Penal), la que se revoca; aunque se mantiene la de homicidio calificado por ensañamiento, codicia y criminis causa (arts. 80 incisos 2, 4 y 7 del Código Penal).
III. Regular los honorarios profesionales del letrado interviniente Dr. Pablo Damián Soteri (Tº XI Fº 1 CABB), por sus trabajos en esta sede, en una suma equivalente al 30% de lo regulado en la instancia de origen.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP;
45 y 80 incs. 4º y 7º del C.P; 106, 209, 210, 371, 373, 454 inc. 1º, 460, 530, 531, cits. y c.c., CPP, 16 y 31 de la ley 14.967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 100.945 caratulada “PONTAUT ANDRES OSCAR S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR DEFENSOR PARTICULAR // SUAREZ MARCELA ALEJANDRA S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR DEFENSOR OFICIAL”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 25 de septiembre del año 2019, el Tribunal en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, condenó a Marcela Alejandra Suárez y a Andrés Oscar Pontaut a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, para cada uno, por hallarlos coautores responsables del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, codicia y criminis causa, en los términos de los arts. 45 y 80 incs. 2, 4 y 7 del CP, cometido el 6 de marzo de 2018 en la localidad de Coronel Pringles en perjuicio de María Carmen Pontaut Orruma (fs. 462/488).
Contra la sentencia interpusieron recurso de casación el Defensor Oficial Dr. Carlos Carnevale en representación de Marcela Alejandra Suárez (fs. 302/318) y el Defensor Particular Dr. Pablo Damián Soteri en representación de Andrés Oscar Pontaut (fs. 504/537). La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 8 de julio de 2020, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
Los recursos fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
I. La Defensa Oficial, en representación de la coimputada Marcela Alejandra Suárez, plantea dos motivos de agravios: a) arbitrariedad y errónea valoración probatoria en la fundamentación de la coautoría atribuida a Suárez, en infracción a los arts. 210 y 373 del CPP y b) en subsidio, alega la errónea aplicación de las agravantes previstas en los incisos 2º, 4º y 7º del CP.
Con relación a la justificación de la coautoría de Suárez, aduce la insuficiencia del material probatorio, por la ausencia de prueba directa y una débil prueba indiciaria que se apoya en dichos de terceros poco fiables. Sostiene que el único autor del homicidio ha sido Andrés Oscar Pontaut, quien desde un primer momento confesó haber matado a su tía paterna, a quien llamaban “Tuta”, y sus manifestaciones autoincriminantes –que no involucran a Suarez- fueron corroboradas por los funcionarios policiales allí presentes: Martín Guevara, Sergio Acuña y Ricardo Franssen, este último a cargo de la SubDDI de Coronel Suárez, así como por Luis Enrique Barrionuevo Olagaray, testigo de actuación del allanamiento en la vivienda de los imputados. Agrega que, en sintonía con su reconocimiento del hecho, Pontaut indicó los lugares donde quemó la ropa y escondió las cosas sustraídas.
Entiende que su confesión del crimen excluye la responsabilidad de Suárez, quien sufría constantes maltratos y se encontraba en una situación de completa sumisión hacia éste, contexto de violencia del que deduce la inviabilidad de que su defendida haya tomado la decisión y el “coraje” de matar a “Tuta”.
Cuestiona el valor convictivo del testimonio de Cristina Mabel Pastor, testigo cercana a la víctima que conocía a la imputada, en tanto no se comprobó su afirmación de que en la mañana del hecho Suárez compró una caja de guantes de látex en el comercio donde Pastor trabajaba. Señala que Suarez negó esta circunstancia así como conocer a Pastor, que no se agregó el comprobante de la presunta compra ni la testigo dio razón de sus dichos cuando afirmó que Suarez “cambió de apariencia” (fs. 307vta.). Objeta la credibilidad de los testigos Daniel Iván Espie y Ricardo Fabián Moraga. El primero por haber tenido marcadas contradicciones entre lo relatado en la fiscalía y en el debate. Señala que los mensajes de texto no resultan prueba contundente, ya que las capturas de pantalla pueden ser “fácilmente truchadas” (fs. 309vta.) y fueron recibidas por el policía Moraga, a quien considera un testigo parcial. Agrega que el procedimiento de recepción de esa prueba digital no cumplió los estándares de seguridad requeridos para dotar de verosimilitud a la información de allí extraída.
Por último, critica el valor de verdad asignado al testimonio de Moraga, destacando que entre éste y Espie existió una previa comunicación, que Moraga fue el primero en entrar a la casa de la víctima y sin embargo no pudo describir qué hizo al momento del ingreso, además de no haber sido el primer testigo convocado por la fiscalía. Por otro lado, Moraga reconoció en el debate haber intercambiado mensajes con Suarez sobre temas vinculados a drogas, dado que -según refirió- ella colaboraba con las investigaciones. Concluye en que entre Suárez, Moraga y Espie existía un vínculo particular que ninguno quiere reconocer y que han sido presionados o tienen intereses que no quieren revelar.
De manera subsidiaria, cuestiona la acreditación de las agravantes del art. 80 del CP aplicadas. En ese sentido, alega la falta de acreditación de la conexión subjetiva entre el homicidio y el robo (inciso 7º), del móvil de obtener una ventaja económica (inciso 4º), del estado de indefensión de la víctima que haya asegurado el resultado del accionar acusado (alevosía, inciso 2º) y que el mismo haya aumentado deliberadamente el sufrimiento de la víctima (ensañamiento, inciso 2°). Requiere se haga lugar al recurso y se absuelva a su defendida por el beneficio de la duda. En subsidio, solicita se excluyan las agravantes aplicadas y se recalifique el hecho como homicidio simple, reduciendo la pena al mínimo de la escala.
II. Por su parte, la Defensa Particular de Andrés Oscar Pontaut plantea tres motivos de agravio: a) la falta de fundamentación, arbitrariedad y violación a la garantía contra la autoincriminación en la valoración de los dichos extrajudiciales de su defendido, b) la arbitraria valoración probatoria en la justificación de la coautoría atribuida y c) en subsidio, cuestiona la aplicación de las agravantes del art. 80 incs. 2º, 4º y 7º del CP. Sobre el primer motivo de agravio, critica por arbitraria y violatoria de la garantía contra la autoincriminación, la valoración de los dichos de Pontaut en la Comisaría de Coronel Pringles. Señala que fueron erróneamente analizados en tanto no se consideró la situación angustiante que atravesaba y que se encontraba drogado a instancias de su mujer, la coimputada Suárez.
Luego cuestiona el valor incriminante de la prueba de cargo, defendiendo su hipótesis acerca de la falta de intervención en las acciones lesivas. Sostiene que la única autora y responsable del homicidio es Marcela Alejandra Suárez, a partir de los testimonios de Daniel Iván Espie, los mensajes de texto por él aportados y las declaraciones de Cristina Mabel Pastor y Adriana Karina Lousteau. Destaca que, si bien Pontaut se encontraba en la vivienda donde Suárez dio muerte a Carmen Pontaut, él no tuvo ninguna incidencia ni posibilidad de detener la ejecución, evidenciando la ausencia de dominio del hecho.
Por último, de manera subsidiaria, cuestiona la aplicación de las agravantes del art. 80 del CP. Considera no acreditado el robo, ni la conexión subjetiva con el homicidio (inciso 7º), ni el móvil económico (inciso 4º), como tampoco el aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima ni el ensañamiento (inciso 2º).
Solicita se haga lugar al recurso y se absuelva a su defendido respecto del hecho acusado. Subsidiariamente requiere se descarten las agravantes aplicadas y se califique el hecho en la figura básica del art. 79 del CP.
III. El Defensor Oficial Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, en representación de Suárez, mantuvo expresamente el recurso deducido (fs. 599).
IV. Por su parte, el Defensor Particular, Dr. Pablo Damián Soteri, en representación de Pontaut, mantuvo expresamente el recurso deducido, reiterando los argumentos críticos desarrollados en el escrito recursivo (fs. 602/617).
V. La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, solicita el rechazo del remedio intentado, de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fs. 622/630. Sintéticamente considera que la Defensa de Pontaut no acreditó que la voluntad de su defendido se encontrara viciada al momento de confesar su intervención en el hecho ni que su relato haya sido consecuencia directa de una posible coacción por parte de funcionarios policiales. Su autoincriminación no fue valorada como confesión directa sino a través de los testigos que la presenciaron -los funcionarios policiales Martín Guevara y Ricardo Franssen y el testigo de actuación Luis Enrique Barrionuevo Olagaray-, todos considerados veraces por el sentenciante y sin que se haya demostrado elemento alguno que permita desvirtuarlos. Rechaza la alegación sobre la incapacidad del acusado por encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes, en tanto ningún planteo al respecto se presentó en la instancia, ni tampoco surge de la prueba reunida ningún indicador de una presunta alteración de sus facultades. Descarta la duda sobre la intervención de ambos imputados. En cuanto a Pontaut señala que su presencia en el lugar del hecho, el resultado del allanamiento en su vivienda y lo relatado por el testigo Espie, justifican su intervención como coautor. Destaca que Pontaut resultó un eslabón de entidad en la ejecución de los hechos, ya que era el sobrino directo de la víctima, que heredaría parte de sus bienes, conocía su patrimonio y la existencia de un testamento ológrafo que lo beneficiaba. Agrega que el propósito del homicidio fue la búsqueda de una caja fuerte en la vivienda de la víctima y que el rencor y el resentimiento del acusado hacia su tía eran indiscutible, resultando comprobada la intención común de llevar a cabo el desapoderamiento de las pertenencias de su tía.
Respecto a Suárez señala que no se acreditó la alegada relación de sumisión hacia su pareja ni un contexto de violencia entre ellos. Que el relato de Espie y los mensajes de texto intercambiados dan cuenta del rol de mano ejecutora, dando detalles de lo ocurrido y jactándose del resultado. Concluye en que se comprobó, mediante un análisis racional y lógico de la prueba rendida, la coautoría funcional de ambos imputados. En cuanto al encuadre legal, considera ajustado a derecho y a las constancias de la causa la aplicación de las agravantes por alevosía, ensañamiento, codicia y criminis causa, del art. 80 incs. 2º, 4º y 7º del CP. Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “el día 6 de marzo de 2018, entre las 12:30 y 15:08 horas, en el interior del domicilio sito en calle Dorrego Nº 1325 de la localidad de Coronel Pringles, dos personas, con la finalidad de proceder al desapoderamiento de dinero y otros elementos que se encontraban en la propiedad de María Carmen Pontaut Orruma, y procurar para sí la impunidad en el hecho, así como también con el propósito de percibir una futura herencia de parte de la víctima y finalmente provocarle un sufrimiento a la misma, causaron de manera intencional la muerte de la mujer, aprovechándose del estado de indefensión de la misma, pues se trataba de una persona de avanzada edad, que se movilizaba en silla de ruedas y vivía sola, asestándole mediante el empleo de un cuchillo un puntazo a la altura del corazón y luego un corte de gran magnitud a la altura del cuello, heridas que desencadenaron el óbito” (fs. 475vta./476).
De la simple lectura de las impugnaciones presentadas, surge que los planteos efectuados son solamente una reedición de los realizados en la instancia pero desechados con acabados fundamentos, sin que ahora logren contrarrestar con sus críticas lo afirmado al respecto por el A Quo. De todo lo dicho, surge que la mayor parte de los puntos requeridos por las defensas (cfr. fs. 457vta./460) ya fueron objeto de tratamiento por el Tribunal, que evaluó sus pretensiones y contestó todas sus inquietudes, insistiendo los interesados ante esta sede pero sin lograr rebatir lo ya expuesto (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución cuestionada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad y, por tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la parte prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia, el recurso deviene inidóneo para alterar la decisión.
Ahora bien, ingresando al análisis de los recursos interpuestos, encuentro que ambos en primer lugar centran los motivos de agravio en la valoración de la prueba con respecto a la coautoría.
Por lo tanto, en primer lugar, me abocaré a la revisión del análisis probatorio efectuado por el Tribunal de instancia, para luego proceder a responder los restantes motivos de agravio sobre la calificación legal.
Al respecto, entiendo pertinente señalar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo y su autoría, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción, acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, causa nro. 56.107, “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” 21 de mayo de 2013; causa nro. 56.097 “Chávez Alexis Sebastián s/ recurso de casación” 27 de septiembre de 2013).
A lo que aduno que la inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, en la medida que dieron cuenta detallada de su empleo, y necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, ya que no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.
En contra de la arbitrariedad reclamada por las defensas, el A Quo hizo una valoración pormenorizada del plexo probatorio que lo llevó a acreditar sobradamente la participación de Suárez y Pontaut en los términos establecidos en la sentencia.
Ambos recursos discuten la fundamentación efectuada para tener por comprobada la intervención punible de sus asistidos, cuestionan el valor acreditante de las pruebas de cargo y defienden posiciones contrapuestas, que básicamente consisten en descargar la responsabilidad entre sí y desentenderse de toda responsabilidad en el curso lesivo. La materialidad ilícita, en cambio, llega firme a esta sede.
Nadie discute aquí que la víctima María Carmen Pontaut Orruma, alias “Tuta”, murió de manera violenta como consecuencia de las heridas provocadas por un puntazo en el corazón y un corte de gran magnitud en el cuello, ambos mediante el empleo de un cuchillo. Mientras este curso lesivo se ejecutaba, Pontaut y Suárez se encontraban en el lugar frente a la víctima. Lo discutido y cuestionado por los recurrentes es quién realizó las maniobras lesivas. Pontaut inculpa a Suárez y ésta de manera exactamente contrapuesta acusa a Pontaut; así pues, invocan ambos la responsabilidad excluyente del otro.
Ninguna de las posiciones antagónicas resulta verosímil. El veredicto justificó la intervención conjunta de los imputados Pontaut y Suárez, cumpliendo roles diversos y complementarios, en el curso lesivo que determinó la muerte violenta de María Carmen Pontaut, tía del primero. En mi modo de ver, ello se deriva razonablemente de la valoración racional, lógica y conforme las reglas de la experiencia humana, de la prueba reunida, esto es: en primer lugar, el testimonio de Daniel Iván Espie, amigo cercano de la imputada Suárez (fs. 473vta.), a quien ésta reconoció haber perpetrado el hecho el mismo día de su ejecución -primero por la tarde vía mensajes de texto (fs. 471vta./473) y luego por la noche personalmente-, junto a las capturas de pantalla de esos mensajes. De la información de allí extraída derivan aspectos distintivos del hecho como el medio empleado (un cuchillo), la caracterización de las acciones ejecutadas (dos puñaladas en el cuello y una en el tórax, de manera repentina, dejando el cuchillo clavado), el sufrimiento de la víctima María Carmen Pontaut alias “Tuta” (que pedía ayuda a su sobrino y gritaba “como un cordero”, fs. 474), los conflictos en el vínculo familiar de Andrés Pontaut y Marcela Suárez con la anciana y las circunstancias de tiempo y lugar de la acción imputada, aspectos que fueron corroborados por prueba indirecta de diversas fuentes. En ese sentido, los dichos de Espie fueron coincidentes con la constatación de las lesiones que presentaba la víctima, según el testimonio del médico autopsiante Dr. Francisco Cortalezzi (fs. 464vta.), los rastros hallados en su vivienda, donde fue encontrada sin vida (según acta de procedimiento fs. 466vta., 1/3 de este legajo, incorporada por lectura fs. 477vta.), las fotografías de la escena del delito (fs. 466, 105/109, 111, incorporadas por lectura fs. 477vta.), el acta de secuestro efectuada en ese lugar (fs. 158), el resultado del allanamiento en la vivienda donde residían los imputados (fs. 52/54 y 128/148), el testamento ológrafo confeccionado por la víctima legando una parte de sus bienes a su sobrino Andrés Pontaut (fs. 468, fotocopia del testamento fs. 189/190), el testimonio de Sergio Antonio Ventura, encargado del campo propiedad de la víctima (fs. 468vta.) y las declaraciones de cinco funcionarios policiales (Franssen fs. 463, Schroh fs. 463vta., Lousteau fs. 464, Moraga fs. 464vta. y Guevara fs. 477) que llegaron a la escena del delito.
Espie señaló que tenía amistad con la pareja Pontaut-Suárez y que el día del hecho, alrededor de las 15 horas, mantuvo un diálogo escrito con Suárez donde ésta le contó que había matado a la tía de su pareja. Luego, por la noche se encontraron personalmente y relató nuevamente lo sucedido. El testigo confirmó que hizo entrega voluntaria de su teléfono celular para que sacaran fotos de las capturas de pantalla de los mensajes. Señaló que, en su conversación cara a cara, Suárez le dijo que ese día había ido con su pareja Andrés Pontaut a la casa de la víctima, que Andrés no quería entrar y Suárez lo amenazó, ingresando ambos. Primero discutieron con la víctima y Andrés cerró la persiana. Preguntado sobre si buscaban algo, el testigo respondió no recordar pero al cotejar su declaración anterior, dijo que buscaban una caja fuerte. Recordó que Marcela le clavó el cuchillo a la señora mientras le hablaba y la degolló; que Andrés (Pontaut) no quería mirar. En este tramo de su declaración y al solo efecto de verificar una contradicción fue leído su testimonio escrito donde indicaba que Pontaut había sido quien le cortó el cuello a la víctima. Espie reafirmó en el debate que fue Suárez quien ejecutó la acción lesiva. Señaló no recordar los diálogos por el paso del tiempo, no obstante sí recordó que le dejaron clavado el cuchillo, que Andrés preguntaba por qué no sangraba, respondiendo Suárez que era porque se lo había dejado clavado, que la víctima continuaba hablando y pedía ayuda a su sobrino, éste no quería mirar y Suárez insistía en que lo hiciera. Agregó que Suárez le había manifestado con anterioridad que la querían matar, pudiendo haber estado presente Pontaut en esa conversación.
Señaló que la imputada esa noche le contó que se sentía libre, que no demostró arrepentimiento y que querían matar a “Tuta” porque habían tenido problemas previos, destacando que la víctima gritaba como un cordero mientras era ultimada.
El sentenciante valoró este testimonio como veraz, en tanto no presentó indicadores de mendacidad y la información por él aportada fue coincidente con las constataciones de la autopsia y la descripción brindada por Andrés Pontaut ante los funcionarios policiales ante quienes reconoció haber cometido el delito, brindando detalles sobre las circunstancias de tiempo y lugar, el medio empleado (un cuchillo) y el modo de ejecución de las acciones lesivas (al menos dos puñaladas, una en el pecho y otra en el cuello). El A-Quo infirió razonablemente que no obstante su relación de amistad con los imputados, el riesgo de verse comprometido en un hecho de esa gravedad pudo haber coadyuvado para colaborar con la investigación (fs. 474vta.).
El testigo aportó voluntariamente su teléfono celular de donde se pudo extraer un conjunto de conversaciones de WhatsApp que ilustran claramente el reconocimiento del delito y su modo de ejecución. En ese marco, las capturas de pantalla con los mensajes intercambiados entre Espie y Suarez, resultan elocuentes. En lo que aquí interesa, el sentenciante transcribió en su valoración, dos tramos de mensajes: a partir de las 15:07 el primero y a las 21:03 el segundo.
A las 15:07 ingresaron mensajes al celular de Espie (E)
provenientes de su contacto “Marcela 2” (M).
M: “hice lo k dije…”
E: “Noo mama n me digas x acá”… M: “tranqui, me pagó tdo, lo k me hizo, debo controlarme, te quiero, venite después, esty quemando cosas”, combinando en verse por la noche y no seguir intercambiando mensajes por vía telefónica.
A las 21:03, Espie le escribió: “hola mama todo bien?”
M: “no, pero saldrá todo bien, esty con científica”
E: “pero n está todo bien para vos?”
M: “P mi sí, p lo querrán, a Manu, k era el pegado” […] “de ella” E: “como está él?”
M: “P el frío, bien eatá (está) declarando, hace dos hs”, “la degollé mal”, “un desastre, nada no tienen nada, huellas nada”
E: “Mama me estas haciendo cómplice?”, “soy el único que lo sabe?” M: “nahh vos no me conoces, seee, no sabés nada, te dije hoy, hay que tener huevos, la hice sorete, le corté todo”, “cuello yugular”
E: “estas desquiciada lo sabías o n?”
M: “la vi sufrir, nooo, podrida, todos me subestiman, error”, “me cansé”, “me voy a tomar un re tirl (rivotril), p festejar”, “ya vuelvo, a practicar, cinismo, como ellos hacen daño, hay k llorar, la quería tanto, era tan buena, jaja, ya vuelvo salud por el tirin”, “jaja Andrés, me decía, no se te mueve un pelo, le hablabas, con una paz”
E: “te tembló la mano?”
M: “y la degollaste, nooo, le decía, sufrí, zorra, como me lo hiciste a mí, me internaste”
E: “no te tiembla la mano lpqtp”
M: “le pidió ayuda a Andrés, jaja, jamás, el ruido k hacía, y le decía seguís viva, hjp, dale, y la seguí, p con paz” (fs. 472/473).
También fue valorado el testimonio prestado por Cristina Mabel Pastor, quien señaló en el debate que trabajaba en una pañalera y en el Centro “La Hermandad” donde concurría Johanna Pontaut –hija discapacitada del imputado pero no de Suarez- que vivía con la víctima. La testigo declaró que Suarez fue a comprar guantes de látex la misma mañana del hecho. Dicha información fue lógicamente vinculada a un comentario de Suarez relatado por Espie, mediante mensaje de WhatsApp, en torno a que la policía no iba a poder encontrar ninguna huella dactilar en la escena del delito. El valor convictivo de este testimonio sólo consiste en añadir información útil que viene a corroborar la misma línea acusatoria. La ausencia de comprobante que certifique la compra así como la alegada falta de justificación de la afirmación sobre el “cambio de apariencia” de Suárez no desvirtúan la conexión en la información agregada, resultando críticas en torno a una presunta información adyacente que deviene inesencial para criticar el centro de la imputación. Por otra parte, la ley procesal penal no establece estándares legales para la justificación de los hechos, sino antes bien el desarrollo escrito de la convicción sincera, lo que en autos se advierte cumplido.
Por otro lado, fue utilizado el testimonio de Alejandro Ignacio Schroh, oficial de servicio que recibió la noticia criminis. Señaló este testigo que Manuel Pontaut -sobrino nieto de la víctima e hijo de los imputados- denunció el hallazgo del cuerpo sin vida de “Tuta”. Ante ello se dirigieron al domicilio e ingresaron por una casa lateral, hallándola sin vida, lesionada en el abdomen y en el cuello. Recordó que le tomaron declaración al joven Manuel Pontaut, presuntamente en ese momento la última persona que había visto con vida a la víctima. El muchacho señaló que ayudaba a “Tuta” a hacer trámites y mandados y que esa mañana la había llevado al Banco Provincia y al Banco Nación. Finalizados los trámites alrededor del mediodía, llevó a su tía abuela a su casa, ingresó la camioneta al garage, la ayudó a bajar, dado que caminaba con dificultad, usaba muletas y dentro de su casa usaba una silla de ruedas. Explicó que la sentó en la silla de ruedas y se fue. Que luego sus padres le mencionaron haber ido a la casa de “Tuta” y que no los había atendido. El joven pasó más tarde por lo de su tía y, convencido que algo malo podría haber ocurrido, ingresó por una escalera hallándola fallecida con lesiones en la garganta.
Los funcionarios policiales Ricardo Fabián Moraga y Adriana Karina Lousteau, que concurrieron al lugar, señalaron que encontraron todo revuelto en la vivienda de la víctima. Lousteau declaró que tomó fotografías y realizó anotaciones, explicando que había cajones abiertos, colchones y papeles tirados y mucho desorden. Que la víctima estaba sentada en su silla de ruedas y había comida sobre la mesa. Que posteriormente abrieron una caja fuerte con ayuda de un cerrajero, donde había dinero, un puñal y algunas joyas.
El médico Francisco Cortalezzi describió las constataciones de la operación de autopsia. Señaló que la víctima presentaba tres lesiones punzo cortantes, una en el tórax y dos en el cuello. La primera de ellas en la región del corazón, que lesionó el mediastino y seccionó parcialmente la arteria pulmonar, con profuso sangrado, denominado hemopericardio. Destacó en cuanto a las lesiones del cuello, que una era más superficial y afectó la piel y músculos; la otra, más extensa, que recorría hasta la región infra auricular, importó una lesión muscular y grandes vasos que generaron una gran hemorragia. Señaló que tanto la lesión del tórax como la más profunda del cuello pueden causar la muerte de manera independiente, considerando que la cervical precipitó el óbito y que en ambos casos la sobrevida es breve, de minutos o incluso segundos. Explicó que en el caso de la lesión torácica, si el objeto con que se lesionó quedó clavado en el cuerpo pudo retrasar la muerte, pero que igualmente la misma se iba a terminar produciendo dada la gravedad de la lesión. No obstante, de manera momentánea, es probable que haya podido hablar. En relación a la herida cervical constató el seccionamiento de la tráquea, señalando que en esas condiciones no podía hablar o que lo hiciera con mucha dificultad.
El desorden del lugar y la posición de la víctima resultan ilustrados en las fotografías de la escena del delito (fs. 466, 105/109, 111, incorporadas por lectura fs. 477vta.), corroborando lo declarado por los funcionarios preventores Franssen (fs. 463), Schroh (fs. 463vta.), Lousteau (fs. 464), Moraga fs. (464vta.) y Guevara (fs. 477).
Todos los testigos que declararon en el debate fueron considerados veraces por el Tribunal, sin que de la fundamentación jurisdiccional se desprenda ningún indicador de mendacidad ni intención de perjudicar a los imputados ni desviar la investigación por otros carriles. También se observan cumplidas las reglas del contradictorio y la posibilidad de la defensa de controlar la información brindada por los testigos de modo de asegurar el legítimo ejercicio de la defensa en juicio (conf. acta de debate fs. 449/455).
El sentenciante respondió fundada y razonablemente las objeciones de las defensas en torno al valor de la prueba de cargo. Sin perjuicio que la prueba individualizada precedentemente permite sustentar la conclusión a la que arribara; el Tribunal también utilizó los testimonios de los funcionarios policiales Martín Guevara, Ricardo Franssen, a cargo de la Sub DDI de Coronel Suárez, y del testigo de actuación Luis Enrique Barrionuevo Olagaray, quienes expusieron sobre la revelación de Andrés Pontaut cuando prestaba declaración, circunstancia que fuera objetada por el Defensor Partcular, Dr. Pablo Damián Soteri, por encontrarla violatoria de la garantía contra la autoincriminación y no considerarse la situación angustiante que atravesaba y que se encontraba drogado a instancias de su mujer, la coimputada Suárez.
La constitución Nacional Consagra expresamente la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo (art. 18 CN). Asimismo, con idéntico alcance, dicha regla de garantía se encuentra establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3.g: "no será obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2.g: "derecho a nos ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable").
Las consecuencias que la regla trae en el campo del procedimiento penal, específicamente en lo que respecta a las declaraciones prestadas por el imputado (téngase presente que la garantía tiene un campo de aplicación mayor, de allí la conocida distinción entre el imputado como "órgano" y como "objeto" de prueba"), están hoy en día fuera de discusión: a) el imputado tiene la facultad de abstenerse de declarar; b) si optare por hacerlo, es menester observar el requisito de voluntariedad de la declaración (p. ej.: está vedado la administración de psicofármacos o el procedimiento de hipnosis); y, c) aquella elección debe obviamente responder a una decisión libre que no puede ser coartada por ningún acto o situación de coacción - sea física o moral-, por la promesa ilegítima de una ventaja o por el engaño (cfr. MAIER, Julio B.J., Derecho Procesal Penal, t.l, p.666).
La garantía no prohíbe la autoincriminación -de ser ello así, la confesión propiamente dicha estaría vedada por nuestro ordenamiento jurídico- sino únicamente la autoincriminación obligada. De todas formas, sucede que -y esto vale la pena aclararlo- muchas veces se presentan actos con apariencia de legalidad, cuando en realidad no lo son; sin embargo, no puede confundirse el verdadero alcance de la garantía con las particularidades que pueden presentar los distintos hechos -como realidad histórica y fenoménica de la vida- y su acreditación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (por remisión al dictamen del Procurador General) dijo en "Rau, R Alejandro Oscar del 19/04/2016: "... la cláusula constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo veda el uso de cualquier forma de coacción o artificio tendiente a obtener declaraciones acerca de los hechos que la persona no tiene el deber de exteriorizar, mas no abarca los supuestos en que la evidencia es de índole material y producto de la libre voluntad del garantido (Fallos: 255:18 y 320:1717, entre otros)." . Lo propio también dijo en “Francomano, Alberto José" (F 477 XIX, del 19/11/1987). "La mera comunicación de ese dato o conjunto de datos, en la medida en que no sea el producto de una coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener que la restricción procesal impide a los funcionarios investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación (cfr. CSJN, precedente "Cabral", Fallos: 315:2505, resuelto el 14/10/1992; doctrina reiterada en los precedentes "Jofré" del 24/03/1994 [Fallos 317:214], "Schettini" del 13/09/1994 [Fallos: 317:956] y "Minaglia" del 04/09/2007 [Expte. M. 3710.
XXXVIII]).
Las declaraciones de los funcionarios policiales Guevara y Franssen y del testigo de actuación, Luis Enrique Barrionuevo Olagaray, ajeno a la repartición policial, coincidieron en señalar que Pontaut explicó su participación en el hecho, repitiendo insistentemente sus dichos a pesar de los reiterados pedidos de los funcionarios policiales de que guarde silencio (véase fs. 481 y vta.). De lo relatado por Guevara se desprende que en sede policial, al ser interrogado sobre los últimos movimientos de su tía, éste voluntaria y sorpresivamente admitió haberla matado, incluso los funcionarios policiales no sospechaban a esa altura de ningún familiar de la víctima (fs. 480vta.). También surge que, al ser interrumpida su declaración testimonial, y ser leídos sus derechos como imputado, en los términos del art. 60 del CPP, en sede de la comisaría, éste no guardó silencio, sino que continuaba admitiendo su intervención en el hecho. Más tarde, durante el allanamiento en su domicilio, proseguía en la misma línea, incluso aportó más información al indicar los lugares donde guardó los objetos vinculados al delito y donde habían quemado la ropa manchada con sangre. De estos tres relatos se desprende que no obstante haber sido anoticiado sobre sus derechos como imputado y advertido de la garantía contra la autoincriminación, Pontaut reconoció libre y voluntariamente su intervención en el hecho. En lo demás, no se advierte ningún indicador de haber sufrido Pontaut alguna clase de presión o coacción para confesar el delito. Tampoco obra denuncia del imputado ni alegación de su defensa en ese sentido.
Si bien es fácil advertir que existen dichos autoincriminatorios por parte de Pontaut, lo cierto es que no existe circunstancia alguna que permita siquiera sospechar que aquél fue obligado a decir lo que dijo. En primer lugar, porque Pontaut no se encontraba privado de su libertad ni estaba sindicado como imputado en la causa, la policía le tomó declaración para tomar conocimiento de las últimas horas con vida de la mujer, sin tener ninguna sospecha sobre el círculo familiar (fs. 482vta.). Tampoco existió un interrogatorio por parte de Frannsen hacia la persona de Pontaut, todo lo contrario pues el encartado -sea por el motivo que fuera- decidió libre y voluntariamente transmitirles a los funcionarios policiales esa información.
Despejada cualquier sospecha de coacción o violencia, no existe violación de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional que prohíbe declarar contra sí mismo en tanto que Pontaut jamás fue obligado a autoincriminarse.
Lo que Pontaut les contó por decisión autónoma a los funcionarios policiales, no constituye una declaración ni un interrogatorio, menos aún una confesión en sentido estricto, ya que no fue realizada ante la autoridad correspondiente, cuyos efectos se subordinan al cumplimiento de los recaudos establecidos en el art. 308 del Código Procesal Penal, razón por la cual no sería posible fundar una condena en ese único elemento, sin embargo no significa que los datos suministrados a los funcionarios policiales no pueda servir para encausar la pesquisa y continuar con la recolección de elementos que sirvan para esclarecer la verdad de lo sucedido.
Con ello, el exhaustivo examen de las circunstancias que rodearon la situación en concreto, no posibilita concluir en la existencia de vicios que hayan podido afectar la voluntad del imputado. No existe indicador alguno que permita inferir una autoincriminación involuntaria forzada estatalmente, en el sentido de que los funcionarios policiales hayan utilizado medios engañosos ni ejercido alguna clase de coacción sobre Andrés Pontaut para obtener su declaración autoinculpatoria. Antes bien, toda la información aportada por el imputado fue brindada de manera espontánea e incluso sorpresiva para los funcionarios policiales, quienes lo anoticiaron y advirtieron sobre sus derechos como imputados, entre ellos la garantía contra la autoincriminación, lo que permite interpretar que constituyó su voluntad expresada libremente y sin coacción.
No se trata de un caso en el que privado de su libertad haya declarado, sino de un encuentro buscado por el propio imputado con la policía, por lo que las indagaciones que se pudieran efectuar sobre sus actividades o las preguntas que se formulen tendientes a esclarecer la situación, sólo implicarán violación a la garantía constitucional en exámen en la medida en que esté afectada la voluntariedad de los dichos (Alejandro D.Carrió "Garantías constitucionales en el proceso penal". Ed. Hammmurabi. Año 2008. Pág. 512).
Por ende, la evocación vía testimonial de las expresiones libre y espontáneamente formuladas por el imputado, percibidas por aquellos que depusieran como testigos a través de sus sentidos, pueden ser utilizadas por el juzgador, en tanto no se demuestre que las mismas fueron obtenidas mediante coacción de la autoridad estatal, lo que en el caso no se ha siquiera insinuado.
En definitiva no se aprecia dato alguno de que se haya hecho el despliegue de medios engañosos o ejercido coerción sobre el procesado para obtener elementos incriminantes.
Además de ello, tal como ya lo señalara, el Tribunal valoró prueba independiente que permite arribar a idéntica conclusión. En ese sentido, la declaración de Daniel Iván Espie y los mensajes intercambiados con la coimputada Suarez, acerca de la ejecución de las acciones lesivas que determinaron la muerte de la víctima, coincidentes con las lesiones constatadas en la operación de autopsia, los rastros levantados en el lugar de comisión del delito, según el acta de procedimiento, y el resultado del allanamiento en la vivienda de los imputados, resultan indicadores múltiples, serios y concordantes para acreditar la intervención del acusado Pontaut.
Tampoco se comprueban indicadores de una presunta intoxicación por sustancias estupefacientes, en tanto ninguno de los funcionarios policiales que lo interrogó el día del hecho hizo mención alguna al respecto, ni el testigo de actuación que participó del allanamiento en su vivienda brindó ninguna descripción de conductas o actitudes compatibles con encontrarse drogado. Por otro lado, la defensa no efectuó planteo ni objeción en la oportunidad de los alegatos finales (conf. fs. 458vta./460) ni tampoco se desprende de las copias de las actuaciones agregadas al legajo casatorio. Por tanto, la ausencia de indicadores sobre una posible disminución de la capacidad de comprender o dirigir sus actos que haya podido incidir en sus manifestaciones ante el personal policial así como la falta de planteo de la parte tornan inviable el planteo.
Por otra parte, en cuanto al contenido de los mensajes valorados, no advierto ningún indicio que avale ni su falsedad ni una irregular introducción de esa prueba en el proceso. En efecto, el voluntario aporte del teléfono celular por parte del testigo Espie, su explicación del contexto en que los mensajes fueron intercambiados, su coincidencia con el momento posterior a la consumación (alrededor de las 15 horas, el primer tramo de los mensajes) y luego aproximadamente seis horas después (a las 21 horas de ese mismo día), la comprobada relación de confianza con los imputados y el posible temor del testigo ante el riesgo de quedar involucrado en la ejecución de un hecho tan grave, dotan de verosimilitud a toda la información por él brindada y descartan las alegaciones de las defensas para devaluar la fuerza de verdad asignada. No advierto contradicción en su relato con entidad como para considerarlo mendaz. El eje central y las líneas estructurales no fueron contradictorias. Las diferencias entre lo relatado en la instrucción y lo declarado en el debate -en torno a quién de los imputados realizó qué lesión, si la del corazón o la del cuello- fueron justificadas en el transcurso del tiempo y razonablemente evaluadas por el A-Quo, considerando además que Espie no fue un testigo presencial, sino de oídas a partir del relato de Suárez.
Asimismo, las fotografías de las capturas de pantalla del teléfono celular de Espie, que contienen los mensajes aquí cuestionados, fueron incorporadas por lectura, con la anuencia de las partes conforme el art. 366 del CPP (véase fs. 448 de este legajo), de modo que la alegación de cualquier irregularidad en la introducción al proceso de esa prueba no fue objetada en el momento procesal oportuno, conforme art. 205 del CPP. Sin perjuicio de ello, del contenido de los mensajes, dadas las coincidencias más arriba evaluadas, no se advierte ningún indicador de falsificación ni fraude en su confección.
El testimonio del policía Moraga resultó de escasa incidencia en la fundamentación de la coautoría atribuida, sólo fue mencionado en la justificación de la materialidad ilícita -véase fs. 465vta.- más no en la acreditación de la participación criminal, sin advertir en lo demás ningún atisbo que revele mendacidad ni intención de desviar la investigación por otros carriles en pos de perjudicar a los imputados. La circunstancia alegada de haberse relacionado previo al hecho con la imputada Suárez, donde ésta le proveía información sobre “temas de drogas”, no sólo no fue acreditada sino que aún de así serlo, en nada desvirtúa sus dichos en este proceso. El reclamo de que los mensajes de WhatsApp fueron enviados por Pontaut, tomando furtivamente el celular de su mujer, fue razonable y lógicamente descartada por el A-Quo, en tanto en el horario del segundo tramo de los mismos, alrededor de las 21 horas, Pontaut se encontraba declarando ante los funcionarios policiales, lo que descarta el planteo y, por otro lado, deja sin fundamento lógico la presunta acción de las 15 horas por parte de Pontaut (fs. 481vta.).
El descargo de Suárez, llevado a cabo en el debate, fue correcta y razonablemente descartado, en tanto la prueba valorada (los mensajes de texto enviados desde su celular y la declaración de Espie en consonancia con lo declarado por los testigos que de manera directa escucharon la autoincriminación del imputado Pontaut) tornan inverosímiles todas las explicaciones de la imputada.
La invocación de Suárez de haber sufrido los padecimientos de una relación violenta, con gran sumisión hacia su pareja, no se acreditó mediante ninguna de las pruebas rendidas. De los testimonios de las personas allegadas a los imputados no se desprende ninguna mención al respecto como tampoco se formalizó ninguna denuncia por violencia o maltratos.
Corresponde señalar que la estrategia de los impugnantes, de fundar la exclusiva responsabilidad del hecho en uno solo de los imputados, parten de un intento erróneo de interpretar la coautoría como simultánea y sólo factiblemente ejecutable de mano propia.
Por el contrario, desde el veredicto se desprende que el tribunal, con buen criterio, juzgó que los imputados asumieron diversos roles, en el marco de una coautoría funcional.
Las cuestiones planteadas, que pretenden ser revisadas, no constituyen más que otra versión de los hechos.
La coautoría funcional presupone dos aspectos imprescindibles: uno subjetivo, la decisión común al hecho, y otro objetivo, la ejecución de la decisión mediante división del trabajo. Debe reputarse como tal al que, en la etapa ejecutiva, realice un aporte necesario para llevarlo adelante en la forma concretamente planeada, sin el cual el plan se hubiese frustrado (Cfr. TCPBA, Sala VI, Causa nro. 55.674, Martínez, Zacarías Daniel s/Recurso de casación, sentencia del 30 de mayo de 2013). A juicio del suscripto, los elementos de prueba reunidos, sobradamente, permiten tener por reunidos los recaudos.
La modalidad de la conducta desplegada da cuenta de la existencia de una decisión común previa al hecho, que delimitó el alcance del aporte de cada uno y luego fue puesta en práctica, pues se trató de un ataque coordinado y ejecutado con un claro móvil económico y a fin de apoderarse de dinero de la víctima y su impunidad.
No se puede focalizar el análisis dogmático al mero y estricto aporte típico e individual de cada autor solitario, si lo que media es una obra común, a poco de considerar que los extremos relativos al concierto previo, el plan común, la división de roles y el co-dominio funcional, justifican la punición de cada uno de los coautores por el hecho cometido, visto que el fundamento de la coautoría funcional radica en que todos los que cooperan conjuntamente en el cumplimiento del tipo, repartiéndose el trabajo, responden globalmente por el ilícito, en tanto a cada partícipe se le imputa la contribución al ilícito de los demás prevista en el plan común (Cfr. Roxin, Claus, "La teoría del delito en la discusión actual, Editorial Grijley, 2007, Perú, págs. 414/415; TCPBA, Sala VI, Causa nro. 55.422 "Romero, Romina s/ recurso de casación" y acum. Causa nro. 56.791, "Rodríguez, Gonzalo s/ recurso de casación", sentencia del 14 de junio de 2013, entre muchas otras).
De la prueba valorada se desprende el acuerdo de los imputados y el cumplimiento de roles distintos, en tanto ambos concurrieron a la vivienda de la víctima, donde discutieron con la misma, probablemente por temas de dinero, Pontaut cerró las persianas como para asegurar que no se pueda ver desde afuera, luego Suárez le asestó un puntazo con un cuchillo a la altura del corazón y dos cortes más en el cuello, uno más superficial y otro de gran magnitud, heridas que provocaron un gran sangrado y el casi inmediato óbito. Se comprobó que Pontaut no quería mirar y ante el pedido de auxilio de su tía, éste hizo caso omiso. Luego buscaron una caja fuerte, sin éxito y finalmente salieron del domicilio, cerrando con llave. La sincronicidad de las acciones se desprende claramente de la coordinación y ordenación de los actos desplegados por ambos, pues se observa un accionar coordinado en cumplimiento de un acuerdo previo. Ninguno llevó adelante una acción tendiente a detener el curso lesivo, antes bien, organizaron el despliegue de conductas de modo de obtener el resultado propuesto.
En suma, los testimonios rendidos ante el Tribunal de la audiencia y sujetos al control de las partes, permitieron reconstruir, desde diferentes enfoques, el aporte de cada imputado a la ejecución del hecho. Los integrantes del Tribunal valoraron los elementos de prueba disponibles y arribaron a la conclusión que el hecho fue cometido del modo descripto, sin que las objeciones de la defensa logren conmover la conclusión.
En la motivación utilizada, surge la expresión del proceso de raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que permite observar que no se han infringido los criterios de la lógica, de la experiencia, ni que exista arbitrariedad o absurdo.
La valoración de la prueba reconoce como límite a la arbitrariedad, el desarrollo escrito de las razones que llevaron a la convicción sincera comprende la necesidad de ponderar los distintos medios, dando cuenta de las razones que formaron el ánimo y/o convicción del juez al examinar con sentido crítico el plexo probatorio.
La sentencia examinada, con la salvedad enmendada más arriba, constituye una unidad lógico-jurídica, razonada y autosuficiente. b) El encuadre legal merece algunas correcciones. No encuentro acreditada la agravante por alevosía, en tanto el ensañamiento (art. 80 inc. 2 del CP), el móvil económico (art. 80 inc. 4° del CP) y la agravante criminis causa (art. 80 inc. 7° del CP) se encuentran correctamente aplicadas, de modo que la obliteración que propondré no tiene incidencia práctica en la pena impuesta.
El tribunal fundó la agravante por alevosía en que “María Carmen Pontaut era una anciana absolutamente vulnerable, requería auxilio constante. Por la mañana tenía una mujer que la cuidaba, luego de las dieciséis horas regresaba Johanna, con quien vivía. Quedaba sola muy poco tiempo…”
“Y resulta por demás claro que los responsables de la muerte de Tuta no sólo aprovecharon la situación de vulnerabilidad de la mujer por hallarse postrada, sino la soledad en la que se encontraba por esas horas, la imposibilidad de requerir auxilio, máxime teniendo en cuenta que se trataba de familiares directos de la mujer, de los que resulta impensable un ataque de dicha naturaleza, y cuya presencia en el domicilio, aún advertida por otras personas, no resultaba extraña, sino más bien cotidiana. Todas esas circunstancias la colocaron en un estado de indefensión, certeramente aprovechada por los autores, que les garantizaba actuar sobre seguro” (fs. 470vta./471).
En sentido contrario al decidido por el a quo, considero no comprobados en autos los presupuestos objetivos y subjetivos para la aplicación de la agravante por alevosía. En efecto, si bien las acciones lesivas descriptas evidenciaron una disparidad de fuerzas entre los intervinientes, encontrándose los imputados en situación de superioridad física respecto de la víctima, no se acreditó de manera cierta que dichas acciones fueron desplegadas sin riesgo para los agresores.
Es incorrecto jurídicamente valorar la superioridad física de los imputados y la mejor situación en que pudieron colocarse por desplazarse la víctima en silla de ruedas y encontrarse sola en su domicilio, para fundar la alevosía. Esta agravante requiere obrar a traición, engañando a la víctima sobre sus propósitos e inspirando su confianza, de modo de impedir que ésta pueda defenderse. Es decir, para acreditar la alevosía se requiere que la agresión se esconda, que haya una ocultación material que puede tener lugar a partir de que el propio autor se esconda o que encubra el medio empleado. La inferencia de estos elementos a partir de la prueba valorada, resulta difusa y si bien con algún grado de probabilidad, la certeza sobre su acontecer no puede predicarse a esta altura como para justificar la aplicación de esta agravante. Los imputados mantuvieron una discusión con la víctima, quien si bien usaba una silla de ruedas para desplazarse dentro de su casa, no tenía una imposibilidad física para caminar. Su sobrino nieto, Manuel Pontaut -hijo de los imputados- señaló que la mañana del hecho acompañó a “Tuta'' al banco donde se desplazaba con dificultad y con la ayuda de muletas. Luego de discutir con “Tuta”, Suárez le asestó un puntazo y luego dos cortes en el cuello. Sin embargo, no se acreditó un ocultamiento del medio empleado, ni un actuar a traición mediante la imprevisión de la víctima de las agresiones que luego recibió. Incluso en medio de la discusión, ésta pudo haber advertido la escala de violencia, no pudiendo detenerla debido a la superioridad física, más no debido a la traición de los imputados.
Por tanto, considero que la agravante por alevosía debe excluirse en el caso, lo que así propongo.
Las restantes agravantes aplicadas deben, en mi modo de ver, mantenerse.
El ensañamiento se encuentra acreditado a partir de la declaración de Espie, los mensajes de texto intercambiados con la imputada Suárez y su coincidencia con las lesiones constatadas en la operación de autopsia. El A-Quo al respecto destacó que “Los mensajes resultan contundentes para acreditar el ensañamiento con el que se actuó. En algunos pasajes se menciona que pese a tener clavado el cuchillo en el pecho, solicitaba ayuda que le fue negada, y le manifestaban que sufriera como ella los había hecho sufrir, que era una zorra, que iba a tener que pagar todo lo que le había hecho” (fs. 475vta.). Para graficarlo, incluso el sentenciante transcribió extractos de esos mensajes, subrayando los que decían: “la hice sorete”, “le corté todo, cuello yugular”. Suarez afirmó haberla degollado “mal”, “que hacía ruidos”, “le decían no te moris, seguis viva, hjp, dale, y la seguí, p con paz”. En sintonía fue considerado que si bien no pudo determinarse cuánto tiempo duró la agonía de la víctima, ésta luego de la puñalada en el corazón seguía con vida, implorando ayuda, todo lo cual acredita un sufrimiento extraordinario al recibir una puñalada en su pecho, dejando el cuchillo clavado.
De manera concordante, en el informe de autopsia, el Dr. Cortalezzi describió la misma mecánica de la acción lesiva, corroborando que la tráquea fue seccionada, con imposibilidad para respirar y hablar, coincidentes con las fotos de la escena del delito (fs. 105/109 y 111 del legajo casatorio).
El afán de lograr una ganancia o provecho material (art. 80 inc. 4° CP) se comprobó correctamente mediante la existencia de un testamento ológrafo confeccionado por la víctima, donde legaba al imputado el 50% de una fracción de campo ubicada en el partido de Coronel Suárez, con una superficie de 334 hectáreas y una cochera ubicada en calle Belgrano 232 de Bahía Blanca. Asimismo, en ese instrumento legaba a Johanna Pontaut la casa donde vivía la víctima (Dorrego 1325 de Coronel Pringles) y “el campo de Lartigau sería para que Johanna fuese bien atendida toda su vida” (fs. 189 y 468/469). El conocimiento de la existencia del testamento se acredita, de manera indirecta, mediante la declaración de Sergio Antonio Ventura. Éste declaró ser el encargado del campo “La Florida” propiedad de la víctima, señalando que Andrés y Manuel Pontaut concurrían asiduamente y que el joven le refirió, en el mes de diciembre, que estaban por heredar el campo y que se tendría que ir de allí. Su declaración fue valorada como veraz sin advertir ningún interés en perjudicar a los imputados. Por tanto, el móvil de codicia se encuentra correctamente aplicado. El reclamo de la falta de conocimiento de los imputados sólo se apoya en su simple afirmación de desconocimiento, más no controvierte la prueba de cargo mencionada. La invocación de la defensa de Pontaut en torno a que el hermano de la víctima, Oscar Raúl Pontaut era su único heredero universal no excluye el propósito de lograr un provecho material a partir de la porción del patrimonio prometida en el testamento para el imputado. La parte legada a su hija Johanna, si bien beneficiaba a Pontaut de manera indirecta, ya que éste no heredaba la propiedad de esa porción de los bienes, lo cierto es que en su calidad de progenitor también obtenía un beneficio indirecto de contenido económico.
No se advierte una falta de correlación entre la acusación y la sentencia relativa a este tramo de los hechos, en tanto de los lineamientos de la acusación expresados al inicio del debate (véase fs. 447) se desprende la descripción del “propósito de percibir una futura herencia” de María Carmen Pontaut. La inclusión de la porción de los bienes a favor de Johanna Pontaut se desprende del testamento ológrafo, incorporado por lectura con la anuencia de las partes (véase fs. 448).
Por último, la finalidad de dar muerte a la víctima para procurar la impunidad del robo de sus pertenencias, que se logró consumar en menor medida de lo inicialmente buscado, justifica la conexión subjetiva entre el robo y el homicidio. En ese sentido, el testigo Espie señaló que los imputados buscaban una caja fuerte en la vivienda de la víctima, la que si bien no pudieron hallar, tenían efectivo conocimiento de su existencia. Los funcionarios policiales, luego del hallazgo sin vida de la víctima, encontraron una caja fuerte de importante tamaño que fue abierta con la ayuda de un cerrajero. De su interior secuestraron dinero en efectivo ($88.100) y la constancia de cuatro plazos fijos a nombre de la víctima. Debe agregarse que los funcionarios policiales advirtieron un gran desorden en la vivienda, concluyendo en función de su experiencia, que ese desorden “daba la pauta que los responsables buscaban elementos de valor” (fs. 466), pues habían removido colchones, cajones de muebles, ropa de los placares y que ello no respondía a un simple desorden cotidiano (véase fotografías de fs. 105/106, 109, 117).
Aduno que, como tengo dicho, no significa que la decisión de matar deba ser anticipada, deliberada, resuelta de antemano, ya que la ley sólo exige que el fin concurra al momento del hecho, que funciona como razón específicamente determinante del homicidio. En el caso, se dispone de elementos suficientes para sostener que concurre la conexión ideológica reclamada por el tipo, pues el otro delito -en el caso el robo- claramente fue el motivo que indujo a los autores a actuar, pues las heridas mortales se produjeron para procurar la impunidad del robo de las pocas pertenencias que encontraron, quedando frustrado su propósito de encontrar la caja fuerte, tal como fuera previamente acreditado (fs. 467), verificando que concurren en el caso elementos adicionales al dolo, cuya fundamentación los Defensores no logran conmover.
En definitiva, por todo lo expuesto propongo hacer lugar parcialmente a los recursos de ambos Defensores, casando la sentencia impugnada en el nivel del encuadre legal, debiendo excluir la agravante por alevosía, prevista en el art. 80 inc. 2º del CP, sin incidencia en la pena, por mantenerse las agravantes por ensañamiento, codicia y criminis causa del art. 80 incs. 2º, 4º y 7º del CP.
Excepto en lo indicado, en lo demás, propongo rechazar, por improcedentes, los recursos de casación interpuestos; sin costas y regular los honorarios profesionales del letrado interviniente Dr. Pablo Damián Soteri (Tº XI Fº 1 CABB), por sus trabajos en esta sede, en una suma equivalente al 30% de lo regulado en la instancia de origen (arts. 45 y 80 incs. 4º y 7º del C.P, 106, 209, 210, 371, 373, 454 inc. 1º, 460, 530, 531, cits. y c.c., CPP, 16 y 31 de la ley 14.967). ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega, por los mismos fundamentos. ASÍ LO VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Declarar admisibles las impugnaciones deducidas por los Defensores de los imputados Marcela Alejandra Suárez y Andrés Oscar Pontaut.
II. Rechazar, por improcedentes, los recursos de casación interpuestos por la Defensa Particular en favor de Andrés Oscar Pontaut y por la Defensa Oficial en favor de Marcela Alejandra Suárez, sin costas y confirmar la pena de prisión perpetua impuesta para ambos, por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca (causa n° 284, orden interno 3080), con excepción de la calificación penal escogida de homicidio agravado por alevosía (art. 80 inc. 2º del Código Penal), la que se revoca; aunque se mantiene la de homicidio calificado por ensañamiento, codicia y criminis causa (arts. 80 incisos 2, 4 y 7 del Código Penal).
III. Regular los honorarios profesionales del letrado interviniente Dr. Pablo Damián Soteri (Tº XI Fº 1 CABB), por sus trabajos en esta sede, en una suma equivalente al 30% de lo regulado en la instancia de origen.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP;
45 y 80 incs. 4º y 7º del C.P; 106, 209, 210, 371, 373, 454 inc. 1º, 460, 530, 531, cits. y c.c., CPP, 16 y 31 de la ley 14.967.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N° 930
Fin de la sentencia