Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 108589032-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI) declarar inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (art. 68, primera parte, del CPCCN); y, ii) corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $3.525 (tasa —$2.350, más multa —$1.175—), debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
22877/2024 “POP COMPANY SA (TF 108589032-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, septiembre de 2025.
VISTOS y CONSIDERANDO:
1. Que esta Sala —en lo que aquí interesa— hizo lugar al recurso de la parte actora, revocó la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 04/12/18 –momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido–, y admitió la devolución de la suma abonada por tal concepto con relación a varias destinaciones de exportación. Disconforme, el Fisco Nacional interpuso recurso extraordinario federal, que fue replicado por su contraria.
2. Que, la Corte federal ha precisado que las cuestiones federales se tornan insustanciales cuando una clara jurisprudencia, indudablemente aplicable a ellas, impide toda controversia seria respecto de su solución y la recurrente no aduce razones que pongan en tela de juicio la aplicabilidad del precedente o importen nuevos argumentos que puedan llevar a una modificación de lo establecido en aquél (Fallos: 304:133; 308:1260; 316:2747, entre muchas otras) y esta es la situación que se presenta en autos, porque la sentencia de esta Sala se ajusta al criterio de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388), CAF 20415/2021 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, sent. del 12/9/23 y CAF 9039/2023 “Minera Santa Cruz SA”, sent. del 24/10/23, entre otros.
Ello determina que resultan insustanciales los planteos que el apelante introduce en su recurso extraordinario.
3. Que, con relación a la arbitrariedad invocada para acceder a la instancia de excepción, la Corte ha señalado que si bien a ella le corresponde decidir si existe o no el mencionado supuesto, ello no releva a los órganos judiciales de resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional, como lo es el de la arbitrariedad (Fallos: 323:1247; 325:2319; 329:5579; entre muchos otros).
Con tal comprensión, conviene recordar que esa doctrina no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, sino que procura cubrir casos de carácter excepcional, en los que groseras deficiencias lógicas del razonamiento, o una total ausencia de fundamento normativo, no permitan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios, como una "sentencia fundada en ley", con directa lesión a la garantía del debido proceso (Fallos: 324:4321; 1 325:3265, entre otros) y, por ello, sólo resulta aplicable respecto de decisiones en las que se hubiera prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia suscitada de conformidad con las normas aplicables y las circunstancias comprobadas en la causa (Fallos: 324:3618; 325:329; 327:5082; 333:203; entre otros).
La concreta aplicación de tales pautas al sub lite determina la inadmisibilidad del recurso en este sentido, porque el apelante se limitó a manifestar su desacuerdo con los argumentos vertidos en la sentencia dictada, sin demostrar de manera fehaciente que ella no constituya una derivación razonada del derecho aplicable y que, por tanto, carezca de los presupuestos mínimos para ser considerada un acto judicial válido.
4. Que, por su parte, cabe señalar que la parte no demuestra –con el rigor que se requiere en estos casos– la configuración de un supuesto de gravedad institucional, en tanto no logra acreditar que la decisión excede el interés individual de las partes intervinientes y afecta de manera directa el de la comunidad, tal como exige el Alto Tribunal (Fallos: 307:1994; 323:3075; 327:1603; 328:900); lo que también determina la desestimación del recurso intentado en este aspecto.
5. Que, finalmente, conforme al artículo 2° de la acordada CSJN 66/90, cuando el Estado Nacional debe integrar la tasa judicial antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: i) declarar inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (art. 68, primera parte, del CPCCN); y, ii) corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $3.525 (tasa —$2.350, más multa —$1.175—), debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia