Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 108589032-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
22877/2025 “POP COMPANY SA (TF 108589032-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, agosto de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 108589032-A (v. DEOX del 12/2/25) “a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 01/03/2024 y 05/04/2024 (v. RE-2024-22113085-APN-DTD#JGM e IF-2024-34378528- APNDTD#JGM), concedidos el 11/03/2024 y 10/04/2024 (v. PV-2024-25702776-APN- VOCXIII#TFN y PV2024-36032530-APN-VOCXIII#TFN) contra la sentencia dictada el 28/02/2024… (v. IF-2024-21155721-APN-VOCXIII#TFN)” (v. pág. 491 del expte. electrónico, donde también consta que las partes expresaron agravios dentro del plazo legal, y que solo la parte actora contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la (AD VICO) 36/2022, dictada en la actuación SIGEA Nro. 19144-7278-2019, en cuanto había denegado la devolución de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación a los permisos de embarques 18069EC01002465U, 18069EC01002466V, 18069EC01002468A, 18069EC01002537U, 18069EC01002538V, 18069EC01002539W, 18069EC01002600L y 18069EC01002601M, oficializados entre el 6/9/18 y el 19/9/18 Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
La mayoría distribuyó las costas por su orden atento a que la actora contaba con sobrados fundamentos para realizar su planteo de devolución.
2. Que, en sus agravios, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Además, planteó que la doctrina legal del plenario del Tribunal Fiscal de la Nación vaciaba de contenido al artículo 1164 del Código Aduanero, ya que, en una recta interpretación, esa norma le hubiese permitido revisar la constitucionalidad del decreto 793/18, por tratarse de una disposición sustancialmente análoga a la que había sido objeto de pronunciamiento por el Máximo Tribunal.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 30/4/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851- A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
Se deja constancia que, en sentido concordante, se pronunció la Sala III de la Cámara en las causas 377/21 “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, sentencia del 18/10/22, y 14663/24 “Lixis SAU (TF 85354116-A) c/ DGA”, sentencia del 20/2/25, entre muchas otras.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada y declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 (el 13/12/18, cfr. esta Sala causa 16465/24 “Syngenta Agro SA”, sent. del 14/11/24, consid. 5° y sus citas), que otorgó rango legal a su contenido.
Por consiguiente, se hace lugar a la devolución del importe abonado por tal concepto con relación a las destinaciones de exportación involucradas en esta actuación (todas las cuales fueron registradas con antelación al 13/12/18, v. pp. 190-336, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
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6. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde admitir la defensa del Fisco (v. pág. 123, expte. cit.) y estar a lo resuelto por el Máximo Tribunal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14. Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º).
Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, deberán devolverse los importes efectivamente abonados en pesos que surgen de las actuaciones administrativas (cfr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente conforme a lo dispuesto en la Resolución JS Nº 8/25.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y vuelvan los autos a despacho para proseguir con el trámite de cobro de la tasa de justicia con relación a la parte demandada (v. prov. del 13/2/25, pto. V, segundo párrafo).
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI SERGIO G. FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia