Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 2000 19013 21
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la sentencia por la cual se condenara a David Germán Seoane a la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra atenuada, revocar el punto III del fallo apelado y reenviar los autos a la instancia para que, un nuevo juez, hábil al efecto, proceda a resolver lo que entienda adecuado a derecho -sin obviar la pena de inhabilitación decidida- bajo las premisas aquí trazadas (arts. 5, 26, 27 bis, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45, 189 bis inc. 2do. párrafo cuarto y quinto del Cód. Penal y 210, 373, 375, 376, 399 y 530, CPP).
CN °: 2000-19013-21.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 2000-19013-21 seguida a David Germán Seoane , por portación ilegal de arma de guerra atenuada ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Rojas- Little.
David Germán Seoane fue condenado por el señor Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°3 del departamento judicial Avellaneda- Lanús a la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ser tenedor de arma de fuego por el término de cuatro años y ocho meses, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra atenuada (arts. 5, 26, 27 bis, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45, 189 bis inc. 2do. párrafo cuarto y quinto del Cód. Penal).
Apelado dicho fallo por el señor defensor particular, doctor Pablo Javier Santoro, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera el señor Juez doctor Rojas dijo:
La defensa de Diego Germán Seoane apela la condena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ser tenedor de armas de fuego por el término de cuatro años y ocho meses, más las costas del proceso, impuesta por haber sido considerado autor del delito de portación ilegal de arma de guerra atenuada (art. 189 bis inc. 2do., párrafos cuarto y quinto del C.P.).
En primer término, cuestiona la prueba tenida en cuenta para determinar la responsabilidad de su defendido.
Entiende que el delito no se vería configurado dado el modo en que se desarrollaran los hechos. En ese sentido señala que Seoane se dirigía a practicar tiro con el arma de su propiedad cuando fue convocado por un cliente para reparar el sistema de las cámaras de seguridad que había colocado unos días antes, sustraídas posteriormente -según dijera- mediante un boquete.
Aduce como algo medular, que su defendido circulaba por la calle junto a Ricardo Nievas, siendo éste quien solicitara su presencia en el lugar, en virtud de lo cual, afirma, que Nievas no era una persona desconocida en la zona como así lo indicara el personal policial.
Expresa que en ese marco y tratándose de una zona "peligrosa", es que Seoane dejó la camioneta a unos 150 metros del predio al que se dirigía, y ante el riesgo de que le robaran el automotor, el arma y/o las municiones que tenía dentro del vehículo, decidió bajarlos colocándose el arma en la cintura y las municiones en el bolsillo del pantalón.
Destaca que Seoane, al momento de prestar declaración, manifestó que "yo les digo que tengo un arma en la cintura, pongo el arma en el cordón, saco el cargador de mi bolsillo y lo pongo al lado y también le di las credenciales que tenía en mi billetera", relato que -dice- ratificara el testigo Nievas.
Denuncia que el sentenciante valoró la credibilidad de las declaraciones de los policías Jesús Eleonari y Damian Alejandro Catolino -quienes manifestaron que el arma se encontraba cargada- y no sigue el mismo principio con las declaraciones del imputado y del testigo Ricardo Antonio Nievas, "contestes en que el arma se encontraba en la cintura y el cargador en el bolsillo", cuestionando tal ponderación.
Refiere que en el mismo sentido debió haberse sopesado las contradicciones de las declaraciones de los policías, por cuanto mientras Ricardo Jesús Eleonari declarara recordar "que no llegaron a palparlos..., cuando el sujeto que tenía el bulto dijo que estaba armado y tomó lo que tenía en la cintura y lo arrojó al piso", Damián Alejandro Catolino expuso que "..fue así que el dicente lo palpó .. y el bulto que tenía en la espalda era efectivamente una pistola. Recuerda que se la retiró".
Concluye así que "al no tener el cargador incorporado no se encontraba en condiciones de uso inmediato motivo por el cual no existía perjuicio a la seguridad pública".
Pues bien, he de anticipar en cuanto a lo hasta aquí reseñado, que la discusión que propone el apelante resulta a todas luces inocua, por cuanto aun bajo el supuesto que reclama atender, no caben dudas que la conducta del nocente se adecua perfectamente y sin mayores rigorismos al tipo penal receptado por el juzgador.
El encontrarse en la vía pública, transportando en su cintura un arma de fuego apta para producir disparos, y en uno de sus bolsillos, su cargador, delinea una plataforma de cargo que permite afirmar que el aquí imputado podía disponer del arma en forma inmediata, pues sólo debía efectuar un mínimo y sucesivo movimiento corporal para dejar la pistola en condiciones de ser accionada -tomar el cargador con una de sus manos y colocarlo en el interior del arma- sin mayores esfuerzos ni otros aditamentos más que los señalados.
En relación a ello, el Tribunal de Casación Penal Provincial tiene dicho que "la portación conlleva dos elementos característicos: en primer término, en cuanto hace a las condiciones de uso inmediato, lo que implica que el arma debe estar cargada o ' que pueda ser cargada inmediatamente y preparada para ser utilizada ' -el destacado me pertenece-. En segundo término, debe tratarse de lugar público o de acceso público" (conf. Fernández de Cuevas, V. "Régimen Penal de las Armas", incluido en "Reformas Penales Actualizadas", dirigido por Edgardo Donna, pág. 363) -cit. en causa 69.720 del 04/02/2016-
Ambos recaudos se advierten satisfechos en autos, sin que las contradicciones que la defensa dice advertir revistan el carácter dirimente que pretende otorgárseles si se los analiza en función de la adecuación típica cuestionada, pues en lo medular ninguno de ellos condiciona el razonamiento expuesto para tener por abastecida la configuración del delito reprochado.
Por otra parte, el agravio traído en segundo orden en nada obtura al cargo ni se instaura como un argumento atendible para modificar aquella apreciación, pues la pericia realizada lo ha sido a los efectos de determinar la aptitud ofensiva del arma incautada como recaudo del tipo penal en miras al bien jurídico tutelado -seguridad pública-, y no así, las circunstancias concretas en que el arma fuera incautada u otras cuestiones de hecho susceptibles de ser acreditadas por otros medios probatorios (art. 210 del C.P.P).
No obstante, distinto será el temperamento que he de proponer se adopte con relación al decomiso y puesta a disposición del Poder Ejecutivo del arma y proyectiles incautados, dispuesto en el punto III de la sentencia interpelada
En primer término, sin entrar a discernir la naturaleza jurídica del instituto, vale reseñar que el art. 23 del fondal habilita el decomiso de "las cosas que se han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de delito", y en tal prerrogativa, expresa que así podrá procederse "salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros".
Conforme a ello, cabe atender que al disponerse el decomiso no puede quedar fuera del razonamiento de quien lo dispone, su relevancia e impacto, sobre el derecho a la propiedad (art. 17 de la C.N. y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos), pues el delito en sí ya ha recibido el reproche sancionatorio específico -prisión e inhabilitación-, lo que hace que en ese sentido, deba observarse mayor diligencia en el modo con el que ha de garantizarse el cumplimiento de los principios de contradicción (artículos 18 de la Constitución Nacional y 8.2.c. de la Convención Americana de Derechos Humanos) y fundamentación de las decisiones judiciales (art. 171 de la C. Prov. Y 106 del C.P.P).
En esa línea de entendimiento, se ha sostenido que toda "decisión que afecte los derechos de los imputados, como es el caso de un decomiso, debe estar mínima y suficientemente fundada [...]. La exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y trae, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir" (Cámara Federal Casación Penal, Sala IV, Causa 1322/2010, del 23/12/2021).
Bajo tales premisas, advierto que en este punto el decisorio carece de una completa fundamentación en relación al decomiso dispuesto en los términos del art. 23 C.P., pues su determinación puede apreciarse únicamente de la parte resolutiva del fallo, sin consideración alguna en el pronunciamiento a dictar, lo que redime toda posibilidad de contralor y discusión por parte del titular de los derechos a afectar.
De esa forma, sin desconocer las bases sentadas por el cimero tribunal nacional (in re "Riquelme, Jean Manuel Marie y otros s/ infracción ley 23.737", del 10/03/2020), entiendo que para validar o no lo resuelto, deben conocerse mínimamente los motivos por los que el juzgador dispone oficiosamente el decomiso y descarta las excepciones previstas en el mismo artículo 23 del C.P.
En función de tales argumentos, he de proponer al acuerdo se homologue parcialmente lo resuelto en la medida de los agravios y se revoque el punto III del fallo apelado, ordenando en consecuencia se reenvíen los autos a la instancia para que, un nuevo juez, hábil al efecto, proceda a resolver lo que entienda adecuado a derecho -sin obviar la pena de inhabilitación decidida- bajo las premisas aquí trazadas (arts. 5, 26, 27 bis, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45, 189 bis inc. 2do. párrafo cuarto y quinto del Cód. Penal y 210, 373, 375, 376, 399 y 530, CPP).
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. A la cuestión segunda, el señor Juez doctor Rojas dijo:
Corresponde, dada la forma en como el Tribunal ha resuelto la cuestión primera, confirmar parcialmente la sentencia por la cual se condenara a David Germán Seoane a la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra atenuada, revocar el punto III del fallo apelado y reenviar los autos a la instancia para que, un nuevo juez, hábil al efecto, proceda a resolver lo que entienda adecuado a derecho -sin obviar la pena de inhabilitación decidida- bajo las premisas aquí trazadas (arts. 5, 26, 27 bis, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45, 189 bis inc. 2do. párrafo cuarto y quinto del Cód. Penal y 210, 373, 375, 376, 399 y 530, CPP).
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora,... fecha firma digital.-
Por la votación brindada a las cuestiones anteriores, este Tribunal RESUELVE: confirmar parcialmente la sentencia por la cual se condenara a David Germán Seoane a la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra atenuada, revocar el punto III del fallo apelado y reenviar los autos a la instancia para que, un nuevo juez, hábil al efecto, proceda a resolver lo que entienda adecuado a derecho -sin obviar la pena de inhabilitación decidida- bajo las premisas aquí trazadas (arts. 5, 26, 27 bis, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45, 189 bis inc. 2do. párrafo cuarto y quinto del Cód. Penal y 210, 373, 375, 376, 399 y 530, CPP).
Regístrese. Notifíquese al señor fiscal general y al señor defensor particular. Fecho, remítase al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia