Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 15975
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts.421, 434 y 439 del CPP).
II. Confirmar el decisorio de fs. 130/131, en cuanto fue materia de agravio por los fundamentos precedentemente expuestos (arts.117, 118, 119, 201, 202 y ccdtes "a contrario sensu" del CPP).
REGISTRADO BAJO N°744/18
CN°: 0703-15975-17.-
///mas de Zamora, 18 de junio de 2018.-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 141/145 por la Defensa particular de Cristian Regueiro a cargo de la doctora Nora Noemí Uría, contra el decisorio de fs. 130/131, de la presente causa n° 03-15975-17 de trámite por ante el Juzgado de Garantías n°2 descentralizado en la localidad de Esteban Echeverría, y,
La defensa cuestiona la decisión del a quo que rechaza el planteo de nulidad del acta inicial, lo que a su vez conllevó la denegatoria del cese de la medida de coerción intentado.
Lo medular del planteo atiende a la validez de la referida pieza, pues no encuentra acreditado el estado de sospecha que habilitó a los efectivos policiales a interceptar el vehículo y su posterior requisa. Por otra senda, esgrime la falta de participación de testigos de actuación, entendiendo que ello no puede verse justificado, en razón de la gran circulación de tránsito que registra el lugar. Expresó que el resultado del procedimiento obedece a la negativa de su asistido a entregar la suma de dinero requerida por el personal policial interviniente a los efectos de dejar que siguiera su camino. (art. 434 del CPP).
Entrando en tema señalaremos que el acta cuestionada, da cuenta que el personal policial comisionado para recorrer el radio de la jurisdicción en la específica función de prevenir el delito, en el barrio 9 de abril del partido de Esteban Echeverría, siendo las 2:30 hs., detiene la marcha del móvil identificable, en la arteria José María Paz casi esquina Lago García, para luego observar el desplazamiento de un vehículo marca Fiat Palio, procediendo por intermedio de señas, a requerir a su conductor que detenga su marcha. Acto seguido se aproximan a su ventanilla solicitar la documentación del rodado, identificando al mismo como Cristian Eduardo Regueiro, destacándose que en el vehículo viajaban dos personas del sexo masculino y una del sexo opuesto (fs. 1/vta).
La prueba testimonial, mucho aporta a los efectos de establecer aquello que pudo haber motivado el accionar policial, pues los ocupantes del vehículo que acompañaban a Regueiro expresaron que éste no poseía la totalidad de la documentación requerida, cuestión que llega incontrovertida según los dichos del propio imputado quien agregó que detuvo la marcha de su vehículo al advertir "...casi en la oscuridad un móvil policial haciendo un operativo..." - (fs. 27/29, 47/48, 49/50 y 51/52).
Conforme a ello, puede inferirse que la interceptación habría tenido lugar dentro de un operativo de control, conforme lo normado por el artículo 294 inciso 5º del CPP.
En la reconocida nota de Luis Garcia al fallo de la Corte Suprema “Tumbeiro”, se ha expresado que constituye un exceso contrario a la buena fe del lenguaje decir que una persona interceptada en la vía pública para que acredite su identidad ha sido "arrestada" o privada de su “libertad física” porque ninguna persona lo interpretaría así en tales condiciones dado que serán las circunstancias que rodean a la indagación misma, en particular, los medios y el modo elegido por los agentes estatales para llevarla a cabo, los que permitirán resolver sobre su calificación como "privación de libertad” (García, Luis Mario; “Dime quien eres, pues quiero saber en qué andas”, L.L., Supl. Penal, diciembre 2002, ps. 1 y ss.).
En definitiva, se refiere a la interceptación fugaz y mínimamente necesaria para su cumplimiento que no aparezca como caprichoso, arbitrario o discriminatorio (p. ej., por bronca personal, reiteradamente, etc.)
Y dicho esto, no se observa ninguna irregularidad en el procedimiento, pues, los preventores procedieron conforme lo establecido en el arts. 294 inc. 5, CPP y 20 Ley 13482, o sea, dentro del marco de una actuación prudente y razonable en el ejercicio de sus determinadas funciones.
Luego de la intervención inicial, el factor dirimente, para que los intervinientes procedan a su registro puede verse abastecido -en principio- en la falta de documentación que presentó su conductor. Y para un mayor grado de discusión, respecto la concurrencia de "sospecha suficiente" resulta un extremo de hecho y prueba, que regularmente encuentra su ámbito en la etapa de debate del proceso penal (en igual sentido CNCP Sala II, "in re": "Paredes, Diego Fernando s/rec. de casación", causa Nº 3206, reg. Nº 4394 resol. de 28-8-01, y "Tagliante, Walter Mario s/rec. de casación", causa Nº 3619, reg. Nº 4778, resol. de 8-3-02).
No soslayamos que los testigos Castillo y Sachelaridi, dicen haber escuchado que el personal policial requirió a Regueiro la suma de $ 3000, y sin perjuicio de lo que pueda establecerse con el devenir investigativo -al menos por el momento- no controvierten el secuestro en sí mismo (fs. 49/50 y 51/52)
El segundo motivo de agravio, compartirá la misma plataforma de análisis, al no vislumbrar, que la circunstancia por la que se la objeta (ausencia de un testigo que ratifique lo actuado) lesione por sí alguna garantía constitucional, ni que ello menoscabe de algún modo el derecho de defensa. Este criterio lo ha fijado la Casación al decir que la falta de intervención del testigo constituye un vicio que en principio no puede conducir a la nulidad de los actos documentados pues esto último no depende del cumplimiento de formas instrumentales sino, respeto de las normas que regulan la actuación prevencional -art.294 CPP- lo que fue previamente abordado (ver TCP, ex Sala I, c. 19.315).
Frente a todo lo expuesto, y al no advertir transgresión alguna a garantías de orden constitucional, es que corresponderá confirmar el decisorio de fs. 39/42 (arts. 18, Const.nac.; 201 y sigs. a contrario sensu, CPP).
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental;
I-No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts.421, 434 y 439 del CPP).
II-Confirmar el decisorio de fs. 130/131, en cuanto fue materia de agravio por los fundamentos precedentemente expuestos (arts.117, 118, 119, 201, 202 y ccdtes "a contrario sensu" del CPP).
Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General, fecho devuélvase al Juzgado de origen, sede donde se practicarán las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia