Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa 0705-30280-25
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la apelación deducida por el Sr. Defensor y en consecuencia confirmar íntegramente la decisión que dispuso convertir en prisión preventiva la detención de Sebastian Edgardo Pericolo, por los motivos expuestos en los considerando
Artículos 21, 148, 157, 171, 209, 210, 442, 447 y concordantes. del Código de Procedimiento Penal.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Particular, contra la resolución de fecha 21 de octubre del corriente año por medio del cual se convirtiera en prisión preventiva la detención de su asistido Sebastian Eduardo Pericolo en la presente causa 0705-30280-25 de trámite ante el Juzgado de Garantías N°8 Departamental, y;
La Sra. Jueza de Garantías resolvió convertir en prisión preventiva la detención que sufre Sebastian Eduardo Pericolo en orden a los delitos de portación ilegal de arma de guerra, disparo de arma de fuego -tres víctimas- y lesiones graves, concursando ello realmente entre sí, en los términos de los arts. 45, 54, 55, 90, 104 primero y segundo párrafo, 189 bis apartado 2, párrafo cuarto del Código Penal.
Contra dicho decisorio se agravia su defensa técnica.
El Sr. Defensor Particular cuestionó en lo sustancial, la valoración de los elementos probatorios efectuada por la Jueza de la instancia. Sostuvo que no existen elementos suficientes para tener por acreditada, la intervención penalmente responsable de su asistido. En particular cuestionó la atribución de una coautoría funcional, al cuestionar que no se individualizó cual habría sido su aporte concreto al hecho ni se acreditó la existencia de un acuerdo común con su hermano. Asimismo objetó la valoración de su descargo y entendió que no se habían ponderado adecuadamente las circunstancias invocadas por la defensa.
Por otra parte, cuestionó la existencia de peligros procesales que justifiquen el mantenimiento de la medida cautelar. Finalmente, hizo referencia a las circunstancias personales y de salud de Sebastian, solicitando que sean tenidas en cuenta al evaluar su situación de encierro.
Solicitó en definitiva la Defensa se revoque la resolución recurrida y se disponga la inmediata libertad de Sebastian Eduardo Pericolo.
Subsidiariamente, solicitó se ordene la morigeración de la medida cautelar mediante arresto domiciliario, monitoreo electrónico o cualquier medida menos gravosa.
Los agravios de la Defensa no serán receptados.
A juicio de este Tribunal y a partir de una pormenorizada lectura de lo hasta aquí actuado, el decisorio recurrido reúne las condiciones de suficiencia necesarias para su dictado en los términos del art. 157 inc. 1° y 3° del Código de Procedimiento Penal, con la probabilidad exigida la instancia.
Para así decidir la Jueza de Garantías valoró el acta de procedimientos, las testimoniales del personal policial interviniente y la directa imputación dirigida por una de las victimas, Daniel Oscar Gomez conteste con lo declarado por otra de las victimas, Tomas Bierwerth.
Ponderó también la declaración de Enzo Silva que para los suscriptos adquiere particular relevancia, pues ubicó a Sebastian y a Matias Pericolo en el altercado inicial, refirió que ambos se retiraron del lugar y regresaron juntos, entre diez y quince minutos después, en un automóvil. También señaló que, luego de escuchar la detonaciones y advertir que había personas heridas, los vio retirarse nuevamente juntos en el vehículo en el que llegaron.
Esta secuencia, reiteramos, apreciada junto con los testimonios de las victimas y las restantes constancias ponderadas por la Jueza, permiten sostener, con el alcance propio de esta etapa que la intervención de Sebastian no habría consistido en un aporte aislado o secundario descartándose con ello el agravio de la defensa al respecto.
En el caso, el comportamiento atribuido a Sebastian y Matias Pericolo - sumado a que se retiraron juntos del lugar luego del primer altercado al anunció de regresar con un arma, regresando a los pocos minutos en un mismo vehículo, el conocimiento y la posibilidad de ambos de los hermanos respecto del arma de fuego utilizada, el hallazgo de vainas servidas y la posterior retirada conjunta luego de las detonaciones - permite inferir, en esta inicial etapa, una actuación compartida, coordinada y una decisión común de llevar adelante la acción. No se advierte, entonces, una intervención meramente circunstancial o accesoria, sino una participación que, valorada dentro de la secuencia completa narrada por los testigos, habría integrado la ejecución del hecho.
Las constancias probatorias reunidas abastecen entonces los requisitos de procedencia de la prisión preventiva al acreditar la materialidad ilícita atribuida y la probable autoría penalmente responsable del imputado en el suceso.
Ya en lo referido al sustrato de la cautela, dable es recordar que la regla durante la sustanciación de todo proceso criminal es la libertad del imputado hasta tanto una sentencia de condena firme destruya el Estado de inocencia del cual goza, sin perjuicio de lo cual, tal derecho a la libertad, constitucionalmente puede limitarse al darse las circunstancias de excepción que hacen al cumplimiento y efectiva aplicación de la ley penal sustantiva con un norte afianzador de la idea de justicia (conf. Preámbulo C.N.).
Continuando con los enunciados teóricos que fundamentan el dictado de una medida de coerción, si bien nuestra Carta Magna en su programa constitucional exige sentencia condenatoria firme para restringir la libertad personal a título de pena, no menos es que ningún derecho es de carácter absoluto, sino de naturaleza relativa y por ello, sujeto a limitaciones interpretativas y de aplicación. Limitaciones estas establecidas por el Código de Rito, a los fines de garantizar los fines del proceso.
En efecto, la privación de libertad anterior a la sentencia resulta constitucionalmente admisible cuando se verifique la existencia de peligros procesales ciertos (cfr. art. 14, 18, 31 y 75.22 de la Constitución Nacional; 7mo., aps. 1º y 2º y 8.2 CADH, 9 ap. 1º y 3º PIDCyP, 3º y 11 ap.1° DUDH, I, XXV y XXVI DADyDH, 10, 11, 21 Const. Provincial, 144, 146, 148 y 171 del Código de Procedimiento Penal).
Que en el presente caso, la pena en expectativa que impide que la eventual condena a imponerse resulte de ejecución condicional (artículo 26 del Código Penal) y las especiales características del evento investigado, mas los precedentes de condena que registra el incusado siendo el último de ellos el impuesto el día 29 de noviembre del año 2024 por el Juzgado en lo Correccional N° 4 Departamental en el marco de la causa n° 07-05-06768-24 donde se lo condeno a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas agravadas por el empleo de arma en contexto de violencia familiar y de género, abastecen las exigencias legales para el dictado de la medida en crisis, imponiéndose su confirmación (art. 148 del ritual).
No se desconocen los agravios que trae la parte recurrente en punto a la excepcionalidad, idoneidad y necesidad que toda cautela debe de tener, más como se dijera, se estima fundada la decisión dictada en los términos del artículo 157 inciso 4° del C.P.P. que de momento no resulta desproporcionada.
Sin perjuicio de ello, estimamos que en el caso particular que nos convoca, atento a las circunstancias particulares de salud que presenta en incusado corresponde ordenar la formación de un incidente de morigeración, marco en el cual, peritajes mediante se evaluará la posibilidad de que el riesgo que deviene en autos pueda atemperarse con una medida menos gravosa para el mismo.
POR ELLO :
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental;
No hacer lugar a la apelación deducida por el Sr. Defensor y en consecuencia confirmar íntegramente la decisión que dispuso convertir en prisión preventiva la detención de Sebastian Edgardo Pericolo, por los motivos expuestos en los considerando
Artículos 21, 148, 157, 171, 209, 210, 442, 447 y concordantes. del Código de Procedimiento Penal.
Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámaras, a la Defensa y radiquese ante el Juzgado de origen donde deberán cumplir con las notificaciones restantes.
Firmas
Funcionario firmante: BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario firmante: GONZALEZ Mariana - AUXILIAR LETRADA DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1832-2026
Fin de la sentencia