Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 0705-25449-26
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar parcialmente el auto dictado el 3/11/2025 en cuanto dispuso la prisión preventiva de Franco Alexis Ariel Pérez y Lucas Sebastián Antonio en orden al delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real únicamente respecto de Antonio con portación ilegal de arma de guerra (arts. 3, 148, 157, 158, 168 bis, 171, 201, 203 en sentido contrario, 210, 434, 435, 439 y ccdtes. del C.P.P; 26, 45, 47, 55, 77 y 189 bis inc. 2do. párrafo 4to. del CP; 5 inciso "c" de la ley 23.737) .
II. No habiéndose presentado en este Tribunal el Dr. Sergio Adrián Gattel, déjase sin efecto la audiencia designada para el día de la fecha.
MC C.N 0705-25449-26
Para resolver los recursos de apelación deducidos por las Defensas, contra la resolución dictada el 3/11/2026 de la presente causa nº 07-05-25449-26, que tramita ante el Juzgado de Garantías nº 5 Departamental;
Que la Defensa Oficial interviniente interpuso recurso de apelación contra el auto de prisión preventiva dictado el 3/11/2026 respecto de Franco Alexis Ariel Pérez , remitiéndose a los dichos de su ahijado procesal en oportunidad de brindar declaración en los términos del art. 317 y ccdtes. del CPP. Asimismo planteó el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo.
A su turno, la Defensa Particular que actúa en representación de Lucas Sebastián Antonio también impugnó la medida respecto del nombrado. Alegó primeramente la nulidad del decisorio al no haberse celebrado la audiencia prevista en el art. 168 bis del CPP con antelación al resolutorio, a pesar del pedido expreso de esa parte, vedando a su criterio la posibilidad de controvertir la cautela.
Agregó que no había peligros procesales y que no se analizó la posibilidad de concesión de una medida alternativa, apuntando que la pareja del detenido cursa un embarazo.
Desde el aspecto probatorio, se remitió a la versión de su ahijado procesal, negando al momento de su aprehensión, la portación de una mochila, arma y sustancia bajo su órbita, adunando que no residía ni guardaba vinculación con el domicilio en el que fue aprehendido. Por último, mencionó que no había elementos para acreditar la intención comercial, como hallazgo de balanzas, sustancias de corte, compras previas, denuncias anteriores, ni demás tareas.
Como primero, hemos de destacar que como pauta directriz en el análisis de las nulidades, que artículo 3° del C.P.P. dispone que las disposiciones legales que establecen sanciones procesales deben ser interpretadas restrictivamente, por lo que concluímos que debe evitarse su declaración por omisiones meramente formales, pues los jueces tienen el deber de resguardar dentro del marco constitucional la razón de justicia.
Asimismo debe recordarse que se exige que se acredite con la certeza necesaria la existencia del vicio y del perjuicio en el caso concreto (arts. 3 y 201 del C.P.P.).
Avocado el Tribunal al estudio de la cuestión traída, se advierte que el 23/10/2026 el letrado particular requirió la designación de la audiencia prevista en el art. 168 bis del CPP en el marco de una solicitud de una medida morigeradora, ofreciendo diversas pruebas y medidas de mejor proveer.
El 26 del mismo mes y año, la instancia de grado solicitó a la Asesoría Pericial Deptal. informes psicológico, psiquiátrico y ambiental, consignando "...Cumplidas las medidas ordenadas y previo a resolver, fíjese audiencia en los términos del Art. 168 bis del ritual".
Sentado ello, surge que con fecha 28/10/2026 el señor Agente Fiscal presentó en el Juzgado de Garantías la solicitud de conversión en prisión preventiva de la detención de los imputados, por lo que en virtud de lo dispuesto por el art. 158 del C.P.P., el plazo para que el señor Juez de Garantías resolviera la situación procesal del imputado vencía el día 3/11/2026, siendo que la incidencia precitada aún se encontraba en pleno tramite y con medidas pendientes de producción.
Y toda vez que las circunstancias apuntadas en el pedido de audiencia del art. 168 bis del CPP guardan relación con la solicitud de concesión de una medida alternativa, la falta de designación de la diligencia con antelación al dictado de prisión preventiva no torna nulo el resolutorio de prisión preventiva posterior, principalmente porque el pedido fue proveído y diferido a la realización de diversos informes que requieren intervención de distintos profesionales, circunstancia que no fue motivo oportuno de agravio ante la instancia de la parte quejosa.
Debemos analizar entonces si en el caso ello causó un gravamen de imposible reparación, a la vez si la omisión implica la necesidad de declarar la sanción legal impulsada. Se advierte entonces que el pedido defensista no planteó cuestiones probatorias, a la vez que el causante tuvo oportunidad de ejercer su defensa material al decidir declarar en los términos del art. 308 del Ritual. Lejos de entender esta Alzada satisfecho por completo los derechos que le asiste el contenido del art. 168 bis del CPP, lo cierto es que a través del acto citado sí pudo expresarse en torno al hecho enrostrado.
En virtud de lo expuesto y toda vez que el agravio gira en definitiva, en torno a la posibilidad de concesión de una medida alternativa, y que el respectivo incidente se encuentra en trámite, la impugnación de lo decretado con su consecuente declaración de nulidad no podrá tener favorable acogida, pues el instituto en estudio aún no se encontraba en condiciones de ser resuelto y lejos de guardar silencio, el magistrado garante expresamente se expidió en torno a la designación del acto (arts. 157, 158, 201 y 203 en sentido contrario del C.P.P.).
Avocado el Tribunal al análisis probatorio de las cuestiones planteadas, se concluye que el auto que viene recurrido se encuentra ajustado a derecho y debe ser confirmado en relación a la medida cautelar.
En lo concreto se desprende del contenido del acta de procedimiento llevada a cabo, que el personal policial interviniente procedió en la vía pública a dar voz de "alto policía" a los causantes, quienes se encontraban con mochilas en su poder y al advertir la presencia de los preventores, huyeron por aproximadamente 50 metros e ingresaron a una casilla, siendo perseguidos por los agentes del orden, descartándose ambos de los bolsos que llevaban y siendo en definitiva reducidos e identificados como Franco Alexis Ariel Pérez , y Lucas Sebastián Antonio .
Se hizo constar que ambas bolsas contenían varios envoltorios con clorhidrato de cocaína, documentándose ello con presencia de testigo, como también la existencia de un arma de fuego cargada dentro del morral que llevaba Antonio y dentro del que se encontraba en poder de Pérez , dinero de distinta denominación que ascendía a un total de $ 150.500 (pesos ciento cincuenta mil quinientos).
A partir de lo expuesto y más allá de la falta de una labor investigativa previa (también se carece de secuestro de elementos de corte y balanza, como lo menciona la Defensa de Antonio ), teniendo en cuenta que la incautación de la sustancia estupefaciente se llevó a cabo bajo la órbita de los propios imputados, quienes se encontraban en la vía pública y con una mochila en su poder, se acredita la disponibilidad que tenían sobre la misma.
Asimismo la prueba de que la detentaban con fines de comercialización, se conforma a partir de la gran cantidad de droga hallada (667 envoltorios con peso de 103.4 gramos bajo esfera de Pérez y 62 envoltorios con 31 gramos en poder de Antonio ), la cual claramente excede la que cualquier persona pueda llegar a tener en su poder con fines de consumo o sin ninguna finalidad específica, sumado a la circunstancia de hallarse fraccionada y acondicionada para la venta "al menudeo" , tal cual se les atribuye.
Adviértase que ambos negaron la tenencia de las mochilas cuya existencia ha sido traída mediante los testimonios, informes y placas fotográficas del personal preventor. A su vez, mientras Pérez afirmó que se había constituído en el sitio para comprarle sustancias para consumo a Antonio , éste último aseguró que se encontraba allí cuando los policías comenzaron a perseguir a otros dos masculinos, que casualmente llevaban mochilas y él fue aprehendido en la vía pública y no dentro del domicilio, lo cual una vez mas se encuentra con lo narrado por el detenido Pérez , pues sostuvo que ambos comenzaron a correr por pedido de Antonio y que aquél sí poseía un bolso. Por último, no se explica el contenido cargoso obrante en el celular de Antonio en cuanto se alude, entre otros elementos, a mensajes como "mercancía amarilla" y "mercancía blanca" , constancias de transferencias y placas en las que luce dinero y bolsas con sustancias sospechosas.
De este modo, sus versiones además de contraponerse entre sí, devienen contrarrestadas con la prueba de cargo en la que el personal policial documentó el accionar ininterrumpido así como los secuestros en presencia del testigo de actuación, los cuales son elementos suficientes para tener por acreditados los hechos imputados y la autoría penalmente responsable de los mencionados, dando así por satisfecho los extremo exigidos por el art. 157 del C.P.P.
Sin perjuicio de lo expuesto, no corresponderá sostener una coautoría tal como llega enrostrada sino que cada uno de los detenidos debe responder por su participación.
En lo concreto, Franco Alexis Ariel Pérez era quien tenía en su poder la mochila en la que (tras la persecución y descarte de la misma) se hallaron en definitiva, 667 envoltorios fraccionados con peso de 103.4 gramos de clorhidrato de cocaína y la suma de $150.500 (pesos ciento cincuenta mil quinientos) en efectivo en billetes de diferente denominación pero mayormente de $ 1000 (pesos mil) y $ 2000 (pesos dos mil).
Por su parte, en el bolso restante y que resulta ser el que llevaba Lucas Sebastián Antonio y se había descartado luego del ingreso en el domicilio donde fue detenido, se encontraron 62 envoltorios con 31 gramos de la misma sustancia ilegal y un arma de fuego.
Sentado ello, el material que cada cautelado llevaba y que se encontraba bajo su órbita de custodia es el que corresponderá endilgar, a titulo de tenencia las sustancias, mientras que la portación del elemento de poder ofensivo corresponderá únicamente para el mencionado en el párrafo anterior (arts. 45, 47 y ccdtes. del CP; 434, 435 y ccdtes. del C.P.P.).
Ahora bien, a los efectos de abordar el tema relativo a la excepcionalidad de la medida de coerción que viene atacada, resulta oportuno recordar aquí que el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal y se mantiene incólume hasta la existencia de una sentencia condenatoria que expresamente indique lo contrario. Tal principio fundamental está contemplado tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Siendo ello así es claro que toda privación de la libertad anterior a dicha sentencia, deviene excepcional y lógicamente debe aplicarse con carácter restrictivo, pues de lo contrario se estaría aplicando una pena anticipada.
En el ámbito procesal el art. 144 del C.P.P. establece que los imputados permanecerán en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario.
De lo dicho hasta aquí se desprende que durante el proceso la regla es la libertad, habiendo previsto el legislador excepciones a esa regla con el objeto de asegurar que los justiciables se sometan efectivamente al proceso, para salvaguardar la prosecución y la finalidad que el mismo persigue que es la averiguación de la verdad real y la aplicación del derecho sustantivo.
En consecuencia, el fundamento esencial para mantener el encarcelamiento preventivo durante el proceso, es la existencia de los llamados peligros procesales, es decir, si en el caso existe peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación (art. 148 del C.P.P.).
Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el legislador a través de las circunstancias mencionadas presume iuris tantum la peligrosidad procesal, también lo es que dicha sospecha puede ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que en el caso no existe un riesgo para la actuación de la ley si los imputados permanecen en libertad. Obviamente debe tratarse de condiciones excepcionales cuya entidad permita efectuar dicha aseveración.
Ahora bien, tal como lo ha sostenido invariablemente esta Sala, el fundamento de la gravedad de la pena en expectativa así como la valoración objetiva del hecho imputado que lógicamente impedirían la aplicación de una eventual pena en suspenso, resultan pautas suficientes y válidas para mantener el encierro preventivo del encartado mientras dura el proceso (Conf. fallo de la Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala II, 15-01-04).
En tal sentido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha admitido la consideración de la magnitud de la pena en expectativa como pauta de evaluación del encierro preventivo, afirmando que: "...La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva" (Conf. Informe nro. 2/97 del 11/3/97).
De lo expuesto, se colige que la magnitud de la pena en expectativa, resulta una pauta de valoración válida y suficiente por sí sola para fundar el encierro preventivo del imputado durante el proceso y que solo en los supuestos en que su prolongación temporal aparezca como irrazonable, debe acudirse a la valoración de otras circunstancias que concurran en el caso concreto para evaluar la razonabilidad de la extensión de la prisión preventiva.
En el caso en concreto, se puede inferir un peligro cierto de fuga que justifica el actual encierro que atraviesan los imputados, a partir de la pena que se espera como resultado del procedimiento, la que atendiendo especialmente a la calificación legal sustentada, impediría la aplicación de una eventual condena de ejecución condicional.
A ello cabe agregar la actitud evasiva de los causantes al observar a los funcionarios del orden, y el descarte de las mochillas que llevaban consigo, lo que resulta demostrativo de sus voluntades de no someterse a derecho (art. 148 incisos 2º y 4° del C.P.P.)
Siendo ello así, al menos por el momento y sin perjuicio de lo que corresponda en el marco incidental, el mantenimiento de la medida de coerción en dependencia carcelaria resulta indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley, ya que en este caso los peligros procesales no pueden evitarse con la aplicación de otra medida menos gravosa (art. 148, 169 en sentido contrario, 171 y ccdtes. del C.P.P.).
Por las razones dadas y reuniendo el auto de prisión preventiva los extremos de los arts. 157 y 158 del C.P.P., el mismo debe confirmarse en lo que sostuvo la cautela, modificando parcialmente el encuadre legal que corresponde a uno de ellos, permaneciendo Franco Alexis Ariel Pérez y Lucas Sebastián Antonio detenidos en orden al delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, el que concursa materialmente respecto de Antonio con portación ilegal de arma de guerra (arts. 148, 157, 158, 171, 210, 434, 435, 439 y ccdtes. del C.P.P; 45, 47, 55, 77 y 189 bis inc. 2do. párrafo 4to. del CP; 5 inciso "c" de la ley 23.737) .
POR ELLO:
Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, RESUELVE:
I. CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto dictado el 3/11/2025 en cuanto dispuso la prisión preventiva de Franco Alexis Ariel Pérez y Lucas Sebastián Antonio en orden al delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real únicamente respecto de Antonio con portación ilegal de arma de guerra (arts. 3, 148, 157, 158, 168 bis, 171, 201, 203 en sentido contrario, 210, 434, 435, 439 y ccdtes. del C.P.P; 26, 45, 47, 55, 77 y 189 bis inc. 2do. párrafo 4to. del CP; 5 inciso "c" de la ley 23.737) .
II. No habiéndose presentado en este Tribunal el Dr. Sergio Adrián Gattel, déjase sin efecto la audiencia designada para el día de la fecha.
Regístrese, notifíquese al Fiscal y Defensa y devuélvase electrónicamente la causa al Juzgado de Garantías de origen, donde deberá notificarse a los imputados, sirviendo este proveído de atenta nota de remisión.
Sirva el presente de atenta nota de envío.-
Firmas
Funcionario firmante: NAVASCUES Miguel Carlos - JUEZ
Funcionario firmante: ALBERDI Miguel Maria - JUEZ
Funcionario firmante: CANTARO Martin - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1997-2026
Fin de la sentencia