Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 0700 53651 20
Registrado bajo el nº : .......
///mas de Zamora, 11 de Marzo de 2021.-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Agente Fiscal, contra la resolución obrante a fs. 30/33 y vta. de la presente causa nro. 00-53651-20 del registro del Juzgado de Garantías nro. 1 del Departamental, y;
El auto dictado a fs. 30/33, mediante el cual el Sr. Juez de Garantías declaró la nulidad del acta de procedimiento que dio inicio a estas actuaciones y de todo lo obrado en consecuencia, y no convalidó la aprehensión ni ratificó el secuestro, viene apelado por el Sr. Agente Fiscal por los motivos de agravio expuestos y fundados en el escrito de fs. 34/35 y vta.. Dicho recurso fue sostenido por el Sr. Fiscal General Interino en los términos del art. 445 del C.P.P..-
Ahora bien, según surge del decisorio puesto en crisis, el A-quo señaló que no convalidaría la aprehensión efectuada por el personal policial por no darse ninguno de los supuestos del art. 153 del C.P.P., declarando nulo el procedimiento por considerar que en el caso se han inobservado los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional.-
Previo a esa conclusión, analizó las circunstancias en las que el imputado Matías Leandro Verón fue requisado y aprehendido y criticó la incorporación de los párrafos segundo y tercero al art. 294 inc. 5to. del C.P.P., citando en apoyo de esa crítica, jurisprudencia y doctrina.
De lo anterior debe inferirse que el Sr. Juez de Garantías examinó la compatibilidad de la norma procesal aludida -y aplicada en el caso concreto- con el texto de la Constitución, para averiguar si guarda o no conformidad con ésta, acogiendo la última hipótesis ya que en definitiva se abstuvo de aplicar la ley procesal vigente.
Lo cierto es que ese análisis ha quedado en el fuero íntimo del magistrado, ya que no fue plasmado en el auto recurrido. No se ha declarado la inconstitucionalidad de la norma y no se advierte -teniendo en cuenta la trascendencia de lo decidido en cuanto a la inaplicabilidad de una ley de derecho interno dictada por los representantes del pueblo en un sistema republicano de gobierno- que se haya efectuado, en forma expresa, un control o test de constitucionalidad.
Tampoco un test de convencionalidad que, en términos de la Corte Interamericana, implica la obligación de los jueces y de los órganos de la administración de justicia en todos los niveles, de ejercer ex oficio un control entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, teniendo en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte.
Y ello es así, puesto que más allá de traer a colación pasajes del fallo dictado el 1 de septiembre de 2020 en el caso “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina”, no termina de concretar en el caso particular, las razones que lo llevan a considerar que lo normado en los párrafos segundo y tercero del art. 294 inc. 5to. del C.P.P., no resulta compatible con los estándares o límites impuestos por la Convención Americana.
Sin perjuicio de ello vamos al caso particular.
Según surge del acta inicial, personal policial de la Comisaría Lomas de Zamora Octava, del Comando de Patrullas Lomas de Zamora y de la Unidad de Prevención de Policía Local de Lomas de Zamora, en cumplimiento de tareas de prevención de ilícitos, asignadas por la superioridad, consistentes en el control de vehículos de transporte público de pasajeros, detuvieron la marcha del colectivo de la línea 266 interno 302 conducido por quien fue identificado como Sergio Gautrain. En ese contexto, hicieron descender a un pasajero -el imputado de autos-, a los efectos de su identificación y de hacer un cacheo sobre su persona. Convocaron a otra pasajera como testigo de actuación y procedieron a la palpación superficial de las ropas de quien luego fuera identificado como Matías Leandro Verón, hallándose en su cintura un arma de fuego cargada.
A partir de las circunstancias fácticas señaladas anteriormente y adentrándonos en el análisis, en términos análogos al efectuado por el a-quo, el punto está en determinar si existe una repugnancia intrínseca entre la atribución que otorga el art. 294 inc. 5to. del ritual al personal policial y las garantías del debido proceso y la libertad personal reconocidas por el art. 18 CN; como asimismo entre aquella facultad y los derechos a la libertad personal (art. 7 CADH), igualdad ante la ley y prohibición de discriminación (arts. 24 y 1.1 CADH) y protección de la honra y de la dignidad (art. 11 CADH). Esto claro está en el caso concreto.
Como se dijo, el a-quo trajo en apoyo de su postulación, algunas consideraciones que hizo la Corte Interamericana en el reciente fallo “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina”.
En dicha sentencia y en lo que interesa destacar, el Tribunal internacional señaló que “… el Código de Procedimientos, vigente al momento de tales hechos, no contemplaba ninguna disposición específica que facultara a los agentes policiales a registrar un automóvil sin una orden judicial previa. En tanto las restricciones al derecho a la vida privada deben, como primer requisito para no ser catalogadas como abusivas o arbitrarias, estar “previstas en la ley” y, en este caso, la inspección sin orden judicial de un vehículo detenido en un control policial no estaba contemplada expresamente en la normativa procesal vigente, la Corte estima que el registro del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto constituyó una injerencia ilegal en su vida privada y un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno.” (apartado B.2. Protección de la honra y de la dignidad- Punto 103).
Asimismo, en relación a la requisa personal del señor Tumbeiro, la Corte advirtió que constituyó una injerencia ilegal a su vida privada que además resultó arbitraria y desproporcionada en la medida que “…a) la norma invocada para su justificación resultaba imprecisa y contraria al principio de tipicidad porque no definía los supuestos de urgencia para proceder a una requisa sin orden judicial; b) incluso si se omitiera dicha indefinición normativa, los agentes policiales nunca acreditaron una situación de urgencia, máxime porque la finalidad inicial de la detención era la comprobación de su identidad, cuya información fue facilitada por el propio señor Tumbeiro y comprobada vía radial por los agentes policiales; c) la “sospecha” basada en el estado emocional o la idoneidad o no de la reacción o forma de vestir del señor Tumbeiro constituye una apreciación subjetiva que, ante la ausencia de elementos objetivos, de ningún modo demuestra la necesidad de la medida; d) aún si se admitiera que lo anterior constituye un motivo suficiente o “urgente” para proceder con la requisa, el hecho de que la misma excediera el palpamiento superficial sobre la ropa del señor Tumbeiro y éste fuera obligado a desnudarse resulta desproporcionado, pues supuso una grave afectación de la intimidad del señor Tumbeiro sin que la medida persiguiera satisfacción de bienes jurídicos relevantes…”. La Corte concluyó en que la requisa corporal resultó violatoria del art. 11 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
Como corolario de lo expuesto, el Tribunal estimó que existió violación del art. 11 en perjuicio de Fernández Prieto, toda vez que la policía procedió a realizar una requisa del vehículo en que viajaba aún cuando no estaba legalmente facultada para ello y en perjuicio de Tumbeiro, pues los agentes policiales no acreditaron con base en criterios objetivos la necesidad de realizar la requisa corporal y la misma resultó desproporcionada, además de que la normativa aplicable no precisaba cuáles eran los casos cuya urgencia justificara la práctica de dicha medida sin orden judicial.
Ahora bien, reseñados los puntos salientes del fallo citado que, a criterio del Tribunal, resultan de interés interpretativo en el asunto que debe resolverse en la presente causa, corresponde hacer algunas apreciaciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la restricción del derecho a la libertad personal únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material) y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (aspecto formal). Ello es así, porque es la propia Convención la que remite al derecho interno del Estado en cuestión. La Corte no realiza, un control de constitucionalidad ni tampoco de legalidad, sino únicamente de convencionalidad.
Así, en cuanto al requisito de la legalidad de la detención, el Tribunal internacional ha señalado que, al remitir a la Constitución y leyes establecidas “conforme a ella”, el estudio de la observancia del art. 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y “de antemano” en dicho ordenamiento en cuanto a las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física.
Sentado ello, en el caso de autos el análisis debe partir de la normativa interna aplicable: el art. 18 CN y 294 inc. 5to. del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires.
La norma constitucional citada establece entre otras garantías que nadie puede ser “ …arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente… el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación… ”.
La norma procedimental cuestionada, prevé como atribución de los funcionarios de policía… inc. 5to.): Disponer los allanamientos del artículo 222 y las requisas urgentes, con arreglo del artículo 225, con inmediato aviso al juez o tribunal competente y al Ministerio Público Fiscal.
Cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos, podrán proceder a la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su poder de otra manera o tengan en los vehículos en que se movilicen, procediendo a secuestros en los casos sumamente graves o urgentes o cuando peligre el orden público, de todo aquello que constituya elementos del delito o instrumento de un delito o sea producto de él, con la observancia de lo establecido en el título VII, capítulo IV de este código bastando inmediata comunicación al Ministerio Público Fiscal y al Juez de Garantías.
En cualquier circunstancia podrá requisar el transporte de cargas y/o el transporte público de pasajeros, cumplimentado lo dispuesto en el párrafo primero in fine del presente inciso.
No resulta ocioso señalar a esta altura del análisis, que tanto la detención como la requisa personal, entre otras medidas (registro, allanamientos, secuestros, interceptación de correspondencia, intervención de comunicaciones telefónicas, etc.), como regla, deben ser dispuestas por el juez competente a pedido del Agente Fiscal y por auto fundado.
Esa es la regla.
También están previstas en el código de procederes, las excepciones, como por ejemplo las detenciones en flagrancia y las requisas urgentes.
Contextualizado el marco normativo aplicable, volvamos al caso de autos.
Estas actuaciones se iniciaron a raíz de las tareas que llevaron a cabo los agentes de policía en prevención de delitos, como fin legítimo puesto en cabeza de las fuerzas de seguridad.
Es decir, en el marco de un operativo de control motivado en políticas de prevención general, se detuvo la marcha al azar de un colectivo de transporte público de pasajeros y también al azar -porque más allá de las suspicacias del A-quo, nada hay que indique lo contrario- se hizo descender a una de las personas que viajaba en la unidad. Está claro que en estos casos, las requisas no se efectúan en el marco de la averiguación de un delito en particular, sino que se practican con fines preventivos y en forma fortuita.
Esta atribución de la policía está expresamente prevista en la ley procedimental, vigente al momento del hecho, cumpliéndose de esta forma el requisito de “tipicidad” que exige la Corte Interamericana en el fallo “Fernández Prieto y Tumbeiro”.
Recapitulando. 1) La requisa personal del imputado se practicó en cumplimiento de una norma que en forma concreta, clara, precisa y de “antemano” reglamentó un supuesto en el que puede llevarse a cabo sin orden judicial y sin que mediaren razones de urgencia. 2) La requisa se practicó mediante un palpamiento superficial sobre la ropa del imputado, por lo cual no puede tildarse de desproporcionada, ya que no supuso una grave afectación al derecho a la intimidad del mismo.
Sentado ello, resulta oportuno señalar al respecto que en el fallo “Fernández Prieto y Tumbeiro”, punto 109 “… la Corte recuerda que las requisas corporales solo pueden ser efectuadas previa orden judicial. Sin perjuicio de ello, si bien pueden existir situaciones excepcionales en las que la prevención del delito como un fin legítimo cuya consecución es atribuida a los cuerpos de seguridad estatales, y ante la imposibilidad de procurar una orden judicial previa, pueda justificar la práctica de una requisa, la Corte estima que esta en ningún caso puede resultar desproporcionada y tampoco puede superar el palpamiento superficial de las ropas de una persona, implicar su desnudez o atentar contra su integridad.”
De ello se colige que el Tribunal internacional admite la procedencia en casos excepcionales de requisas sin orden judicial previa, que obedecen a la prevención general del delito, pero que de ningún modo pueden resultar desproporcionadas o humillantes.
En consonancia con ello y como se viene analizando, en el caso, ninguna práctica abusiva se constató.
En base a lo expuesto, es posible afirmar que la requisa personal practicada, no fue ilegal, no fue desproporcionada y además cabe agregar que de ninguna constancia surge -ni el a-quo lo ha invocado- que haya obedecido a preconceptos o al empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad que puedan resultar discriminatorios o arbitrarios (art. 16 de la CN).-
Ello es así, toda vez que en primer lugar, no sabemos cuántos pasajeros viajaban en el colectivo, además, claro está, del imputado, la mujer que ofició de testigo de actuación y el chofer de la unidad.
En segundo lugar, tampoco se advierte si la incompatibilidad de la norma procesal en el caso se midió teniendo en cuenta su repugnancia con el derecho a la intimidad de las personas o si tiene que ver con la estigmatización del sujeto requisado.
Es decir, no se entiende si el A-quo considera irracional, desproporcionada o arbitraria la facultad que el art. 294 inc. 5to. del C.P.P. le otorga al personal policial porque viola la intimidad de todas las personas que deben soportar un control como el estipulado por la norma o, si se hubiese practicado ese control sobre todos los pasajeros del transporte público, esa “masividad” le otorgaría legitimidad al procedimiento.
Como se mencionó, no surge de las constancias de autos, cuántas personas viajaban en el colectivo, tampoco, surge, en todo caso, que la elección del imputado haya obedecido a un criterio discriminatorio.
Este tipo de requisas como se apuntó más arriba, se justifican exclusivamente en razones de política criminal que se plasman a través de las leyes como manifestación de las facultades del Poder Legislativo. Nada nuevo hay en decir que lógicamente obedecen a una situación que se da en una sociedad determinada, en un ámbito geográfico determinado y en un momento histórico determinado.
Por ejemplo y para no utilizar títulos estigmatizantes -como lo apuntó el a-quo-, en los últimos años han proliferado en nuestra provincia, especialmente en el conurbano bonaerense, los delitos contra la propiedad cometidos por personas -generalmente dos- que se desplazan en motovehículos.
Esto no es una novedad.
Si los operativos de control público destinados a prevenir ese tipo de delitos se limitaran a la interceptación al azar de personas que se desplazan en la vía pública en motocicleta para pedirles la identificación personal y la documentación del rodado, el sentido de la norma se desvirtuaría por completo ya que no tendría ninguna función preventiva.
Y aquí entonces se abre otra ventana en el análisis.
Considerará el A-quo que este tipo de facultades preventivas puestas en cabeza de la agencia policial son “per se” contrarias a las garantías constitucionales y convencionales?.
O eventualmente entenderá que por ejemplo el control solo puede justificar la identificación de la persona, pero no autorizar “ la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su poder de otra manera”?.
Son interrogantes que no encuentran respuesta en el decisorio impugnado.
Al respecto cabe señalar que en ocasiones la incompatibilidad de la norma con las garantías constitucionales o con las consagradas en instrumentos internacionales -como se postula en el caso-, no depende solo de su texto, sino de la forma en que se aplica en el caso concreto.
Y en autos, tal como se adelantó párrafos más atrás, no existió ninguna práctica discriminatoria, ni vejatoria o humillante.
Se trató de una mínima injerencia en la intimidad del imputado, que no pasó del palpamiento superficial de sus ropas y que por ende, no afectó de una manera grave e inaceptable, su derecho a la intimidad.
Va de suyo, aunque parezca una obviedad decirlo, que una vez hallada el arma de fuego en la cintura del imputado, razones de urgencia habilitaron la inspección de la mochila que llevaba consigo.
Tampoco está demás, porque a veces colabora con el sentido común, parangonar situaciones.
De acuerdo a las notas características que comparten, los aviones y los colectivos de línea, pueden considerarse medios de transporte público de pasajeros.
Es que a diferencia del transporte privado, los viajeros del transporte público tienen que adaptarse al horario y a las rutas que ofrezca el operador y dependen en mayor o menor medida de la intervención regulatoria del estado. Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte y las unidades están disponibles para el público en general.
Nadie pone en tela de juicio los controles a los que son sometidos los usuarios de aviones de líneas comerciales. Tampoco a los controles que se soportan en los llamados lugares públicos de acceso restringido, como los estadios de fútbol.
Resta aclarar -en relación al obiter dictum expuesto en la última parte de los considerandos de la resolución recurrida- que para determinar con certeza la ineptitud de los cartuchos que se hallaron en el arma de fuego incautada, debe practicarse una pericia de la especialidad y en segundo término, a todo evento, la atenuante citada no se aplica cuando la conducta imputada es la tenencia ilegal del arma.
En consecuencia, habiéndose superado los test de constitucionalidad y convencionalidad en los términos propuestos por el a-quo, no se comparte la solución adoptada y por ende, corresponde revocar el auto impugnado y reponer la validez del acta inicial y de los actos cumplidos en consecuencia (arts. 75 inc. 22 y 18 CN, 1.1, 7, 11 y 24 CADH y 201 “a contrario sensu” y 294 inc. 5to. del C.P.P.), ya que en el caso, no se ha constatado violación alguna de garantías reconocidas al imputado.
POR ELLO :
Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, resuelve: ACOGER FAVORABLEMENTE el recurso de apelación en tratamiento y por ende, REVOCAR el auto impugnado y reponer la validez del acta inicial y de los actos cumplidos en consecuencia (arts. 75 inc. 22 y 18 CN, 1.1
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.