Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 46.255-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la actora, sin costas (v. Considerandos IV y V).
2Confirmar las Resoluciones Nros. 103/2013 y 104/2013, con costas (v. Considerandos VI a IX).
3Declarar la improcedencia formal del Expte. N° 46.255-I, con costas (v. Considerando X).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-20334182-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Febrero de 2025 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación), José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 38.032-I y su acumulada N° 46.255-I caratuladas “PORTILLO CARLOS GUSTAVO s/ recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 53/80 la actora interpuso recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 103/2013 (DV CRR2) y 104/2013 (DV CRR2), ambas de fecha 1/8/2013 dictadas por la AFIP-DGI, mediante las cuales se determinó su responsabilidad personal y solidaria respecto de la deuda determinada de oficio a la firma TRANS SPEED S.A., en su carácter de Presidente, por las obligaciones del Impuesto a las Ganancias - períodos fiscales 2006 y 2007- y del Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 2/2006 a 12/2007-, con más intereses resarcitorios y se difirió la aplicación de sanciones de conformidad con el artículo 20 de la Ley 24.769.
Asimismo, en el marco del Expediente N° 46.255-I, a fs. 259/277 interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 411/2015 (DV CRR2), de fecha 23/12/2015, dictada por la AFIP-DGI, en la que se le aplicó en su carácter de responsable solidario de la sociedad TRANS SPEED S.A. una multa equivalente a tres (3) veces el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 2/2006 a 12/2007- presuntamente evadido, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos b), c) y d) de la Ley 11.683.
En primer término, plantea la nulidad de los actos apelados sustentada en que no se le habría concedido en sede administrativa la producción de la prueba testimonial y pericial contable, violentándose su derecho de defensa y el debido proceso adjetivo.
Discute que no era administrador, ni presidente, ni gerente de TRANS SPEED S.A. y que no ejerció funciones de administración, por lo que no le cabe responsabilidad solidaria de ninguna especie. Ello según actas de mayo de 2006 que acompaña.
Seguidamente, sostiene la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar tributos respecto del Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2006- y del Impuesto al Valor Agregado –períodos fiscales 1 a 11/2006-, la que refiere habría operado el 31/12/2012. Agrega que aún con la aplicación de la “Ley Antievasión II” el plazo sería el 30/6/2013. Cita jurisprudencia.
Relata los antecedentes que derivaron en las determinaciones de oficio realizadas a la deudora principal y cuestiona la metodología de presunciones utilizada por el organismo recaudador, la que dice presume el incumplimiento del contribuyente con relación hechos o actos de terceros, violando el principio de equidad.
Manifiesta que el acto en recurso hace consideraciones en torno a fundamentos de verificaciones realizadas sobre base presunta, dogmáticamente y sin justificativo legal, por lo que dichos elementos no deben ser tomados como prueba comprobada e indubitable, con certeza y efectividad, sino como indiciarios. Invoca el principio de legalidad en materia tributaria y afirma que la existencia de los créditos fiscales es legítima, habiéndose configurado el presupuesto de hecho autorizado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado para su cómputo. Realiza un extenso análisis de la normativa aplicable y concluye que dicho crédito resulta admitido por el inciso b) del artículo 12 de la ley del impuesto.
En lo atinente a la sanción aplicada en la causa N° 46.255-I plantea como excepción previa la “falta de legitimación pasiva” (sic), fundada en que el Sr. Carlos Gustavo Portillo no era presidente de TRANS SPEED S.A. en el período fiscalizado, sino que era Director Suplente. Según actas que aporta, el Presidente era su padre el Sr. Carlos Portillo quien poseía la condición de representante legal de la firma y podría considerárselo como responsable solidario. Ello así, destaca que ante el fallecimiento de éste el 06/01/2016 la sanción por su naturaleza penal pierde su eficacia como concepto accesorio de la obligación principal según la ley. A su vez, plantea la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para imponerle la multa apelada para los períodos fiscales 2/2006 a 11/2006, 1/2007 a 11/2007 y 12/2007, pues interpreta que el plazo comenzaría a computarse el 1/1/2007, el 1/1/2008 y el 1/1/2009, respectivamente, por lo que la misma habría operado para estos períodos el 31/12/2011, el 31/12/2012 y el 31/12/2013, en cada caso, en tanto que la Resolución en crisis fue dictada el 23/12/2015.
Considera que la sanción habría sido erróneamente aplicada, toda vez que entiende que por su naturaleza penal que requiere la voluntad realizadora del tipo subjetivo, el principio de personalidad de la pena y el criterio jurisprudencial aplicable, deviene cristalina la prohibición de aplicar multas por defraudación fiscal en los casos de determinación de oficio sobre base presunta. Señala que las presunciones establecidas por la Ley 11.683 no invierten la carga probatoria en materia de sanciones por defraudación, por lo que tampoco eximen al Fisco Nacional de la obligación de aportar los elementos de prueba que demuestren la existencia de la conducta punible, incumpliéndose los presupuestos de hecho necesarios. Continúa argumentando la existencia de un “error excusable” en tanto “no ha habido omisión hacia la AFIP” (sic), siendo de aplicación el artículo 45 de la ley procedimental y la reducción a 1/3 del 50%, conforme el artículo 49 del mismo cuerpo legal. Introduce el principio de insignificancia o bagatela, el que refiere se encuentra previsto por el artículo 49 de la Ley 11.683 cuando la infracción no revistiera gravedad, teniendo en cuenta que se han presentado las declaraciones juradas rectificativas voluntariamente antes de que se corriera la vista e ingresado simultáneamente las sumas debidas, impidiéndose de esta manera lesión alguna al bien jurídicamente protegido de la recaudación por la insignificancia del monto determinado.
Por último, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que a fs. 87/101 y 291/300 la representación fiscal contesta los traslados de los recursos que le fueran conferidos negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, y en orden a las razones que expone solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos.
Respecto de la causa acumulada N° 46.255-I, opone excepción de improcedencia formal con sustento en que el recurso interpuesto sería extemporáneo. Expone que la Resolución N° 411/2015 fue notificada el 29/12/2015 operando el plazo de apelación el 22/02/2016, o bien el 23/2/2016 dentro de las dos primeras horas, encontrándose el recurso interpuesto el 02/03/2016 fuera de término.
III. Que a fs. 111 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa y a la pericial contable. A fs. 124 se amplía la misma concediéndose la producción de la prueba testimonial. A fs. 151 obra agregada el acta en la que consta la falta de comparecencia de la parte actora y de los testigos a la audiencia testimonial, por lo cual se la tuvo por desistida de la misma a fs. 152. En tanto que, previa intimación de fs. 199, a fs. 207 se dio por decaído el derecho del recurrente para producir la pericia contable y a fs. 329 se lo tuvo por desistido de la prueba informativa A fs. 317 se resolvió acumular el expediente N° 46.255-I al que lleva el N° 38.038-I.
A fs. 264 se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y a fs. 268 se pasaron los autos a sentencia.
IV. Que, por lógica precedencia, debe darse tratamiento a la excepción de la nulidad opuesta por el actor con fundamento en que no se le habría permitido producir prueba alguna en sede administrativa. Es necesario mencionar que para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a una indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. C/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ Amparo", CSJN, 05/10/1995, T. 324, P. 1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", CSJN, 06/02/01, T.324, P.151; "Simijosky Juan c/E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94", C.NAC.CONTADM.FED., SALA II, 09/10/96, entre otros).
Bajo tales pautas, en lo atinente a los defectos en el procedimiento que argumenta la actora por entender que no se tuvieron en cuenta las medidas de prueba ofrecidas en sede administrativa, viéndose afectado –según su parecer- el derecho de defensa en juicio, cabe destacar que la nulidad importa la privación de efectos de los actos que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que por ello carecen de aptitud para cumplir con el fin al que se hallan destinados.
Siguiendo esta línea, la falta de admisión de las pruebas ofrecidas en sede administrativa, no puede considerarse causal de nulidad si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en la alzada por prueba que no ha sido admitida en primera instancia (art. 260 C.P.C.C.N.). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer ante el mismo la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 173 y 174 de la Ley de Procedimiento Fiscal -t.o. en 1998- (doctrina de este Tribunal en la causa "Carboquímica S.A.C.I.M.", fallo del 5/7/1977), lo que está corroborado en la presente causa, en donde la recurrente ha tenido ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes para esclarecer los hechos controvertidos, habiéndose admitido su producción a fs. 111 y 124. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de nulidad planteada por la actora, sin costas, toda vez que los planteos fueron tratados como defensas contra el acto apelado y no en los términos del artículo 171 de la ley de rito.
Es dable recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Bolland y Cía. SA (TF 21.122-I) C/DGI" de fecha 21/02/2013 en el que expresó que "tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs .735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia".
V. Que corresponde a continuación tratar los agravios relativos a la prescripción de las facultades y poderes fiscales para determinar la extensión de la responsabilidad solidaria, respecto del Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2006 y 2007, y del Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 2/2006 a 12/2007.
Ello así, en relación a la prescripción de las facultades de la Administración, cabe señalar que las acciones del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos prescriben a los 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos (art. 56, Ley N° 11.683), plazo que se computa desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen (art. 57, Ley N° 11.683).
Por lo tanto, el aludido plazo quinquenal comenzó a correr el 1/1/2007 para el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 2/2006 a 11/2006-; el 1/1/2008 para el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2006- y el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 12/2006 a 11/2007-; y el 1/1/2009 para el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2007- y el Impuesto al Valor agregado -período fiscal 12/2007-. Asimismo, debemos recordar que la Ley N° 26.476 (B.O. 24/12/2008) establece en su artículo 44 que: “ Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.” Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 50 de la mencionada norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La redacción del texto legal, no arroja dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone “con carácter general”, esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re “Fisco Nacional c/ Distribuidora El Plata SRL s/ Ejecución Fiscal”, de fecha 26/11/1991.
En este orden de ideas, el cómputo del plazo de la prescripción para el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2006- y para el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 2/2006 a 11/2007- corrió hasta el 24/12/2008 -fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 26.476- reanudándose el 24/12/2009.
Ahora bien, en relación a la responsabilidad solidaria del apelante, resulta aplicable al caso la suspensión por un año, contenida el artículo 65 –inciso a)- de la Ley Procedimental, que reza “La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios”.
En consecuencia, considerando que las resoluciones determinativas de la deudora principal Nros. 128/2012 -Impuesto al Valor Agregado- y 152/2012 -Impuesto a las Ganancias-, fueron notificadas el 23/10/2012 y el 28/11/2012, respectivamente, momentos éstos en que comenzó a correr la nueva suspensión bajo análisis, debe retomarse el conteo a partir de dichas fechas.
Por ende, con la aplicación de las enumeradas causales de suspensión, el plazo de prescripción para el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 2/2006 a 11/2006-, hubiera acaecido el 1/1/2014. Para el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2006- y el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 12/2006 a 11/2007- el 1/1/2015. Mientras que para el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2007- y el Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 12/2007- el 1/1/2015.
En razón de ello, cabe concluir que las resoluciones apeladas fueron emitidas (01/08/2013) cuando las facultades determinativas del Fisco Nacional se encontraban vigentes.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción introducido, sin costas, toda vez que el planteo no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento, sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, por lo que no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N., in re “Colorín IMSSA (T.F.N. (24.123-I), sentencia del 2 de julio de 2013).
VI. Que a continuación, corresponde expedirse sobre la procedencia de la extensión de la responsabilidad personal y solidaria extendida al Sr. Portillo Carlos Gustavo, en su carácter de Presidente de la firma TRANS SPEED S.A.
De los actos apelados y de las actuaciones administrativas acompañadas, surge que el caso bajo análisis tiene su origen en las Resoluciones Nros. 152/2012 y 128/2012, por las cuales se determinaron de oficio las obligaciones tributarias de la firma TRANS SPEED S.A., correspondientes al Impuesto a las Ganancia -períodos fiscales 2006 y 2007- y al Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 2/2006 a 12/2007-, con más intereses resarcitorios y se difirió la aplicación de sanciones en los términos del artículo 20 de la Ley 24.769. Estos actos no fueron controvertidos por la sociedad, adquiriendo el carácter de firmes, ni fueron cancelados, lo que dio origen al proceso para determinar la responsabilidad personal y solidaria aquí cuestionada.
Así las cosas, la inspección actuante corroboró en su base de datos que el Sr. Carlos Gustavo Portillo revestía el carácter de Presidente de la firma durante el plazo para el cumplimiento de las obligaciones ( vide fs. 22 Cuerpo “DIRECCION REGIONAL CENTRO – DIVISION FISCALIZACIÓN N° 3” A/A).
En esa inteligencia, la auditoría fiscal rechazó la defensa planteada en oportunidad de contestar la vista conferida, en la que alega no haber ejercido como Presidente durante los períodos en trato por cuanto habría renunciado a partir del 05/10/2005, al entender que las Actas de Asambleas acompañadas -con el fin de acreditar tal extremo- eran fotocopias simples y no originales o copias debidamente certificadas ( vide fs. 1/18 Cuerpo “DIRECCION REGIONAL CENTRO – DIVISION FISCALIZACIÓN N° 3” A/A).
A su vez, los funcionarios fiscalizadores concurrieron a la Inspección General de Justicia con el objetivo de verificar la composición accionaria de la Sociedad. Consultado el expediente de la firma obrante en dicho organismo constataron que el Sr. Carlos Gustavo Portillo era el Presidente según el contrato de constitución social de fecha 11/05/2001 y que no registraba reforma alguna, ni la presentación de actas que modificaran la integración del Directorio (vide fs. 19/20 Informe a Jefatura - Cuerpo “DIRECCION REGIONAL CENTRO – DIVISION FISCALIZACIÓN N° 3” A/A).
Por otra parte, de la respuesta brindada por el Banco Itaú Buen Ayre S.A., respecto de la cuenta titularidad de TRANS SPEED S.A., se observó que la misma fue abierta por el recurrente como Presidente de la firma, figurando sólo él como representante legal de la sociedad y único firmante (vide fs. 28/66 Cuerpo “RESP. SOLIDARIA – GANANCIAS” A/A).
Asimismo, de las copias certificadas de los cheques remitidos por dicha entidad –para los períodos 2006 y 2007- se constató que fueron firmados por Sr. Carlos Gustavo Portillo (vide fs. 69/72 Cuerpo “RESP.
SOLIDARIA – GANANCIAS” A/A).
En este contexto, el organismo recaudador concluyó que el recurrente se había desempeñado como Presidente de la sociedad, pues tenía a su cargo la administración y disposición de los fondos societarios; circunstancia que derivó en la extensión de responsabilidad sobre los saldos impagos antes mencionados, con más sus intereses resarcitorios.
VII. Que entrando en análisis del fondo de la cuestión cabe recordar que el artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: "Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los puntos a) a e), del inciso 1), del artículo 6 cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizaran su situación fiscal dentro de los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente.”
En ese sentido, debe señalarse que surge de las presentes actuaciones que el Fisco Nacional ha intimado de pago al deudor principal mediante notificaciones de fecha 23/10/2012 y 28/11/2012 y el deudor principal no ha realizado el pago dentro de los quince días hábiles de notificadas (vide fs. 108 y 109 CUERPO “GANANCIAS” y fs. 21/22 Cuerpo “IVA” A/A).
En tales condiciones, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues la intimación de pago cursada al deudor principal de las obligaciones impositivas determinadas de oficio, sin que éste acreditara cumplimiento de las mismas, fue notificada como mínimo 8 meses antes de la resolución que extiende la responsabilidad del Sr. Carlos Gustavo Portillo, vencido así largamente el plazo otorgado al deudor principal.
VIII. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
En este marco, atañe al apelante aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva. En el presente caso, cabe destacar que el recurrente controvierte el hecho de que detentaba el cargo de Presidente de TRANS SPEED S.A. durante los períodos fiscales reclamados y niega haber ejercido funciones de administración. Sostiene que ha renunciado a dicho cargo el 05/05/2006, siendo desde entonces solamente Director Suplente, y que es su padre el Sr. Carlos Portillo quien poseía dicha representación de la firma. Acompaña Acta de Directorio de fecha 05/05/2006 y Acta de Asamblea del 26/05/2006 que –a su juicio- acreditarían lo alegado.
A tal efecto, resulta preciso recordar el artículo 60 de la Ley 19.550 que establece “Toda designación o cesación de administradores debe ser inscripta en los registros correspondientes e incorporada al respectivo legajo de la sociedad. También debe publicarse cuando se tratare de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acciones. La falta de inscripción hará aplicable el artículo 12, sin las excepciones que el mismo prevé”. En tanto que el artículo 12 dispone que: “Las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros, no obstante, estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada”.
En esta inteligencia, debe enfatizarse que los funcionarios fiscalizadores constataron ante la Inspección General de Justicia que el contrato de constitución de la sociedad, no registraba reforma alguna, ni tampoco la presentación de ningún acta que modificara la integración del Directorio.
Ello así, se advierte que los instrumentos acompañados a fs. 4/6 por el apelante como prueba de su renuncia al cargo de Presidente no resultan hábiles a tal fin pues, si bien contarían con la intervención de un escribano público en el Libro Actas de Asambleas y Directorio, los mismos, como informan los agentes fiscales, no fueron inscriptos ante el órgano de contralor, situación ésta que no intentó ser rebatida de forma alguna por el interesado. Por lo cual la pretendida renuncia no resulta oponible a terceros, entre ellos el propio Fisco Nacional, en tanto no fueron cumplidos los requisitos estatuidos por la normativa societaria de inscripción y publicidad de conformidad con la norma citada.
En ese orden de ideas, es menester indicar que la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer valer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18 inc. a) de la Ley N° 11.683...” [se hace referencia al actual artículo 8° del t.o. vigente] “...se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente” (“COLLEP ANZULOVIC DE ARIAS MILEVA ISABEL S/RECURSO DE APELACION - IVA”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, sentencia del 06/02/1998).
Además, cabe poner de relieve que, si bien este Tribunal hizo lugar a las medidas probatorias ofrecidas en las presentes actuaciones, el actor no impulsó las mismas, por lo que fue tenido por desistido de la informativa y la testimonial y se dio por decaído su derecho a producir la pericia contable. En atención a los argumentos desarrollados se colige que las manifestaciones del recurrente no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de la resolución que dice causarle agravio. Toda vez que conforme las probanzas acompañadas por el Fisco Nacional ha quedado acreditado su carácter de Presidente, su actuación como representante legal y el manejo de fondos como apoderado y firmante de las cuentas bancarias. A ello debe sumarse que el apelante no ha realizado esfuerzo alguno para contradecir los argumentos fiscales, basando su defensa en meros cuestionamientos a los ajustes efectuados a la deudora principal, cuyas resoluciones se encuentran firmes, y en negar su carácter de Presidente, lo que como se dijo anteriormente debe ser desestimado.
Así las cosas, a modo de colofón podemos decir que el carácter de responsable solidario del Sr. Portillo se encuentra suficientemente demostrado conforme surge de los antecedentes mencionados, sin que haya aportado pruebas tendientes a demostrar imposibilidad alguna de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales. Por ello, corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 103/2013 y 104/2013, con costas.
IX. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, no habiéndose expresado agravios al respecto, corresponde su confirmación y recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que en lo relativo a la sanción impuesta en la Resolución N° 411/2015, corresponde en primer lugar dar tratamiento a la excepción de improcedencia formal opuesta por el Fisco Nacional, a la que adelanto corresponde hacer lugar.
En efecto, a fs. 129 de los antecedentes administrativos que corren por cuerda se observa agregada la constancia de notificación de la Resolución N° 411/2015 al domicilio constituido del Sr. Carlos Gustavo Portillo de fecha 29/12/2015. En consecuencia, el plazo de 15 días para presentar el recurso de apelación ante este Tribunal en los términos del artículo 76 de la Ley 11.683, contados desde dicha fecha, concluyó en las dos primeras horas del día 23/02/2016.
En este contexto, considerando que de las constancias de autos se advierte que el recurso se interpuso el día 02/03/2016, ello es vencido el plazo considerado anteriormente de acuerdo a la ley procedimental, el mismo resulta a todas luces extemporáneo, por lo cual corresponde declarar su improcedencia formal (Expte. N° 46.255-I), con costas.
Los Dres. Pérez y Guzmán dijeron:
Que adhieren al voto del Dr. Porporatto.
En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la actora, sin costas (v. Considerandos IV y V).
2. Confirmar las Resoluciones Nros. 103/2013 y 104/2013, con costas (v. Considerandos VI a IX).
3. Declarar la improcedencia formal del Expte. N° 46.255-I, con costas (v. Considerando X). Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2025.02.25 10:33:28 ART Date: 2025.02.25 13:05:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.25 14:23:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.25 14:24:11 -03:00
Fin de la sentencia