Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-61066394-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución RESOL-2024-659-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 21173-343-2023, por aplicación del principio de la ley penal más benigna, conforme lo dispuesto por los arts. 899, 900 y 901 del Código Aduanero, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-52620303-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 27 de Mayo de 2026 s/ Recurso de Apelación”.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en el expediente EX-2024-61066394- -APN-SGASAD#TFN, “PORTLOG S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. En el caso se endilgó a la firma recurrente PORTLOG S.A., encontrarse incursa en la infracción prevista en el art. 991 del Código Aduanero (Ley N° 22.415). El acto administrativo recurrido, Resolución DE PRLA N° 659/2024, fue dictado por la Jefa del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 07/03/2024, en el marco del sumario aduanero SIGEA N° 21173- 343-2023. En la mentada resolución se dispuso CONDENAR a la actora al pago de una multa igual a una (1) vez el valor en plaza de la mercadería por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 11/100 ($ 3.185.254,11) y FORMULAR CARGO por el monto de la multa impuesta, intimando a su cancelación en los términos del art. 934 del C.A.
II. Contra ese pronunciamiento aduanero, a través de apoderado, la actora interpuso recurso de apelación mediante presentación RE-2024-61066359-APN-SGASAD#TFN.
Invocó la aplicación, en sede administrativa para los hechos que se le enrostraron de la Ley 27.541, sus complementarias y modificatorias, en el entendimiento que debía ser aplicada de oficio. Esto le fue denegado por el juez administrativo, basándose en lo previsto por la Resolución N° 4816/2020, fundándose en que taxativamente en dicha norma se enuncian las infracciones que se encuentran alcanzadas por el beneficio de la condonación, siendo que la prevista en el art. 991 de C.A., no se encuentra entre las enunciadas por la norma. Critica esta postura, haciendo referencia que en los arts. 8 a 10 de la Ley 27.541 se estableció la extinción penal para los contribuyentes y responsables de los tributos que hubieran de cancelar las obligaciones tributarias indicadas.
Agrega que tales beneficios se aplicarían también para los que con anterioridad a la vigencia de la norma hubieran cancelado la obligación. Transcribe los artículos señalados.
Insiste en que la falta de identificación de mercaderías redunda en una clara infracción formal; que no se ocasionó un concreto perjuicio fiscal, como lo sería la falta de pago de tributos o el ingreso de mercadería prohibida. Remarca que los timbrados fiscales, no fueron retirados de las oficinas de la entonces AFIP, por lo que tampoco puede inferirse como lo hizo parte de la jurisprudencia que las estampillas pudieron ser utilizadas para dar viso de legalidad a otras mercaderías obtenidas ilegítimamente.
En ese caso, colige, debe considerarse formal la infracción y debe estarse a lo previsto en el 3er. párrafo del art. 12 de la Ley 27.541, el que transcribe.
Por otra parte expresa, que se desprende del despacho de cada importación que la liquidación tributaria que constituye la obligación principal, se encuentra cancelada en la fecha de oficialización del despacho y por lo tanto cumplida con anterioridad a la vigencia de la ley, la denominada obligación principal.
Esgrime como defensa puntual de la infracción que se le imputa, con relación a la mercadería documentada en el marco de los despachos de importación Nros. 18 073 IC04 111729 D, 18 073 IC04 017368 H y 18 073 IC04 023488 H, que no procedió a solicitar ni retirar los timbrados fiscales o estampillas, para su posterior adhesión a los artículos importados, por cuanto actuó con absoluta buena fe, y en virtud que el despachante de aduanas actuante, no le hizo saber ni le comunicó la obligatoriedad de la identificación de la mercadería mediante estampillas.
Explica que los compradores de los guantes de protección personal que fueron nacionalizados a través de las referidas destinaciones son empresas especializadas en la exploración y extracción de petróleo y que las ventas se realizaron con conocimiento de estos acerca del origen importado de los productos.
Cada artículo contaba con su respectiva etiqueta con los datos necesarios para su identificación indicando expresamente su origen.
Cumpliendo además con las disposiciones de la Resolución Ex S.I.C.Y.M. N° 869/99, que exigía que los artículos debían someterse a exhaustivos procedimientos y contener etiquetas adheridas a su envase con el detalle de marca, modelo, fabricante, importador y país de origen.
Expresa que por las características de la operatoria comercial, fue criterio del despachante de aduanas interviniente que la mercadería no debía ser identificada pues en las operaciones en trato, esos guantes no iban a ser destinados a la comercialización sino a uso propio de los compradores, por este motivo sostiene que PORTLOG S.A., no tuvo conocimiento de la necesidad de efectuar el estampillado en cuestión. Cita jurisprudencia.
Alega que de la propia denuncia se desprende que la mercadería fue indudablemente introducida al país en forma legítima, dicha legitimidad corroborada por la formalidad que constituye en sí mismo el registro informático de los despachos de importación supra indicados, que no merecieron observación del servicio aduanero y que evidenciaron que la mercadería allí amparada ingresó de forma legal. Con cancelación de los tributos respectivos. Ofrece prueba, Reserva caso federal y solicita se revoque la resolución apelada ya sea por aplicación de la condonación legal invocada o por la defensa de fondo ejercida en el presente.
III. De su lado el Fisco contesta el traslado del recurso de apelación que le fuera conferido mediante IF-2024- 106955030-APN-DTD#JGM. En primer lugar, realiza una negativa general de los hechos.
En primer lugar se opone a la procedencia del beneficio de la condonación prevista en la Ley 27.541. Describe de la norma de referencia los artículos de aplicación al caso que le hacen sostener el régimen de regulación de obligaciones tributarias aduaneras creados por la Ley de Referencia, otorga el beneficio de condonación de multas asociadas a obligaciones tributarias.
Sin embargo, al discutirse en el presente caso la aplicación de una multa por la infracción prevista y penada en el art. 991 del C.A. y por no existir asociada a dicha multa obligación tributaria alguna, a saber no hay obligación principal, concluye que el régimen de marras del que pretende beneficiarse la actora no resulta de aplicación, según sostiene la demandada, al caso sub examine.
Repite que el hecho que exista una obligación tributaria asociada a una multa constituye un elemento indispensable para la aplicación del beneficio de condonación previsto, siendo que el objetivo del régimen en análisis, es la regularización de obligaciones tributarias. Cita jurisprudencia sobre el particular. Suma que la Ley 27.541, exige que a los fines de otorgar el beneficio que la norma contempla, el interesado debe allanarse en forma incondicional a la pretensión de la Administración y desistir de la acción y del derecho en todos los procesos y/o recursos interpuestos haciendo cargo de las costas y gastos casuídicos, lo cual resalta no se ha manifestado en tales términos.
Concluyendo que de todo el análisis efectuado sobre este punto, la pretensión de la actora resulta a todas luces improcedente.
Expresa, respecto a la cuestión de fondo que la actora, con su accionar violó lo normado en la Resolución N° 2522/1987, Anexo III, Punto 1.1., al no “realizar el trámite de retiro de timbres fiscales y su debida comunicación de estampillado de la mercadería ingresada a plaza bajo el amparo de las destinaciones ….”. Que fue intimada a tales efectos, con fecha 26/6/2023, conforme surge de fs. 1, 4 y 7 del sumario aduanero. Y como consecuencia de la falta de respuesta es que se cursó la denuncia correspondiente.
Transcribe, además, lo señalado en la Resolución aduanera respecto a que la actora no aportó prueba alguna a fin de corroborar lo que afirmó en su descargo, por lo cual devino abstracto los hechos que esta alegó siendo meramente declarativos y recuerda que la carga de la prueba, en sede de aduanera, estaba investida en poder del sumariado.
Transcribe las partes pertinentes de la Resolución N° 2522/1987, supra citada.
Afirma que la jurisprudencia ha sido contundente en este sentido, afirmando, en otros supuestos, por ejemplo: “ (…) La ausencia de las prendas para su verificación por parte de la Aduana es prueba suficiente de la violación al art. 991 CA., por cuanto en el caso no importa que esa mercadería haya sido introducida legalmente al territorio aduanero nacional, en tanto su importadora lo ha colocado en el mercado interno sin haberse sujetado a las prescripciones reglamentarias establecidas (…)” (Conf. C.N.A.C.A.F., Sala IV en autos caratulados “Dasiel S.A. [T.F. 15.429-A] c/ Dirección General de Aduanas” expediente Nº 22692/2003, sentencia del 12/02/2004.
Agrega que, en otros pronunciamientos, se indicó: (…) Que, al respecto, cabe recordar que en el tipo infraccional de autos se produce una inversión de la carga de la prueba y, en consecuencia, pesa sobre el interesado acreditar el cumplimiento de su obligación (…)”, agregando que: “(…) en síntesis, la infracción achacada quedó configurada por el hecho de que la mercadería fue transferida en contravención a la ley, es decir, salió de la esfera del importador sin el control aduanero pertinente, debiendo por ello encuadrarse en el tipo previsto por el art. 991 CA, en cuanto sanciona al que hubiere transferido por cualquier título, con fines comerciales o industriales, mercadería de origen extranjero (…) sin cumplir los requisitos que se hubieren establecido al efecto (…)” (Conf. “ALPINE ELECTRONICS DE AMERICA C/DGA S/ APELACION”, TF N° 20.504-A, sentencia del 26/9/2007).
Concluye, que se debería rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la contraria. Ofrece prueba. Reserva caso federal y peticiona se confirme la Resolución DE PRLA N° 659/2024 en lo que es objeto de apelación, con expresa imposición de costas a cargo de la actora.
IV. Que mediante providencia PV-2026-42347677-APN-VOCXV#TFN del 27/04/2026, se tuvieron por acompañadas las actuaciones administrativas, las que lucen agregadas mediante documento IF-2026-35316154- APN-DTD#JGM. Mediante providencia PV-2026-48093870-APN-VOCXV#TFN de fecha 13/5/2026 se elevan los autos a conocimiento de la Sala E la que, mediante providencia IF-2026-48093754-APN-VOCXV#TFN de la misma fecha, dispone que pasen estos actuados a sentencia. Mediante IF-2026-50607690-APN-VOCXV#TFN del 20/5/2026, la Sala E dispuso rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la actora y mantener el llamado de autos a sentencia.
V. Que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que mediante comunicación cursada por SICNEA con fecha 26/06/2023 se intimó a la firma PORTLOG S.A. a fin de que acreditara, dentro del plazo allí conferido, el cumplimiento del régimen de identificación de mercaderías previsto por la Resolución ex ANA N° 2522/87, en relación con las destinaciones de importación Nros. 18 073 IC04 111729 D, 18 073 IC04 017368 H y 18 073 IC04 023488 H.
Que dichas destinaciones ampararon mercadería consistente en guantes de nitrilo -guantes, mitones y manoplas, de punto, recubiertos o revestidos en una sola cara, incluso parcialmente-, clasificada en la posición NCM/SIM 6116.10.00.312D. En particular, la destinación N° 18 073 IC04 111729 D fue oficializada el 11/07/2018 y comprendió 2.304 pares de guantes; la destinación N° 18 073 IC04 017368 H fue oficializada el 29/01/2018 y comprendió 2.516 pares; y la destinación N° 18 073 IC04 023488 H fue oficializada el 08/02/2018 y comprendió 1.915 pares.
Que, conforme surge de la denuncia y de la documentación agregada, los vencimientos informados para la acreditación del procedimiento de identificación fueron el 28/08/2018 respecto de la destinación N° 18 073 IC04 111729 D, el 20/03/2018 respecto de la destinación N° 18 073 IC04 017368 H y el 27/03/2018 respecto de la destinación N° 18 073 IC04 023488 H.
Que ante la falta de acreditación del retiro de los timbres fiscales y de la posterior comunicación y verificación del estampillado de la mercadería ingresada a plaza, la División Control y Fiscalización Simultánea emitió la Nota de fecha 05/10/2023, en la que informó el presunto incumplimiento de la Resolución ex ANA N° 2522/87, Anexo III, punto 1.1, y estimó el valor en plaza de la mercadería en la suma de dólares estadounidenses ciento treinta y tres mil doscientos sesenta y cuatro con 36/100 (U$S 133.264,36), equivalente a pesos tres millones ciento ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y cuatro con 11/100 ($ 3.185.254,11).
Que, con fecha 06/10/2023, se formuló denuncia por presunta infracción al art. 991 del Código Aduanero, con fundamento en que la importadora no habría dado cumplimiento al procedimiento de identificación de la mercadería ingresada al amparo de las destinaciones mencionadas, en los términos exigidos por la Resolución ex ANA N° 2522/87.
Que mediante providencia de fecha 30/11/2023 se dispuso la apertura del sumario contencioso, se ordenó correr vista a la firma imputada y se encuadró prima facie la conducta atribuida en la infracción prevista y penada por el art. 991 del Código Aduanero.
Que la actora compareció y efectuó su descargo, sosteniendo, en lo sustancial, que la mercadería había ingresado regularmente al territorio aduanero mediante las respectivas destinaciones de importación, que no se encontraba controvertida su legítima introducción, que no existía perjuicio fiscal ni maniobra de ocultamiento o sustitución, y que el reproche formulado por el servicio aduanero se vinculaba exclusivamente con el supuesto incumplimiento del régimen de estampillado previsto por la Resolución ex ANA N° 2522/87. Asimismo, invocó la improcedencia de la sanción aplicada y solicitó el archivo de las actuaciones o, subsidiariamente, la aplicación de un encuadre más benigno.
Que, finalmente, mediante Resolución RESOL-2024-659-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 07/03/2024, el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros condenó a PORTLOG S.A. al pago de una multa equivalente a una vez el valor en plaza de la mercadería, por considerarla incursa en la infracción prevista en el art. 991 del Código Aduanero. Dicha resolución fue notificada a la interesada con fecha 09/04/2024, interponiéndose posteriormente el recurso de apelación que motivó la intervención de este Tribunal.
VI. Que, sentado ello, corresponde examinar en primer término la incidencia que proyecta sobre la imputación formulada en autos la abrogación de la Resolución ex ANA N° 2522/87 por la Resolución General N° 5581/2024, a la luz del principio de la ley penal más benigna expresamente receptado por los arts. 899, 900 y 901 del Código Aduanero.
Ello así, aun cuando la recurrente haya articulado sus defensas principalmente en torno a la improcedencia de la sanción aplicada y al régimen de condonación invocado, en tanto se trata de una garantía propia del derecho penal aplicable a las infracciones aduaneras, cuyos efectos operan de pleno derecho conforme lo dispuesto por el art. 901 del citado cuerpo legal.
Que las infracciones aduaneras revisten naturaleza punitiva, razón por la cual su juzgamiento debe efectuarse con arreglo a los principios generales del derecho penal.
En tal sentido, el art. 899 del Código Aduanero establece que si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, deberá aplicarse la que resultare más benigna al imputado, salvo que se trate de una norma que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería.
A su vez, el art. 900 del citado ordenamiento dispone que la comparación debe efectuarse considerando la totalidad del contenido de las normas penales cuya aplicación correspondiere, mientras que el art. 901 establece que los efectos de la norma penal más benigna se operarán de pleno derecho, excepto cuando la resolución condenatoria se encontrare firme.
Que, en el caso, la resolución condenatoria dictada en sede aduanera fue recurrida en término ante este Tribunal, por lo que no adquirió firmeza. En consecuencia, corresponde analizar si la modificación normativa operada con posterioridad a los hechos imputados y antes del dictado de la presente sentencia resulta más favorable para la recurrente, sin que ello importe alterar la plataforma fáctica ni exceder los términos de la litis, toda vez que el análisis recae sobre la misma conducta atribuida por el servicio aduanero.
Que, en esa inteligencia, corresponde destacar que el art. 991 del Código Aduanero constituye una norma penal en blanco, en tanto su operatividad requiere la existencia de normas reglamentarias que determinen concretamente cuáles son los instrumentos fiscales, medios de identificación o recaudos exigibles para la mercadería de que se trate. En el presente caso, la imputación formulada a PORTLOG S.A. tuvo como sustento normativo complementario el presunto incumplimiento del régimen de identificación establecido por la Resolución ex ANA N° 2522/87, Anexo III, punto 1.1.
Que tal inteligencia se compadece con el dictamen emitido por la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Laura Mercedes Monti, en la causa “Sistemas Electrónicos de Registración S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, S.327 L. XLI, en cuanto sostuvo que el art. 991 del Código Aduanero constituye una norma penal en blanco, que requiere del necesario complemento de otras disposiciones a las que implícitamente se remite, y que la supresión o modificación de la norma reglamentaria que completaba el tipo puede proyectar efectos sobre la punibilidad de la conducta.
Que, en dicha causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, criterio que resulta particularmente relevante para el sub examine, en tanto aquí también se debate la subsistencia de una imputación infraccional fundada en el incumplimiento de un régimen reglamentario de identificación posteriormente abrogado.
Que esta Sala, en un supuesto sustancialmente análogo, ya tuvo oportunidad de expedirse en los autos “LÓPEZ HERMANOS S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, EX-2025-91010419- -APN-SGASAD#TFN, sentencia del 27/03/2026, en los que se sostuvo que la derogación del régimen reglamentario que integraba el tipo infraccional del art. 991 del Código Aduanero imponía examinar la controversia a la luz del principio de la ley penal más benigna, salvo que se configurara la excepción prevista en la parte final del art. 899 del Código Aduanero. Cabe precisar que por “tratamiento aduanero” de la mercadería -en el sentido técnico de la expresión empleada en el art. 899 in fine del Código Aduanero- debe entenderse el conjunto de determinaciones que el servicio aduanero efectúa respecto de una mercadería al momento de su importación o exportación, comprendiendo su clasificación arancelaria, su valoración en aduana, su origen, y el régimen de prohibiciones o restricciones que la afectan –absolutas, relativas, económicas o no económicas, arts. 608 y ss. del C.A.-. Esta inteligencia encuentra apoyo en el art. 226 del Código Aduanero –en su nueva redacción-, que al regular la resolución anticipada alude precisamente a esos extremos como determinantes del tratamiento aduanero que corresponderá a la mercadería al tiempo de su importación o exportación. Por su parte, el “tratamiento fiscal” al que también alude el art. 899 in fine refiere a la tributación que recae sobre la operación aduanera –derechos de importación, IVA, tasas y demás cargas fiscales-. Desde esa perspectiva, el régimen de identificación mediante estampillas fiscales no integra ninguno de esos elementos: no incide sobre la clasificación arancelaria de los guantes de nitrilo involucrados, no altera su valoración en aduana, no define su origen, no modifica los tributos aplicables ni establece ni suprime prohibición alguna a su importación. Se trata, en cambio, de una obligación de control complementaria posterior al libramiento, que tiene por objeto facilitar la fiscalización aduanera en plaza.
En consecuencia, ninguna de las dos excepciones previstas en el art. 899 in fine del C.A. -ni la de “tratamiento aduanero” ni la de “tratamiento fiscal”— resulta aplicable al presente caso, lo que habilita plenamente la aplicación retroactiva del principio de la ley penal más benigna.
A este argumento sumo, el hecho que, si el legislador aduanero hubiese querido apartar de este principio de benignidad a quienes se ven incursos en la infracción en trato, hubiera redactado expresamente al tipificar este ilícito infraccional, que no era de aplicación la ley penal más benigna en determinados supuestos, como si lo hizo, al tipificar la infracción de declaración inexacta (art. 961 del C.A.) o la infracción relativa a incumplimientos a destinaciones temporales (art. 976 del C.A.).
VII. Que, a la luz de las constancias de autos, se advierte que la imputación formulada a la firma apelante tuvo su fundamento en el presunto incumplimiento del régimen de identificación de mercaderías previsto por la Resolución ex ANA N° 2522/87, sin que se hubiera controvertido la importación regular de la mercadería documentada mediante las destinaciones involucradas, ni se hubiera atribuido a la recurrente una maniobra diversa de ocultamiento, sustitución o ingreso irregular de mercadería al territorio aduanero.
Que, en efecto, de las actuaciones administrativas surge que la denuncia tuvo origen en la falta de acreditación del retiro de los timbres fiscales y de la posterior comunicación y verificación del estampillado de los guantes de nitrilo documentados mediante las destinaciones Nros. 18 073 IC04 111729 D, 18 073 IC04 017368 H y 18 073 IC04 023488 H. No surge, en cambio, que el servicio aduanero hubiera practicado una fiscalización presencial sobre la mercadería, ni que se hubiera constatado su hallazgo en plaza sin identificación fiscal, ni que se hubiera acreditado una transferencia irregular autónoma distinta del incumplimiento del régimen de estampillado que integraba la imputación.
Que la Resolución ex ANA N° 2522/87, relativa al Régimen de Identificación de Mercaderías, fue expresamente abrogada por la Resolución General N° 5581/2024, publicada en el Boletín Oficial el 09/10/2024 y vigente a partir del 10/10/2024. Dicha norma aprobó un nuevo sistema de identificación aplicable únicamente a las mercaderías comprendidas en su Anexo I, vinculado al Sistema Digital de Identificación de Productos —SiDIP— y, en particular, a mercaderías identificables mediante código IMEI.
Que la mercadería involucrada en autos consiste en guantes de nitrilo —guantes, mitones y manoplas, de punto, recubiertos o revestidos en una sola cara, incluso parcialmente—, clasificados en la posición NCM/SIM 6116.10.00.312D, y no se encuentra comprendida en el Anexo I de la Resolución General N° 5581/2024. En consecuencia, al tiempo de dictarse el presente pronunciamiento, no subsiste respecto de ella la obligación de identificación mediante timbres fiscales que sirvió de sustento a la imputación formulada en sede aduanera. Que, por las razones desarrolladas en el considerando precedente, la abrogación del régimen de identificación previsto por la Resolución ex ANA N° 2522/87 no configura una modificación del tratamiento aduanero ni fiscal de la mercadería en los términos del art. 899 in fine del Código Aduanero, sino la eliminación de una obligación reglamentaria de identificación y control posterior al libramiento.
Que, por consiguiente, desaparecida la norma complementaria que imponía el régimen de identificación mediante timbres fiscales respecto de la mercadería aquí involucrada, y no encontrándose los guantes de nitrilo clasificados en la posición NCM/SIM 6116.10.00.312D alcanzados por el nuevo régimen obligatorio establecido por la Resolución General N° 5581/2024, corresponde aplicar retroactivamente la norma penal más benigna, conforme lo dispuesto por los arts. 899, 900 y 901 del Código Aduanero.
Que dicha solución no importa desconocer que al momento de los hechos regía la Resolución ex ANA N° 2522/87, ni cuestionar que el servicio aduanero hubiera actuado sobre la base de un régimen entonces vigente. Sin embargo, al no encontrarse firme la resolución condenatoria y haberse producido, antes del dictado de esta sentencia, una modificación normativa más favorable para la imputada, sus efectos deben ser aplicados de pleno derecho en beneficio de la recurrente.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la Resolución RESOL-2024-659-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 21173-343-2023, por aplicación del principio de la ley penal más benigna, resultando innecesario ingresar al tratamiento de los restantes agravios articulados por la recurrente.
VIII. Que, por la forma en que se resuelve la presente causa, esto es, por aplicación del principio de la ley penal más benigna derivado de la abrogación de la Resolución ex ANA N° 2522/87 respecto de la mercadería involucrada, resulta innecesario ingresar al tratamiento de los restantes agravios articulados por la recurrente, en particular los vinculados con la procedencia del régimen de condonación invocado, la configuración sustancial de la infracción atribuida, la eventual recalificación de la conducta en los términos del art. 992 del Código Aduanero y la graduación de la multa aplicada.
IX. Respecto de las costas, opino que deben ser impuestas por su orden, toda vez que la sanción fue aplicada en sede aduanera con sustento en un régimen normativo vigente al tiempo de la imputación infraccional y que, con posterioridad, la cuestión se resuelve en virtud de una modificación normativa ulterior y de la aplicación del principio de la ley penal más benigna. En tales condiciones, la DGA contó oportunamente con razones atendibles para sustentar su actuación, lo que justifica apartarse del principio objetivo de la derrota y distribuir las costas por su orden, conforme lo previsto por el art. 1163 del Código Aduanero.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución RESOL-2024-659-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 21173-343-2023, por aplicación del principio de la ley penal más benigna, conforme lo dispuesto por los arts. 899, 900 y 901 del Código Aduanero, con costas por su orden.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución RESOL-2024-659-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 21173-343-2023, por aplicación del principio de la ley penal más benigna, conforme lo dispuesto por los arts. 899, 900 y 901 del Código Aduanero, con costas por su orden. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor Juárez y Juan Manuel Soria –por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación-, de conformidad a lo previsto en el art. 1162 del CA y art. 52 del Reglamento de Procedimientos ante el TFN-.
Date: 2026.05.27 16:20:20 ART Date: 2026.05.27 16:48:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.27 16:48:49 -03:00
Fin de la sentencia