Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 32724
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.
S in costas de alzada, atento a la ausencia de contradicción
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº C9-32724
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ASAMBLEA CRISTIANA EN BUENOS AIRES C/UNZUE DE LELOIR ADELA S/ POSESION VEINTEAÑAL" Causa N º C9-32724" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO dijo:
1. Contra el decisorio dictado el 6 de junio del 1994, se alzó la parte actora, el 26 de diciembre del 2022, interponiendo recurso de apelación; siendo el mismo concedido en relación, presentando el respectivo memorial el 20 de febrero del corriente año, confiriéndose el 24 de febrero del 2023.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
2. El 23 de marzo del 2023, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Planteada como viene la cuestión, en primer lugar he de recordar lo sostenido por este Tribunal en la causa 51.786, R.S. 423/05, donde se ha señalado que:
“Sabido es que " las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen . Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial ". En este sentido, a partir de su entrada en vigencia no tienen efecto retroactivo, ya sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. Así lo dispone nuestro ordenamiento civil de fondo en la letra de sus artículos 2 y 3.
De la simple lectura de la ley 12.357, que modifica el procedimiento en lo atinente al instituto de la caducidad de instancia, se observa que la misma no determinó la fecha a partir de la cual entraría en vigencia; por lo tanto, la misma comenzará a tener efectos a partir del octavo día de su publicación en el Boletín oficial , tal lo expuesto en el párrafo ut supra.-
En este aspecto, la Ley 12.357, publicada en el Boletín Oficial los días vienes 24 y lunes 27 de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, página 7990, la cual en su art. 1ro. reza: "Modifícanse los art. 311, 315 y 316 de la Ley 7.425, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias...", entró en vigencia el día cinco de enero del año 2000 (al respecto ver esta Sala en causa 46.238 RS 405/02).
Esta Sala se ha expedido, reiteradamente, sustentando la improcedencia de la aplicación de la ley 12.357 en caso de que la caducidad haya sido articulada con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley (cfr. causa 44.907, R.S. 56/01 y causa 48.129, R.S. 195/03)”
Manteniendo los plazos en los que se producirá la caducidad de instancia cuando no se instare su curso, agrega en el inciso 1° del artículo 310 (plazo de 6 meses) a los procesos de Instancia Única, y en el inciso 3° (plazo de 3 meses) a los juicios ejecutivos, subsanando, de esta forma, lo que había sido omitido en las reformas anteriores y que ya había aceptado la jurisprudencia de nuestra Provincia por interpretación hermenéutica de los plazos establecidos para los restantes procesos y acorde con lo determinado por el Código Procesal Civil y Comercial Nacional.
Asimismo cabe destacar que con fecha 07 de mayo 2009 fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, la ley 13.986 sancionada el 31 de marzo del 2009, recordemos que dicha norma reforma los arts. 310 y 315 del C.P.C.C. de esta Provincia que establecen el modo y la forma en que opera la caducidad de la instancia.
Siendo tales argumentos de plena aplicación al caso concreto de autos , corresponde señalar que la caducidad de instancia ha sido decretada de oficio el 6 de junio del 1994 , hace, 29 años aproximadamente, y que el abandono que se sancionaba con perención databa de una fecha anterior, deviene inaplicable en las presentes actuaciones la Leyes mencionadas precedentemente (12.357 y 13986), correspondiendo -pese a los agravios traídos y valorando las particulares circunstancias del presente caso- aplicar la normativa procesal del régimen anterior a la modificación efectuada en el ritual provincial, lineamiento que ha sido adoptado por el voto mayoritario de la SCJBA en Ac. 78.397 (sentencia del 23/12/2.003).
No nos deja de llamar la atención el recurso y la afirmación de que se tienen interés en impulsar el proceso cuando la caducidad de instancia fue declarada de oficio en el año 1994 y, recién en 2022, se intenta reactivar el tema.
Previo a concluir, me detengo en un punto del embate recursivo.
El recurrente señala: " El Juez a quo no tuvo en cuenta que los diligencimientos de oficios producidos por esta parte, los cuales aunque fueran realizados fuera del expediente INTERRUMPE el plazo de caducidad, tal como se estableció en el agravio anterior, y que me permito volver a reiterar".
En primer lugar observamos que el quejoso realiza una manifestación genérica, sin puntualizar concretamente las diligencias que estarían en curso., no observando -posterior al decisorio apelado- que se hubiera adjuntado o acreditado diligenciamiento alguno.
Pero hay más.
De la compulsa de las actuaciones observamos que el decreto cuestionado es del 6 de junio del 1994 , previo a ello, nos encontramos con un despacho que data del 20 de diciembre de 1993 , que no hace lugar, a lo solicitado por la parte actora (apertura a prueba de la causa y citación edictal ) el día 17 del mismo mes y año .
Vale destacar que, previa a dicha presentación nos encontramos con un despacho fechado el 23 de abril de 1993 .
Por las circunstancias mencionadas la falta de actividad es evidente y palmaria, insistiendo, que estamos analizando, un decreto del año 1994 .
Consecuentemente deberán rechazarse los agravios traídos y confirmar el fallo apelado, sin costas atento la falta de bilateralización (art. 68 2º párrafo del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.
S in costas de alzada, atento a la ausencia de contradicción
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 27/04/2023 12:07:31 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/04/2023 12:26:28 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/04/2023 12:30:40 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 27/04/2023 12:30:42 hs. bajo el número RS-124-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia