Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129.881
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, en la medida del recurso y los agravios se confirma la sentencia dictada en fecha 11/3/2021 y se impone las costas por lo actuado ante esta instancia a la parte demandada en su calidad de vencida.
LM/FS
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII Causa N° 129881; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA PRADO ROBERTO DANIEL C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los siete días del mes de Septiembre de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 129881, caratulada: "PRADO ROBERTO DANIEL C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada del 11/3/2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
1. La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 12 Departamental dictó sentencia en fecha 11/3/2021 haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual promovida por Roberto Daniel Prado contra Caja de Seguros S.A. rechazando las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción y condenando a esta última a que dentro del plazo de diez días abone la suma de $420.000 más intereses a devengarse a la tasa pasiva más alta que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a 30 días, desde el 14/11/2017 y hasta su efectivo pago. En otro orden desestimó el planteo actoral por actualización y declaró como de abstracto tratamiento la cuestión relativa a la inconstitucionalidad del Decreto 2530/10.
Finalmente, impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.
2. Contra dicho pronunciamiento se alzó en apelación la accionada mediante el escrito del 14/4/2021, siéndole concedida la misma por proveído del 26/4/2021.
3. Habiéndose elevado las actuaciones a este Tribunal, por providencia del 22/6/2021 se hizo saber a las partes la radicación de Sala y se mandó a expresar agravios a la accionada, lo que cumplimentó con la presentación del 5/7/2021.
4. Seguidamente y conferido en la misma fecha el traslado de rigor, éste fue contestado por la actora mediante el escrito del 14/7/2021.
5. Por último, en fecha 15/7/2021 se dio vista al Sr. Fiscal de Cámaras -quien la evacuara en fecha 30/7/2021- y no restando más trámites se efectuó el 2/8/2021 el llamamiento para el dictado se la sentencia, habiendo quedado éste consentido, por lo que las presentes actuaciones se hallan en estado para el dictado del pronunciamiento revisor.
6. Suficiencia del recurso Preliminarmente, corresponde abocarme al planteo traído por la actora desde su contestación agravios en relación a la suficiencia de los expresados por la demandada.
A tal respecto establece el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), que el escrito de expresión de agravios debe contener "...una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas...", no bastando remitirse a presentaciones anteriores.
Por otra parte debe resaltarse que teniendo en cuenta la gravedad de la sanción que es consecuencia de la insuficiencia de la fundamentación del recurso, se ha venido interpretando dicha norma con criterio restrictivo, favorable a la recurrente y en resguardo de su derecho de defensa (art. 260 CPCC; Morello y otros "Códigos..." T. III, pág. 445 y sgtes.; esta Sala, causa 94813, sent. del 7-2-2002, RSD 5/2002; causa 115784, sent. del 29-08-13, RSD 135/2013; causa 124507, sent. del 21-2-19, RSD 27/19).
Analizando de la expresión de fecha 5/7/2021, lo cierto es que independientemente de toda consideración que a la postre pudiera merecer el acierto o no de la expresión cuestionada (procedencia), a criterio del Suscripto la misma transita los carriles de la crítica concreta y razonada exigido, por mandato legal, en la instancia revisora (suficiencia). Consecuentemente y sobre la base de lo precedentemente establecido es que corresponde desestimar el planteo formulado por la actora (Art. 260 CPCC).
7. Los agravios Cuestiona la demandada: a) entiende que la Sra. Jueza ha incurrido en un error al interpretar que el plazo de prescripción aplicable al caso es el de 5 años apartándose irrazonablemente de los principios generales que gobiernan la aplicación temporal y de especialidad de las leyes como así también de la doctrina imperante de la CSJN en la materia debatida, b) considera que no se encuentra configurado el riesgo establecido en la póliza y c) sostiene la improcedencia de la aplicación de una multa civil.
8. Encuadre normativo Liminarmente he de señalar que la presente acción corresponde sea analizada desde la perspectiva del Código Civil y Comercial (en adelante CCyC), toda vez que el mismo ya era la ley vigente al momento del rechazo administrativo por parte de la aseguradora que diera lugar a la interposición de la presente demanda (15/11/2017), lo cual se sustenta en la normativa que actualmente viene dispuesta desde el art. 7 de dicho cuerpo normativo.
9. De la prescripción. Análisis e interpretación A. Como ya fuera adelantado previamente, se agravia en primer lugar la accionada por considerar que mediante una forzada interpretación de las normas sobre las relaciones de consumo la Sra. Jueza de anterior grado entendió que el plazo de prescripción aplicable al caso era el de cinco años y no el anual establecido en la Ley de Seguros, con lo cual en su criterio la sentenciante se ha apartado irrazonablemente de los principios generales que gobiernan la aplicación temporal y de especialidad de las leyes y también de la doctrina imperante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN) en la materia que aquí se debate. Liminarmente he de señalar que, en lo que refiere a la aplicación del estatuto del consumidor al contrato de seguro, no cabe duda sostener que es evidente que entre las partes existe una relación amparada por la legislación consumerista dado que dicho vínculo contractual no se encuentra dentro de las exclusiones previstas en el art. 2 de la ley 24.240. Que asimismo la relación contractual habida entre las partes es, por un lado, que la persona jurídica se obliga, mediante el pago de una prima, en carácter de proveedora de un servicio específico, a mantener indemne el patrimonio del asegurado a través de la asunción del riesgo previsto en la cobertura pactada, ya sea mediante el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida; y por la otra, que el destino final es de consumo, cumpliendo así con la causa fin prevista en la citada normativa (conf. Cám. Civ. y Com. de Mar del Plata, sala III, sent. del 6-6-2011, en JA, 2012-IV, p. 83, fascículo 8, del 21 de noviembre de 2012, y doctrina allí citada).
En definitiva, la demandada es una "proveedora" de un servicio: el seguro. Su actividad encuadra en las previsiones del art. 2 del régimen consumeril pues participa en la oferta de bienes y servicios en el mercado y al público indeterminado. La actividad aseguradora se encuentra alcanzada por las premisas del artículo mencionado. Por otra parte, no están expresamente excluidas en el segundo párrafo. Tampoco hay duda que el asegurado es un usuario o consumidor, por ello goza de una mayor protección como consecuencia de ser parte de una relación de consumo en virtud del régimen tuitivo aplicable. (conf. Cám. Civ y Com., de Lomas de Zamora, sala I, in re “Gómez de Olivera Jorge Rubén c. Federación Patronal Seguros S.A. s/daños y perj. autom. s/lesiones”, sent. del 22/05/2012; en ED 21/06/2012 , 7, LLBA 2012 (junio) , 557, RCyS 2012-VII , 248, RCyS 2012-X , 223, DJ 28/11/2012, 91 ).
De todo ello se colige sin esfuerzo que actualmente es aplicable al contrato de seguro la legislación tuitiva del consumidor (arts. 42, Const. Nac., 38 de su par provincial y legislación infra constitucional). Y ello conlleva además que ninguna norma, por más especial que sea, puede desplazar a las que rigen el derecho del consumidor, dada la mayor jerarquía constitucional de estas (ver Lorenzetti Ricardo Luís, Consumidores, Segunda edición actualizada, año 2009, p. 49, edit. Rubinzal - Culzoni). Asimismo, en el tópico en análisis, nuestro máximo Tribunal provincial en causa C 107.516 –sent. del 11-7-2012- sostuvo que ninguna duda cabe acerca de que el plazo de prescripción establecido por el art. 50 de la ley 24.240 incluye a las acciones judiciales emergentes de los contratos de consumo, entre los que cabe contabilizar, según las circunstancias, a los contratos de seguro. Siendo dicho criterio jurisprudencial, doctrina legal en los términos de los artículos 278, 279 y 289 del CPCC, por emanar de nuestro órgano de casación local, a ello debe estarse (art. 161 apart. 3 a. de la Carta Magna local), sin perjuicio de las consideraciones que sobre el particular podrían realizarse.
B. Respecto del pazo específico de prescripción, un nuevo análisis de la cuestión, a tenor del planteo efectuado, me lleva a realizar las siguientes consideraciones.
En ese orden, es menester recordar desde el comienzo que la prescripción es una institución de orden público cuya vigencia se halla consagrada en todas las ramas del derecho y que esta figura jurídica reconoce su génesis en la necesidad de preservar valores como el orden social y la seguridad jurídica, que se obtienen removiendo los obstáculos que permitirían que el deudor de una obligación fuera sometido a un plazo de espera indefinido para conocer si su inactivo acreedor ha renunciado al ejercicio de su derecho a la acción judicial o debe quedar expuesto a pretensiones tardías. Quiere decir que el titular tiene la carga de ejercitar tempestivamente su acción. Asimismo, cabe referenciar a su vez que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y en consecuencia ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho (SCBA LP C 122.820 Sent. del 17/11/2020)
En materia de prescripción, lo concerniente a la interacción de los diferentes órdenes normativos en el marco del bloque protectorio del consumidor ha habido –y sigue habiendo- opiniones y posiciones de lo más diversas.
Sentado ello, debo comenzar por recordar que como ya es sabido y en lo constituye el precepto normativo brindado desde la ley especial de seguros N° 17.418 (en adelante LS), el art. 58 textualmente dispone que “las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible”.
Por su parte y en lo atinente a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240 (en adelante LDC) sancionada originalmente el 22 de septiembre de 1993 y promulgada parcialmente el 13 de octubre del mismo año, la sanción de la ley 26.361 publicada en el Boletín Oficial el 7 de Abril de 2008 supuso un cambio sustancial del texto original, habiéndose modificado, entre muchos otros preceptos, el art. 50, el cual pasaría a estar redactado en los siguientes términos: “Prescripción. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales”. Parecía así, pues, que a partir de dicha reforma y máxime los principios protectorios a los que más adelante me referiré la opción entre una y otra alternativa, era clara, debiéndose decantar por el plazo de tres años más favorable al consumidor, sin perjuicio de lo cual la cuestión resultó harto debatida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, con pronunciamientos disímiles en todas las instancias.
Ahora bien, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (en vigor desde el 1/8/2015) supuso la reconfiguración normativa más importante a nivel general desde la reforma sancionada en el año 1968 y la derogación del Código Civil velezano (Ley 340).
Y aquí es donde considero necesario detenerme para intentar dilucidar el panorama actual de la cuestión.
De este modo, es primordial deslindar aspectos cuya consideración conjunta ha de arrojar -a mi entender- las directrices correctas para el tratamiento de la cuestión.
En primer lugar, es ineludible aludir al art. 2532 que inaugura el Libro Sexto del CCyC, el cual dispone: “Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos”.
Por otro lado, ya en el apartado relativo a los plazos, los arts. 2.560 y ss. dan cuenta de los diferentes supuestos previstos en el código, sucediéndose a través del articulado el plazo genérico de cinco años, los plazos especiales decenales y trienales, el bianual y finalmente el anual. Un tercer elemento reside en que fue la propia Ley 26.994 (CCyC) la que a través del punto 3.4 de su Anexo II dispuso la sustitución del art. 50 vigente hasta ese momento y al que ya hiciera referencia más arriba, para reemplazarlo por esta nueva redacción: “Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de TRES (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas”. Vale decir, la nueva redacción dada al art. 50 de la ley consumeril fija el plazo de tres años sólo a las sanciones propias de dicho régimen dejando fuera de su ámbito las acciones judiciales, como por el contrario antes establecía el texto previo de dicha disposición.
A su vez, el art. 1094 CCyC -bajo el título “Interpretación y prelación normativa”- establece que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso sustentable, agregando seguidamente que, en caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Igualmente, el art. 963 del mismo ordenamiento sustancial, en materia contractual dispone que “Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código”.
En ese orden, deviene necesario indicar que el plexo tuitivo de consumo asume el carácter de transversal dado que, frente a una relación de consumo, expende sus efectos a los regímenes particulares que atrapan la situación jurídica específica donde se desarrolló la misma. Y dicho estatuto, desde de un plano vertical en relación con la ley especial de seguros, posee preponderancia sobre ésta en razón de su jerarquía constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 de la Const. de la Prov. de Bs. As.) y desde una perspectiva horizontal es además claro por manato legal, que en caso de duda hay que estar una interpretación más favorable al consumidor (art. 3, Ley 24.240 y 1094 del CCyC); ello así máxime que en la materia prescriptiva rige, como ha sido dicho, un criterio restrictivo. Esta hermenéutica se ajusta igualmente al requerimiento legal de dialogo de fuentes (art.2 del CCyC).
Con lo cual a partir de la línea argumental que vengo sosteniendo, entiendo corresponde se aplique a las acciones judiciales derivadas de dicho plexo jurídico (ley 24.240), el de cinco años establecido en el CCyC (art. 2560).
En efecto, el art. 2560 del Cód. Civ. y Com. establece una norma general, pero que tiene esa particularidad: está llamada a regir la generalidad de las relaciones de consumo, lo cual revela la intención legislativa de integrarla al sistema respectivo y, por ser esa su materia, desplazar a toda otra norma que le sea ajena, ello con fundamento en el art. 3° de la ley 24.240, en cuanto dispone que esa ley se integra con otras normas generales o especiales que también regulen relaciones de consumo, mandando al intérprete efectuar esa integración de modo tal que cualquier duda conduzca a hacer prevalecer la solución más favorable al consumidor. De ella resulta que la línea de corte para determinar si una norma integra o no el sistema, no es su carácter general o especial, sino que ella cumpla con los recaudos previstos en ese art. 3, a saber: por un lado, que se halle destinada a regular relaciones de consumo; y, por el otro, que lo haga de modo tal que incorpore la solución más favorable al consumidor. Aplicados los principios de dicho art. 3 al caso, es claro que, aun si se aceptara que el art. 58 LS regula esta materia, ese precepto no podría considerarse parte del sistema, toda vez que, como es claro, el art. 2.560 Cód. Civ. y Comercial también regula lo mismo y lo hace en términos que superan el test que aquella norma exige efectuar. (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, en causa “Loto, Emiliano Norberto c. Seguros Sura SA s/ ordinario”, sentencia del 22/12/2020; en RCCyC 2021 (julio), 12/07/2021, 223).
Y ello se integra con el art. 1.094 CCyC, lo cual ha de terminar por constituir la pauta interpretativa más acorde al sistema normativo actual en concordancia con el orden de prelación normativa consagrado en los arts. 963 y 2.532 del CCyC. Ello así, desde que el art. 1094, en su segunda parte, como ha sido mencionado, resulta por demás esclarecedor al señalar que en caso de duda sobre la interpretación del Código Civil y Comercial o de las leyes especiales, prevalecerá la más favorable al consumidor, y asimismo en aras de una interpretación funcional desde la perspectiva que ofrecen los arts. 42 y 75, inc. 22, CN; 50 y 3º de la Ley de Defensa del Consumidor; arts. 2º, 3º y 1094 y del Cód. Civ. y Com. y cc. (conf. la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, en causa "Sittner, Nélida E. c. La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario” en AR/JUR/493/2020).
En sentido concordante con esta posición se ha afirmado que “esta última propuesta es la que parece más razonable (art. 3 CCyC) y que armoniza todo el marco normativo de defensa del consumidor conforme al juego de los arts. 42 CN, 1094 CCyC y 3 LDC, siendo que tampoco puede obviarse el hecho de que los arts. 1 y 2 del CCyC imponen una interpretación según las leyes que resulten aplicables de acuerdo con la CN y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte; así, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (Cám. Apel. Civ y Com. Mercedes, Sala I, sent. del 5/12/2019 en actuaciones “Vega, Adriana Luz Mayra y otro c/ Antártida Compañía Argentina de Seguros s/ Daños y Perjuicios”). Con lo cual, y en virtud de las razones y argumentos expuestos, ha de postularse para la solución del presente -como ya fuera adelantado- la aplicación del plazo de prescripción quinquenal que viene normado desde el art. 2.560 del CCyC.
C. Sentado ello, el art. 2.554 del mismo plexo jurídico dispone en carácter de “Regla general” que el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible.
Es pues necesario determinar a partir de qué momento resultó exigible la prestación para así poder determinarse si a la fecha de interposición de la demanda el plazo quinquenal de prescripción se hallaba cumplido.
Y aquí deviene ineludible acudir a las condiciones de póliza de seguros que como archivo digital adjunto se acompañara con la contestación de demanda del 28/9/2018.
Allí, desde el art. 5 (“Plazo de Prueba”) se dispone que “El asegurador dentro de los quince (15) días de recibida la denuncia y/o las constancias a que se refiere el punto anterior, contados desde la fecha que sea posterior, deberá hacer saber al Asegurado y/o su representante la aceptación, postergación o rechazo del otorgamiento del beneficio (…)” Lo antedicho, a su vez, resulta complementado por el art. 8 de dicha póliza -“Comprobación de la incapacidad”- del cual diera cuenta el informe pericial contable elaborado por la Ctdra. Leticia Beatriz Ramos presentado el 8/3/2020, el cual establece que “la determinación del estado de incapacidad a cargo del Asegurador resultará imprescindible para establecer la procedencia del beneficio en todos los casos, inclusive para aquellas incapacidades que se califiquen de total y permanente por vía administrativa judicial y/o por accidente de trabajo y/o hayan dado lugar a indemnizaciones fundadas en la legislación laboral o en convenios de partes y/o hayan originado el otorgamiento de la jubilación por invalidez”. Con lo cual resulta evidente que en el marco de lo normado en el art. 2.554 CCyC el transcurso del plazo de cinco años para el ejercicio de la acción comenzó a correr el día posterior a la fecha de anoticiamiento de lo resuelto por parte de la Aseguradora, decir el 16/11/2017.
Consecuentemente, siendo que a la postre y cumplida la etapa de mediación la demanda fuera recibida en la Receptoría General de Expedientes en fecha 30/7/2018, es claro que el plazo de prescripción liberatoria no se hallaba cumplido, por lo que corresponde desestimar el primero de los agravios, lo que desde aquí dejo propuesto al Acuerdo.
10. Configuración del riesgo establecido en la póliza De manera subsidiaria y desde su segundo agravio la accionada arguye que en el presente caso no se encuentra configurado el riesgo establecido en la póliza, pues de la pericia médica no surge que el Sr. Roberto Daniel Prado presente una incapacidad física total, permanente e irreversible superior al 66%.
En dicha dirección sostuvo que su posición viene dada por lo que entiende constituyó una errónea valoración de la prueba médica y los extremos fácticos en los que la Jueza de anterior grado fundara su decisorio, tanto respecto del grado de incapacidad que padecía el actor al momento del siniestro (cese laboral) como así también de la configuración del riesgo establecido en la póliza, agregando en este sentido que la sentenciante únicamente ponderó las conclusiones del dictamen pericial médico descartando sin razones atendibles la impugnación presentada por su parte, por lo cual concluye que la Sra. Jueza no efectuó un análisis de la pericia médica sino que se basó simplemente en el resultado final que arrojó el cálculo del perito médico en relación al grado de incapacidad del actor. Principiando el análisis en torno a esta cuestión y de las constancias del informe pericial contable ya aludido se desprende que en los libros de la demandada se encuentra registrada la póliza N° 50609939640-01 ramo Seguro de vida colectivo vigente a la fecha de la interposición del reclamo (vigencia inicial 1/1/2008), tomador: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, riesgo asegurado: incapacidad física total, permanente e irreversible, estando a su vez registrado en aquellos el Sr. Roberto Daniel Prado D.N.I. 17.888.497.
Asimismo y en lo que toca al núcleo de la cuestión controversial dicha póliza establecía que “El Asegurador concederá el beneficio que acuerda esta Cláusula, cuando el asegurado, como consecuencia de una enfermedad o accidente, que padezca un estado de incapacidad física total, permanente e irreversible; no pasible de ser revertido por tratamientos médicos y/o quirúrgicos; con prescindencia de su ocupación y/o profesión. Tal estado de incapacidad física, deberá manifestarse en forma ininterrumpida por SEIS (6) meses como mínimo, haberse instalado durante la vigencia de esta cláusula adicional y antes de que el asegurado exceda la edad establecida en las Condiciones Particulares de la póliza como edad límite para esta cobertura adicional. Se entiende por instalación de la incapacidad física total, permanente e irreversible a la fecha en que, según los estudios y pruebas médicas realizadas al asegurado, se compruebe de modo fehaciente la instalación de la o las afecciones que determinaron el estado de incapacidad física total permanente e irreversible. Se excluyen expresamente los casos que afecten al asegurado en forma parcial o temporal. El Asegurador solicitará las pruebas médicas, estudios y demás elementos que a su juicio sean razonables y necesarios para establecer la procedencia del beneficio. A los efectos de otorgar el beneficio que concede la presente cláusula, se considerará incapacidad física total, permanente e irreversible, a las definidas en los Artículos 2 y 3”
El art. 6 de la cláusula 820 (“Exclusiones específicas”), por otro lado, dispone que “además de las exclusiones que establece el art. 18 (Exclusiones de las condiciones generales de la cobertura básica) quedan excluidas de la cobertura que otorga la cláusula las consecuencias de: a) Enfermedades - y sus secuelas - que hubieran sido contraídas antes de la entrada en vigencia de la presente cobertura, manifestada a través de un diagnóstico concreto o no, b) Enfermedades Profesionales, c) Serología positiva para el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) con cuadro clínico asintomático y d) Patologías Psiquiátricas y/o Psicológicas.
Y habiendo llegado a este punto del análisis, interpreto necesario detenerme en ciertos aspectos ineludibles de la protección al consumidor que hoy día -fundamentalmente a partir de la sanción de la ley 24.240 y la inserción del art. 42 en el texto de la carta magna reformadaresulta imposible soslayar.
Así, el art. 42 de la Constitución Nacional (en adelante CN)
establece que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo”; cuestiones estas que a su vez -y en términos muy similares- se hallan también explicitadas en el art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (en adelante CPBA). El art. 4 de la LDC, por su parte, dispone: “Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”, para agregar seguidamente que “La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión” y en consonancia con ello, el art. 8 bis de dicho cuerpo normativo alude asimismo al deber de brindar un trato digno y asimismo evitar prácticas abusivas.
Todo lo cual, por lo demás, ha sido receptado también en diversos dispositivos del CCyC en la regulación que comienza con el art. 1092.
Dicho esto, pues, y comenzando ya a dilucidar la cuestión, encuentro insoslayable recordar que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (en adelante CPCC) establece como principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes el de la carga de la prueba, al disponer que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan -y que pretenden subsumircomo sustento de su pretensión, defensa o excepción. Por tal motivo, entonces, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (esta Cámara, esta Sala, en autos “Bagdonas, Ezequiel Aníbal c/ Venezia, Alejandro s/ Daños y Perjuicios”, Causa N° 118.286, SRD 147/19).
Concordantemente y en lo que a la jurisprudencia del Máximo Tribunal Provincial respecta, tiene dicho que “El principio de la carga de la prueba contiene una regla de conducta para el juzgador e implica este principio la autorresponsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al disponer de libertad para llevar o no la prueba de los hechos que la benefician y la contraprueba de los que, comprobados por la contraria, pueden perjudicarlas” (Sup. Corte Bs. As., 17/10/1990, "Del Bueno, Roberto v. Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa", 30/5/2012, "S., S. v. B., d. s/ Demanda contencioso administrativa" y 22/8/2012, "Díaz, Roberto Ismael v. Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa. Tercero: Argentina Salud y Vida SA", Juba sumario B80408).
Constituye así esto una imposición de la relación procesal a las partes, para que observen determinadas conductas, pero al mismo tiempo, aparece como una regla para el juzgador, indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos (Sup. Corte Bs. As., DJBA 117-266; C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 3ª, 24/11/2010, "Bustos, Miguel v. Expreso Arseno SRL s/ Daños y perjuicios", Juba sumario B3750638). Corresponde a las partes, por lo tanto, la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones. Caso contrario, han de soportar las consecuencias de incumplir ese imperativo que hace a su propio interés (Sup. Corte Bs. As., DJBA 131-133 o LL 1987-C-423; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 21/9/2006, "Zendri, Horacio Néstor v. Benedetti, Fabricio y otros s/ Daños y perjuicios", Juba sumario B354345; C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 6/2/2003, "Consorcio Calle Rivas 4716/36/66/88 v. Zamorano, José s/ Ejecución Expensas", Juba sumario B1352727; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación comentados y anotados. Augusto Mario Morello, Gualberto Lucas Sosa y Roberto Omar Berizonce. Editorial Abeledo perrot, v. esp. comentario art.
375 CPCC).
En consecuencia y conforme al modo en que quedara planteada la controversia a partir de la demanda y su contestación, va de suyo que las cuestiones centrales a determinar eran por un lado los términos en los cuales fuera contratada la póliza -por ende las condiciones en las que se podría solicitar el beneficio respectivo- y por el otro la efectiva constatación de la o las incapacidades alegadas por el solicitante de la prestación.
Dicho ello, lo cierto es que sin perjuicio de las consideraciones que en párrafos siguientes habré de efectuar en torno a las características del instrumento contractual, llega firme a esta instancia la primera de dichas cuestiones, por lo que he abocarme al análisis de la pericia médica incorporada en la causa, cuyos términos y conclusiones –como ya fuera señalado- resultaron cuestionados.
Desde tal informe presentado en la causa el 26/11/2019 por el Perito Médico Legista Dr. Oscar Eduardo Álvarez se concluyó que el actor al momento de la pericia presentaba un grado de incapacidad del 78,8% de tipo permanente y con carácter de definitivo, proveniente de las siguientes patologías y minusvalías: artrosis cervical y lumbar generalizada con repercusión funcional (25%) y limitación de la flexión de las rodillas bilateral (14%), obesidad grado 3 (18,3%), diabetes tipo 2 (8,54%), hipertensión arterial (6,83%), hepatopatía crónica leve (2,73%), bucodental (2,21%) y colecistectomía (1,19%).
Por su parte y notificadas que fueran las partes del mismo, la accionada articuló en fecha 11/12/2019 un pedido de nulidad e intervención de la Asesoría Pericial. Subsidiariamente solicitó explicaciones y formuló impugnaciones al dictamen.
Dicho ataque se centró en primer lugar en que el informe no había evacuado los puntos de pericia por ella propuestos -habiéndolo hecho sólo respecto a variables y circunstancias propuestas por la parte actora- lo cual supuso una afectación del derecho de defensa en juicio, el principio de igualdad ante la ley y en definitiva el debido proceso; y ello, puntualmente, en razón de que el experto no había tenido en consideración constancias del expediente, de la póliza y los términos de la cobertura que la parte actora reclama.
Remarcó en tal tesitura que el perito no había evacuado el punto pericial N° 4 consistente en identificar cuáles de las patologías diagnosticadas cumplimentaban lo requerido taxativamente por la póliza. Más allá de esto y en subsidio de la nulidad articulada pidió explicaciones sobre criterios médicos por un lado y por el otro acerca de consideraciones vinculadas a aspectos de la cobertura prevista en la póliza y cuestiones relativas al reclamo administrativo. A todo evento impugnó también el dictamen.
El profesional, a su turno, atendió con la pieza del 2/1/2020 los planteos de la accionada efectuando la ampliaciones y aclaraciones del caso.
Pues bien, en tal sentido he de decir que las contestaciones del experto fueron convincentes en los aspectos médicos.
Sobre el particular el experto no sólo dio cuenta de los estudios médicos tenidos en consideración como antecedentes sino que también indicó los baremos que utilizó para arribar a los guarismos indicados (Arts. 473 y 474 CPCC)
Y aquí, pues, dable resulta precisar una vez más que los dictámenes técnico-profesionales han de deber valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4-VII-1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14-XI-2007), y que al apreciar dichos informes los jueces ejercen facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26-IV-1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26-X-1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3-III-1998).
Sin embargo, ya ha resuelto esta Cámara que “…las reglas de la sana crítica indican que para apartarse del dictamen pericial suficientemente fundado, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria, por lo que las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica…” (Art. 474 del C.P.C.C.; esta Cámara, esta Sala, causas 109.550, sent. del 22-7-2008; 115.511, sent. del 26-3-2013).
Se desprende así de lo dicho que para sustraerse de las conclusiones del dictamen pericial debe encontrarse apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con los principios lógicos y las máximas de experiencia o en que en el proceso no existan elementos de mayor eficacia acerca de la verdad de los hechos controvertidos; consecuentemente, cuando el peritaje aparece fundado en principios científicos técnicos o científicos inobjetables y no existe otra prueba que los desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de este tipo de mayor valor, aceptar las conclusiones del peritaje (CNCIV. Sala F, 24/8/82 "Bernal c/ Dirección de Bienestar de la Armada y otra" en E.D. 102-231 y sgtes, citada a pie de página 680 en Bueres-Highton "Código Civil y normas complementarias..." T. 4 A; C0202 causa 117618 “Muñiz José Luis c/ Rosato Antonio y otro s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 17-3-2015, RSD-19/2015).
La accionada alega que el informe pericial médico resulta inidóneo en primer lugar por cuanto no respondía el punto 4 del cuestionario pericial por ella propuesto y en segundo lugar porque se basó principalmente en estudios médicos actualizados que desnaturalizaban (elevaban) los grados de incapacidad y por ende se cambiaban las condiciones de contratación establecidos en la póliza.
Adicionalmente manifiesta que oportunamente se advirtió al sentenciante que la conclusión a la que había arribado el perito médico estaba imbuida de errores metodológicos y por tal motivo la misma era errada y de mínima admitía una explicación, para sostener a continuación que el experto omitió casi deliberadamente considerar su posición y desechó los planteos, postura la cual tuvo luego correlato en el pronunciamiento de mérito con la tesitura de la Sra. Jueza de convalidar la experticia sin abrir opinión sobre el escrito impugnatorio.
La recurrente argumenta en dicho sentido que el perito tuvo en cuenta estudios médicos actualizados al momento de la revisión médica, es decir tres años posteriores a la fecha en que se produjo el siniestro (cese laboral), lo cual lleva a concluir que como consecuencia propia de la edad del actor (52 años al momento de la pericia) existen patologías que se agravan o son progresivas al paso del tiempo.
Así sostiene que si el accionante efectivamente hubo de superar el guarismo de incapacidad contemplado (66%) durante la etapa del juicio, fue porque 1) el perito tomó estudios médicos actualizados a la fecha de la pericia (tres años posteriores a la fecha del cese laboral) y 2) el perito no contestó acabadamente el punto pericial N° 4 relativo a la correlación entre las patologías encontradas al actor con las que taxativamente están cubiertas por la póliza.
Sin embargo, tengo para mí que dichos embates no pueden prosperar.
Primeramente y en lo que hace a la temporalidad de los estudios que abastecieran la pericia, a mi criterio y en consonancia con el contexto y las circunstancias en que se efectuara la petición ante la aseguradora en sede administrativa, es lógico suponer que aquellos van a irse sucediendo en el transcurso de los meses posteriores al acaecimiento del siniestro, máxime si la respuesta de la proveedora fue adversa en torno a la concesión del beneficio. Por otra parte, es la propia cláusula adicional de incapacidad física total permanente e irreversible la que establece como requisito temporal el que la misma deberá manifestarse en forma ininterrumpida por SEIS (6) meses como mínimo. Y en tal sentido, si dos de las características de la mentada incapacidad se relacionan con la permanencia y la irreversibilidad, no se avizora cómo la realización de los estudios médicos actualizados a la fecha de la pericia resultarían incompatibles con la constatación de tal clase de incapacidad.
Por otra parte y en lo que a la apreciación de la correspondencia entre las minusvalías constatadas y las previstas en la póliza, encuentro que en casos como el presente donde inexorablemente deviene menester una interpretación jurídica de cláusulas contractuales dicho requerimiento no puede considerarse imperativo en el marco de normado en el art. 457 del CPCC. Y aquí, apartándome de lo atinente a la cuestión médica, deviene insoslayable abordar lo relativo a ciertas particularidades en las relaciones proveedor-consumidor, y específicamente en lo que aquí importa al deber de información.
Así, entre la documentación que oportunamente se acompañara con la demanda se encuentra la carta documento CAQ40464081 entregada al actor mediante se le anoticiara la decisión adoptada por la compañía aseguradora demandada (v. pág. 8), la cual expresó que “Teniendo en cuenta que la fecha de siniestro 7/7/2016 y que la denuncia del mismo fue presentada en nuestra compañía el 14/11/2017, resulta haber transcurrido el plazo de prescripción que establecen las condiciones generales de la póliza contratada y el art. 58 de la ley de seguros N° 17.418, cuya parte pertinente transcribimos a continuación: ‘Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el pazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible’. En virtud de lo expuesto, nos vemos en la obligación de rechazar el siniestro por Ud. denunciado”
Ahora bien, en este punto es necesario recordar que, en consonancia con las mandas constitucionales, el art. 4 de la LDC consigna que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. Sin embargo, no hallo que dicha directriz haya sido cumplida siquiera mínimamente por la accionada en orden a contextualizar y dar razones claras del rechazo comunicado.
El art. 42 de la CN determina que el consumidor debe recibir información, pero no cualquier información, sino que ésta debe ser adecuada y veraz. Y, por mi parte, sostengo que la información adecuada conlleva que asimismo la misma sea oportuna.
En la especie, una derivación agravada de la obligación de informar lo constituye el deber de advertencia. Cabe en este aspecto ponderar que el incumplimiento de la obligación de informar genera una responsabilidad netamente objetiva: la persona que por su oficio o profesión notoriamente dispone de información, no puede ignorar la importancia de ésta para la contraparte: el deudor de esta obligación conoce o debe conocer la relevancia que el acreedor atribuye a la misma (La obligación de informar en el ámbito de las relaciones de consumo. Alcances y extensión (Ámbito objetivo y subjetivo) Quaglia, Marcelo C.¸Raschetti, Franco; en SJA 20/05/2020, 15; y JA 2020-II)
Consiguientemente y por las características de su actividad y su carácter de profesionalidad para llevarla a cabo, es incontrovertible que la compañía aseguradora es la que en mejores condiciones se encuentra para hacerlo.
En tal sentido, el art. 53 de la LDC recepta el instituto de las cargas probatorias dinámicas –lo cual supone que aquel que se encontrare en mejor posición para probar es sobre quien pesará la carga- al prescribir que “los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio”. En razón de dicha norma, el proveedor debe acreditar un hecho positivo (el haber cumplido con la obligación de informar) para lo cual, generalmente, cuenta con más elementos probatorios en relación con el vínculo contractual con el consumidor y releva a éste de la demostración de un hecho negativo, (que no le fue acabadamente brindada la información correspondiente) de más compleja demostración.
La lectura de la póliza en virtud por la cual se acciona evidencia lo dificultoso que resulta acceder de un modo sencillo y rápido a la información relevante -y en varios aspectos imprescindible- para poder evaluarse en cada caso concreto la configuración de los presupuestos contemplados y en definitiva la procedencia o no del reclamo.
Y suponiendo que la información necesaria para que el consumidor/usuario/beneficiario en el marco de una relación de consumo estuviera disponible en su totalidad, de ningún modo puede resultar aceptable que ésta se halle inserta en términos confusos para el consumidor o de algún modo “escondida” en medio de un galimatías jurídico. No tengo dudas que contratos como el que aquí se analiza presentan un grado de tecnicismo y de innecesaria dificultad o complejidad para su comprensión por parte del destinatario último que en definitiva atentan tanto contra el derecho a una información adecuada que asiste hoy día al consumidor como contra la finalidad misma de la contratación ya sea para los tomadores y muy especialmente para los beneficiarios de prestaciones de una relación de consumo.
Y prueba de ello es -por mencionar sólo algunos aspectos- la redacción y presentación de las distintas cláusulas con una serie de previsiones, remisiones y conceptualizaciones por demás desordenadas que hacen realmente difícil la lectura de la misma, por no mencionar –a modo de ejemplo- el formato visual del instrumento para nada amigable con el lector en donde toda la información se halla presentada sin ningún tipo de indicadores, destaques o marcas que permitan de un modo claro, rápido y sencillo tener acceso a los datos indispensables para efectuar ya sea una petición administrativa o un reclamo judicial (archivo adjunto a la presentación electrónica del 28/9/2018).
Volviéndose pues sobre la carta documento aludida, en la misma se hace referencia al transcurso de un plazo entre lo que se expresa es la fecha fue siniestro (7/7/2016) y la denuncia presentada ante la aseguradora, y a que se encuentra excedido el plazo de prescripción que establecen las condiciones generales de la póliza contratada y el art. 58 de la ley de seguros N° 17.418.
No queda claro, sin embargo, en qué parte de la póliza se establecen dichas condiciones generales en relación al plazo durante el cual debe ser efectuada la presentación respectiva.
Bien podría suponerse que se está aludiendo -tal vez- al plazo y procedimiento establecidos en el art. 46 de la ley 17.418, pero ello no se halla explicitado ni explicado siquiera mínimamente, lo que no hace más que agregar incertidumbre en torno a la cuestión.
Y mayor resulta la confusión cuando a continuación en el mismo documento la demandada alude al plazo de prescripción anual del art. 58 de la LS, el cual a todas luces se encuentra previsto para las acciones judiciales y no para presentaciones de carácter administrativo como lo es la solicitud de un beneficio ante la aseguradora.
Tengo así para mí que todos estos vicios no pueden en modo alguno ir en desmedro de los legítimos reclamos del consumidor, bajo riesgo de convalidarse por ese camino prácticas abusivas que en definitiva implicarían en los hechos una virtual desaparición de la prestación comprometida.
Y en lo que concierne a esta vicisitud, la Suprema Corte Provincial se expidió en el sentido de que la garantía de una tutela judicial efectiva se impone con mayor razón en el ámbito del derecho del consumidor y usuario. El art. 42 de la CN y el art. 38 de la CPBA aseguran una protección especial a los intereses de los consumidores y usuarios generados en la relación de consumo garantizando su defensa. Así, la ley de Defensa del Consumidor 24.240 -con su modificatoria 26.361- articulan un sistema que, sobre aquella base constitucional, penetra en todas las aristas del ordenamiento y condiciona sustancialmente premisas y principios hasta entonces pacíficos en el campo del derecho privado patrimonial (Del voto del Juez de Lázzari, C. 117.245 “Crédito para todos S.A. c/ Estanga, Pablo Marcelo s/ Cobro Ejecutivo”, Sent. del 3/9/2014).
Tampoco encuentro asidero en que la incapacidad determinada en base a nuevos estudios médicos introduzca un cambio en las condiciones generales de la póliza ni que el paso del tiempo o el factor etario del actor supongan incidir de forma directa en su cuadro para dejarlo fuera de la cobertura asegurativa.
De nuevo, de los términos de la póliza en ninguna parte se alude a plazos de caducidad y por otra parte no resultó una cuestión controvertida la circunstancia que al momento de efectuar la petición en sede administrativa el actor no alcanzaba el límite de edad contemplado en la póliza (65 años).
Resulta pues pertinente traer a colación lo que viene regulado desde el art. 37 LDC (Interpretación), el que luego de referirse a diferentes cláusulas que se tendrán por no convenidas dispone que “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable al consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa”.
Y en dicha línea, el Máximo Tribunal de la provincia tiene dicho que “Tratándose de una relación de consumo el juzgador no debe efectuar sólo una interpretación posible de las cláusulas predispuestas, sino que por expreso mandato legal debe estar a aquella que resulte más favorable a la parte más débil” (del voto del Juez Soria, C. 91452 “Choqui Néstor Petronio c/ Coop. Viv. Pers. YPF Gral. Mosconi s/ Cumplimiento de contrato”, Sent. del 17/9/2008).
Dicho ello y retomando lo atinente al aspecto médico, tengo para mí que a partir de las constancias de la documentación que fuera adjuntada con la demanda -págs. 24/55- en consonancia con lo oportunamente dictaminado por el experto médico se halla probado en esta causa el presupuesto fáctico previsto en la póliza de seguro colectivo contratada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como tomador y Caja de Seguros S.A. como proveedor.
A tal respecto la pericia médica presentada en estos obrados, si bien sintética, resultó científicamente fundada, y asimismo el experto, ante el pedido de explicaciones, procedió también a brindarlas de modo convincente, por lo que no se advierte la hermenéutica errónea y apartada de la técnica científica que fuera argüida por la recurrente ni por qué el experto habría tenido que verse constreñido por la técnica científica pretendida por la accionada, y mucho menos de qué modo lo dictaminado colocaría a la recurrente en un estado de indefensión favoreciendo sin razones que lo justifiquen la postura de la accionante.
Por otro lado, no puede soslayarse el hecho de que conforme surge de la documentación de págs. 19/23 fue el propio Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires el que en el marco del expediente N° 2989-2675/11 dispuso en la persona de la Ministra de Salud y mediante Decreto 230/16 el cese en el cargo del Sr. Roberto Daniel Prado en su carácter de agente del Hospital Interzonal General “Vicente López y Planes” de General Rodríguez dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales, en virtud de incapacidad laboral de carácter permanente superior a dos tercios de su capacidad psicofísica conforme a los Dictámenes de la Junta Médica según se mencionó, otorgándole al agente el beneficio legal previsto por las leyes 14070 y 13355.
Así, pues, y concluyendo este apartado, tengo para mí que la actora ha conseguido acreditar con el material probatorio acompañado con la demanda y con el producido durante el desarrollo del proceso los presupuestos de hecho para el acogimiento de la pretensión, por lo que corresponde en mi criterio confirmar el pronunciamiento de primera instancia a este respecto, lo que desde ahora dejo propuesto al Acuerdo (Arts. 375, 384 CPCC; 1, 2, 4, 53 LDC; 42 Const. Nac.; 38 Const. Prov. Bs. As.).
11. Daño Punitivo En último término, con carácter subsidiario y en relación a la condena al pago de una multa civil por la suma de $100.000 a cargo de la accionada ésta solicitó se revoque lo así decidido toda vez que no existen elementos ni fundamentos para su procedencia.
La recurrente mantiene que en concreto la imputación de las conductas endilgadas a Caja de Seguros S.A. no habilitan la procedencia de la sanción punitiva, señalando que la casi inexistencia de fundamentos violenta la defensa en juicio y concretamente el art. 3 del CCyC que expresamente estatuye que las sentencias deben estar razonablemente fundadas.
Así, arguye que la magistrada no ha motivado su acto jurisdiccional en orden a puntualizar cuál o cuáles han sido las conductas reprochables por parte de la aseguradora, y sólo ha fundado la sentencia en estándares abstractos de conductas sin identificar el o los hechos que atribuye como graves y que habilitan la sanción establecida en el art. 52 de la LDC.
Pues bien, puesto a analizar esta parcela del pronunciamiento tengo para mí que, lejos de no habérselo motivado o fundado razonablemente, la sentenciante de anterior grado luego de exponer con toda claridad y concisión las generalidades de la cuestión con cita del texto constitucional de la Nación y las disposiciones de los ordenamientos de fondo, hizo hincapié con especial énfasis en la indiferencia y desidia mostradas en el trato que la aseguradora le dispensó a su asegurada -lo que supuso un abuso de su posición de privilegio- como así también el incumplimiento de la obligación de informar en forma adecuada por parte de la aseguradora, lo cual en mi criterio y a raíz de las constancias de la presente causa se halla fuera de toda discusión.
De ello coligió la violación de principios de trato digno, buena fe, orden público e igualdad y en otro orden puntualizó el papel del instituto como generador de conductas disuasivas tendientes a corregir las prácticas del mercado en las que los usuarios resultaban víctimas de una indudable posición de desigualdad y a generar estándares de profesionalidad compatibles con las legítimas expectativas de los usuarios.
La demandada, sin embargo, esgrime que el decisorio de la Sra. Jueza en este aspecto resulta inadmisible e improcedente ya que ninguna de las conductas descritas se ha configurado -menos aun algún tipo de incumplimiento legal o contractual por parte de Caja de Seguros S.A.- y que en todo caso, de existir una posible omisión de su conferente (la cual dice desconocer) la misma no queda inmersa en la figura del tipo legal que exige el art. 52 bis de la LDC, es decir la conducta grave.
En definitiva -concluyó-, no estando presente ninguna de las condiciones para la procedencia de una multa civil en el caso la sentencia debe revocarse a este respecto; de lo contrario, la aplicación automática de la figura importada del derecho anglosajón materializada en la norma del art. 52 bis de la LDC quedaría absolutamente desnaturalizada.
Así planteada la cuestión y en lo que concierne al tratamiento que en la instancia de origen se le diera al instituto, debo comenzar por recordar que en el caso que nos atañe se está en presencia de una relación de consumo en la que la compañía aseguradora demandada incumplió con una obligación contractual de otorgar la prestación previamente acordada para supuestos como el que en definitiva se corroborara en estas actuaciones.
Asimismo, es oportuno señalar que en relación a este daño, el art. 52 bis de la LDC incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008) dispone que: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicarle una multa civil en favor del consumidor, la que se graduará en función a la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”.
Vale decir que del texto de la norma se desprende un único requisito para su procedencia: el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales respecto al consumidor, reservándose ciertas valoraciones subjetivas para la oportunidad de su cuantificación o graduación y siendo la eventual gravedad un aspecto que -de corresponder- habrá de deber ser analizado conforme las características del hecho y las circunstancias del caso.
Y en este sentido, nuestro Máximo Tribunal provincial tiene dicho que: “La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales” (conf. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 562/563; Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, págs. 278/279; Fernández, Raymundo L.; Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María Velentina, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Abeledo Perrot, t. II-B, Buenos Aires, 2009, pág. 1197; Conclusiones de la Comisión 10, XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, publicadas en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, ed. La Ley, pág. 196; SCBA LP C 119.562 Sent. del 17/10/2918 Juez De Lazzari (SD). Carátula “Castelli, María Cecilia c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Nulidad de actor Jurídico).
Por otro lado no pude obviarse que a partir de la ponderación armónica y coherente del ordenamiento jurídico en la materia y de los hechos traídos por el actor, la procedencia del art. 52 bis de la LDC tiene su respaldo en la garantía protectoria establecida por los arts. 42 de la CN y 38 de la CPBA en cuanto disponen que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y de trato equitativo y digno. Volviéndose pues sobre el caso presente, resulta evidente a partir del análisis efectuado en el apartado anterior tanto de las piezas instrumentadoras de la póliza como de la carta documento con la que se pusiera en conocimiento la decisión de no concederse el beneficio, que en el marco de la relación de consumo que se conformara a partir del contrato de seguro colectivo que tuviera al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como tomador y Caja de Seguros S.A. como proveedor, esta última incumplió –como mínimo- deberes legales esenciales en cuanto al proveimiento de información, cierta, clara, detallada, adecuada, veraz, omitiendo en definitiva y en palabras del art. 4 de la LDC el deber de brindar al consumidor la información correspondiente “con la claridad necesaria que permita su comprensión”.
Y ello, sin mencionar el incumplimiento contractual que supuso la reticencia en otorgar el beneficio amparándose en plazos de caducidad para la articulación del reclamo que no se encontraban estipulados con claridad y que a todo evento no se correspondían con la normativa invocada como fundamento del rechazo al haberse aludido al plazo anual de prescripción de la LS que claramente se halla previsto en relación a las acciones judiciales, como así también en la no configuración del riesgo asegurado, lo que a la postre resultó desvirtuado en virtud de las conclusiones médicas del perito interviniente en la causa y la documentación acompañada con la demanda, evidenciándose así un accionar contrario al trato digno y equitativo que viene actualmente consagrado tanto en las constituciones nacional y provincial como así también en todo el bloque normativo del consumidor (Arts. 38 CPBA; 42 CN; 4, 8 bis LDC; 1097 y 1098 CCyC).
Consiguientemente y hallando pues verificado en el caso el incumplimiento de numerosas disposiciones legales -y contractuales- (Arts. 38 CPBA; 42 CN, 4 y 8 bis LDC) siendo éste el único requisito requerido desde el art. 52 bis de la ley 24.240 como presupuesto de procedencia de la sanción -bien que acompasado a la gravedad del mismo y sujeto a los límites económicos especificados en el art. 47 inc. ‘b’ de dicho plexo normativo- encuentro propicia, justa y razonable la fijación de una multa civil que a partir de las transgresiones explicitadas resultara impuesta desde la instancia de origen, proponiendo pues al Acuerdo su confirmación.
12. Finalmente y en relación a las costas por lo actuado en esta instancia, conservando la accionada la calidad de vencida corresponde a ésta cargar con las mismas (Art. 68 CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
Concuerdo con la decisión propuesta por el Presidente del Tribunal en integración de esta Sala Dr. Hankovits.
Comparto el nuevo análisis de la cuestión efectuado en el punto “9.b” de la resolución que en materia de prescripción adopta el plazo quinquenal dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación haciendo pie en la existencia de una relación de consumo habida entre las partes. En este sentido, agrego al exhaustivo análisis llevado a cabo por el colega de Sala en su voto las siguientes cuestiones:
1– En el caso en debate estamos ante un supuesto especial de la relación de consumo, donde -al tratase de un seguro colectivo- el tomador del seguro no resulta ser el mismo que el consumidor final.
Este extremo lo he abordado en causas 123654 (Caratulado “Ibañez, Graciela Mariana c/ Caja de Seguros S.A. s/ Cobro sumario de sumas de dinero”, sentencia del 22 de noviembre de 2018, RDS 337-18) entre otras, esta última con otra integración de Sala. Allí analicé la cuestión aquí debatida coligiendo que el plazo de prescripción en el caso sería de trienal -plazo al que volveré a hacer referencia- en virtud a las reformas producidas por la Ley de Defensa del Consumidor y por la fecha del hecho allí debatido.
Para así decidir, di cuenta (en similares términos a los de las presentes actuaciones) que al surgir la existencia de un contrato de seguro colectivo celebrado entre Caja de Seguros S.A. -la aseguradora- y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (en el presente sería el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires) -el tomador o contratante- que es quien solicita, concierta y suscribe el contrato, además es el tenedor de la póliza. Persiste su figura durante toda la vida del contrato, cumpliendo una función principal tanto en las relaciones existentes con los componentes o asegurados, como el asegurador. Conforme lo dispuesto por el art. 153 y siguientes de la ley 17.418, la actora resulta ser la parte adherente y beneficiaria eventual del seguro, compartiendo tal carácter con un conjunto de personas que mantienen vínculo con el tomador, en este caso, todos son los empleados del mencionado Ministerio.
En este tipo de seguros colectivos el papel del beneficiario se limita a su adhesión a las cláusulas dispuestas por el tomador y la aseguradora, descontándosele la prima de sus haberes mensuales. Entonces, de los arts. 1 y 2 de la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario ya alegados por el colega en su voto, se colige que “Caja de Seguros S.A.” en su carácter de comercializador de un servicio destinado a consumidores y usuarios (el de seguros de vida), es PROVEEDOR y el Ministerio de Salud es el TOMADOR, mientras que el actor mediante la suscripción del contrato de adhesión y en definitiva beneficiaria del servicio, es CONSUMIDOR.
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho sobre el rol de cada parte en este tipo de contratos que “En el seguro de vida colectivo voluntario se establece una relación directa entre la compañía aseguradora y las personas asegurables -empleados- resultando el empleador -principalun simple intermediario, relación que se rige por los arts. 153 a 156 de la ley 17.418” (SCBA, causas L 79840, sent. del 23/12/2003; L 33269, sent. del 26/08/1986).
A su vez, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Sala I, en autos “Lavarello, Maria Antonieta c/ Caja de Seguros S.A. p/ Cuest. Deriv. de Contrato de Seg. s/ Cas.”, Sent. del 23/02/2012), resolvió que la relación de consumo se da plenamente en el contrato de seguro, aun cuando se trata de la modalidad colectiva. Si bien la principal –en ese caso el Ministerio de Salud- aparece como tomadora del mismo, es claro y evidente que no lo hace por su propio interés (asegurando su patrimonio) sino en beneficio de quienes desempeñan tareas en su ámbito, como el caso de la parte actora. En el mismo sentido, esta Sala ha dicho que “Resulta plenamente de aplicación lo normado por el artículo 1 de la ley 24240 ya que el tomador actúa como un simple intermediario de los intereses de las partes y el asegurado, adquiere un servicio (cuál es el seguro) de una empresa dedicada a tal fin de modo tal que se encuentra comprendida en las previsiones del artículo 2 de la citada norma legal” (esta Sala, Causa 122675, sent. del 12 de diciembre de 2017).
Por todo lo expuesto es que concluyo este tipo de relaciones contractuales se encuentran efectivamente alcanzadas por el régimen tuitivo del consumidor y el usuario aplicado por el Dr. Hankovits en su voto. 2– Asimismo, evidencio de que la demandada apelante solicita que la resolución de ajuste a los términos de la doctrina legal emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios” (sentencia del 8 de abril de 2014) y en “Flores, Romina Daniela c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ daños y perjuicios” (sentencia del 6 de junio de 2017).
Ahora bien, estos antecedentes tratan sobre la inoponibilidad de las cláusulas contractuales a un tercero, víctima del siniestro, en particular el límite de cobertura allí dispuesto, cuestión que no es de aplicación en este supuesto, toda vez que aquí estamos ante una contradicción entre dos normas respecto del plazo de prescripción como lo es la ley de defensa del consumidor y la ley de seguros. El análisis que efectúa el apelante de la ley general y la especial, la anterior y posterior, si bien son válidos, no son aplicables al caso concreto en estudio. Más aun, la Corte Nacional dictó el fallo “Buffoni” con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial.
3– Respecto del plazo de prescripción dispuesto en el punto “9.b” del voto del Dr. Hankovits, destaco que en el antecedente mencionado decidí la aplicación del plazo de prescripción trienal fijado por la Ley de Defensa del Consumidor aplicable a ese momento.
Allí, si bien el término dispuesto en el antecedente de referencia es menor, lo cierto es que allí se aplicó el más beneficioso al consumidor en función a la fecha de la obligación, su correlato con la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario aplicable y la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación.
Pues bien, los motivos por los cuales consideré inaplicable el plazo estipulado en la Ley de Seguros se desarrollaron en el mismo sentido en el que el colega preopinante profundiza.
En aquel antecedente, tuve en cuenta las mandas emanadas del Código Civil y Comercial sancionado a posteriori de los hechos allí alegados, haciendo la salvedad de la “de la aplicación temporal de las reformas introducidas a la ley de Defensa del Consumidor a la fecha del hecho denunciado” (v. sentencia en causa referida).
Es por ello que concluyo que el nuevo y exhaustivo análisis efectuado por el Dr. Hankovits en su voto, refleja cabalmente los principios fundamentales que emanan del “nuevo” ordenamiento Civil y Comercial en diálogo con el resto de las normas aplicables al caso como la Constitución Nacional y Provincial, y Ley de Defensa del Consumidor vigente.
Por ello, concuerdo que es ajustado a la defensa del consumidor y el usuario -y en virtud al orden de prelación de las normasque el plazo de prescripción al caso debe ser el dispuesto por el art. 2560 CCyC.
En consecuencia, con los mismos fundamentos vertidos por el colega preopinante y con las menciones realizadas en este apartado, VOTO EN IGUAL SENTIDO.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior y en la medida del recurso y los agravios corresponde confirmar la sentencia dictada el 11/3/2021, con costas de segunda instancia a la parte demandada en virtud de mantener la calidad de vencida.
ASI LO VOTO.
El Señor Juez Doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, en la medida del recurso y los agravios se confirma la sentencia dictada en fecha 11/3/2021 y se impone las costas por lo actuado ante esta instancia a la parte demandada en su calidad de vencida. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20.
DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia