Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120426
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.426, "Pereyra, Jesús Ángel contra Prato, Juan Carlos. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 491/507 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 520/530).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Jesús Ángel Pereyra contra Juan Carlos Prato mediante la cual había reclamado el pago de las indemnizaciones por antigüedad; sustitutiva del preaviso, salarios adeudados e integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y las previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323.
En cambio, en lo que interesa, rechazó la pretensión deducida en cuanto reclamaba el cobro de la indemnización establecida en el art. 52 de la ley 23.551 y una reparación por daño moral con sustento en el art. 1 de la ley 23.592 (v. fs. 491/507 vta.).
Para así decidir, con apoyo en la prueba producida en la causa, juzgó acreditado que el actor se desempeñó como oficial de primera pintor (CCT 27/88) a las órdenes del demandado en el taller de chapa y pintura de automotores propiedad de este último. Asimismo, consideró legítima la decisión del trabajador de considerarse despedido, el día 22 de julio de 2013, fundada en la falta de depósito de los aportes previsionales, de obra social y sindicales retenidos (art. 242, LCT), motivo por el cual condenó a la demandada al pago de las indemnizaciones establecidas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin embargo, si bien tuvo por demostrado que al momento del distracto el accionante revestía la calidad de delegado en el establecimiento del demandado representando al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), con mandato vigente hasta el día 18 de octubre de 2013, desestimó la pretensión dirigida a obtener el cobro del agravamiento indemnizatorio contenido en el art. 52 de la ley 23.551, por cuanto -señaló- no resultó demostrado que el empleador hubiera cometido actos discriminatorios contra el delegado en su calidad de tal.
En este sentido, explicó que "mientras en el despido directo la intención discriminatoria se presume de iure, en el despido indirecto ello se presume iuris tantum quedando habilitada la posibilidad de prueba en contra que rinda el empleador en orden a convencer de que la causa invocada por el representante para fundarlo (art. 243, LCT) no es justa -caso en que no procede indemnización alguna- o que al menos no es discriminatoria -caso en que solo procederán las indemnizaciones comunes, mas no la especial. Un atraso en el pago de haberes que involucre a la totalidad de los trabajadores del establecimiento, un incumplimiento de medidas de seguridad o referido a condiciones de trabajo, que sea de carácter general y no concrete específicamente en la figura del representante, podrán brindar justa causa para un despido indirecto (aunque los demás compañeros no hubieran ejercido esa facultad), pero no parecen provistos del ingrediente discriminatorio que amerita la condena al pago de la indemnización especial" (fs. 504).
Por tales razones, concluyó en que no se había probado que el empleador hubiera cometido violaciones a los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23.551, ni que hubiera incurrido en actos u omisiones que impidieran u obstaculizaran el pleno ejercicio de las garantías sindicales y/o laborales del actor. No observándose, entonces, la existencia del elemento discriminatorio en su perjuicio ni, consecuentemente, el sustrato fáctico de la norma -reitero-, desestimó el reclamo en cuanto perseguía el cobro de la indemnización especial prevista en el art. 52 de la ley 23.551.
Por otro lado, señaló que, tratándose de un caso de despido indirecto dispuesto por el trabajador, y no hallándose probada la existencia de indicios racionales que permitieran inferir una conducta discriminatoria por parte del empleador, es decir, no habiéndose demostrado que el empleador hubiera realizado actos u omisiones que arbitrariamente impidieran, obstruyeran, restringieran o menoscabaran el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional al actor, rechazó la indemnización por daño moral fundada en el art. 1 de la ley 23.592 (v. fs. 504 vta.).
II. Contra dicha decisión, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 48 y concordantes de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592; 14 bis, 16, 17, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10 y 39 de la Constitución provincial; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1.1, 18 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y doctrina legal que cita (v. fs. 520/530).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Impugna el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó el pago de la indemnización establecida en el art. 52 de la ley 23.551.
En este sentido, cuestiona que el a quo considerara que su parte debió demostrar, además de su condición de representante gremial, una conducta discriminatoria por parte de su empleador, pues -afirma- comprobada la ilegitimidad del despido del delegado de un sindicato con personería gremial, corresponde sin más el pago de la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 52 de la ley 23.551.
Denuncia que la decisión de origen transgrede la doctrina legal elaborada por este Tribunal en la causa L. 47.218, "López" (sent. de 6-VIII-1991), donde se estableció que el autodespido con justa causa del delegado gremial acarrea, consecuentemente, la procedencia de la indemnización por violación a la garantía de estabilidad, como si se tratara de una cesantía directa arbitraria.
Sostiene que, habida cuenta de que en el caso quedó probada su condición de delegado y que el despido indirecto resultó justificado, debió admitirse la indemnización reclamada al amparo del art. 52 de la ley 23.551, sin ningún otro requisito, como lo establece el precedente invocado.
II.2. En otro orden, controvierte el rechazo de la pretensión deducida con fundamento en el art. 1 de la ley 23.592.
Afirma que, contrariamente a lo resuelto por el tribunal de grado, existen "suficientes indicios racionales" de la actitud discriminatoria atribuida al demandado y, por lo tanto, el tribunal atribuyó erróneamente a la parte actora la carga de probar la existencia de la discriminación invocada.
En ese sentido, alega que el fallo transgrede la doctrina que emana del precedente "Pellicori" de la Corte federal.
III. El recurso prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen efectuar una primera consideración respecto de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
En el caso, el monto de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria está representado por el importe reclamado en concepto de indemnización prevista en el art. 52 de la ley 23.551 y por la reparación pretendida por daño moral con sustento en el art. 1 de la ley 23.592.
En la demanda se presupuestó la suma de $94.640 por el primero de los reclamos con más la indemnización por daño moral y/o lo que en más o en menos resulte de las pruebas a rendirse, con más intereses y costas (v. fs. 92 vta.).
Esta salvedad que se formuló al practicar la liquidación en el escrito de inicio debe ser estrictamente tenida en cuenta al tiempo de analizar el valor del litigio, pues forma parte del pedimento que el recurrente trae a esta sede extraordinaria. En tales condiciones, el valor de los agravios que se someten al examen de este Tribunal -a mi juicio- aún se encuentra indeterminado, por lo tanto, corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin ningún tipo de restricciones a la admisibilidad (v. mi voto en la causa C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020).
III.2. Aclarado ello, habré de abordar el cuestionamiento respecto del rechazo de la indemnización establecida en el art. 52 de la ley 23.551.
III.2.a. Al respecto debo señalar que no obstante que la doctrina que emerge de la causa L. 47.218, "López" (sent. de 6-VIII-1991) que se denuncia vulnerada, ha sido elaborada en base a la normativa del anterior régimen de asociaciones sindicales (ley 22.105), derogada por la ley 23.551 actualmente vigente, considero que sus principios básicos, destinados a tutelar la libertad sindical, se encuentran transgredidos, tal como acertadamente lo postula el recurrente.
En efecto, en el marco jurídico de solución del conflicto planteado en el citado precedente (arts. 49, 51 y 54 de la citada ley 22.105), se interpretó que la garantía a la estabilidad consagrada en la norma sólo cesa cuando media justa causa de despido, sin formularse distingos entre la cesantía directa sin justa causa o el despido indirecto justificado.
Se destacó al respecto que el alcance y finalidad de la ley 22.105 era indudablemente la protección de la estabilidad del dirigente gremial, la cual se tornaría ilusoria si el sujeto amparado pudiera encontrarse compelido a soportar actitudes injuriosas por parte de su empleador que por su gravedad no consientan la prosecución de la relación sin derecho a considerarse en situación de despido indirecto aun cuando tales circunstancias lo justifiquen, porque en tal supuesto se frustraría su derecho a denunciar el contrato de trabajo por inobservancia de las obligaciones resultantes del mismo. Declaró entonces esta Corte que el autodespido con justa causa del delegado gremial, acarrea la procedencia de la indemnización por violación a la garantía de estabilidad, como si se tratara de una cesantía directa arbitraria (art. 54, ley 22.105), sin que sea menester la exigencia de ningún otro requisito.
III.2.b. Lo dicho en aquella causa se hallaba en consonancia con lo que la ley 22.105 prescribía, y podría considerarse que tal doctrina no es aplicable a un supuesto ocurrido durante la vigencia de la ley 23.551. Sin embargo, no es así. En primer lugar, las razones fundamentales no han perdido virtualidad: la doctrina no hizo distingos -ni es conducente hacerlos ahora- respecto a si el despido fuera directo o indirecto, poniendo énfasis, en cambio, en que únicamente estas previsiones no se aplican si -previo el cumplimiento de los demás recaudos- queda establecido que el despido resultó justificado. Es evidente que, en autos, está acreditada la justificada actitud del trabajador.
En segundo lugar, puesto que los hechos relevantes de la causa ocurrieron durante la vigencia de la ley 23.551, de su normativa (precisamente, del cuarto párrafo de su art. 52) se desprende expresamente que el dependiente amparado por la protección sindical, queda autorizado a disolver la relación ante el incumplimiento de la otra parte de sus propios deberes colocándose en situación de despido indirecto.
Por lo tanto, acreditado en el caso que el actor revistió la calidad de delegado sindical de SMATA en el ámbito de la empresa del demandado, con mandato vigente en el último tramo de la vinculación y habiendo resultado justificada la situación de despido en que aquél se colocó -conclusiones éstas que arriban firmes a esta instancia-, se impone concluir que el trabajador tiene derecho a percibir el incremento indemnizatorio contemplado en el art. 52 de la ley 23.551, siendo ello razón suficiente para dar respuesta afirmativa al cuestionamiento traído.
III.3. También debe prosperar el agravio dirigido a objetar el rechazo del resarcimiento por daño moral fundado en el art. 1 de la ley 23.592.
Inicialmente, y siguiendo -en lo que aquí resulte pertinente- los lineamientos que he trazado en la causa L. 119.024, "Pereyra" (sent. de 19-IX-2018), habré de resumir la preceptiva dentro de la cual propongo la solución del caso:
III.3.a. En primer lugar, sin duda, los arts. 14 bis, 16 y 75 (incs. 19 y 23) de la Constitución nacional, en tanto consagran los principios de igualdad y prohibición de toda forma de discriminación (principios ius cogens para el derecho internacional) y, desde luego, los otros mandatos que -con forma de declaración- emergen del Preámbulo de la Carta magna. Inmediatamente, las leyes 23.551 y 23.592, aplicables en su conjunto a los casos en que dicha discriminación se dé en el ámbito de las relaciones laborales, en un mismo renglón que los arts. 17, 81, 172 y 187 de la ley 20.744.
III.3.b. Luego, ya entre las normas que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional (Constitución nacional, art. 75 inc. 22 segundo párr.): Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. II); Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 2 y 7); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.1 y 26); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 2 y 3) y Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1.1 y 24). También los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificados por nuestro país) referidos respectivamente a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y de negociación colectiva.
III.3.c. Por fin, una reciente pero asentada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fundamentalmente a partir de los casos "Álvarez", sent. de 7-XII-2010; "Pellicori", sent. de 15-XI-2011 y "Sisnero", sent. de 20-V-2014), que ha tenido su réplica en nuestro Tribunal en precedentes tales como las causas L. 97.804, "Villalba", sent. de 22-XII-2010; L. 104.378, "Sffaeir", sent. de 8-VIII-2012; L. 113.329, "Auzoategui", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015; etcétera.
De todo ese plexo de reglas y pronunciamientos puede derivarse que se halla proscripta en nuestro ordenamiento jurídico toda forma de discriminación (sea fundada en el sexo, nacionalidad, religión, raza, ideología, opinión política, actividad gremial, caracteres físicos, etc.) y que, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados (art. 1, ley 23.592), sin importar que tal acción discriminatoria provenga de un particular o de un órgano del Estado (doctrina del Drittwirkung ). También ha quedado asentado que no existe óbice alguno para la aplicación de tales disposiciones a las relaciones laborales.
III.4. No merece menos atención la consideración de algunas otras cuestiones que influyen en la decisión desde la esfera de lo procesal, pero que remontan su razón de ser a la naturaleza misma de los actos de discriminación, al enmascaramiento con que son llevados a cabo y la dificultad de producir a su respecto una prueba directa.
Tanto en la causa "Pellicori", como luego en "Sisnero" (Fallos: 337:611, cons. 5°), la Corte federal ha declarado que "...la discriminación no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia resulte compleja. Lo más habitual es que la discriminación sea una acción más presunta que patente, y difícil de demostrar ya que normalmente el motivo subyacente a la diferencia de trato está en la mente de su autor...". Para ello es que el citado Tribunal elaboró un estándar probatorio aplicable a estas situaciones, según el cual "...para la parte que invoca el acto discriminatorio, es suficiente con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, al que se reprocha la comisión del acto impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación".
Esta Suprema Corte, tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto (aun con anterioridad a los precedentes antes citados), a través del voto de la doctora Kogan en la causa L. 97.804, citada (al que presté mi adhesión). Se dijo allí, ante la controversia generada por una denuncia de un despido discriminatorio, que la definición de la incumbencia de la carga probatoria ha de ser tamizada con resguardos imprescindibles y en ese marco adquiere fundamental importancia una visión desde el dinamismo que, en definitiva, importa adjudicar a quien se encuentra en mejor situación la necesidad de aportar, en beneficio de su interés, los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva.
Serán éstas las pautas con las que he de valorar las pruebas producidas (que no son otras que las que debieron ser usadas por parte del tribunal de origen).
III.5. En el caso, el Tribunal sostuvo por dos razones -a saber: a) por tratarse de un despido indirecto dispuesto por el trabajador y b) por no hallarse probada la existencia de indicios racionales que permitieran inferir una conducta discriminatoria-, el reclamo por el daño moral debía desestimarse.
La primera de estas razones deviene improcedente: lo dicho en los puntos anteriores (especialmente en III.2.b.) es suficiente para advertir que, siendo errada la interpretación que al respecto se hace (y siendo indiferente que el despido fuera directo o indirecto), la conclusión inferida resulta claramente falta de atinencia.
Respecto de la segunda (la existencia de indicios racionales) tampoco resulta convincente. En tal sentido, en primer lugar debo remitir a la doctrina de la Corte federal en las causa "Pellicori" y "Sisnero" que mencioné en el punto III.4. A partir de tales precedentes quedó establecido que, en lo referido al régimen probatorio en situaciones en las que se controvierte el motivo real de un acto tildado de discriminatorio, han de tenerse especialmente en cuenta dos lineamientos: por el primero, se ha de reducir el grado de convicción que, respecto de la existencia del motivo discriminatorio, debe generar la prueba que recae sobre quien invoca ser víctima de dicho acto; por el segundo, se ha de modular, a partir de lo anterior, la distribución de la carga de la prueba y la medida en que ésta pesa sobre el demandado al que se le imputa la responsabilidad por el mencionado acto. Todo esto, porque se ha de partir de un dato realista: son muy serias las dificultades probatorias por las que atraviesa la víctima de un hecho discriminatorio para acreditarlo (cfr. voto del doctor Hitters en la causa L. 104.378, "Sffaier", sent. de 8-VIII-2012, reiterado en la causa L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015).
Luego, y ya que se ha hecho referencia a la existencia de indicios racionales, me permito algunas consideraciones al respecto: un indicio es un hecho o circunstancia que ha sido suficientemente probado; a partir de él, en virtud de alguna ley causal o de la experiencia vital, puede conjeturarse como probable que otro hecho distinto o una circunstancia diferente hayan sucedido. Es decir: obtengo, mediante prueba directa (la testifical, la documental, escritos constitutivos del proceso), la convicción del ac
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