Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2024-16183809-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar íntegramente las resoluciones apeladas en estos actuados, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-14453480-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 10 de Febrero de 2025
El Expte. Nº EX-2024-16183809- -APN-SGAI#TFN caratulado “PRENSADORA QUILMES SRL s/ Recurso de Apelación”; y sus acumulados EX–2024–16161588– –APN–SGAI#TFN y EX–2024–16146129– –APN–SGAI#TFN a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que mediante RE-2024-13389734-APN-SGAI#TFN, RE-2024-13406892-APN-SGAI#TFN y RE-2024-
13412635-APN-SGAI#TFN la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° 150/2023 (DV RRMVR), Nº 151/2023 (DV RRMR) y Nº 152/2023 todas de fecha 15 de diciembre de 2023, dictadas por el Jefe de la División Revisión Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Dirección General Impositiva.
La apelante impugna las mencionadas resoluciones mediante las cuales se determinó de oficio sus obligaciones frente a:
1. Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 04/2018 a 11/2020 por la suma de $ 13.188.445,40.- con más intereses resarcitorios por $ 32.697.504,33.-, y se le aplica una multa de $5.076.006,60.- equivalente a dos veces el monto dejado de ingresar, periodos fiscales 04/2018, 10/2019, 03/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020 y 09/2020 conforme lo dispuesto por el artículo 46 de la ley 11.683, suspendiendo la aplicación de la sanción por el resto de los períodos en virtud de la ley penal tributaria (Res 150).
2. Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2019 y 2020 por la suma de $ 23.336.523,30 más intereses resarcitorios por $ 48.525.990,00, suspendiendo la aplicación de sanción en virtud de la ley penal tributaria (Res 151).
3. Impuesto a las Ganancias - Salidas No Documentadas períodos fiscales 04/2018 a 11/2020 por la suma de $ 44.774.149,93.- con más intereses resarcitorios por $ 108.381.656,84, y se le aplica una multa de $ 2.314.349,84.- equivalente a dos veces el monto dejado de ingresar, períodos fiscales 06/2020 a 11/2020, conforme lo previsto por el artículo 46 de la ley N° 11.683, suspendiendo la aplicación de la sanción por el resto de los períodos en virtud de la ley penal tributaria (Res 152).
Atento contener agravios análogos, éstos, se detallan en forma conjunta a continuación.
Manifiesta que las presentes actuaciones tienen origen en la OI 1944245, la cual se originó como consecuencia de que la administración fiscal detectara que Prensadora Quilmes SRL utilizó facturas emitidas por proveedores incorporados a la base apoc de ese organismo.
Sostiene que la fiscalización indicó que Prensadora Quilmes SRL ha computado compras y/o gastos y créditos fiscales, relacionados a los siguientes proveedores observados: 1) FEVAN DE NOIA JOSEFINA NILDA Y DONADIO GIUSEPPE – CUIT 30-71245992-8, 2) MONTIEL CARLOS EMANUEL – CUIT 20-38097363-5, 3) STASI GONZALO MANUEL – CUIT 20-35803468-4, 4) TRANSPORTES ROSSUR SA – CUIT 30-
71010235-6.
Niega categóricamente la procedencia y existencia de la deuda que se reclama y plantea la nulidad por violación del debido proceso adjetivo.
Argumenta que el Fisco lo ha hecho incurrir en errores en donde el contribuyente cumplidor debe hacerse cargo de los contribuyentes incumplidores y que también el Fisco, en las Resoluciones en crisis, no ha justificado los motivos por los cuales ha decidido dar inicio al procedimiento de Determinación de Oficio.
Indica que el Fisco ha omitido señalar cuál ha sido la tarea investigativa efectivamente realizada (distinta a la constatación de la documentación por su parte aportada a la Fiscalización) para arribar al ajuste efectuado, y menos aún para aplicar sanción y reitera que los actos en recurso no han sido motivados ni fundados en forma suficiente.
Sostiene que aportó las facturas emitidas por los proveedores cuestionados, los recibos de pago otorgados por los mismos en respaldo de las operaciones celebradas, y destaca que los proveedores se encontraban regular y debidamente inscriptos ante el Organismo Recaudador, con sus respectivos CUIT los que fueron corroborados por su mandante en su oportunidad.
Agrega que, de la tarea de fiscalización no surge cuestionamiento alguno sobre la validez formal de los comprobantes y que todos y cada uno de ellos cumplen con los requisitos, formas y condiciones establecidos por la reglamentación para reputarse válidos a todos los efectos fiscales.
Pone de resalto que la acreditación del gasto y del crédito computado ha sido cabalmente cumplimentada por Prensadora Quilmes S.R.L., y que aportó los respectivos comprobantes de las retenciones efectuadas a cada uno de los proveedores y cada uno de los recibos de ingreso de tales retenciones al Ente Recaudador en tiempo y forma.
Señala que el único organismo que tiene el contralor tributario es la Administración Fiscal, quien cuenta con los recursos necesarios a los efectos de controlar si una empresa existe o no, o si cumple con sus deberes o no. Aclara que, la Administración no se ha detenido a analizar la modalidad de la operatoria comercial en el ámbito de la actividad que desarrollan Prensadora Quilmes S.R.L y los proveedores impugnados; a saber, los desperdicios y desechos que compran y luego venden los proveedores, provienen mayoritariamente de chatarreros que no se encuentran registrados ante los Organismos de Fiscalización y menos aún poseen cuentas bancarias. Además dice que, de ello se deriva que aquellos que les compran y venden, generalmente adquieren los productos y los revenden a empresas como su mandante, siendo éstos meros intermediarios que no necesitan de una inversión o una gran capacidad para desarrollar su actividad.
En cuanto a los proveedores cuestionados manifiesta que, la existencia de los proveedores y de las operaciones se ha acreditado en los presentes actuados; más aún que en el momento que se realizaron las operaciones comerciales la firma no estaba incluida en la base eapoc. Esgrime que se “castiga” a Prensadora Quilmes SRL por la conducta de un tercero que se encuentra en plena discusión por su sanción.
Refiere que se pretende equiparar a contribuyentes apócrifos, con meros contribuyentes incumplidores (como es el caso de Transportes Rossur SA), provocándole graves perjuicios ya que se ve impedido de seguir explotando su actividad al no poder emitir facturas, y también a sus clientes y quienes contratan con los mismos, ya que son sometidos a fiscalizaciones en donde automáticamente se presume la inexistencia de dichas operaciones. Expresa que Prensadora Quilmes SRL ha tomado los recaudos suficientes en forma previa a la operación comercial cumpliendo fielmente su deber de buen hombre de negocios y por tanto ningún ajuste le podría ni debería caber.
Señala que las operaciones realizadas con los proveedores que se impugnan en las resoluciones han existido y se han documentado y que el Organismo Fiscal no ha podido demostrar que aquellas no se hubieran realizado y que por ello se ha basado en presunciones e indicios para iniciar el procedimiento determinativo de oficio. Advierte que ello impide el desarrollo íntegro de su derecho de defensa.
Alega que los comprobantes en que se respaldaron las operaciones observadas, cumplimentaban en todos sus aspectos formales.
Respecto de las multas señala que jamás fue intención del contribuyente realizar declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, por el contrario señala que ha registrado fehacientemente todas las operaciones realizadas y que su conducta fue ajustada a derecho.
Agrega que no existe en el caso conducta merecedora de la infracción pretendida y las sanciones aplicadas, siendo que en todo su mandante tuvo conductas adecuadas a derecho, no existiendo por ende conducta infraccional dolosa que se le pudiera atribuir.
Concluye que para el supuesto caso que este Tribunal decida confirmar las resoluciones en recurso, y considere que se ha incurrido en la comisión de alguna infracción, solicita que las mismas sean encuadradas dentro de las previsiones establecidas por el art. 45 de la Ley 11.683.
Ofrece prueba informativa. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal, solicita se haga lugar al recurso en todas sus partes y se revoquen las resoluciones recurridas, con costas.
II. Que mediante IF-2024-36842957-APN-DTD#JGM, IF-2024-36842560-APN-DTD#JGM e IF-2023-
55048296-APN-DTD#JGM contesta los traslados la representación fiscal y niega todos los hechos esgrimidos por la parte actora.
Asimismo manifiesta que de los antecedentes administrativos surge que la fiscalización se generó como consecuencia del cruce de información en el cual se detectó que la contribuyente utilizó facturas emitidas por proveedores incorporados a la Base Apoc del organismo, constatándose la registración de operaciones –por compras de chatarra, hierro y chapas– respecto de los cuales se detectaron diversas irregularidades que permitieron categorizarlos de apócrifos.
Con respecto a la nulidad planteada señala que la resolución recurrida se encuentra apoyada en los elementos contenidos en los antecedentes de la causa, por lo que, las determinaciones practicadas se ajustan no sólo a los hechos sino también a las normas en que se sustenta.
Con respecto a la cuestión de fondo expresa que, la presente controversia se reduce a una cuestión de hecho y prueba y que corresponde recordar que el origen de las determinaciones de oficio practicadas es la impugnación de facturas apócrifas emitidas por compras de chatarra, hierro y chapas supuestamente efectuadas a: 1).– FEVAN DE NOIA JOSEFINA NILDA Y DONADIO GIUSEPPE (CUIT 30–71245992–8); 2).– MONTIEL CARLOS EMANUEL (CUIT 20–38097363–5); 3).– STASI, GONZALO MANUEL (CUIT 20–35803468–4) y 4).– TRANSPORTE ROSSUR SA (CUIT 30–71010235–6); sujetos incluidos en la Base EApoc del organismo fiscal al verificarse la “carencia de capacidad operativa, económica y/o financiera”, catalogándoselos de “Usina” de venta de facturas apócrifas y destaca que en el caso de TRANSPORTE ROSSUR SA la auditoría fiscal que se le realizara concluyó, respecto a la recurrente, que PENSADORA QUILMES SRL resultaba ser una de las dos principales usuarios de dicha usina de comprobantes apócrifas.
Sostiene que en el caso de Transporte Rossur SA, solo tres cheques fueron emitidos a su nombre, los que ningún caso fueron depositados en sus cuentas, observándose que dos de ellos fueron endosados y el beneficiario final resultó ser Toyota Cia. Financiera de Arg. SA y el restante ingresó en una cuenta del Santander Rio con leyenda “Para ser imputado al pago de la recaudación BSP”
Indica que al no haberse acreditado la vinculación de las operaciones cuestionadas con los proveedores observados, no puede afirmarse que los pagos hayan tenido como destinatario final a dichos sujetos. Considera que las irregularidades identificadas por el Fisco Nacional no refieren a simples incumplimientos de terceros, sino que reúnen tal gravedad que representan indicios serios, precisos y concordantes que permiten concluir en el carácter de apócrifo de los referidos proveedores y en la falta de veracidad de las operaciones impugnadas.
Explica que el hecho que fueran incluidos en la base APOC con posterioridad a los períodos materia de ajuste, en nada puede conmover el criterio fiscal desde que la misma no hace más que “declarar” una situación de hecho que ha sucedido con anterioridad.
Advierte que incumbe a la actora, “sobre quien pesa la carga de probar sus afirmaciones (arg. art. 377 del CPCC)”, la carga de derribar los indicios recolectados por el organismo y demostrar que las compras existieron y fueron efectivamente provistas por los proveedores observados, y que la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante.
Con relación a los intereses resarcitorios, manifiesta que la actora no formula agravio alguno, motivo por el cual deben considerarse firme y consentidos los mismos.
Respecto a las multas, señala que la recurrente ha exhibido documentación carente de validez probatoria para respaldar las operaciones por ella invocadas y documentas a través de la emisión de los comprobantes impugnados, poniendo de manifiesto su irrealidad, configurándose de este modo el presupuesto legal que habilita a la presunción–salvo prueba en contrario– de la existencia de la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas.
Formula oposición a la prueba. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Acompaña antecedentes administrativos. Solicita que se rechacen los recursos impetrados, confirmando en todas sus partes las resoluciones recurridas, con costas.
III. Que por PV-2024-79279323-APN-VOCV#TFN el Tribunal resolvió correr traslado a la parte actora de la oposición del Fisco Nacional a las pruebas ofrecidas por la recurrente.
Que por IF-2024-79761521-APN-DTD-JGM la recurrente contestó el traslado y solicitó se rechace la oposición formulada por el fisco.
Que mediante PV-2024-79902992-APN-VOCV#TFN el Tribunal resolvió requerir a las partes que manifiesten, si consideran que la audiencia prevista por el artículo 173 de la Ley 11683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas, quedando en consecuencia este Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas.
Que por IF-2024-82166508-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional respondió que la audiencia se encuentra suplida con los respondes fiscales; y por IF-2024-82862559-APN-DTD#JGM la actora señaló que la audiencia deviene inoficiosa.
Que por PV-2024-83911989-APN-VOCV#TFN el Tribunal resolvió abrir a prueba la causa haciendo lugar a la prueba informativa a Transportes Rossur S.A. y a la agencia Nro. 12-AFIP. Asimismo, toda vez que no se cuestionaron formalmente las registraciones contables y su integración con la documentación pertinente, sino que en el caso se cuestiona la realidad de las operaciones comerciales con los supuestos proveedores que la documentación aportada pretende amparar, no encontrándose controvertida la contabilidad de la recurrente, se resolvió que la producción de la prueba pericial contable era inoficiosa. En cuanto a la prueba testimonial ofrecida, se hizo lugar a la oposición, articulada por la representación fiscal, a su producción. Mediante IF-2024-107228964-APN-DTD#JGM la recurrente acreditó el diligenciamiento de los oficios. Por IF- 2024-100365442-APN-DTD#JGM la AFIP contestó el oficio.
IV. Que en atención al estado de la causa, encontrándose vencido el periodo probatorio, por PV-2024- 129648171-APN-VOCV#TFN se clausura el mismo sin perjuicio de la agregación del oficio oportunamente diligenciado a Transportes Rossur hasta el momento de los alegatos y se elevan los autos a consideración de la sala “B”. En IF-2024-130755422-APN-SGAI#TFN contesta el oficio el Transportes Rossur y por IF-2024- 134915932-APN-VOCV#TFN los pone para alegar, encontrándose agregados los alegatos en IF-2024-
137506686-APN-DTD#JGM e IF-2024-140436908-APN-DTD#JGM. Por último, por IF-2025-11795563-APN- VOCV#TFN se llaman los autos para sentencia.
V. Que corresponde señalar que el origen del cargo tiene su génesis en el cruce de datos para verificar usuarios de facturas apócrifas. Que con posterioridad se procedió a consultar las compras informadas por la contribuyente en el Régimen informativo de compras y ventas, no observándose otras que las informadas.
Surge de las actuaciones administrativas (vide IF-2024-36825035-APN-DTD#JGM) que la fiscalización se inició el 7 de julio de 2021, y que, teniendo en cuenta el informe emitido por División Investigación se confeccionaron circularizaciones a proveedores de la firma.
Se confeccionó un requerimiento solicitando copias de las órdenes de pago de los proveedores: Transporte Rossur SA, Gonzalo Emanuel Stasi, Papadopoulos Jonathan Dario, Le Maquinas Sas, Fevan de Noia Josefina Nilda y Donadio Giuseppe, y Montiel Carlos Emanuel, y además copia de los medios de pago utilizados en las órdenes de pago. La sociedad cumple con lo requerido. Además, de los antecedentes surge que se pudo constatar a través de la información obrante en la base de datos del organismo que no existió compra de bien de uso alguno que pudieran haber sido financiados a través de Toyota Cía Financiera de Arg. SA. Si se observa la adquisición de un rodado usado de la marca dominio HNB417 Toyota Hilux 4x4 el día 17/09/2018 a una persona física. De acuerdo al informe de fiscalización de la División Fiscalización Nº4, durante el periodo 2019, Prensadora Quilmes SRL era único cliente de Transporte Rossur SA.
A continuación se detallan los elementos utilizados para la inclusión de ciertos proveedores observados en la base apoc del organismo.
1. Fevan de Noia Josefina Nilda y Donadio Giuseppe: se labró el acta en el domicilio fiscal dejándose constancia que en dicho domicilio no se encuentra funcionando la firma mencionada. De la consulta efectuada en la AFIP surge que la contribuyente no declara domicilios alternativos. Se trata de una sociedad de hecho. Se consultaron los respectivos padrones observando que el señor Donadio Giuseppe habría fallecido conforme la transformación de Cuit en sucesión indivisa. En cuanto a Noia se observó que declaraba el mismo domicilio fiscal que la sucesión indivisa. Se constató que el responsable no está desarrollando en la actualidad actividades en su domicilio fiscal. La firma declaró personal en relación de dependencia hasta el año 2018 con un total de dos empleados promedio por mes. La sociedad no posee automotores ni propiedades. De la consulta a la facturación electrónica se constató que la firma emitió facturas de venta hasta el año 2018, con posterioridad a ese periodo, no hubo emisión de comprobantes de ventas.
2. Montiel Carlos Emanuel: se concurrió al domicilio fiscal y se labró acta dejando constancia que la numeración no existe. Según surge de factuweb el contribuyente emite facturas desde su domicilio fiscal. Tiene presentadas declaraciones juradas de IVA desde 09/2019 hasta 04/2020. Con respecto a Impuesto a las Ganancias registra como última presentación la correspondiente al periodo 2017. En el año 2018 es informado en la nómina salarial de la firma Servicios Mapsay SRL. No registra pagos desde 2016 a la fecha, se observan planes de pagos de monotributo presentados. Las ventas totales son muy superiores a las acreditaciones bancarias. No registra empleados bajo relación de dependencia en ningún periodo. Esta situación no resulta razonable dado la variedad y cantidad de actividades en la cual se encuentra inscripto. Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general, construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción, venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos, servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías ncp y servicios de limpieza general de edificios. No surgen retenciones efectuadas. No posee rodados ni inmuebles.
3. Stasi Gonzalo Manuel: la actividad desarrollada es la de venta de desperdicios de papel, plástico, vidrio y hierro para su posterior reciclado. Posee un vehículo camión Ford, cuentas bancarias con las que opera. Desarrolla la actividad junto a su padre. Con relación al requerimiento el contribuyente no aportó documentación respaldatoria del vehículo. De las cuentas bancarias solo refirió el cbu de dos cajas de ahorro, no exhibiendo extractos bancarios y con relación a las compras y ventas no exhibió los documentos respaldatorios. Presentó declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias por los periodos 2015 y 2016 compensando los saldos resultantes con retenciones sufridas, no obstante no ingresó el saldo correspondiente a la declaración jurada 2016 luego del cómputo de las retenciones. Presentó declaraciones juradas de IVA entre 03/2015 y 07/2018 computando retenciones, no resultando saldo a ingresar. No posee personal en relación de dependencia, no pudiéndose establecer como realizó el movimiento de mercadería (chatarra) que manifiesta operar.
4. Transporte Rossur SA: el domicilio fiscal se trata de una propiedad de características de vivienda particular, observando en el frente una puerta con dos ventanas a cada lado y sin ninguna entrada de autos. No se observaron indicios de actividad comercial en el interior ni movimiento alguno. Se consultaron las bases del organismo a efectos de obtener información y se observa que, se encuentra inscripta en servicio automotor de cargas ncp, alquiler de maquinaria y equipo ncp sin personal, alquiler de equipo de transporte ncp sin conductor ni operarios, venta al por mayor de productos intermedios ncp, desperdicios y desechos metálicos, recuperación de materiales y desechos no metálicos, fabricación de productos elaborados de metal ncp.
Las tres últimas actividades fueron dadas de alta en 02/2017. Se encuentra inscripta desde 05/2007 en IVA y Ganancias. Se encuentra inscripta como empleadora desde 09/2009. Las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias presentan sucesivas pérdidas desde período fiscal 2010 a 2016 excepto año 2015 pese a que las ventas declaradas resultan muy significativas, los períodos 2017 y 2018 fueron presentados en cero. Presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado con una relación débito crédito razonablemente mayor a uno en la mayoría de los periodos, no obstante no registra saldo a ingresar a favor de la AFIP desde el período 01/2017 a la fecha, arrastrando un saldo de libre disponibilidad muy significativo desde dicha fecha.
Es titular de cuentas bancarias y registra acreditaciones significativas desde el año 2017, la apertura de cuenta se produce en julio 2017. No es titular de inmuebles. Es titular de varios automotores. No registra “consumos relevantes”. Registra retenciones por el Impuesto a las Ganancias y percepciones por el Impuesto al Valor Agregado correspondientes al régimen de “materiales a reciclar” por importes muy significativos desde el año 2017 a la fecha, realizadas por su principal cliente: Prensadora Quilmes SRL. En relación a la información presentada por el contribuyente surge que, registró compras y ventas y se procedió a circularizar a sus clientes. En el caso de Prensadora Quilmes srl, aporta documentación de respaldo de enero 2015 a la fecha (facturas, remitos, ordenes de pago, recibos).
Los conceptos facturados corresponden a “venta de chatarra” y “fletes”. Respecto de los servicios de fletes no se aportaron los remitos de las operaciones de transporte, ni se especifica lugar de origen y destino de la mercadería pese a haber sido solicitado en la circularización. La mercadería era entregada en los depósitos de Bragado y Quilmes y los fletes eran desde el depósito de Quilmes al depósito de Bragado, ambos domicilios correspondientes a la empresa Prensadora Quilmes SRL. Las operaciones se cancelaron en su mayoría con cheque (propios y de terceros) y transferencias. Durante 2017 la empresa solo emite comprobantes a un único cliente, Prensadora Quimes SRL. El cliente paga casi la totalidad de las compras que realiza mediante transferencias bancarias a la cuenta de la rubrada a excepción del pago realizado mediante dos cheques.
Se pudo verificar el total de las transferencias referenciadas. No se pudo constatar el depósito de los dos cheques. Luego de cada una de las transferencias se emitieron “cheques pagadores por caja”. De la circularización realizada al Banco Santander Rio y la copia acompañada de frente y dorso de cheques librados por la fiscalizada, se observa que gran parte de ellos fueron emitidos a nombre de Transporte Rossur SA y endosados por la presidenta de la misma, la señora Surace Mariela a los efectos de retirar el efectivo. Surace Mariela: no presenta declaraciones juradas. No registra ser titular de automotores ni propiedades. Es titular de cuentas bancarias pero no registra acreditaciones. No sufrió retenciones.
No percibió sueldos por trabajos en relación de dependencia. No registra consumos con tarjetas de crédito. No surge su participación en otras sociedades. No emitió facturas. Es cónyuge de Bruno Marcelo, persona mencionada como contacto comercial de la sociedad por sus clientes y que firmó varias órdenes de pago emitidas por Prensadora Quilmes srl como representante de Transporte Rossur SA.
VI. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones administrativas por vicios en su motivación, finalidad y afectación de su derecho de defensa.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que, por otra parte, debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393).
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada, por lo que procede rechazar el planteo de nulidad.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Que de lo expuesto en los puntos precedentes, y en relación a los proveedores Fevan S.H. de Noia Josefina Nilda y Donadio Giuseppe, y Stasi Gonzalo Manuel, se evidencia que los elementos colectados por la inspección no resultan suficientes para fundar la impugnación fiscal, ya que no se ha demostrado de manera suficiente la inexistencia de las operaciones celebradas, como así tampoco que las facturas sean apócrifas.
Que en el caso del proveedor Fevan S.H. de Noia Josefina Nilda y Donadio Giuseppe se evidencia que el Fisco sustenta su impugnación en que no lo ha ubicado en el domicilio declarado. Al respecto cabe señalar que el informe de fiscalización en que se apoya el juez administrativo y que concluyera con su inclusión en base apoc es de fecha 29/4/2021, es decir, casi 3 años después de que dejara de emitir facturación, conforme lo informa la propia fiscalización. En efecto surge de las actuaciones administrativas que dicho proveedor emitió facturación electrónica hasta el año 2018, no registrando emisión de comprobantes con posterioridad, encontrándose detallados los comprobantes de ventas en las actuaciones de conformidad a lo que surge de la base de datos del Fisco nacional. Por otra parte, la firma realizó presentación de declaraciones juradas hasta el mes de mayo del 2018 en el IVA, se informan además acreditaciones bancarias hasta ese año y personal en relación de dependencia a razón de 2 empleados por mes, también hasta el año 2018. Por último es dable señalar que la inclusión en la base apoc con sustento en el informe producido el 29/4/2021, posterior a los hechos aquí juzgados, se sustenta en forma sustancial en que habría sido usuaria dicha firma de comprobantes apócrifos en sus compras, circunstancia que en modo alguno puede ser imputable al contribuyente de autos, máxime cuando de los elementos reunidos no se alcanza a apreciar que el Fisco haya logrado cuestionar las operaciones celebradas entre el proveedor y la aquí recurrente.
En cuanto al proveedor Stasi Gonzalo Manuel, del legajo del proveedor surge que los ingresos informados en la facturación electrónica emitida son exteriorizados en las declaraciones juradas del responsable. Lo que entiende el fiscalizador es que no surgen compras que justifiquen esas ventas, circunstancia ésta que no puede serle imputada al contribuyente de autos. El informe que concluye su incorporación en base apoc es del 15/6/2021, fecha posterior a los hechos aquí tratados. El proveedor se presentó en sede administrativa cumpliendo en forma parcial los requerimientos cursados, si bien no aportó documentación respaldatoria. Posee cuentas bancarias. El fisco cuestiona que no pudo establecerse como realizó el movimiento de la mercadería (chatarra) que manifestó operar, pero surge del mismo informe que el rubrado poseía un vehículo de carga, marca Ford, dominio UNN000, modelo 1971, adquirido el 31/8/2016. De ello, cabe concluir que tampoco logra el Fisco nacional cuestionar en forma cierta las operaciones de este proveedor con la parte actora, a la cual no le puede ser imputable los incumplimientos parciales por parte de aquél a los requerimientos que le fueran cursados.
Corresponde señalar que los elementos recabados por la fiscalización en relación a la operatoria respecto de dichos proveedores y por los años determinados, no constituyen indicios comprobados, graves y precisos que lleven a presentar un cuadro de serios reparos a la validez de la facturación observada, ni ha acreditado de manera suficiente que a esa fecha careciera de capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales registradas por la aquí actora.
Cabe recordar que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido. Debe tenerse presente que del domicilio fiscal y el cumplimento de las obligaciones impositivas de los proveedores no resultan imputables al contribuyente que realizó operaciones comerciales con ellos (conf. CNACAF Sala II, "Floriner S.A. c/DGI" del 25/11/2010; Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, "Floriner S.A. c/DGI", del 21/08/2009). Así pues, en la causa Química Petrosil SRL, TFN Sala A, 4/7/2007 se ha dicho que "el Fisco no ha demostrado de manera suficiente aquella impugnación, desde que la no ubicación de los proveedores en los domicilios fiscales o la falta de presentación de la declaración jurada no son elementos hábiles per se para concluir la falsedad de los comprobantes”.
Dicho claramente, tales inferencias probabilísticas no son idóneas para producir conclusiones ciertas y absolutas sobre el hecho a probar.
En función de todo lo hasta aquí expuesto, corresponde revocar los actos apelados respecto a dichos proveedores, con costas.
VIII. Que en cambio, respecto de los proveedores Montiel Carlos Emanuel y Transporte Rossur SA, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el Considerando V de la presente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de un proveedor sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
En cuanto al proveedor Montiel Carlos Emanuel conforme surge de las actuaciones administrativas el mismo se encuentra incluido en Base e-apoc bajo condición Usinas sin capacidad operativa, económica y/o financiera, observándose que las ventas totales son muy superiores a las acreditaciones bancarias.No registra empleados lo que no resulta en atención a las actividades en las que estaba inscripto, además de haberse detectado que fue informado en la nómina salarial de la firma Servicios Mapsay SRL.
Respecto del proveedor Transporte Rossur SA conforme surge de las actuaciones administrativas se determinó que el mismo no posee la capacidad operativa ni financiera necesaria para haber realizado las operaciones declaradas. El domicilio fiscal se trata de una casa, donde no se observó actividad comercial, depósito de mercadería o fábrica. Los integrantes de la sociedad no poseen capacidad económica ni financiera para haber realizado la compra de automotores al inicio de la sociedad. Durante los periodos 2015 y 2016, período en que solo se fracturó el servicio de fletes, no se ha podido demostrar el circuito completo de las operaciones. Si bien es cierto que posee los automotores y empleados para poder haber realizado el servicio de transporte, ni la firma ni su cliente, Prensadora Quilmes SRL, han aportado las hojas de ruta ni remitos correspondientes, pese a haber sido solicitada dicha documentación a ambos por la fiscalización actuante. Por otra parte, surge que los pagos que se realizaron mediante cheques en el período en análisis no se ha podido comprobar la efectiva acreditación de los pagos correspondientes. De la circularización realizada a los empleados, surge que el único empleado que contestó, manifestó llevar la mercadería a clientes que no son de la inspecciónada y si son de la firma Bruno Scrap y Servicios SRL.
Que siendo así, cabe reiterar que en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N.. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los bienes involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que atento lo expuesto y toda vez que la prueba producida en esta instancia por la parte actora no logra conmover los argumentos esbozados por el Fisco Nacional para impugnar las operaciones cuestionadas, ni aún la respuesta de Transportes Rossur al oficio de autos, donde se limita a decir que solicitó a la AFIP la rehabilitación de su CUIT, pero sin aportar elementos concretos que acrediten su operatoria con la recurrente en autos; corresponde confirmar el acto apelado en cuanto determina el Impuesto al Valor Agregado. Con costas.
IX. Que, por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados por los proveedores Montiel y Transportes Rossur SA en el Impuesto a las Ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que el sujeto mencionado en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes y/o servicios han sido efectivamente recibidos o prestados, no se ofreció ni aportó prueba tendiente a demostrar que sin las compras impugnadas no se hubiera podido producir los bienes vendidos por la recurrente, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste respecto de dichos proveedores, con costas.
X. Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada emitida por los proveedores Montiel y Transportes Rossur SA, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas."
“En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.”
Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquéllas.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar también el acto determinativo del Impuesto a las Ganancias -Salidas no documentadas-. Con costas.
XI. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, con costas. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XII. Que resta tratar el aspecto sancionatorio con relación a las multas por defraudación aplicadas en el Impuesto al Valor Agregado y en Salidas No Documentadas, con relación a los ajustes que aquí se confirman. En lo que respecta a esta última cabe dejar sentado, en primer término, que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio.
En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683. Que, por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello y entrando al análisis de ambas sanciones aplicadas en autos, corresponde señalar que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no solo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que, en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar las multas aplicadas al contribuyente de autos en la proporción del tributo que resulta confirmado. Las costas en este aspecto se imponen a la vencida.
Que, por ello, voto por: 1) Revocar parcialmente los actos apelados conforme se da cuenta en el Considerando VI, respecto de los ajustes determinados con relación a los proveedores Fevan S.H. de Noia Josefina Nilda y Donadio Giuseppe, y Stasi Gonzalo Manuel;2) Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas respecto de los proveedores tratados en el Considerando VII, en cuanto determinan impuestos, con más intereses resarcitorios y aplican multas; 3) Con costas en proporción a los respectivos vencimientos y 4) Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente. Los Dres. Porporatto y Magallón dijeron:
Que adherimos al voto del Dr. Pérez excepto al Considerando VII, que aborda el tratamiento otorgado a los proveedores Fevan S.H. de Noia Josefina Nilda y Donadio Giuseppe y Stasi Gonzalo Manuel.
Entendemos que, al igual que con los restantes proveedores que fueron observados, no queda demostrado en estas actuaciones que éstos hayan realizado efectivamente las operaciones que dan cuenta los comprobantes impugnados ni que las respectivas transacciones hayan existido en la realidad de los hechos.
Ello así, considerando que conforme surge de las fiscalizaciones que se realizaron y que, concluyendo en los actos apelados, los sujetos no evidencian capacidad operativa y económica para realizar las operaciones cuestionadas, conforme surge de los antecedentes administrativos y de las propias resoluciones recurridas en estos actuados.
En el caso Fevan S.H. de Noia Josefina Nilda y Donadio Giuseppe, en el marco de la fiscalización realizada en 2019 (OI 1913444) se verificó que en el domicilio fiscal no funcionaba la firma habiéndose constatado que la dirección correspondía a un paredón con carteles de propagando totalmente deteriorados y no declaraba domicilios alternativos. Tampoco se pudo ubicar a los socios en su domicilio fiscal. No posee automotores ni propiedades y hasta el año 2018 tenía declarado dos empleados promedio por mes. También se ha verificado que sería usuaria de facturación apócrifa por montos significativos durante los años 2015 a 2018. A partir de ello, se la incluyó en la base E-Apoc a partir de su fecha de inscriptión 11/09/2012 bajo la calificación de usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera.
En lo que respecta a Stasi Gonzalo Manuel y ante su pedido de liberación de CUIT de fecha 04/12/2020 se le realizaron varias fiscalizaciones (OOII 1591633 - 1649306 – 1745829 -1896366) y, aunque contestó un primer requerimiento, no aportó documentación de respaldo ni mayores detalles sobre la posesión de un vehículo camión ni de cuentas bancarias utilizadas. Tampoco exhibió comprobantes respaldatorios de compras y ventas. De las bases de datos se observan diferencias entre el régimen informativo de compras y ventas con los montos declarados como compras y créditos fiscales en IVA y que la mayoría de las compras corresponde a un proveedor incluido en la base Apoc y otro proveedor con actividad no relacionada a los conceptos facturados. No se pudo determinar la existencia de domicilio comercial, personal en relación de dependencia, respaldo documental de las operaciones de compras y ventas ni circuito de pago, como para validar una capacidad suficiente para generar los supuestos servicios prestados. Posteriormente se hicieron otros requerimientos sin haber obtenido respuesta por parte de esta persona.
A nuestro entender los fiscalizadores han identificado una serie de indicios graves, precisos y concordantes en estos dos proveedores, al igual que en los demás casos cuestionados en estas actuaciones, que llevan necesariamente a concluir que los mismos no serían los reales proveedores ni los beneficiarios reales de los pagos efectuados. Más allá de ello, tampoco quedó demostrado que las transacciones hayan realmente existido. La recurrente no expuso argumentaciones ni aportó pruebas idóneas y suficientes en esta instancia ni en sede administrativa que logren, a nuestro entender, derribar dichas conclusiones.
A partir de ello y compartiendo los mismos argumentos y fundamentos jurisprudenciales citados por el Dr. Pérez para los restantes proveedores impugnados, entendemos que corresponde confirmar también respecto de estos dos proveedores las determinaciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Salidas No Documentas como así también los intereses resarcitorios y las multas correspondientes.
Por lo expuesto, entendemos que corresponde confirmar íntegramente las resoluciones apeladas en estos actuados, con costas.
Por lo expuesto, por mayoría, SE
Confirmar íntegramente las resoluciones apeladas en estos actuados, con costas.
Regístrese, notifiquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.02.07 17:32:44 ART Date: 2025.02.10 14:27:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.10 14:38:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.10 14:39:11 -03:00
Fin de la sentencia