Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 283/2003 en lo que se refiere al ajuste identificado en el Considerando IV-1. del voto de la Vocal Instructora y revocarla en relación al ajuste identificado en el Considerando IV-2. de dicho voto. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2Confirmar el ajuste practicado en la Resolución N° 155/2004, con costas, y reencuadrar la multa impuesta en dicho acto en el art. 45 de la ley 11.683, con costas por su orden.
3Confirmar la multa impuesta en la Resolución N° 105/2005 en la proporción correspondiente al ajuste de la Resolución N° 283/2003 que se confirma y revocarla en la proporción en que el mismo se revoca. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
4Ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos que en el término de 30 días practique reliquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente.
5Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en autos, hasta que se apruebe la liquidación ordenada en el punto 4°).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-91378171-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Agosto de 2023 apelación”. Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 22.691-I y acumulados Nros. 23.617-I y 25.684-I, caratulado “Prenter S.A.s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. Prenter S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 283/2003, 155/2004 y 105/2005 dictadas por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos el 9 de diciembre de 2003, el 29 de junio de 2004 y el 27 de junio de 2005, respectivamente.
Por la primera de ellas, se le impugna la declaración jurada rectificativa del impuesto a las ganancias que presentara por el período fiscal 1998 y el quebranto trasladado por $8.992,01 en el mismo ejercicio fiscal, intimándola a ingresar $336.741,85 más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En dicho acto, además, se difiere la aplicación de la sanción de conformidad con el art. 20 del régimen penal tributario (t.v.).
Por su parte, en la Res. N° 155/2004 se le impugna el quebranto de $19.406,33 del ejercicio fiscal 1997 intimándola a ingresar $5.238,11, más intereses resarcitorios (art. 37, ley); además, se le aplica una multa de defraudación de $10.476,22 (art. 46, ley).
Una vez dictada la sentencia en sede penal, en la Res. N° 105/2005 se le aplicó una multa de omisión de $269.393,48 respecto al período fiscal 1998 (conf. art. 45, ley).
En su presentación ante este Tribunal, reitera lo expuesto al contestar la vista de los dos ajustes en cuanto a que: Por un lado, los fondos que primero la fiscalización y luego la jueza administrativa calificaron como préstamos gravados con los intereses presuntos del art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias, fueron aportes irrevocables para la futura suscripción de acciones que realizó en Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A. Dicho ajuste fue practicado tanto en la Resolución N° 283/2003, por el período fiscal 1998, como en la N° 155/2004, por el período fiscal 1997.
Invoca para ello el principio de la realidad económica del art. 2 de la ley 11.683 y dice que si su actividad declarada es la de inversionista, ¿no es una inversión una disposición de fondos?
Dice al respecto que los aportes irrevocables constituyen una práctica usual de financiamiento de las sociedades por acciones, y que nada impide que sean utilizados en cualquier tipo societario, remitiéndose para ello a la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, a la Resolución N° 6/80 de la IGJ, al Código de Comercio y a la Ley de Concursos y Quiebras.
Respecto a su contabilidad, indica que las normas legales y contables técnicas aplicables no le otorgaron el carácter de créditos o préstamos a las sumas integradas como aportes, sino que, sus estados contables del ejercicio 1998 fueron elaborados conforme a las normas técnicas vigentes a la fecha de su confección, las que establecían que dichas sumas no constituían ni crédito ni de capital, pero sí debían incluirse en su patrimonio neto. Sostiene que la pretensión fiscal de que las sumas aportadas debían consignarse en el Balance General del ejercicio del año 1998 en el rubro créditos y, por ende, como contrapartida integrar el pasivo de la receptora de los fondos, implica pretender imponer a los contribuyentes la adopción de criterios técnicos para la confección de estados contables en evidente violación con los vigentes, cuando estos criterios emanaron de entes con atribución y mandato legal para dictarlos.
Agrega que no sólo se contabilizaron los aportes realizados en el rubro Inversiones los que integraron hasta la fecha de su capitalización el patrimonio neto de Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A., sino que además, el órgano de Dirección plasmó su decisión en el Acta Directorio N° 18 del 2 de febrero de 1998 que fue aportada a las actuaciones administrativas.
Expresa que la irrevocabilidad de dichos aportes quedó demostrada en la verificación de créditos del concurso preventivo de Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A., y que nunca tuvo intención de sacar provecho de esa situación pretendiendo su devolución ante el riesgo económico que la apertura del concurso significaba, dándole otro carácter, como por ejemplo el de un crédito, al que le dio, en oportunidad de registrar las sumas de dinero como aportes irrevocables cumpliendo el compromiso asumido por su órgano de dirección (Acta N° 18 citada). También agrega que en idéntico sentido se expidieron el síndico del concurso en su informe y el juez a través de su homologación.
Dice en definitiva que, si sus Estados Contables del ejercicio 1998 se confeccionaron cumpliendo, en cuanto a la exposición de los rubros del Activo con las Resoluciones Técnicas vigentes a la fecha de su confección, la situación patrimonial expuesta resultó veraz, por lo que el Fisco Nacional no podría impugnar algo verdadero, legal y técnicamente correcto, aduciendo una falsedad que no puede demostrar.
Luego cita el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias (conf. t.o. en 1986 y sus modif.) y sostiene que si bien es cierto que se asume un riesgo al invertir en otras empresas, ya sea mediante la compra de acciones o mediante el aporte irrevocable de fondos para la futura suscripción de acciones de otras empresas, también lo es que las disposiciones de fondos impugnadas por el Fisco Nacional se efectuaron en miras a la realización de su propio interés ya que su único objeto es la realización de inversiones.
A continuación, expresa que no debe discutirse si las sumas dispuestas a favor de Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A. revistieron el carácter de aportes irrevocables ni si luego fueron o no capitalizadas, sino que el eje de la cuestión es si dichas sumas responden o no a operaciones realizadas en el interés de la empresa. Indica que si su interés consistió en obtener el fruto de sus inversiones, entre ellos la generación de dividendos provenientes de Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A., por lo menos debe tenerse alguna participación de capital en ella y, si además, se considera que un aumento del capital de trabajo se traducirá en un aumento del porcentaje del dividendo que se espera obtener, no puede caber ninguna duda de que los fondos fueron dispuestos en el interés de la empresa inversora.
Aclara que los ingresos consignados en el Balance General del ejercicio económico cerrado al 31 de agosto de 1998, el que sirvió de base para la confección de su declaración jurada -no impugnada por la inspección-, provienen pura y exclusivamente de dividendos distribuidos por las empresas en las cuales efectuó inversiones mediante la suscripción e integración de acciones o bien, realizó aportes en carácter de irrevocables para futuras suscripciones.
Luego afirma que Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A. es una sociedad controlada por Comply S.A. y por ella, por lo que no reviste el carácter de tercero y la disposición de los fondos como aportes irrevocables para la futura suscripción de acciones, lo fue en su propio interés, el cual afirma fue reconocido por el Fisco Nacional en la Resolución.
A su vez, dice que también corresponde discernir si los fondos entregados por Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A. constituyen un futuro aumento de capital o un mero préstamo. Afirma que para que se trate de un aporte de capital y no de un simple préstamo, debe existir una vocación de permanencia tanto por parte del aportante como del receptor de los fondos dispuestos, donde el primero ejerce un derecho subjetivo sin esperar su devolución, agregando que recibe el aporte para recomponer el patrimonio o regularizar la insuficiencia del capital actual.
Agrega que por esta razón, existe aporte cuando, una vez entregados los fondos, quienes lo suministran, asumen el riesgo por el capital, por el beneficio y por la liquidez, por lo que asumió dicho riesgo ya que tanto Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A., al solicitar su concurso preventivo y el juez del concurso, no consideraron que los fondos dispuestos como aportes irrevocables para la futura suscripción de acciones constituirían un crédito verificable ni tampoco un pasivo de la concursada.
Entiende aplicable al caso el principio de la realidad económica, afirmando que cuando se demuestra que un mismo grupo económico decide utilizar distintas personas jurídicas para cumplir sus fines, la receptora de esos fondos no es un tercero.
Menciona la sentencia de homologación dictada por el juez del concurso, diciendo que hace cosa juzgada judicial en cuanto al carácter de aportes irrevocables a las sumas dispuestas a favor de Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A. y, agrega que, si el Fisco Nacional creyó que esos aportes al patrimonio de la concursada que ahora le cuestiona no eran tales, sino que constituían un pasivo para aquella y un correlativo crédito para ella, debió observar el informe general del Síndico dentro del plazo previsto por el art. 40 de la ley 24.522. En lo sustancial, la recurrente expone los siguientes argumentos que hacen a su defensa, donde manifiesta que los fondos dispuestos a favor de Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A., siempre tuvieron el carácter de aportes irrevocables para la futura suscripción de acciones, a saber: a. Fueron considerados por el Síndico del concurso en su informe del art. 39 de la ley 24.522 como parte integrante del patrimonio neto de la concursada; y b. Fueron nominados así en la Escritura N° 312 del 27 de agosto de 2001, otorgada ante el escribano Marcos A. España Sola, c. Dado el carácter de inversionista de Prenter S.R.L., siempre lo fueron en el interés económico y en cumplimiento de su objeto social.
Por tales razones, solicita que se deje sin efecto el ajuste practicado por este concepto –intereses presuntos- en las Resoluciones Nros. 283/2003 y 155/2004.
Respecto al segundo ajuste, practicado en la Resolución N° 283/2003 en el período fiscal 1997 en concepto de “Ingresos omitidos por saldos negativos en la cuenta caja”, indicó que éstos no existieron ya que al momento de contestar la vista aportó prueba con la que demostró que lo que hubo fueron ingresos de fondos que fueron registrados con posterioridad, concretamente transferencias de Buenos Aires Bureau S.A. que acreditó con las copias de comprobantes de su ingreso en la caja con anterioridad a la fecha de su contabilización. Le resulta inadmisible que el Fisco Nacional haya tenido por verdaderas las registraciones contables de las entregas de sumas de dineros de Buenos Aires Bureau S.A. pero que les resulten falsas las fechas en que se registraron, infiriendo que tuvo saldos negativos en la cuenta caja y presumiendo de ello la existencia de ingresos gravados no declarados.
Por último, afirmó que si el Fisco Nacional tenía en su poder los elementos que le permitían determinar los reales saldos de la cuenta caja, a lo largo del ejercicio fiscal 1998 –esto es nueva mayorización, comprobantes y circularización a la firma Buenos Aires Bureau S.A.-, así debió haber procedido por imperio de la ley. Con respecto a la multa de defraudación aplicada en la Resolución N°155/2004 por los ajustes por intereses presuntos por el período fiscal 1997, expresó que como no existió hecho imponible, tampoco sujeto obligado al pago; por lo que no pudo existir impuesto debido ni sanción por la omisión de su pago. Indicó también que no se verificó en la realidad de los hechos disposición de fondos a favor de Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A. que no hayan sido de su interés.
Dijo también que no existió contradicción entre lo declarado y los deberes que prescriptos por las normas tributarias, ya que no dejó de pagar de manera íntegra y oportuna el impuesto debido, es decir, no incumplió deber tributario sustantivo alguno.
Expresa que el hecho imponible que se le endilgó haber incumplido, requiere como elemento objetivo o material del tipo la efectiva disposición de fondos a favor de terceros por operaciones que no responden al interés de la empresa, pero de las pruebas a producirse surgirá que ni un solo centavo fue puesto a disposición, pagado, salido o erogado a favor de Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A., sino en su propio interés, por lo que no concurre un elemento esencial del soporte objetivo de la conducta.
Manifiesta así que no se ha configurado el tipo subjetivo dispuesto en el art. 46 de la ley 11.683, toda vez que en el caso, el deber jurídicamente exigible consistió en declarar en tiempo oportuno la materia imponible o el quebranto impositivo y, de corresponder, pagar íntegramente el monto de impuesto.
Menciona, de cualquier modo, que la discrepancia de criterios dentro de la propia Administración y, las discrepancias entre los propios funcionarios fiscales, lleva a concluir que se está frente a un error excusable, y solicita en subsidio que se la exima de su conducta.
Por último, con respecto a la sanción de omisión aplicada en la Resolución N° 105/2005 por ambos ajustes, informa que la Justicia Nacional en lo Penal Tributario resolvió el 28 de diciembre de 2004 rechazar el requerimiento fiscal de instrucción por cuanto el hecho denunciado no constituía delito, disponiendo el archivo de las actuaciones. Para ello, se hace referencia a la inexistencia en la realidad de los hechos de los saldos de caja negativos, y que los fondos fueron aportes irrevocables con la capitalización el 27 de agosto de 1001, por lo que a su modo de ver no concurriría el elemento esencial del soporte objetivo de la conducta.
Cita doctrina y jurisprudencia que considera aplicable al caso. Acompaña documental, ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 62/75, 207/222 y 389/402, la representación fiscal contesta el traslado de los recursos, en los que por las consideraciones que expone pide que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 89 se abre la causa a prueba admitiéndose la informativa dirigida a la Administración Tributaria para que informara si formuló observaciones al informe general del Síndico que fuera presentado en el Expediente “Exportaciones Agropecuarias Argentinas S.A. s/concurso preventivo (gran concurso), la que obra producida a fs. 113. Además, previo a proveer sobre la prueba pericial contable ofrecida, se intimó a Prenter S.A. para que acompañara la autorización de la firma Buenos Aires Bureau S.A., a los efectos de poder practicar en dicha firma la pericia, lo que fue cumplido a fs. 96, haciéndose lugar a su producción a fs. 108 y cuyo resultado se encuentra agregado a fs. 134/143.
Cabe mencionar que Tribunal en Pleno resolvió la acumulación de los Expedientes Nros. 23.617-I y 25.684-I al N°22.691-I.
A fs. 440 se decide clausurar el período probatorio y elevar las actuaciones a consideración de la Sala. A fs. 443 se ponen para alegar, obrando a fs. 450/452 el alegato del Fisco Nacional, sin que la recurrente haya hecho uso de tal derecho. Por último, el 23 de junio de 2023 quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Corresponde ahora decidir si las Resoluciones se ajustan a derecho, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Excma. Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
De los Considerandos de dichos actos surge que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo a Prenter S.A. se practicaron dos ajustes:
1. Por un lado, se objetaron las remesas de dinero que efectuara a la firma Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A. en concepto de aportes irrevocables para futura suscripción de acciones, calificándolos como disposiciones de fondos a favor de terceros, en los términos y con los alcances del art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias, con efectos en los períodos fiscales 1997 y 1998.
2. Asimismo, se detectaron saldos negativos en la cuenta caja que fueron tratados como ingresos omitidos en el impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 1998, por aplicación del art. 18, primer párrafo, de la ley 11.683 (t.v.).
A la hora de analizar los agravios que formula necesario analizar la prueba rendida, tanto en esta instancia como en la previamente sustanciada en sede administrativa.
Respecto al primer ajuste, la recurrente acompañó la prueba documental que obra a fs. 252/300, que consiste en la copia de los autos caratulados: “Prenter S.A. y otros s/ Infracción ley 24.769; y ofreció la producción de prueba informativa y pericial contable, cuyos resultados, cabe ya adelantarlo, no logra desvirtuar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional.
En rigor de verdad, Prenter S.A. invoca una operatoria, la de los aportes efectuados por ella con fondos de otras empresas vinculadas, que no tiene reflejo en la documentación, legal, societaria y fiscal. Así, invoca movimientos contables entre ella y Comply S.A. que cubrió por su cuenta y orden fondos transitorios y dice que el origen de los fondos es, en realidad, Buenos Aires Bureau S.A., otra empresa en la que era accionista.
Pero no fue el origen de los fondos el objeto del ajuste sino su caracterización y el tratamiento fiscal que corresponde darles a la fecha en que fueron transferidos a Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A., y es aquí que ante la falta de pruebas concretas sobre su tratamiento como aportes irrevocables en el ejercicio fiscal 1998 que aquí importa, según las normas societarias, contables y de los registros públicos de comercio, deben ser tratados como préstamos, además, onerosos que generaron intereses presuntos.
Para ello, tampoco basta la intención volcada en un Acta de Directorio, como la que invoca Prenter S.A. aunque ésta pueda ser el comienzo de la operatoria real del aporte de los accionistas. En definitiva y aunque sobre decirlo no basta nombrar a una operación como aporte irrevocable, sino que además debe ser documentada como tal, y esa es la documentación ausente en el caso, que Prenter S.A. pretende soslayar invocando el principio de la realidad económica previsto en el art. 2° de la ley 11.683, cuyo objetivo no es tal.
Entonces, asiste razón al juez administrativo cuando sostiene que en el período fiscal 1998, que es que aquí interesa, las remesas de fondos de Prenter S.A. a Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A. fueron disposiciones a favor de dicha empresa a los que debió aplicarse los intereses del art. 73 de la ley de impuesto a las ganancias, sin perjuicio que en el año 2000 se haya instrumentado efectivamente su capitalización como aportes a partir de la suscripción del compromiso pertinente.
Queda analizar entonces si se dan los requisitos para la aplicación de dicha figura.
Para ello, debe recurrirse a la interpretación efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en la causa “Fiat Concord S.A.”, sentencia del 6 de marzo de 2010, en la que sostuvo que “…el hecho de que la disposición de fondos se efectúe –como ha ocurrido en el caso- entre sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de sujeción económica por revestir una de ellas una condición dominante respecto de otra dependiente, no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos del art. 73 que se examina, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria”.
En el caso, aun cuando Prenter S.A. asimile su actividad inversora a la de disposición de fondos lo cierto es que la operación fue efectuada con un tercero, en los términos de la normativa y la doctrina jurisprudencial ya citada. En efecto, Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A., empresa en la que a la fecha de las remesas, detentaba el 38,5% de su tenencia accionaria, era según la jurisprudencia citada, un tercero.
Dicho lo anterior, correspondía también a la aquí recurrente acreditar el interés de la empresa en la realización de tal operación, prueba que tampoco rindió, tan solo adjuntó un Acta de Directorio con manifestaciones genéricas. En definitiva, recaía sobre la recurrente la obligación de probar en contra de la presunción legal aplicada por el juez administrativo previsto en el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias, pero no lo hizo, por lo que corresponde confirmar el ajuste en el aspecto referido contenido en las Resoluciones Nros. 283/03 y 155/04 y los intereses intimados por aplicación del art. 37 de la ley 11.683 -sobre los cuales, además, no ha formulado agravios específicos-, con costas.
Respecto al segundo ajuste, esto es la detección de saldos negativos en la cuenta caja, lo que tenía que demostrar Prenter S.A. en esta instancia era que el indicio adoptado por el juez administrativo, la existencia de saldos negativos en algunos meses en el rubro caja de su activo al 10 de septiembre de 1997, no correspondían a ingresos omitidos de gravar, y para ello sostuvo que una empresa en la que era accionista, Buenos Aires Bureau S.A. le efectuó remesas que fueron registradas luego de que ingresaron a su patrimonio, el 12 de septiembre de 1997.
Para probar sus dichos, ofreció una prueba pericial contable. Surge del ANEXO A del informe pericial producido en esta instancia sobre las registraciones contables de Buenos Aires Bureau S.A., accionista a esa fecha de Prenter S.A., que le realizó sucesivas transferencias de dinero a dicha empresa por diferentes conceptos y montos –la mayoría en cheques-. En efecto, entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 1997, al igual que entre enero a agosto de 1998, Buenos Aires Bureau S.A. hizo a la aquí recurrente más de 90 transferencias por un total de $5.314.695,44, lo que permite corroborar las manifestaciones de Prenter S.A. en cuanto al circunstancial error incurrido en la registración temporal de algunas de dichas operaciones. A ello cabe agregar que en la sentencia dictada en el fuero penal que obra a fs. 283/292 se destaca la falta de profundización de la fiscalización en relación a la actividad marginal que supuestamente habría realizado la empresa para generar los ingresos que se presumen omitidos a partir de los saldos negativos en caja, que llevó a la jueza a rechazar el requerimiento fiscal de instrucción, manifestaciones que junto con el resto de los elementos, me llevan a propiciar la revocación de este ajuste en la Resolución N° 283/2003, con costas.
V. Queda expedirse por último en las sanciones aplicadas en las Resoluciones recurridas.
En cuanto a la multa aplicada en la Resolución N° 105/2005 por la porción del ajuste efectuado en la Resolución N° 283/2003 cuya revocación se propicia, debe ser revocada en la misma medida, con costas.
Respecto a la multa aplicada en el mismo acto por el ajuste por intereses presuntos, corresponde recordar que la infracción a la que se refiere dicha norma requiere para su configuración, la concurrencia de dos elementos: por una parte, la omisión de pago del impuesto y, por la otra, el medio comisivo que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas y en la medida que no exista error excusable.
En el caso, la conducta reprochada a Prenter S.A. es la omisión de ingreso de los intereses previstos en el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias sobre los fondos entregados a Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A., configurándose de ese modo el elemento objetivo del ilícito.
En lo que respecta al elemento subjetivo, de indispensable configuración tratándose de ilícitos tributarios, conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 271:297, era a la recurrente a la que le correspondía demostrar, pruebas mediante, la falta de la culpa o de la negligencia que exige el tipo del art. 45 de la ley (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A.”, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña S.A.", del 27/10/1998; “Italcred S.A. “, del 28/04/2016, entre otros), pero ni en esta instancia, ni en la administrativa previamente sustanciada, justificó su conducta, atento a verificarse una real falta de ingreso (omisión) producida por un medio idóneo para la comisión de la infracción (declaración jurada inexacta). Asimismo, cabe agregar que Prenter S.A. no tomó los recaudos necesarios para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales, por lo que cabe tener por configurado también este elemento, sin que pueda considerarse que su conducta obedezca a un error excusable para eximirla de responsabilidad infraccional, por lo que debe confirmarse, con costas. En cuanto a la multa de defraudación aplicada por el mismo ajuste, en la Resolución N°155/2004 por el período fiscal 1997, en virtud de las consideraciones ya realizadas, debe ser recalificada en la figura de omisión del art. 45 de la ley 11.683 y graduada del mismo modo que la aplicada en la Resolución N° 105/2005. Las costas se imponen en el orden causado (art. 184 ley 11.683).
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiere a la solución de la Dra. O´Donnell en cuanto confirma el ajuste identificado en el Considerando IV.1, con más sus intereses y revoca el individualizado en el Considerando IV.2, con costas por sus respectivos vencimientos.
En cuanto a la multa por defraudación aplicada en la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias 1997 (fs. 152/154), la suscripta coincide en el reencuadre propiciado por la Vocal preopinante. Las costas deben imponerse al Fisco en la parte que se reduce y la recurrente por la que se confirma (criterio de esta juzgadora in re “Fosati, Miguel Ángel” del 14 de febrero de 2019, confirmado por la Sala IV de la Alzada, el 15 de junio de 2023).
Por último, en cuanto a la multa por omisión correspondiente al período 1998, que surge del acto obrante a fs. 244/250 apelado en autos, comparte con la Vocal Instructora que corresponde su confirmación en la proporción correspondiente, con costas en relación a los respectivos vencimientos.
Atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría,
1. Confirmar la Resolución N° 283/2003 en lo que se refiere al ajuste identificado en el Considerando IV-1. del voto de la Vocal Instructora y revocarla en relación al ajuste identificado en el Considerando IV-2. de dicho voto. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2. Confirmar el ajuste practicado en la Resolución N° 155/2004, con costas, y reencuadrar la multa impuesta en dicho acto en el art. 45 de la ley 11.683, con costas por su orden.
3. Confirmar la multa impuesta en la Resolución N° 105/2005 en la proporción correspondiente al ajuste de la Resolución N° 283/2003 que se confirma y revocarla en la proporción en que el mismo se revoca. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
4. Ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos que en el término de 30 días practique reliquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente.
5. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en autos, hasta que se apruebe la liquidación ordenada en el punto 4°).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.08.07 14:30:33 -03:00 Date: 2023.08.07 14:49:17 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.07 17:35:49 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.07 17:35:50 -03:00
Fin de la sentencia