Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124399
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acuerdo 1790); con costas.
C. 124.399 "SUCESORES Y HEREDEROS DE REICHEL JOACHIM C/ CHICCO, ANDRÉS Y BOLATTI LILIANA S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA"
I. Conforme surge de las constancias adjuntadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de un juicio ejecutivo iniciado por Joachim Reichel -y luego continuado por sus sucesores Gabriela Verónica y Cecilia Fernanda Reichel y Margarita Catalina Fisher- contra Andrés Maximiliano Chicco y Liliana Mercedes Bolatti, rechazó la excepción de falta de representación e hizo lugar a la excepción de pago total y, en su consecuencia, desestimó la demanda instaurada (v. sent. de 27-VI-2019, en arch. adj.).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental revocó lo así decidido, rechazó la excepción de pago total y mandó llevar adelante la ejecución por el monto de $ 50.000, con más el mecanismo de readecuación y accesorios que estableció (v. sent. de 21-VII-2020, en arch. adj.).
Frente a dicho pronunciamiento, los accionados dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escr. electr. de fecha 25-VIII-2020, en arch. adj.), el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio y ello motivó la interposición de la presente queja (art. 292, CPCC; v. resol. de 19-X-2020 y present. electr. de 2-XI-2020 y sus adjs.).
II. Al respecto, cabe señalar que la Cámara, al realizar el examen de admisibilidad de la vía impugnativa deducida consideró -con cita de jurisprudencia de esta Corte-, que las limitaciones en cuanto al valor del agravio establecidas por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -cuya inconstitucionalidad se alega- no vulneran derechos o garantías constitucionales. Luego, destacó que la recurrente había enunciado los derechos constitucionales que consideraba vulnerados sin demostrar el modo en que aquellos han sido afectados y, en consecuencia, rechazó su planteo. Asimismo, también invocando precedentes de este Tribunal, desestimó la pretensión expuesta por los impugnantes de considerar a tal fin el monto de condena incluyendo los intereses, así como la solicitud de tomar el valor del jus al momento de la demanda para examinar el referido recaudo. Luego, procedió a verificar los requisitos de admisibilidad del recurso planteado conforme a la jurisprudencia citada y las normas procesales aplicables al caso (arts. 278 a 281, CPCC) y considerando que el monto del capital de condena establecido en la sentencia recurrida ($50.000) no alcanzaba el mínimo legalmente previsto (Acuerdo SCBA 3972/20) denegó el remedio de inaplicabilidad de ley articulado (v. resol. de 19-X-2020).
Frente a ello, en la queja traída, los recurrentes cuestionan la referida denegatoria, invocando el gravamen que les causa y la afectación de derechos y garantías de raigambre constitucional, exceso ritual manifiesto y gravedad institucional, sosteniendo que el requisito del monto mínimo debe ceder, mencionando particularmente la codemandada -letrada en causa propia- las garantías reconocidas en la Convención que cita y el acceso a la justicia y, finalmente, menciona la existencia de cuestión federal (v. presentación de 2-XI-2020).
En ese contexto, dado la falta de cuestionamiento a la insuficiencia del valor del agravio por parte de los recurrentes señalada por el Tribunal de Alzada -previo rechazo de los planteos expuestos en el recurso en cuanto al modo de apreciar tal recaudo, lo que no mereciera objeción en la queja-, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los planteos invocados en la vía directa en tratamiento para superar aquel valladar formal (conf. causas Q 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331,"Orona", resol. de 16-IV-2019; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020 y C. 124.422, "Toloza", resol. de 8-VI-2021).
En el caso, en cuanto a las breves manifestaciones -sin mayor desarrollo- realizadas en relación a que la aplicación del límite pecuniario del art. 278 citado viola las garantías de acceso a la justicia, el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo consagradas en la Constitución nacional y en su par provincial, este Tribunal tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales relativas al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (doctr. causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.387, "Canto", resol. de 16-III-2016; C. 120.687, "Torres", resol. de 22-VI-2016; C. 121.777 "Kleist", resol. de 13-IX-2017; C. 122.240,"Amato", resol. 18-IV-2018; C. 123.541, "Gerez", resol. de 23-IX-2021).
A ello se agrega que reiteradamente se ha sostenido que resulta compatible con el art. 161 de la Constitución de la Provincia, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas Ac. 83.198, "Tevez", resol. de 16-X-2002; Ac. 92.195, "Calesso", resol. de 2-II-2005; Ac. 96.343, "Birretto", resol. de 11-X-2006; C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015). Asimismo, la igualdad que contempla la Constitución comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, conforme a la legislación vigente (conf. causas Ac. 98.574, "Mazza", resol. de 2-V-2007; C. 116.433, "Pertierra", resol. de 7-III-2012 y C. 119.437, "Choque", resol. de 3-XII-2014).
Por otra parte, con respecto a la mención de gravedad institucional, este Tribunal ha dicho que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la misma, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.183 "Verdugo", resol. de 28-XI-2012; C. 117.402, "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en la presente queja.
Finalmente, cabe agregar con respecto a la alegación de la existencia de un agravio de índole federal a fin de sortear la referida limitación que, en el caso, su pretensión carece de asidero.
En este sentido, esta Corte tiene dicho que el invocado criterio jurisprudencial condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el trámite de reclamos que porten agravios federales.
Así, en el supuesto bajo análisis, no obstante la denuncia de arbitrariedad y afectación de garantías constitucionales y convencionales, en la impugnación articulada no se exhiben argumentos que valorados a primera vista sean suficientes para dar apoyo a la invocación de la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, denunciando los recurrentes absurdo en la apreciación de las pruebas, sin que se haya demostrado a este respecto, en el marco procesal descripto, que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 119.442, "Figliuolo", resol. de 26-VIII-2015; C. 119.450, "Acosta", resol. de 25-XI-2015; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 26-X-2016; C. 121.745, "Moreno", resol. de 29-XI-2017; C. 122.181, "Basualdo", resol. de 7-III-2018; C. 124.957, "R., A. M.", resol. de 10-IX-2021).
En atención a lo expuesto, con los argumentos traídos no se logra demostrar el yerro en la denegatoria de la vía extraordinaria incoada y se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292 cits.; Acordada 1.790).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acuerdo 1790); con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2022 14:12:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/03/2022 14:53:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2022 11:08:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2022 22:42:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 09:04:17 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2022 13:21:30 hs. bajo el número RR-229-2022 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia