Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 124903
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causas N° 124903 y N° 128906 JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - LA PLATA
DOBARRO STELLA MARIS C/GUARINO OSCAR MANUEL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA BICENAL DEL DOMINIO DE INMUEBLES 2020 y
GUARINO OSCAR MANUEL C/ DOBARRO STELLA MARIS Y OTROS S/REIVINDICACION 2020
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los un días del mes de junio de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia única en la Causas 124903 y 128906, caratulada: "DOBARRO STELLA MARIS C/GUARINO OSCAR MANUEL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA BICENAL DEL DOMINIO DE INMUEBLES 2020" y "GUARINO OSCAR MANUEL C/ DOBARRO STELLA MARIS Y OTROS S/REIVINDICACION 2020", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 26 de noviembre de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia única dictada en primera instancia rechazó las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción adquisitiva del dominio interpuesta por Stella Maris DOBARRO, Luis Angel BERNARDI, Anabela BERNARDI y Martín Miguel BERNARDI, con costas (art. 68 CPCC); hizo lugar a la acción de reivindicación promovida por OSCAR MANUEL GUARINO contra STELLA MARIS DOBARRO, LUIS ANGEL BERNARDI, ANABELA BERNARDI, y MARTIN MIGUEL BERNARDI en relación al inmueble ubicado en la calle 33 nro. 385 e/ 2 y 3 de La Plata (Circunscripción I Sección D Manzana 217 Parcela 16 A inscripto en la Matricula 055-239.559), condenando a los demandados para que dentro del plazo de treinta (30) días hagan restitución del inmueble libre de ocupantes y bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública; dispuso que -previo a efectivizar orden de lanzamiento- deberán librarse oficios a la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y al Servicio Municipal de Niñez y Adolescencia de La Plata a efectos que tomen intervención de la orden de restitución de inmueble y en resguardo de los derechos de la niñez; impuso las costas a Stella Maris Dobarro, Luis Angel Bernardi, Anabela Bernardi, y Martin Miguel Bernardi, en su condición de vencidos (art. 68 CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para el momento para que se determine el valor del inmueble (resolución del 26 de noviembre de 2020). Luego, mediante aclaratoria dispuso, en los términos del artículo 166 inc. 2do in fine del ritual, que la sentencia dictada en la que se rechaza la acción de prescripción adquisitiva promovida por STELLA MARIS DOBARRO y lo es también respecto de quienes asumieran intervención voluntaria como litisconsortes activos, LILIAN ESTER BERNARDI y OSCAR ALEJANDRO BERNARDI, imponiéndoseles las costas a los tres accionantes por el rechazo de la acción prealudida (proveído del 3 de diciembre de 2020).
2– Contra esta forma de decidir interpusieron recurso de apelación los actores en la usucapión y demandados en la reivindicación Stella Maris Dobarro y Luis Angel Bernardi (presentación electrónica del 4 de diciembre de 2020) y los terceros en las actuaciones por prescripción adquisitiva Lilian y Oscar Bernardi (presentación electrónica del 10 de diciembre de 2020), los que concedidos libremente (proveído del 23 de diciembre de 2020) se encuentran debidamente fundamentados en esta instancia (presentaciones electrónicas del 2 de marzo de 2021 – y 3 de marzo en formato papel - y 23 de marzo de 2021 respectivamente). Corrido el pertinente traslado (proveído de la misma fecha), éste fue contestado por Oscar Manuel Guarino (actor en la reivindicación y demandado en la usucapión) en fecha 30 de marzo de 2021. Posteriormente, luego de desestimarse el planteo de hecho nuevo y solicitud de prueba en la alzada solicitado por los apelantes (resolución interlocutoria del 13 de abril de 2021) se llamó autos para sentencia (proveído de la misma fecha).
3– Stella Maris Dobarro y Luis Angel Bernardi se agravian al entender que el Juez de grado consideró a Guarino como titular de dominio, cuando se trata solo de titular registral.
Alegan que el título suficiente lo obtuvo a partir de una fraudulenta sentencia de usucapión en un proceso al cual no fueron citados y que por lo tanto no les es oponible, dado que ellos detentaban la posesión de antes, mientras que el modo suficiente no lo cumplió toda vez que jamás tomó la tomó para sí.
Califican de probado y consentido en el juicio de desalojo la posesión por parte de ellos desde el año 1981.
Agregan que la interpretación en dirección a que no han pasado 20 años de posesión desde la sentencia del año 2008 en el proceso “Guarino, Oscar Manuel C/ Fisco de la Provincia S/ Usucapión”, hasta la pretensión de su parte, se contradice con el hecho de la posesión acreditada en el desalojo y consentida por la contraparte, así como con el hecho de que el Señor Guarino no vivía en la Argentina desde el año 1970 y sólo arribó al país en el año 1998 para la firma de un poder.
Hacen manifestaciones y valoraciones acerca del proceso de usucapión de Guarino contra la Provincia de Buenos Aires e insiste en que el actor de aquellas actuaciones no ha poseído el bien.
Además, dicen, es necesario que el reivindicante muestre un título anterior a la posesión del demandado, hecho dado por tierra por el consentimiento realizado en el proceso de desalojo.
Acusan absurda valoración de la prueba y que el juzgador extravía el objeto de análisis sobre el que debía versar la resolución relativa a la falta de legitimación activa opuesta, eligiendo indagar sobre la inexistencia del transcurso del plazo de prescripción adquisitiva posterior a la sentencia de usucapión dictada a favor de Guarino, omitiendo asimismo resolver respecto de la inexistencia de título alguno anterior a la posesión iniciada por la familia de los apelantes en el año 1967 respecto del inmueble.
Agregan que la sentencia desconoce que, cuando el demandante en una acción de reivindicación presenta un título que acredita su derecho de poseer de fecha posterior a la posesión de los demandados, el Código lo considera a dicho título insuficiente para fundar la demanda.
Se disconforman, subsidiariamente, del rechazo del derecho de retención tildando a la sentencia de violatoria de las reglas de la sana crítica, dado que no es obstáculo para su articulación la falta de reconocimiento de la posesión alegada por el actor en su escrito de inicio de demanda de reivindicación y que éstas se encuentran debidamente acreditadas.
Por su parte, Lilian Ester y Oscar Alejandro Bernardi se agravian de que la sentencia no haya tenido por acreditado el anumis dominini (ánimo de dueño) de sus padres en la posesión del inmueble.
Denuncian que a fs. 173 del expediente por usucapión de “Guarino c/ Provincia de Buenos Aires”, en el mandamiento librado, manifestaron vivir allí en el año 2006.
Alegan que Guarino no probó la posesión del bien, que el sentenciante no tuvo en cuenta pruebas como el pago de impuestos (que además algunos venían a nombre de su madre) y que el matrimonio, con sus tres hijos, ocupaban una de las viviendas y la otra la actora con su esposo.
Adunan que se omitió tomar en cuenta un instrumento público firmado en los Estados Unidos por Oscar Manuel Guarino y su madre, el 12 de agosto del año 1994 donde dicen ceder los derechos del inmueble objeto de Litis, lo que da por tierra cualquier pretensión posterior de Usucapión que fraudulentamente pretendió ejercer contra la provincia de Buenos Aires a partir del año 1998. Concluyen que Oscar Manuel Guarino y Vidal Brines ya no vivían en Argentina hace años.
Advierten que tampoco se valoró que su madre vivió en el inmueble hasta su fallecimiento, lo mismo que la prueba testimonial.
Se duelen de lo que consideran una incorrecta fijación de los hechos, insistiendo en su posesión anterior al dictado de la sentencia por usucapión iniciada por Guarino, que éste último nunca la tuvo para sí, que vive en Estados Unidos desde su adolescencia, que aquel proceso es fraudulento y que ésta Excelentísima Cámara en el juicio de desalojo reconoce su carácter de poseedores.
Ponen en crisis que el fallo haya omitido tratar la posesión veinteañal alegada por su parte como defensa.
Al contestar el traslado de los agravios, Oscar Manuel Guarino solicita se tenga por desierto el recurso, toda vez que las expresiones de agravios no llevan firma de las partes, siendo que ésta constituye una condición liminar para la existencia del acto y, subsidiariamente, acusa la insuficiencia del recurso.
4. Preliminarmente, corresponde abordar el planteo opuesto por Guarino en el traslado del memorial de ambas contrapartes (presentación electrónica del 30 de marzo de 2021).
Al respecto ha de decirse que, analizadas ambas presentaciones (de fecha 23 de febrero y 2 de marzo de 2021) éstas han superado el examen de admisibilidad, toda vez que se las evaluó bajo un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
Asimismo, el desistimiento del recurso por falta de firma de los patrocinados solicitada mediante la misma presentación no ha de proceder, toda vez que –contrariamente a lo alegado por Guarino- Stella Maris Dobarro y Luis Angel Bernardi han suscripto en soporte papel la expresión de agravios en fecha 3 de marzo de 2021, la que ha sido agregada al expediente físico con cargo manual.
5– Habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales…”.
En la especie, ha de señalarse que el libro cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación está dedicado a los derechos reales. La regla es que la constitución y los efectos ya producidos de las situaciones nacidas bajo el Código Civil no pueden ser afectadas por nuevas disposiciones; en cambio, el nuevo Código sustancial rige las consecuencias o los efectos de esas situaciones aún no producidas y la extinción no operada.
Señala la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci que al igual que en el resto del articulado, muchas de las disposiciones recogen las normas y criterios doctrinales y jurisprudenciales vigentes, por lo que no debería haber problemas de derecho transitorio (“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 159/160).
En el caso de la usucapión larga, como lo es el del presente, el Código Civil y Comercial de la Nación ha zanjado la disputa en torno a los efectos del pronunciamiento dictado en esos juicios a favor de la tesis minoritaria que sostiene la no retroactividad de la sentencia (art. 1905). La norma es de aplicación inmediata a todos los casos en los que el plazo se cumple después de la entrada en vigencia, desde que con anterioridad, eran simples derechos in fieri. Si se cumple antes, tratándose de una cuestión debatida en doctrina y jurisprudencia, sería deseable que el juez aplique el criterio de la nueva ley (autor y obra ya citada).
En ese entendimiento, el presente caso corresponde se juzgue con el Código vigente al momento de denunciarse el cumplimiento del plazo de usucapión larga, es decir, el Código Civil anterior (arts. 7, 1905, CCyC), conforme lo relatado en la demanda y la fecha de inicio de la acción (fs. 47/49, punto “I” en donde Dobarro refiere ser poseedora “desde hace mucho más de veinte años”).
Mismas observaciones aplican a la acción por reivindicación, siempre que ésta fue iniciada 10/02/2014, bajo el imperio de la anterior legislación (arts. 2758, 2772, 2774).
6. A fin de abordar la tarea revisora, he de señalar que las posturas de las partes en relación a los reclamos objeto de estas actuaciones y las pruebas de sus alegaciones, se encuentran glosados en ambos expedientes llamados a dictar sentencia única a saber: “Dobarro, Stella Maris c/ Guarino, Oscar Manuel s/ Prescripción adquisitiva” y “Guarino, Oscar Manuel c/ Dobarro, Stella Maris y otros s/ reivindicación” ambos en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de este Departamento Judicial.
Ahora bien, sobre la misma temática se hallan evidencias y posiciones encontradas en los autos “Guarino, Oscar Manuel c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ usucapión” en trámite ante el Juzgado N°9 y “Guarino, Oscar Manuel c/ Dobarro, Stella Maris y otros s/ desalojo” en trámite por ante el Juzgado N° 13.
Por tanto, a los fines de dar respuestas a los agravios opuestos a la sentencia de grado, se evaluarán las constancias y comprobaciones que provienen de cada una de los mencionados procesos.
7. Vienen las presentes actuaciones a resolver sobre dos pretensiones articuladas en procesos diferentes que tiene como objeto el mismo bien: la prescripción adquisitiva iniciada por Stella Maris Guarino y la reivindicación impetrada por Oscar Manuel Garino.
La usucapión es un modo de adquirir los derechos reales por la continuación de la posesión en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante el tiempo establecido por la ley. Este instituto se basa en dos hechos fundamentales: la posesión de la cosa por parte de quien no es dueño y la duración de ella por un cierto tiempo. De la conjunción de los hechos con el tiempo la ley hace derivar la adquisición, siendo este uno de los efectos más importantes de la posesión (conf. Areán, Beatriz, “Derechos Reales”, Ed. Hammurabi, tomo I, pág. 375).
Justamente, la pretensión prospera de haberse acreditado el presupuesto fáctico de aplicación del art. 4015 del Código Civil (en adelante CC).
Para ello nuestra legislación requiere de evidencia compuesta, admitiendo cualquier medio de prueba, con el límite de que no podrá el magistrado formar su convicción exclusivamente con la prueba de testigos (arts. 375, 384, 679 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en adelante denominado CPCC).
Como se dijo, el proceso de adquisición de dominio por usucapión impone al accionante la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión (arts. 375, 384, 679 y cons. del CPCC; art. 24 ley 14159) y ello se configura cuando de los distintos medios proporcionados por éste se logra la evidencia compuesta que requiere la ley. Esto significa que mediante probanzas de distinto tipo –confesional, testimonial, documental, informativa– coordinadas a los fines de probar sobre los hechos que acreditan la efectiva posesión durante el período y con las características exigidas por la ley.
A su vez, acorde dispone el artículo 2758 del CC, “La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella”.
Esa pretensión se ejerce “…cuando su titular ha sido privado absolutamente de ella, por lo que exige de aquél que se encuentra en la posesión de la cosa, se la restituya con todos sus accesorios” (conf. Bueres, Alberto J., Highton, Elena I., "Código Civil y notas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1997, pág. 811 y ss.; SCBA, C 98.552, sent. 16/03/2011).
En cuanto a los recaudos para su procedencia, conforme lo tiene resuelto nuestro Máximo Tribunal Provincial, debe demostrarse: el título que da derecho a la cosa, la pérdida de la posesión, la posesión actual del reivindicado y que la cosa es susceptible de ser poseída (SCBA, C 90755, sent. del 19/08/2009; Ac. 45456, sent. del 27/12/1991; esta Sala causas 118152, sent. del 21/04/2015, RSD 28/2015, 118537, set. del 14/04/2020, RSD 50/20).
8– En el caso en estudio los agravios de la totalidad de los apelantes se centran – por distintos motivos- en el rechazo de la pretensión de usucapión y la procedencia de la acción de reivindicación.
9– Con el fin de otorgar un orden lógico al desarrollo del presente recurso, he de abordar primeramente el agravio de los demandados en la reivindicación en dirección a que el sentenciante de grado otorgó a Oscar Manuel Guarino -injustificadamente a su modo de ver- la calidad de titular de dominio, cuando se trata solo de titular registral.
En este aspecto, no resulta ocioso destacar que el presupuesto de la acción reivindicatoria es la prueba del dominio - si no en cabeza del actor, al menos en la de sus antecesores - y no la prueba de un título (arts. 2758, 2772, 2774, etc. del Código Civil), punto de partida al que no se opone el art. 2790, pues para el éxito de la acción de reivindicación fija una presunción de propiedad (y de posesión) que será una presunción, pero lo presumido es, además de la posesión, la propiedad (conf. Zannoni-Kemelmajer de Carlucci, "Código Civil...", t. 11, com. art. 2758, pág. 771 y com. art. 2790, pág. 948).
De allí se colige que cuando el Código Civil exige la presentación del título que acredita el derecho de poseer del actor, no se refiere al título en sentido instrumental, sino a la causa en que se apoya el derecho, al acto jurídico hábil para transmitir la propiedad (conf. SCBA Ac. 34.877 S 5-10-1985).
Esta es doctrina legal de nuestro Máximo Tribunal provincial de larga data que refiere que “El Código Civil al exigir al reivindicante la presentación del título que acredite su derecho a poseer, se refiere a la causa en la que funda el derecho de dominio y no al título en sentido documental o formal” (“acuerdos y sentencias” 1960-V-301, “acuerdos y sentencias” 1970/02/23; D.J.B.A., t. 116, pag. 204).
Por otra parte, no es indispensable acompañar las diversas y sucesivas escrituras traslativas que constituyen los antecedentes del título del reivindicante. Son suficientes las constancias asentadas por el escribano de las anteriores transmisiones, si se las individualiza debidamente (Kiper, Acción reivindicatoria; legitimación activa y prueba, J.A., 1983-IV-322; S.C.B.A. Ac. 2456, del 20-5-60, en A y S 1960-IV-100, cit. por Bueres-Highton, ob. cit. pág. 605).
Por analogía, cabe entonces otorgarle idéntica operatividad que la indicadas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, ello por su grado de individualización y referencia al instrumento en el que se basa (inscripción de la sentencia de usucapión).
Asimismo, en la causa que da sustento al título que alega Guarino caratulada “Guarino, Oscar Manuel c/ Fisco de la Pcia de Buenos Aires s/ usucapión” obra sentencia que declara producida la usucapión en su favor, teniendo asimismo por acreditada la posesión con ánimo de dueño de la propiedad por los lapsos requeridos por ley (fs. 148/150 vta. de esas actuaciones). Posteriormente, obra mandamiento mediante el cual el agrimensor actuante procede a la realización del estado parcelario (fs. 181/182 de esas actuaciones).
De ello se colige claram
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