Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 48490
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el fallo apelado, desestimándose el planteo de ejercicio del derecho de retención, con costas de ambas instancias a la parte actora reconvenida (arts. 68 y 274 del CPCC).
Causa Nº MO-21483-2013
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ZALLES CHOQUE SABINO Y OTRO/A C/ CANTERO BRUNO OVIEDO S/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Causa N º MO-21483-2013" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental, con fecha 25 de Septiembre de 2023, resolvió admitir el derecho de retención invocado y suspender el lanzamiento ordenado.
Apeló la demandada reconviniente, su recurso se concedió en relación y se fundó con el memorial de fecha 17 de Octubre de 2023 (ratificado al día siguiente), que mereció el responde de fecha 26 del mismo mes y año, escritos a los que cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 14 de Noviembre de 2023 se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo cual deja las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Antes de comenzar he de señalar que, desde mi punto de vista, el memorial con el que se sustenta el recurso satisface, adecuadamente, las exigencias del art. 260 del CPCC, no habiendo motivo, razón ni fundamento para decretar la deserción del recurso, como se plantea al replicar el traslado del memorial.
Sentado ello, y a fin de dar respuesta a la cuestión planteada, voy a recordar los antecedentes de esta Sala relativos al ejercicio del derecho de retención y su oportunidad, en este tipo de procesos.
Se dijo en la causa 45.826 (R.S. 655/06) y 52.782 (R.S. 118/13) que
" Cabe recordar que nuestro Código Civil en su artículo 3939 se refiere al derecho de retención, como la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa.-
Ahora bien, particular situación se presente con el momento idóneo para invocar el mentado derecho, en el caso del retenedor demandado.-
Al respecto, la doctrina se polariza, proponiendo diversas tesituras.-
Tales posturas, en esencia, sustentan que:
1. Puede invocarse aún después de la sentencia que dispone la desposesión.-
2. En los pleitos reivindicatorios, el momento apropiado para invocar el derecho de retención es el de la traba de la litis, resultando extemporánea su articulación cuando se efectúa luego de notificarse la sentencia.-
3. Si el que tiene la cosa es demandado y reconoce el derecho del propietario reclamante de la cosa, debe oponer la retención a fin de fundamentar su resistencia a la entrega; el juicio versará, en realidad, sobre ella. Si el demandado que tiene la cosa no reconoce la propiedad del reclamante (por ejemplo en el juicio de reivindicación), solamente podría oponer la retención al contestar la demanda en forma subsidiaria, pues el que retiene lo hace de una cosa ajena; si alega que es propia, no puede contestar lisa y llanamente aduciendo que la retiene, pues su posición sería contradictoria. Es así que si no la opone en forma subsidiaria, la podría oponer en la etapa de ejecución de sentencia, una vez que el fallo declarando la existencia del derecho real del actor ordenó la restitución (cfr. Bueres - Highton, “Código Civil...” T 6B, Pág. 508/509).-
Tal reseña nos pone en evidencia que la cuestión en análisis deriva en posturas sensiblemente encontradas.-
Lo que debemos determinar aquí, concretamente, es la oportunidad en que, en el marco de un proceso judicial reivindicatorio, habría de alegarse el derecho de retención.-
Y existiendo posiciones tan encontradas, como así también argumentos que avalarían cada una de ellas, tengo para mi que debemos acudir -antes que nada- a los principios procesales, proceder que nos impone el artículo 171 de la Constitución Provincial, allanándonos el camino en la búsqueda de la solución acorde con nuestro sistema procesal.-
Aquellos principios -que inspiran y fundan la legislación adjetiva- son el mas importante norte interpretativo a la hora de resolver cuestiones de cierta complejidad, a cuya correcta solución no pueda llegarse con la sola aplicación del texto legal.-
Es por ello que -a continuación- hemos de referirnos al de preclusión, derivando posteriormente en el eventualidad y finalmente veremos como los mismos cobran plena operatividad en el caso.-
Para ello resulta necesario recordar que esta Sala en la causa 45.050 (R.S. 479/01) ha sostenido que: "Si bien las normas rituales no constituyen un fin en sí mismas posibilitan aquella aplicación del derecho de fondo dentro de las garantías del debido proceso que hace al efectivo ejercicio del derecho de defensa -arts. 18 y cc de la C.N.-; y dentro del debido proceso el mismo no se constituya en un "aquellarre" de presentaciones que pretendan volver sobre temas ya resueltos".-
También este Tribunal en materia de preclusión ha argumentado que: "La preclusión, que consiste en la perdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio, nace cuando media conocimiento y silencio, y opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior (...)" (causa nº 41.707, R.S. 32/00).-
El Superior Tribunal provincial ha definido a la preclusión procesal como "un instituto que garantiza uno de los principios que debe privar en toda causa judicial, estos es, la seguridad y consiste en la perdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio" (Ac. 73412 del 22-11-2000, "Boschetti, Rubén Dario c/Mario Medida Construcciones y/o Medina, Mario s/Cobro de pesos y daños").-
Conforme tales argumentos y tal como esta Sala lo sostuviera en la causa 34.283 (R.S. 409/95) se puede concluir que la preclusión es de orden público, toda vez que lo que ella persigue es que los actos procesales queden firmes y no pueda volverse sobre ellos prolongando indefinidamente la duración de las causas.-
A lo que debemos añadir que se llegaría a una disvaliosa situación si se permitiera volver indiscriminadamente sobre cuestiones precluidas en tanto una misma cuestión sería susceptible de ser resuelta en diversas oportunidades y -lo que es más grave- en sentido sustancialmente diverso.-
De lo expuesto derivamos en el principio de eventualidad, que es derivación y exigencia del preclusivo, en tanto importa la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal íntegramente, empleando en acumulación eventual todos los medios de ataque y defensa de que se disponga para que surtan sus efectos ad omnem eventum, es decir, para estar prevenido por si uno o varios de ellos no lo producen. Y ello es también válido aunque las proposiciones puedan ser excluyentes. Así, todas las excepciones o los recursos deben ser opuestos conjuntamente y en un solo escrito. La importancia práctica de la asunción de este postulado ha de subrayarse, pues, de la manera más pronunciada (Morello, Augusto Mario - Sosa, Gualberto Lucas- Berizonce, Roberto Omar. Códigos Procesales ... T I, pág. 624).-
Al respecto se ha dicho que “La dinámica de nuestro ordenamiento ritual, aunque no lo diga en forma expresa, aplicando uno de los principios procesales derivados del de economía procesal (el principio de eventualidad, en estrecha relación con el de preclusión), admite el planteo de peticiones en forma subsidiaria” (Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar Del Plata, causa nro. 101560 “Banco Cooperativo de Caseros Limitado C/Romero Enrique Martin y otra S/ Ejecución Recurso de Queja” R.S. 355/97).-
Y, en lo que aquí interesa, una clara recepción legal del principio que venimos analizando es el artículo 354 primer párrafo del C.P.C.C., en cuanto establece que en la contestación opondrá el demandado TODAS las excepciones o defensas que, según el Código, no tuvieren carácter previo.-
Así las cosas –y adelantando mi opinión- he de señalar, desde ya, que comparto totalmente lo resuelto por el Magistrado de la Instancia de Origen en el decisorio en crisis, por los argumentos que he de exponer a continuación.-
Veamos.-
De la compulsa de las presentes actuaciones hemos de advertir que la Sra. (...) conjuntamente con el Sr. (...) alegan el derecho de retención a fs. (...).-
Tal petición es posterior a la sentencia definitiva recaída en autos (...), que hizo lugar a la demanda reivindicatoria deducida por la actora, rechazando asimismo las defensas opuestas por los accionados y ordenó la desocupación del inmueble en las condiciones que de allí surgen.-
Además cabe puntualizar que este Tribunal -a fs. (...)- confirmó la mentada sentencia en lo que fue materia de apelación.-
Ahora retrotrayéndonos en el decurso del proceso hemos de centrarnos en las presentaciones de fs. (...) y (...) mediante las cuales se presentan los accionados.-
De la atenta lectura de las mismas no se observa que hicieran planteo alguno relativo al mencionado derecho de retención.-
En consecuencia, haciendo aplicación a los principios de preclusión y fundamentalmente el de eventualidad, entiendo que el planteo del derecho de retensión en la oportunidad en que pretendió efectuarse resulta -a todas luces- extemporáneo, toda vez que el mismo no fue articulado oportunamente, esto es en la ocasión del artículo 354 del C.P.C.C.-
A lo que se suma que, si permitiésemos la alegación en este estadio procesal, ello implicaría una modificación a la forma en que se ordenó la desocupación del inmueble en la sentencia -firme- de fs. (...) y una indebida ampliación de las cuestiones discutibles (arg. art. 504 del C.P.C.C.) a la hora de ejecutar dicha sentencia.-
Y dejo aclarado, de esta forma, que lo que fundamentalmente me lleva a descartar la tesis que avala la posibilidad de alegar el derecho de retención en la etapa de ejecución son, justamente, los aludidos principios de eventualidad y preclusión, como así también la preservación de la cosa juzgada, institutos que, en mi opinión, son dejados de lado por la corriente de pensamiento que permite este extemporáneo accionar ".-
Todo ello deviene de aplicación al presente caso.
En efecto: aquí hay sentencia de ambas instancias.
Se condenó a restituir el inmueble dentro de lo 10 días de quedar firme la decisión (ver fallo de fecha 19 de Febrero de 2018 ).
Ello adquirió firmeza (ver sentencia de Cámara de fecha 23 de Mayo de 2019 ).
Ahora bien, el planteo aquí en análisis se efectúa, recién, el 20 de Octubre de 2022 .
Y ni siquiera se lo efectúa en forma adecuada desde lo formal, pues el escrito lo suscribe solo el letrado patrocinante de la parte actora, cuando lo debía haber suscripto la parte (art. 118 inc. 3 CPCC, Ac. 4013, arts. 1, 2, 5 y ccdtes.).
Ahora bien, es evidente la antifuncionalidad de este planteo, rayando lo abusivo (art. 10 CCyCN), a poco que vemos que se lo articula de manera coetánea con el libramiento del mandamiento de lanzamiento.
No pierdo de vista que los actores reconvenidos tuvieron no ya varios meses, sino varios años desde el momento en que adquirió firmeza la sentencia (y se tornaba operativa la obligación de restituir) para introducir esta cuestión.
Lo cual trae aparejada otra cuestión, porque al dilatar así su accionar y tener que iniciar otro proceso para que se determine el monto potencialmente adeudado, provocan otra dilación e insertan, casi, una condición puramente potestativa: la contraria (gananciosa en este proceso) tendrá que aguardar todo el desarrollo del otro procedimiento y recién entonces podrá recuperar su bien.
A contrario, claro está, de aquello que han dispuesto, aquí, las sentencias que se encuentran firmes, donde se indicó que el bien debía restituirse dentro de los 10 días de quedar firme la decisión.
Si ello se estableció así, no puede modificarse posteriormente, con planteos como el aquí introducido.
Luego, entiendo que lo expuesto en cuanto a las circunstancias del caso específico, converge al criterio genérico que había venido sosteniendo la Sala en cuanto a la imposibilidad de alegar el derecho de retención en la etapa de ejecución.
Lo cual, obviamente, no enerva la posibilidad de que la parte actora reconvenida recupere lo que le pudiera corresponder en concepto de mejoras, sino solamente que no podrá permanecer en la ocupación del bien en virtud de esta alegación, tardía, del derecho de retención.
3. Consecuentemente, y por las razones expuestas, propondré se revoque el fallo apelado, desestimándose el planteo de ejercicio del derecho de retención, con costas de ambas instancias a la parte actora reconvenida (arts. 68 y 274 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA el fallo apelado, desestimándose el planteo de ejercicio del derecho de retención, con costas de ambas instancias a la parte actora reconvenida (arts. 68 y 274 del CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 07/12/2023 12:19:49 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2023 12:57:21 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2023 12:59:47 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/12/2023 12:59:48 hs. bajo el número RR-250-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia