Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125498
AUTOS
Y
I. Mediante la decisión dictada el día 7 de marzo de 2019, la Sra. Jueza de la instancia anterior desestimó el pedido de declaración de inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad de la ley 13951 y su decreto reglamentario 2530/10 formulado en el punto 1 del escrito del inicio.Para así resolver, previo dictamen favorable a la pretensión de la Sra. Agente Fiscal, indicando que el Acuerdo 3766/15 modificatorio del anexo II de la Ac. 3397/08 y art. 1 y anexo A del Ac. 3585/12, establece en el código 634 la mediación obligatoria para la prescripción adquisitiva larga, señaló que resulta incompetente para entender sobre la cuestión introducida detallando la materia sometida a su conocimiento.Contra tal forma de decidir el accionante apeló sosteniendo sus agravios el día 5 de abril del año en curso.
Criticó la resolución señalando que entorpece el acceso a la justicia retardando el ejercicio de la acción obligando a asumir costos innecesarios. Agregó que contraría la tutela judicial efectiva en tanto se sabe que no se puede cumplir con la finalidad práctica y propia de la mediación, reiterando los términos de su presentación inicial (art. 246 CPC, dictamen de Fiscal de Cámaras del 9 de mayo de 2019).II. Abordando la cuestión sometida al Tribunal se principia por recordar que el sistema de mediación, a la luz de los fundamentos que se acompañaron para su consideración, “… en ningún caso altera el derecho que cada persona tiene de recurrir ante la justicia, tampoco está destinado a sustituir la jurisdicción como una de las funciones esenciales del Estado.
Solo se pretende un medio alternativo para resolver la situación de conflicto…”.La sentenciante de la instancia de origen, en el fallo recurrido, delimitó el ámbito de su competencia determinando los planteos a abordar.Enunció que correspondía eventualmente la homologación del convenio arribado, su ejecución en el caso de incumplimiento y la imposición de multa, concluyendo que su competencia en la materia resulta ajustada.Lo cierto es que, el conocimiento del juzgador se extiende también a otras cuestiones, expresamente dispuestas tales como la recusación y excusación del mediador designado, y otras tácitamente comprendidas tales como interpretar si se ha renunciado a someter a mediación un proceso de desalojo o de ejecución(art. 5 ley y 3 dec. regl), el cumplimiento o no de la mediación por la debida notificación, patrocinio e intervención de los requirentes y requeridos (art. 9 ley y decreto), la eximición a comparecer personalmente (art. 15 ley y dec.), pudiendo disponer la vuelta a mediación, etc.
En suma, el sentenciante deberá interpretar el contenido de ley, su decreto reglamentario y demás resoluciones vinculadas a la mediación alli legislada, labor que sin dudas conlleva a que quede comprendido el planteo que se ha efectuado en el primer apartado del escrito inicial.Para ejemplificar, si el apelante hubiera requerido la mediación en un interdicto o entablado un proceso contra un organismo provincial o ente municipal, quedando exceptuados estos supuestos por el artículo 3 de la ley, habría que indagar si tal previsión normativa se aplica o no, intimar a que el peticionante aclare su pretensión, admitiendo o desestimando eventualmente la petición efectuada (Cam SN causa 12536 sent. 12/7/16, Cám AZ, causa 62587 sent. 6/2/18; esta Sala causas 122.981 reg. int. 217/18, 124.153 reg. int. 257/18, e.o).La aplicación o no de la legislación se impone y con ello, como lo ha solicitado el accionante en la demanda, la competencia sobre la cuestión queda incluida entre las atribuidas al sentenciante de la instancia anterior (arts. 14, 17, 18, 33 y cc.
CN, 15, 31, 36, 45, 168 y cc. Const. pcial, 4, 8 y cc. CPCC).La Suprema Corte de Justicia local, con motivo de la elevación de las actuaciones en razón del planteo de compatibilidad constitucional de la normativa controvertida, recientemente recordó que “… toda vez que la acción promovida, en rigor, no tiene por objeto exclusivo y primordial la declaración de inconstitucionalidad del precepto cuestionado, sino que se dirige contra un acto concreto de aplicación de esa disposición en el ámbito de una demanda de usucapión -concomitante o eventual-, aun cuando una declaración en tal sentido es requerida por la actora, el presente es un caso ajeno a la competencia originaria de este cuerpo, tal como se decidiera en un caso de configuración prácticamente idéntica al presente (causa B 74.258, "Agropecuaria Mar del Sur SA", res. del 21-IX-2016)...”(SCBA, B.74.907 "Milano, Raúl H c/Bafaro, Ricardo y ot. s/accioón declarativa (sumario), sent. 21/2/18).POR ELLO, se modifica la decisión recurrida dictada el día 7 de marzo de 2019, dejándose establecido que resulta competente para abordar el planteo efectuado en el escrito de inicio, apartado 1, con costas por su orden ante la ausencia de contradicción (art. 68 CPCC).
Postérgase la regulación de honorarios para su oportunidad. Reg. Not. Dev.
Fin de la sentencia