Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132706
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se rechazan los agravios expuestos por la actora; se confirma la sentencia apelada de fecha 4 de agosto de 2022 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; se imponen las costas por la actuación en esta Alzada a la legitimada activa en su condición de vencida (art. 68 CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 132706; JUZGADO DE PAZ - CORONEL BRANDSEN
D'ARIELLI MONICA AMABLE C/ HEREDEROS DE COSTA ALBERTO OSCAR Y OTROS S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
En la ciudad de La Plata, a los diecisiete días del mes de Noviembre de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132706, caratulada: "D'ARIELLI MONICA AMABLE C/ HEREDEROS DE COSTA ALBERTO OSCAR Y OTROS S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada dictada el 4 de agosto de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de grado rechazó la demanda promovida por Mónica Amable D'Arielli contra los herederos de Alberto Oscar Costa imponiendo las costas del proceso a la parte actora en su calidad de vencida (arts. 68 y concs. del CPCC) y postergando la regulación de honorarios del profesional interviniente hasta la oportunidad prevista por el art. 27 de la ley 8.904 (v. fs. 611).
2. Esta forma de decidir es apelada por la legitimada activa (fs. 614), ataque que previamente concedido (fs. 615) fue fundado en esta instancia en tiempo y forma (presentación electrónica del 6 de septiembre de 2022). Corrido el pertinente traslado (proveído del 7 de septiembre de 2022), recibió la réplica de los demandados (presentación electrónica del 13 de septiembre de 2022). Luego se llamó autos para sentencia (proveído del 14 de septiembre de 2022).
Luego, refiere que ella es poseedora de buena fe, adquirente por boleto de compra venta al titular registral del bien que ha abonado el 100% del precio acordado y que es el mismo vendedor el que promovió un juicio de escrituración contra su padre como el adquirente.
Agrega que los herederos del titular registral reconocen que los inmuebles habían sido vendidos y por esta razón se allanan a la demanda.
Se queja que la sentencia la trate como si hubiese intrusado los lotes, cuando es coheredera del adquirente.
Insiste que se trata de una compraventa, en la que la parte adquirente cumplió su obligación de pago total del precio, y la vendedora adeuda una obligación de hacer que es otorgar escritura pública.
Alega que no se trata que la prescripción adquisitiva prevalezca sobre el título de propiedad, ya que es el titular registral el que reconoce la propiedad en el comprador del año 1994, por eso promovió en su contra el juicio de escrituración el 1º de Junio de 2004 y esa misma posición es la de sus herederos que se allanaron en este proceso.
Refiere que no se trata el supuesto del que posee un inmueble ante la inactividad de su dueño.
Expone que en materia de sucesión mortis causa el sucesor universal se beneficia con el tiempo que el poseedor haya poseído la cosa hasta el momento de su muerte y que el sucesor particular aprovecha el tiempo de la posesión tenida por el transmitente, produciéndose la accesión de posesiones a su favor sin necesidad de la determinación de la buena o mala fe en el que transmite o en quien recibe.
Recuerda que se han glosado a estas actuaciones copia certificada por el Juzgado de la Declaratoria de Herederos dictada en los autos caratulados “D’Arielli, Donato s/Sucesión Ab Intestato” y también el acuerdo celebrado entre los tres herederos por el cual a ella le correspondieron los lotes cuya escrituración procura y del que forma parte un detalle de los treinta y siete lotes vendidos por el Sr. Alberto Oscar Costa.
Destaca que el art. 1930 CCyC dispone la presunción de continuidad de la posesión o de la tenencia que prueba haberla ejercitado anteriormente, la mantuvo durante el tiempo intermedio.
Agrega que existe por parte de ella posesión pública y pacífica la que se prueba con las actuaciones realizadas ante Municipalidad de Brandsen.
Refiere que ella como poseedora pagó los impuestos, realizó presentaciones ante la Municipalidad, procedió al deslinde o amojonamiento de sus lotes y alambró los terrenos.
Solicita se revoque la sentencia reclamando que desde el fallecimiento de su padre está intentando obtener el título de propiedad de esos terrenos. Insiste en que se evalúe la prueba en su conjunto de la que surge que ha ejercido la posesión de esos inmuebles a título de dueña, de manera continua, pública y pacífica.
4. Abordando las quejas relativas a la plataforma legal que debe aplicarse al presente, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entró en vigencia desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-.
Por ello debe aclararse si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el que según el actor se dio inicio a la posesión -el Código Civil anterior- o con el ordenamiento vigente en la actualidad. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales…”.
En la especie, ha de señalarse que el libro cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación está dedicado a los derechos reales. La regla es que la constitución y los efectos ya producidos de las situaciones nacidas bajo el Código Civil no pueden ser afectadas por nuevas disposiciones; en cambio, el nuevo Código sustancial rige las consecuencias o los efectos de esas situaciones aún no producidas y la extinción no operada.
Señala la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci que al igual que en el resto del articulado, muchas de las disposiciones recogen las normas y criterios doctrinales y jurisprudenciales vigentes, por lo que no debería haber problemas de derecho transitorio (“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 159/160).
En el caso de la usucapión larga, como lo es el del presente, el Código Civil y Comercial de la Nación ha zanjado la disputa en torno a los efectos del pronunciamiento dictado en esos juicios a favor de la tesis minoritaria que sostiene la no retroactividad de la sentencia (art. 1905). La norma es de aplicación inmediata a todos los casos en los que el plazo se cumple después de la entrada en vigencia, desde que con anterioridad, eran simples derechos “in fieri”. Si se cumple antes, tratándose de una cuestión debatida en doctrina y jurisprudencia, sería deseable que el juez aplique el criterio de la nueva ley (autor y obra ya citada).
En ese entendimiento, concluyo que la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación no es la que corresponde al caso, debiéndose juzgarse con el Código vigente al momento que la actora fijó como fecha de cumplimiento del plazo de usucapión larga (año 2014), es decir, el Código Civil anterior (arts. 7, 1905, CCyC).
5. El motivo esencial que concita la crítica de la recurrente es la valoración de la prueba efectuada por el Juez de grado, la que derivó en el rechazo de la acción instaurada.
La usucapión es un modo de adquirir los derechos reales por la continuación de la posesión en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante el tiempo establecido por la ley. Este instituto se basa en dos hechos fundamentales: la posesión de la cosa por parte de quien no es dueño y la duración de ella por un cierto tiempo. De la conjunción de los hechos con el tiempo la ley hace derivar la adquisición, siendo éste uno de los efectos más importantes de la posesión (cofr. Areán, Beatriz, “Derechos Reales”, Ed. Hammurabi, tomo I, pág. 375).
Justamente, la pretensión prospera de haberse acreditado el presupuesto fáctico de aplicación del art. 4015 del Código Civil.
Para ello nuestra legislación requiere de evidencia compuesta, admitiendo cualquier medio de prueba, con el límite de que no podrá el magistrado formar su convicción exclusivamente con la prueba de testigos (art. 375, 384, 679 CPCC).
El proceso de adquisición de dominio por usucapión impone al actor la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión (arts. 375, 384, 679 y concs. del CPCC; art. 24 Ley 14159) y ello se logra cuando de los distintos medios proporcionados por éste se logra la evidencia compuesta que requiere la ley. Esto significa que mediante probanzas de distinto tipo -confesional, testimonial, documental, informativa- coordinadas a los fines de probar sobre los hechos que acreditan la efectiva posesión durante el período y con las características exigidas por la ley.
Vale destacar, conforme las presentaciones de fs. 536/539, 540/543, 544/547, 548/551 y 552/555, que en materia de prescripción adquisitiva ni el allanamiento de los demandados ni la declaración de rebeldía suplen la actividad probatoria del accionante. El tránsito de los carriles de este especial modo de adquirir el dominio, tendiente a la acreditación de los recaudos legales, deviene imperativo para el pretenso poseedor, ya que ni el allanamiento del titular de modo expreso alcanza para eximirlo de tal carga. El juicio de usucapión posee particulares características. En él no cabe el allanamiento con efectos conclusivos del proceso ya que en los intereses socioeconómicos en juego se encuentra comprometido el orden público. En tal sentido, por tratarse de una peculiar forma de adquirir el dominio debe acreditarse en forma insoslayable el cumplimiento de los requisitos que la ley impone para ello, lo que excluye el acuerdo de las partes (conf. esta Sala -con anterior integración-, causa 100657, RSD 245-3, sent. del 09/10/2003).
Llegado a este punto, luego del análisis de la totalidad de los medios probatorios producidos en estas actuaciones, se evidencia el acierto en la conclusión a la que arriba el sentenciante de grado.
Nótese que la actora no ha logrado probar por medio alguno la posesión de la cosa con los caracteres requeridos por ley (arts. 2351, 2384, 2510, 4015, 4016 CC), limitándose a referenciar la compra efectuada por su padre en fecha 9/12/1994 al titular resgitral (v. boleto de compra venta de fs. 521/523), su carácter de heredera universal y el posterior convenio suscripto el 14/07/2011 con sus hermanos donde sortearon qué lotes tocaría a cada uno (v. fs. 518/524).
Luego, acredita el pago de tasas municipales e impuestos provinciales sobre los lotes que el azar le asignó (v. fs. 4 bis/136, 137/160, 166/205, 207/225, 231/265, 266/283, 288/317, 319/334, 339/475 y 477/496). Debe subrayarse aquí que si bien acompaña una copiosa cantidad de comprobantes de pago, todos ellos son posteriores al año 2011 (art. 384 CPCC).
Llegado a este punto resalto que -como ya se ha dicho en el presente- el proceso de adquisición de dominio por usucapión impone al accionante la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión (arts. 375, 384, 679 y concs. del CPCC; art. 24 ley 14.159).
Ahora bien, a partir del plexo probatorio que aquí se ha desarrollado y el expuesto por la sentencia de grado, no encuentro acreditado de modo alguno la existencia de actos posesorios en los términos del art. 2384 del Código Civil, que hayan sido efectuados sobre la propiedad por la actora por sí y en nombre propio en el lapso que transcurre desde el fallecimiento de su padre y hasta el año 2011 (art. 384 CPCC).
Esta laguna temporal que se genera entre ambos hitos son imputables a la inacción probatoria de la reclamante quien no ha ejercitado los medios idóneos de comprobación a los fines de acreditar la existencia de actos posesorio en ese lapso.
Ello, en virtud del análisis bajo los parámetros de la sana crítica tanto de la documental, como de los allanamientos efectuados por los demandados, la constatación y los informes de reparticiones municipales, provinciales (art. 384, 456, 679 CPCC).
6. Este modo de resolver no obsta en modo alguno a que la legitimada activa concurra por los medios procesales correspondientes a hacer valer los derechos que en este proceso alega.
7. En tal entendimiento, propicio rechazar los agravios expuestos por la actora, procediéndose a la confirmación de la sentencia en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; insto a que las costas por la actuación en esta Alzada sean soportadas por la legitimada activa en su condición de vencida (art. 68 CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS , por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora; confirmar la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; imponer las costas por la actuación en esta Alzada a la legitimada activa en su condición de vencida (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS , por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se rechazan los agravios expuestos por la actora; se confirma la sentencia apelada de fecha 4 de agosto de 2022 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; se imponen las costas por la actuación en esta Alzada a la legitimada activa en su condición de vencida (art. 68 CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA . DEVUÉLVASE .
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia