Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64698
Causa nº: 2-64698-2019
"SEVILLANO CARLOS C/ SEVILLANO HERMANOS S.R.L. S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veinte días del mes de abril de Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), se reúnen los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose en uso de licencia el Dr. Jorge Mario Galdós (cf. Res. SS5374 del 14/12/2020), con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “Sevillano Carlos c/ Sevillano Hermanos S.R.L. S/ Prescripción adquisitiva larga” (causa n° 64.698). Habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Peralta Reyes y Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1 ra .- ¿Procede el recurso de apelación deducido contra la sentencia definitiva del 22/02/19 (fs. 472/477 vta.)?.
2 da .- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
I. 1. Carlos Sevillano demandó a “Sevillano Hermanos SRL” por prescripción adquisitiva de dominio del inmueble sito en Belgrano 432 de esta ciudad, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Manzana 162, Lotes 10 d y 10 e, Partida 38.222, Matrículas 10.604 y 20344, de titularidad de la aludida sociedad, domiciliada en Río Grande, Tierra del Fuego, constituida el 27/12/60 por el actor y sus hermanos, Honorio y Benigno Sevillano, y extinta el 7/12/81.
Relató el accionante que el 16/10/12 sus ex socios le otorgaron poder especial para que venda los inmuebles que la sociedad tenía en Azul, en la calle Belgrano entre Burgos y Colón, y que por instrumento del 17/05/13 dejaron expresa constancia de que se los transferían, reconociendo que había abonado el precio total de ellos. Aclaró que ante la disolución de la sociedad mencionada, la transferencia de dominio por escritura pública resulta de cumplimiento imposible, razón por la cual recurre a la usucapión. A esos fines, indicó que ocupa el inmueble de forma notoria, pública, pacífica e ininterrumpida desde el 18/07/79 habiendo realizado diversos actos de posesión, con buena fe y a título de propietario.
A fs. 349 Benigno Sevillano se allanó a la demanda, haciendo lo propio Horacio Ernesto Sevillano (fs. 364) y Consuelo Rielo Crespo (fs. 368), en su carácter de herederos de Honorio Sevillano (presentaciones ratificadas con nuevo patrocinio a fs. 382 y 388, en razón de haber sido formuladas las primeras con el mismo abogado patrocinante que el actor). Habiendo fallecido el accionante con fecha 29/10/17, a fs. 463 y 470 se presentan sus herederos declarados (fs. 464 y vta.), Sergio Luis Sevillano, Norma Mabel Batista y Carlos Emilio Sevillano .
2. La sentencia apelada comenzó por destacar que la presente litis queda subsumida en el marco del derogado Código Civil (art. 7 CCCN), salvo en lo concerniente a las cuestiones procesales previstas en el nuevo código (anotación de la litis y determinación de la fecha de adquisición). Para considerar legitimado al accionante, subrayó que por convenio del 18/07/79 el actor había cedido su cuota parte en la firma “Sevillano Hermanos SRL” a los restantes socios (fs. 292 y vta. y 308), por lo que a la fecha denunciada como de comienzo de la posesión, el actor ya no formaba parte de la persona jurídica demandada. Destacó que al encontrarse disuelta la sociedad con fecha 7/12/81 (por la causal comprendida en el art. 94 inc. 2 –expiración del plazo- de la Ley 19550; fs. 331) los socios debieron proceder a su liquidación mas no lo hicieron, debiendo en tal caso atender los asuntos urgentes, entre los que se encuentra asumir la defensa de la demandada, titular registral del bien cuya usucapión se pretende (cf. fs. 335/338; arts. 99 y 155 Ley 19550).
Seguidamente, entendió que en el caso no puede considerarse que el accionante posea justo título, puesto que no indicó el título en su demanda, y, a todo evento, el instrumento de fs. 23 no reúne los recaudos del art. 4010 C.C., pues no refiere la fecha de la compraventa ni sus condiciones. En consecuencia, entendió que corresponde estar a la prescripción larga o vicenal. Consideró acreditado que efectivamente la posesión del inmueble principió en el año 1980 , acorde la documentación de fs. 12 y 13 reconocida a fs. 407/410, el informe del perito ingeniero del 26/06/18 que dictaminó que “la construcción revisada ha sido construida en el año 1981, como fecha tardía” , y las declaraciones de los testigos de fs. 432/436 (respuesta a pregunta tercera). Sin embargo, entendió que al recibir de la propietaria de los muebles poderes para proceder a su venta (en los años 1994 y 2012, cf. fs. 18/22 y demanda a fs. 200 vta.) , el actor reconoció tácitamente la propiedad que aquélla tenía, con lo que interrumpió el plazo de prescripción que debía cumplirse en el año 2000. Subrayó, con cita de doctrina, que el reconocimiento es un acto que impide o que hace inadmisible una posterior pretensión dirigida a usucapir, por aplicación del venire contra factum proprium , y trajo a colación un fallo de la Suprema Corte en donde se consideró que la firma de una promesa de venta entre el ocupante del bien y su titular dominial, exterioriza el reconocimiento del derecho de dominio en otro, interrumpiendo la posesión animus domini del ocupante (conf. art. 3989 C.C., Ac. 58.280, sent. del 18-III-1997; C. 107.207, 03/04/14). En ese marco, concluyó que “el actor no debiera haber aceptado un poder de parte de la sociedad propietaria del bien para venderlo si lo poseía para sí con ánimo de dueño, pues constituye una conducta contradictora con la de poseer el bien para adquirir su propiedad”.
3. Contra la aludida sentencia, los herederos del accionante plantearon recurso de apelación con fecha 12/03/19. En su expresión de agravios del 19/11/2020, comienzan por destacar que aunque quien ejerce la posesión pueda obtener por otras vías el reconocimiento de su derecho (por ejemplo, merced a exigir el cumplimiento de un contrato), igual está facultado para lograr el perfeccionamiento de su derecho por vía de la prescripción adquisitiva, obteniendo la escrituración y la inscripción registral. Esgrimen que Vélez Sarfield previó el instituto de la prescripción adquisitiva como uno de los tendientes a asegurar la movilidad de los bienes y la libertad de contratación, como un modo de retornar el bien inmueble al mercado, y hacen hincapié en que con más de cuarenta años de posesión ostensible, continua e ininterrumpida, y luego de más de cinco años de proceso judicial, aún no pueden obtener esa regularización, sin que exista contradicción procesal ni interés alguno del titular registral o de tercero que lo justifique.
Argumentan que cuando media allanamiento, el Juez debe dictar sentencia conforme lo demandado excepto que exista interés público implicado, el que no se verifica en autos. Sostienen que existe un justo título -porque así lo han calificado ambas partes- relacionado con la cesión de cuota social entre hermanos, por lo que se debe aplicar la prescripción adquisitiva corta (art. 3999 y ss. del Cód. Civil); en cuyo caso, para el año 1994 (año de otorgamiento del primer poder) se había cumplido el plazo decenal. A todo evento, entienden que los poderes otorgados no significan reconocimiento de propiedad, sino en todo caso de la registración dominial. Argumentan que la sentencia no distingue la situación de quienes promueven la prescripción adquisitiva contra la voluntad del titular registral, del caso en que ese titular colabora activamente con la regularización dominial. Enfatizan que los poderes en 1994 y 2012, fueron intentos de regularizar la condición dominial, y que la actuación de los ex socios, es acorde con esa intencionalidad. Ello pues los aludidos poderes importaban la autorización a Carlos Sevillano para suscribir contratos de venta, firmar escrituras, cobrar y percibir tanto a cuenta de precio cuanto el saldo final, transferir derechos y posesión, etc., lo que es asimilable a un poder irrevocable, sin ni siquiera obligación de rendir cuentas. Encuentran irrazonable que la sentencia haya considerado que esos poderes implicaron actos de reconocimiento tácito de la propiedad en otro; máxime cuando fue el propio actor el que los refirió en la demanda, pues fueron, en realidad, intentos de regularización dominial. Sostienen que el haber pagado por ellos, llevó a Carlos Sevillano a explorar distintas formas de obtener la inscripción registral, con la indudable colaboración de sus ex socios y herederos. Es evidente, sostienen, que no hubo un reconocimiento sino la búsqueda de formas posibles de regularización. Por otra parte, argumentan que tras ese supuesto reconocimiento, la sociedad Sevillano Hnos. SRL no ejerció posesión del inmueble, ni percibió sus arrendamientos –ni podría hacerlo pues se hallaba extinta como persona jurídica–, ni abonó tributos o servicios. Por ello, concluyen que la sentencia se aparta de la realidad del caso, e incurre en un exceso ritual manifiesto al pretender imponer una solución distinta a la pretendida por las partes.
Corrido el respectivo traslado de los agravios sin que los accionados lo contesten, se llaman autos para sentencia. Firme esa providencia, y practicado el sorteo de ley, se encuentran las actuaciones en condiciones para su abordaje.
II. 1. Inicialmente cabe destacar que la cuestión de autos se encuentra regida por el derogado Código Civil , en virtud de que los hechos se cumplieron durante su vigencia (art. 7 del C.C. y C.). De todos modos, el actual Código Civil y Comercial de la Nación no trajo una regulación sustancialmente diferente de la materia en examen, por lo que sus contenidos sirven de valiosa guía interpretativa, tal como lo ha señalado este tribunal en anteriores precedentes (causa n° 61.761, “Casaux”, del 04-5-2017, entre muchas otras). En efecto, el nuevo código no modificó el plazo veinteañal para usucapir careciendo de justo título y buena fe, ni tampoco introdujo alteraciones sustanciales con relación a los presupuestos que viabilizan esta clase de acciones (arts. 1897, 1899, 1900, 1909, 1928 y ccs. del C.C. y C.); lo que resulta de utilidad, como pauta hermenéutica, al momento de resolver (cf. esta Sala, causas n° 60.441 del 06-10-16, “Arias…”; n° 61.692 del 12-9-17, “Presso…”; n° 62.132 del 09-10-17, “Weber…”; n° 64.204, del 28-11-19, “Bruggesser…”; n° 65610, "Romero Miguel Ángel…”, del 18/08/2020).
2. Como se dijo, la sentencia apelada tuvo por acreditado que desde el año 1980, el Sr. Carlos Sevillano realizó, pública, pacífica e ininterrumpidamente, actos que pueden calificarse como posesorios. Ello a la luz de la documentación de fs. 12 y 13 (contrato de obra para la construcción de un edificio, celebrado entre el mencionado y el Ingeniero Civil Severino Zucatto, reconocido a fs. 407/410); del dictamen del perito ingeniero del 26/06/18 que refiere que “la construcción revisada ha sido construida en el año 1981, como fecha tardía” ; y de las declaraciones de los cinco testigos ofrecidos en la demanda (fs. 432/436; ver respuestas a pregunta tercera). De dichas declaraciones resulta de modo concordante, que el actor construyó el edificio objeto de autos entre los años 1980 y 1983. Conforme las probanzas aludidas, efectivamente se encuentra acreditado que el accionante (hoy sus herederos) ha detentado materialmente el inmueble objeto de autos desde hace más de veinte años.
Sin embargo, como se refirió también, el decisorio recurrido consideró que no se encuentra acreditado que el Sr. Carlos Sevillano ejerciera el aludido poder de hecho animus domini, durante todo el plazo legal de veinte años. Ello pues los poderes para disponer de los inmuebles que el actor recibió de la sociedad titular en los años 1994 (fs. 18/20) y 2012 (el 16/10/12), importaron, a su juicio, el reconocimiento tácito de la propiedad de aquélla, y, como consecuencia, la interrupción del curso de la prescripción adquisitiva en los términos del art. 3989 C.C.
Los herederos apelantes cuestionan tal conclusión aduciendo, en primer término, que el plazo legal exigible para la presente usucapión no es de veinte sino de diez años, por lo que en todo caso, el plazo de prescripción se encontraba ya cumplido al año 1994. Tal argumento no puede ser de recibo, pues está claro que Carlos Sevillano no se encontraba munido de un justo título en términos jurídicos , pues no acreditó la existencia de un acto jurídico de transmisión del derecho de propiedad que se encuentre “revestido de las formalidades exigidas para su validez, sin consideración a la condición de la persona de quien emana” (art. 4010 C.C.) o, en palabras del nuevo código, sin consideración de que “ el otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto” (art. 1902 CCCN).
Sin embargo, otro es el fundamento por el cual entiendo que, de todos modos, el recurso del accionante debe ser admitido. El punto es que las causales de interrupción de la prescripción no pueden ser aplicadas de oficio, como se ha hecho en el caso de autos . Es que, como se ha explicado, “así como los jueces no pueden suplir de oficio la prescripción (cf. art. 3964 CC y actual art. 2552 CCCN ) , su interrupción sólo puede atenderse si las partes la alegan, pues está constituida por la concurrencia de ciertas circunstancias que no pueden ser conocidas ni verificadas por los jueces mientras no sean alegadas y probadas por los interesados.” (Beatriz Areán en Código Civil, Dres. Bueres y Highton, Hammurabi, Bs. As., 2001, T. 6B, pág. 711; en igual sentido, Félix A. Trigo Represas, en Código Civil Comentado , Dres. Kemelmajer de Carlucci, Kiper y Trigo Represas, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, coment. art. 3991, pág. 456).
Incluso, siguiendo la lógica del razonamiento del codificador expresado en la última parte de su nota al art. 3964 C.C ., la imposibilidad de aplicar de oficio una causal de interrupción civil, es razonable si se considera que “muchas veces la conciencia puede resistir el oponer (la interrupción) de la prescripción ”. El que sabe que ha transmitido a otro –sin las formalidades legales- la propiedad de una cosa, recibiendo incluso un pago por ello, “puede no querer oponer” la interrupción de la prescripción, y de no considerarse ello, “ésta resultaría opuesta sólo por el juez”.
Pero además, y aún prescindiendo de lo anterior, tampoco puede obviarse que el reconocimiento como hipótesis de interrupción de la prescripción, no tiene efectos erga omnes sino sólo respecto de los sujetos relacionados con la causal interruptiva (en el caso, Carlos Sevillano y la sociedad accionada). Es que a diferencia de la “interrupción natural” del Código Civil (cuyos efectos eran de carácter absoluto; art. 3990 C.C., al respecto, puede verse Beatriz A. Areán, Juicio de Usucapión, 4ª ed., reimp. Hammurabi, Bs. As. 2006, pág. 121), los supuestos de “interrupción civil” de la prescripción (el reconocimiento es uno de ellos, junto con la demanda y el compromiso arbitral, arts. 3986, 3988 y 3989 C.C. y 2545, 2546 y 2548 CCCN), no acarrean la pérdida del corpus posesorio, por lo que sus efectos, como regla, son de carácter relativo, es decir entre los que han participado en ellos (doct. art. 3991 C.C. ). El efecto relativo antes apuntado, se debe, como lo señala Beatriz Areán, “a que la interrupción civil deriva de actos jurídicos, de modo que tal relatividad es necesaria consecuencia de la misma relatividad de los efectos del acto que la ha producido” (ob. cit. , Juicio de Usucapión, págs. 145 y 146; en igual sentido, puede verse Claudio Kiper en Código Civil Comentado , Dir. Kemelmajer de Carlucci, Kiper y Trigo Represas, Rubinzal Culzoni, ob. cit., coment. art. 3990, pág. 453; Lydia E. Callegari de Grosso, Usucapión, 2ª ed. act. y amp., Rubinzal Culzoni, Bs. As., 2013, pág. 247 y la remisión a la nota concordante de Vélez Sarfield allí formulada). En suma “tal como acontece con la suspensión, la interrupción civil sólo produce efectos entre las personas directamente relacionadas con la causa interruptiva. Aunque el articulo alude únicamente a la demanda, el mismo alcance tiene la interrupción en caso de compromiso arbitral o reconocimiento .” (cf. Beatriz Areán en Código Civil , Dres. Bueres y Highton, ob. cit., T. 6B, pág. 710). Cabe destacar que el actual art. 2549 CCCN recepta esta interpretación amplia que se daba al art. 3991 C.C., al prever, en términos generales, el alcance relativo de los efectos en todos los supuestos de interrupción, salvo el caso de las obligaciones solidarias o indivisibles.
De lo hasta aquí expuesto, resulta entonces que el decisorio apelado no debió aplicar de oficio una causal de interrupción cuyo planteo era de exclusivo interés de la parte demandada; máxime cuando ni siquiera medió en autos su oposición al progreso de la demanda, sino, por el contrario, su entero e incondicionado allanamiento (arts. 3964, 3989, 3991, 4010, 4015 C.C.; arts. 1, 2, 3, 7, 1902, 2549 CCCN).
3. A mayor abundamiento, pueden sumarse otras consideraciones que van en línea con las introducidas por la parte actora al expresar agravios. Ciertamente, aún cuando se prescindiera de lo anterior, no advierto que la firma de los poderes a los que refiere la sentencia apelada pueda haber importado, en las particulares circunstancias del caso, una manifestación tácita de voluntad del Sr. Carlos Sevillano , en el sentido de reconocer el mejor derecho de la sociedad demandada, sino en todo caso, como lo sostiene el accionante, un reconocimiento de su carácter de titular registral. Para fundar lo dicho, recuerdo que conforme el art. 918 C.C. “la expresión tácita de la voluntad resulta de aquellos actos, por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, en los casos en que no se exija una expresión positiva, o cuando no haya una protesta o declaración expresa contraria” (en términos sustancialmente iguales la prevé el actual art. 264 CCCN). En particular, en cuanto al reconocimiento tácito, se ha dicho que “es el que surge de hechos del poseedor o del obligado, que respectivamente impliquen, de manera inequívoca , la admisión del derecho del propietario o del acreedor, o sea que al igual que en el caso de reconocimiento expreso, y con mayor razón, debe tratarse de una exteriorización de voluntad de la que se desprenda con certidumbre y sin lugar a dudas, la confesión del poseedor o del deudor” (Félix A. Trigo Represas, en Código Civil Comentado , Dres. Kemelmajer de Carlucci, Kiper y Trigo Represas, ob. cit., coment. art. 3989, págs. 445 y 446) .
En el caso, el relato fáctico contenido en el instrumento con firma certificada de fs. 23/24, emanado de la parte accionada, demuestra que entre las partes de autos mediaba igual entendimiento en punto a los derechos que materialmente detentaba y ejercitaba el actor respecto del inmueble de autos. La amplitud de los poderes especiales de fs. 18 a 22, condice, incluso, con ese estado de cosas. Por ello, considero que el proceder del aquí actor al aceptar los poderes en su favor para disponer del inmueble, debe ser interpretado en el marco integral de las restantes constancias no controvertidas en autos, resultando verosímil que tal proceder, como lo sostienen los recurrentes, sólo haya tenido por objeto –evidentemente frustrado- sortear los inconvenientes de una titularidad dominial que no reflejaba la realidad fáctica avalada por los propios demandados. De modo que, en resumidas cuentas, no creo que a la luz de las constancias de la causa, y de lo manifestado por los propios demandados, pueda sostenerse vál
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