Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70546
Causa nº: 2-70546-2023
"MORIONES ARMANDO ABEL Y OTRO/A C/SUCESORES DE PIRIZ PINTO MARIA CRISTINA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veintinueve días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Moriones, Armando Abel y otro/a c/. Sucesores de Piriz Pinto María Cristina y otros s/. Prescripción Adquisitiva Larga” ( Causa Nº 70.914) . Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultó el siguiente orden de votación: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Proceden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 06/02/23, de acuerdo al siguiente detalle:
a) El 08/02/23 por la Municipalidad de Olavarría;
b) El 10/02/23 por la Unidad Funcional de Defensa Civil n° 1, en representación de la codemandada ausente Alicia Inés Piriz Pinto;
c) Y el 15/02/23 por la parte actora?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes , dijo:
I.1. La demanda de prescripción adquisitiva que el 01/4/19 interpusieron Armando Abel Moriones y Liliana Beatriz Ferreira , recayó sobre partes indivisas de tres inmuebles distintos (Parcelas 6, 8 y 9) , que comparten estos datos catastrales: Circ. I; Secc. D.; Qta. 147; Manz. 147d; del Partido de Olavarría (078) .
La pretensión consiste en:
a) Parcela 6 , Matrícula N° 57.269, se pretende prescribir 10,53m2 (equivale al 3% indiviso), habiéndose demandado a la titular registral Municipalidad de Olavarría (informe de fs. 70/72);
b) Parcela 8 , Matrícula N° 29.494, se pretende prescribir 95,26m2 (equivale al 40,81% indiviso), habiéndose demandado a las herederas del titular registral Héctor Rubén Osinaga , María Juliana Osinaga -hija- y Norma María Duran -cónyuge- (informe de fs. 68/69);
c) Parcela 9 , Matrícula N° 24.051, se pretende prescribir el 50% indiviso : se demandó a Alicia Inés Piriz Pintos , en su carácter de heredera de la titular registral del 50% de la cosa, María Cristina Piriz Pinto. El restante 50% indiviso es de titularidad del actor Moriones, que compró a Nivia Norma Maciel siendo de estado civil casado con la también actora Ferreira (informe de fs. 65/67).
A lo largo del voto me referiré a los inmuebles por su número de Parcela a fin de facilitar la referencia en el plano de mensura (fs. 48).
Pues bien, los actores relataron en la demanda que el 01/10/1983 adquirieron a Nivia Norma Maciel y María Cristina Piriz Pinto la Parcela 9 , por contrato que extraviaron. En abril de 1984 la Municipalidad aprobó el plano de la vivienda a construir sobre el frente de dicha Parcela (que da sobre calle Laprida); y concluida ésta, en mayo de 1989 comenzaron a construir la carpintería hacia el fondo de la misma Parcela 9, emprendimiento de Moriones que obtuvo habilitación municipal en fecha 27/02/92 (fs. 46).
Manifestaron que comenzaron a poseer de forma pública, pacífica y sin oposición las tres Parcelas linderas integradas entre sí el día 01/10/1983, habiendo construido primero un muro divisor a fin de delimitar la parte indivisa ocupada de la Parcela 8 (hacia la esquina de calles Laprida y Mitre), y luego un garaje y una churrasquera que anexaron a la vivienda el 18/6/1995. Moriones realizó las construcciones.
En los años 1995 y 1996 regularizaron en moratoria los tributos y servicios atrasados (provincial, municipal, sanitario).
Actualmente el inmueble de Laprida 3865 y el lindero que transformaron de cochera a vivienda (construyendo dos departamentos), se encuentran alquilados.
Ofrecieron prueba y solicitaron que se admita la demanda.
2. El 01/12/21 contestó demanda la Municipalidad de Olavarría como titular registral de la Parcela 6 .
Manifestó que adquirió el inmueble mediante subasta del 08/11/97 en autos “Municipalidad de Olavarría c/. Failla, Pedro y otra s/. Apremio” (expte. n° 5808/95 del mismo juzgado, que se tienen a la vista). Dijo que la venta judicial fue ordenada y aprobada previa constatación del estado de desocupación (fs. 114/115, 211/212, 265 de esos autos), y que por mandamiento del 21/12/09 tomó posesión de la cosa (fs. 287/288 del apremio) -que escrituró el 29/12/09 e inscribió el 15/01/10 (informe de domino agregado en autos a fs. 70/72, asiento 3 columna titularidad)-, operándose desde entonces la interrupción del plazo veinteañal invocado.
Analizó la prueba aportada y se pronunció en contra de su idoneidad para demostrar el corpus y el animus posesorio.
Pidió que se rechace la pretensión intentada a su respecto.
3. En fecha 12/8/22 compareció la Dra. María Eugenia Venier -Secretaria de la Unidad Funcional de Defensa N° Uno de Olavarría- y contestó demanda por Alicia Inés Piriz Pintos (heredera de la titular registral de la Parcela 9 , María Cristina Piriz Pintos), a quien previamente se intentó notificar por cédula (acompañada el 07/6/22) y luego se citó por edictos (agregados el 05/7/22), sin que hubiera comparecido.
Con las limitaciones defensivas que se derivan de la naturaleza de su intervención, la funcionaria analizó pormenorizadamente la prueba y citando doctrina y jurisprudencia a cuya lectura se remite, negó que existan elementos demostrativos de la interversión del título, del corpus y del animus domini durante el plazo requerido de veinte años.
4. María Julia Osinaga y Norma María Duran -herederas del titular registral de la Parcela 8 , Héctor Rubén Osinaga-, fueron notificadas y no comparecieron (fs. 114/118vta. y resolución del 24/8/22).
5. Cerrado el período probatorio (02/11/22), en fecha 06/02/23 se dictó sentencia .
Tras analizar y valorar las pruebas rendidas en relación a las porciones indivisas de las tres Parcelas sobre las que recae la pretensión actora, se tuvieron por acreditados los requisitos legales (art. 4015, C.C. y art. 1899, CCCN), como así también los relativos a la interversión del título.
De esa manera, se admitió la demanda declarándose adquirido el dominio por prescripción de las tres Parcelas objeto del proceso -en la proporción peticionada de cada una de ellas-, y ordenándose las cancelaciones e inscripciones registrales pertinentes. Se impusieron las costas por su orden.
6. La sentencia fue atacada por los recursos de apelación que interpusieron la Municipalidad de Olavarría (08/02/23), la Unidad Funcional de Defensa -en representación de Alicia Inés Piriz Pintos- (10/02/23), y la parte actora (15/02/23), los que se concedieron libremente (08/10/23, 10/02/23 y 16/02/23).
6.1. En fecha 28/4/23 el actor solicitó que las costas relacionadas con la pretensión resistida por la Municipalidad vencida, se impongan a ésta en la medida de la pretensión que defendió.
6.2. La Municipalidad de Olavarría , por su parte, criticó que no se tuvieran en cuenta las constancias de autos “Municipalidad de Olavarría c/. Failla Pedro y otra s/. Apremio” , en cuyo marco el ente municipal adquirió en subasta el dominio de la Parcela 6 y donde además consta que: se trataba de un terreno baldío 100% desocupado; la Municipalidad tomó posesión del inmueble el día 21/12/09 lo que interrumpió la pretendida prescripción.
Asimismo, cuestionó que se haya valorado especialmente el pago de impuestos y servicios, puesto que los comprobantes más antiguos acompañados son, respectivamente, del año 2012 (ARBA), 2017 (Coopelectric), 2015 (Camuzzi), 2007 (Tasa Municipal), y tampoco son pagos relacionados con la Parcela 6.
Finalmente, criticó la valoración que se hizo de la prueba testimonial entendiendo que no justifica -ni por sí, ni junto a otros medios- que los actores tuvieron la posesión durante el tiempo y con los recaudos necesarios para prescribir.
6.3. Por su parte, la Unidad Funcional de Defensa n° Uno de Olavarría -en representación de Alicia Piriz Pintos -, aseveró que la actora no acreditó haber intervertido el título con respecto a su condómino de la Parcela 9.
Cuestionó la valoración probatoria que se llevó a cabo en origen, a la que calificó de descontextualizada, fragmentada e ilógica y que condujo a un resultado erróneo.
Dijo que se omitió abordar su defensa relativa a la inexistencia de posesión exclusiva del 100% del inmueble, y a la defensa -que calificó de medular- sobre la inexistencia de actos posesorios que impliquen la interversión del título.
Para el caso de que no se admitan los agravios que planteó, solicitó que excepcionalmente las costas se impongan a la actora.
En subsidio, pidió embargar el 50% de la parte indivisa de la heredera de la titular registral a la que representa, para garantizar el cobro de sus honorarios.
7. El 05/6/23 la actora contestó los traslados de los agravios planteados por las codemandadas.
8. Sorteada la causa, corresponde resolver (art. 34 inc. 3 “c”, CPCC).
II. Con la prevención de que, tal como ha dicho reiteradamente esta Sala en seguimiento de la doctrina de la Corte Provincial, “...el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas cuando la solución dada a una de ellas hace innecesario el examen de las demás...” en el entendimiento de que “...el derecho de defensa no exige el tratamiento de todos y cada uno de los planteos que las partes puedan articular, sino únicamente de aquellos que son conducentes para la decisión del caso....” (esta Sala, causas nº 39.400, del 07/7/98; nº 42.604, del 03/4/02; nº 44.157 del 18/9/02; nº 44.793 del 12/12/02; nº 51.771 “SEDESA...”, del 10/4/08; nº 53.076 del 21/4/09, “Banco Río de La Plata S.A…”; nº 54.647 del 30/9/10, “Blanco…”; n° 53.657 del 22/11/11, “SE.DE.SA…”; n° 56.347 del 19/4/12, “MGIR S.A…”; nº 56.093 del 26/6/12, “Mutuberria…”; n° 56.898 del 13/8/12, “M.G. POSTAL S.R.L…”; n° 59.021 del 05/8/14, “Dilascio y Baudot S.R.L...”; n° 60.816 del 13/9/16, “Trachsel…”; n° 64.299 del 19/6/19, “Banco Mayo Coop. Ltdo…”; entre muchas otras), en lo que sigue abordaré los agravios de las partes comenzando por lo que -considero- constituye el centro del conflicto.
1. Parcela n° 9.
La parte actora pretende obtener una sentencia declarativa de prescripción adquisitiva sobre determinados porcentajes de tres inmuebles distintos que, en los hechos, han sido ocupados como si fueran un solo y único inmueble conforme quedará demostrado a continuación.
Todo comenzó con la Parcela n° 9 con frente sobre calle Laprida n° 3865. Este inmueble, del que el coactor Moriones es cotitular registral en un 50% (fs. 65/67), constituye el epicentro de la actividad posesoria que los actores llevaron a cabo durante largo tiempo, y que desde allí irradiaron hacia las Parcelas contiguas designadas como n° 6 y n° 8, en las proporciones ya indicadas.
En general se expresa que “la usucapión entre condóminos exige la exteriorización de la intención de poseer de forma exclusiva respecto de los demás propietarios, ello así porque los derechos que otorga el condominio sobre la cosa pueden confundirse con la posesión ejercida sobre la totalidad del inmueble, por lo que quien pretende adquirir debe probar la interversión del título originario mediante el cual comenzó a poseer el inmueble y dicha prueba requiere especial rigor en su apreciación por parte del juzgador” (cfr. arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2407, 2408, 2409, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680 ss. y cdtes. y art. 4015 –texto según ley 17.711- del Cód. Civ.; esta Sala, causas n° 61.330 del 29/5/17, “Ballarena…”; n° 63.023 del 22/9/20, “Vernucci…” ; n° 65.263 del 18/5/21, “Bolpe…”; n° 66.230 del 28/6/22, “Aroza…”).
Así, el condómino que pretende prescribir debe justificar haber intervertido su título mediante actos inequívocos de exclusión de sus coposeedores, de modo tal que no queden dudas que su antigua coposesión, compartida, mutó a una posesión exclusiva y excluyente.
Ello porque “el condómino no es poseedor a título precario, como lo es un usucapiente tercero, puesto que, por hipótesis, posee como propietario (art. 2676, Cód. Civ.) y puede gozar de la cosa común conforme el destino de ella (art. 2684). De tal modo los actos que habitualmente habilitan la prueba de la posesión para el usucapiente no son suficientes en el caso del condominio, si no se prueba que el condómino ha excluido cualquier acto de posesión de los otros condóminos…” (Cámara Nacional Civil, Sala F, sent. del 28/5/10 “Cassinelli…”, La Ley Online, AR/JUR/21313/2010, con primer voto del Dr. Zannoni).
Siempre en ese sentido se ha decidido que “la parte actora debe acreditar que los copropietarios tomaron conocimiento de su intención de prescribir la totalidad del inmueble sin que pueda existir ninguna clase de duda al respecto, dado que los actos de la usucapiente podrían confundirse con el ejercicio de los derechos que la ley otorga al condómino sobre la cosa común (art. 2676 ss. y cdtes. del Cód. Civ.)” (esta Sala, causas n° 61.330, n° 63.023, n° 65.263 y n° 66.230, cits.).
Estas últimas palabras vienen a cuento, pues representan el principal argumento utilizado por los tribunales para rechazar, en una nada despreciable cantidad de casos, las demandas de usucapión planteadas entre condóminos. Sin ir más lejos, esta sala ha decidido que “la parte actora debe acreditar que los copropietarios tomaron conocimiento de su intención de prescribir la totalidad del inmueble sin que pueda existir ninguna clase de duda al respecto, dado que los actos de la usucapiente podrían confundirse con el ejercicio de los derechos que la ley otorga al condómino sobre la cosa común” (esta Sala, causas n° 61.330, n° 63.023 y n° 65.263, cits.).
A grandes rasgos, y en cuanto sirve al declarado propósito argumentativo, sonéstos los pilares interpretativos sobre los que reposa la usucapión entre condóminos. Ahora bien, en lo que sigue expondré las razones por las que considero que la pretensión de los accionantes debe ser receptada, ya que la base fáctica que le da sustento presenta diferencias sustanciales que impiden que sea razonablemente aprehendida bajo aquella jurisprudencia (art. 3, CCCN) .
Y a falta de toda prueba que demuestre la preexistencia del boleto de compraventa mencionado en la demanda (ver ap. III, fs. 80vta.), el “ Plano de Obra a Construir ”, aprobado el 27/4/1984 y acompañado el 06/4/19, constituye a mi modo de ver, y en conjunción con otros elementos incorporados al pleito, una prueba irrefutable no sólo de la interversión del título respecto del restante cotitular registral de la Parcela n° 9, sino del inicio mismo de la posesión exclusiva, pública y pacífica que los actores continuaron luego ejerciendo.
En efecto, allí consta que la coactora Liliana B. Ferreira solicitó para sí, en carácter de propietaria y sin la anuencia del restante cotitular, un permiso para construir en el terreno de 234,36m2 de superficie designado como Parcela n° 9, lo que a la postre resultó la vivienda de 69,33m2 de los actores, ubicada sobre calle Laprida n° 3865.
La autenticidad de esta documental se encuentra expresamente reconocida por la “Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Olavarría” , que en fecha 19/10/22 informó que el plano en cuestión “consta como expediente de obra N° 1845-1984, propietaria la Sra. Ferreira Liliana B…” , y fue “Visado el día 6-03-1984 y aprobado con fecha 27-04-1984” (informe agregado el 20/10/22). Corroborando ello, la Municipalidad también informó que el 27/02/1992 Armando Abel Moriones obtuvo la habilitación definitiva de una “Fábrica de muebles y accesorios” en el domicilio de Laprida n° 3865 (cf. informe acompañado el 19/10/22).
Por otra parte, no puede pasarse por alto que la información que emerge del plano de obra aprobado en el año 1984, guarda correspondencia con las fotografías de la vivienda acompañadas con la demanda (fs. 49/56); y también con el reconocimiento personal del lugar que realizó la jueza de la anterior instancia el 01/11/22 , oportunidad en la que dio cuenta -entre otras construcciones- de la existencia de una vivienda familiar de varios años de antigüedad.
Para más, “Coopelectric” informó que Armando Abel Moriones es titular del servicio eléctrico prestado en el domicilio de Laprida n° 3865 desde el 25-4-89; y también de los servicios de agua corriente y cloacas desde abril de 1997 (informe del 18/10/22, agregado el 19/10/22). Por su parte, “Camuzzi Gas Pampeana” se expidió en igual sentido, ya que presta el servicio de gas natural a nombre de Armando Moriones y en el domicilio de Laprida n° 3865 desde el 16/9/1987 (agregado el 24/10/22).
Y si bien los comprobantes de pago de la “Tasa por inspección de Seguridad e Higiene” municipal ciertamente no alcanzan el tiempo requerido para la usucapión -dado que los más antiguos se remontan al año 2007-, no por ello puede sostenerse que enerve su aptitud probatoria. Es que al margen de haber sido -todos- emitidos a nombre del actor Armando Moriones, de estar dirigidos -en muchos casos- al domicilio de Laprida n° 3865 y por la Parcela n° 9, lo concreto es que guardan correspondencia con la restante documentación aportada por la Municipalidad de Olavarría que ya analicé, y que ubica a los actores ocupando la Parcela n° 9 desde el año 1984 .
La testigo Elizabet Graciela Seguí -que conoce a los actores desde el año 1982 por haber sido vecina cuando vivían en calle Rendón-, abona asimismo la interpretación que vengo sosteniendo. En efecto, en la audiencia del 02/11/22 declaró que los actores “empezaron a construir la casa en la calle Laprida, donde después se fueron a vivir en el año 84, más o menos, antes de la inundación del 85” . Con sus palabras, la testigo dijo que primero construyeron el living comedor, dos dormitorios, un baño, luego hicieron un lavadero y ampliaron un poco la cocina.
Precisó que cuando compraron era terreno (este aspecto de la declaración indica que las construcciones existentes fueron introducidas por los actores), que se fueron a vivir con la casa a medio terminar, y que con el tiempo Armando hizo un galpón atrás que después fue su carpintería, y empezó a trabajar ahí.
Y al lado de la casa (esto debe entenderse con referencia a la Parcela 8), donde antes había una churrasquera con un baño, hace cinco o seis años hicieron un departamento para su hijo y luego otro departamento para su otro hijo.
Preguntada por la letrada de la Municipalidad de Olavarría acerca de cuándo hicieron la churrasquera y la carpintería, la testigo Segui respondió que la churrasquera la hicieron hace quince o diecisiete años en el mismo lugar que antes utilizaban de patio y colocaban la pelopincho , lo que indica una posesión más antigua que la propia construcción; en cuanto a la carpintería, la hicieron antes ya que Armando trabajaba allí desde la época de la inundación de 1985 , que fue cuando dejó de trabajar en el molino y se dedicó de lleno a la carpintería. Refiere, finalmente, que la casa quedó como una “L”, declaración que se muestra coincidente con el plano de mensura de fs. 48 que refleja esa forma geométrica.
El testigo Héctor Omar Páez -esposo de la testigo Segui y por ende también vecino de los actores de la época de calle Rendón-, no recuerda con exactitud cuándo se mudaron a calle Laprida, pero lo sitúa entre el año 1981 y el 1982. Destaca que la casa estaba sin terminar pero decidieron irse porque estaba sola y le faltaban cosas de la obra. Declaró que ellos habían comprado el terreno para vivienda y que era un terreno grande (esta declaración del testigo da a entender que no era únicamente la Parcela 9 lo que componía el inmueble de los actores -de apenas 234,36m2, según el plano de fs. 48-). Al igual que la testigo Segui, dijo que empezaron a construir las
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