Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 119698
Expte: SI-119698
Juzgado de origen: Juzg Paz Letrado - Veinticinco de Mayo
Juicio: MINICHIELLO, DELMAR HORACIO C/ SUCESORES DE MADLUM SERGIO EDUARDO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el día de la firma, en Acuerdo telemático continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y LUIS MARIA NOLFI, en virtud de lo dispuesto por el art. 4° del Ac. Extraordinario del 25 de septiembre del 2008 (publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención del Auxiliar Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-119698 , en los autos: “MINICHIELLO, DELMAR HORACIO C/ SUCESORES DE MADLUM SERGIO EDUARDO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA”.
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C..
1°.- ¿Es justa la sentencia apelada en cuanto rechaza la reconvención deducida?
2°.- En su caso, ¿debe rechazarse la reconvención por haber caducado la instancia de una acción anterior de reivindicación?
3°.- En su caso, ¿debe hacerse lugar a la excepción de prescripción opuesta por el actor-reconvenido?
4°.- En su caso, ¿qué indemnización corresponde reconocer al reconviniente?
5°.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Luis María Nolfi.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fecha 18/03/22 es apelada por la demandada-reconviniente, que expresa agravios el 16/05/22, los que son contestados el 30/05/22.
II. Antecedentes.
1. El sr. Delmar Horacio Minichiello promovió demanda contra Sergio Eduardo Madlum por prescripción veinteañal del inmueble ubicado en la calle 8 n° 629 de la ciudad de 25 de Mayo.
Dijo que el 19/04/94 suscribió con el demandado un boleto de compraventa de dicho inmueble y recibió la posesión libre de ocupantes, la que ejercía desde entonces en forma pública, pacífica e ininterrumpida, y que en 1997 se firmó un nuevo contrato modificatorio del valor, pero que no cambió lo relativo a la posesión.
Dificultada la escrituración por cautelares que pesaban sobre el demandado y el inmueble – prosiguió – el 12/03/07 le envió una carta-documento intimándolo a escriturar poniendo a su disposición el saldo de u$s 60.000, pero el acto se frustró. Dijo que en 2009 el demandado promovió un juicio de reivindicación de la propiedad que terminó por caducidad de instancia.
2. Contestó el demandado la acción, pidiendo su rechazo, y revonvino por daños y perjuicios.
Reconoció la suscripción del boleto de 1994 por la suma de u$s 220.000, de los cuales el actor sólo había pagado u$s 20.000, y, para que pudiera pedir un crédito bancario de u$s 60.000 se firmó el segundo boleto, contrato éste que significó el reconocimiento del actor de su carácter de deudor del accionado.
Dijo que Minicchiello nunca pagó el precio, pese a lo cual lo intimó el 12/03/07 a escriturar contra entrega del saldo de u$s 60.000, misiva donde dijo ocupar el bien a título de dueño desde noviembre de 1997, lo cual interrumpió el curso de la prescripción, lo mismo que la alusión al segundo boleto que hizo en dos expedientes por imperio del art. 2545 del C.C.C.
En cuanto a la reconvención, invocó el art. 2250 del C.C.C., y pidió la suma de u$s 110.000 como sustitución de la reivindicación del inmueble más intereses, y resarcimiento por la privación de uso del bien.
Adujo que si la carta-documento por él enviada había implicado un reconocimiento eficaz, nunca podía irse más allá de los u$s 60.000 del contrato de 1997, habiendo quedado prescriptos los u$s 50.00 que nunca había reconocido adeudar, de la que también oponía una prescripción parcial.
En subsidio, solicitó la pesificación de la deuda.
4. El reconviniente contestó espontáneamente la excepción de prescripción. Pidió su rechazo argumentando que lo pretendido era un resarcimiento de los daños fundado en el art. 2250 del C.C.C. y que, si estaba vigente el plazo para demandar por reivindicación también lo estaba para accionar por tal causa. Sostuvo que Minichiello había reconocido su carácter de propietario por medio de las cartas-documento que le enviara en marzo de 2007, al igual que con el acta notarial del 30/04/07, lo que también implicaba interrupción de la prescripción sustentada en el boleto de 1997.
Se opuso a la pesificación del reclamo argumentando que en el mercado inmobiliario los valores se fijaban en dólares estadounidenses, por lo que en esa moneda debía cuantificarse el daño reclamado.
5. El Juzgado difirió para el momento de la sentencia definitiva el tratamiento de la excepción (fs. 281), y abrió los autos a prueba (fs. 282), produciéndose la ofrecida por las partes.
III. La sentencia.
Respecto de la acción de prescripción adquisitiva dice la senteciante que si bien el primer boleto contiene la afirmación de que el comprador recibe la posesión del inmueble, con posterioridad, mediante distintos actos de 2007, dijo ser poseedor a partir de 1997, y que, además, durante todo ese tiempo consideró el actor que el contrato debía cumplirse para adquirir el dominio, o sea, que no surge que haya querido poseer para prescribir.
Sostiene que, más allá de la oposición del accionado a la pretensión del actor alegando actos interruptivos de la prescripción, no se probó que la posesión derivada del boleto se ejerciera a título de dueño, sino que, por el contrario, pretendió escriturar, por lo que hubo reconocimiento tácito del derecho del dueño (art. 3989 C.C.). Rechaza, en consecuencia, la demanda, con costas.
Con relación a la reconvención, expresa la magistrada que es de aplicación el Código velezano, por el cual, según los arts. 2779, 2789 y 2785, la acción de daños y perjuicios era accesoria a las acciones reales; o sea, la acción sustitutiva de manera autónoma – como actualmente el art. 2250 del C.C.C. la contempla - no estaba prevista.
IV. Agravios.
1. El demandado reconviniente se agravia en primer término de que la sentencia desestime la aplicación del Código Civil y Comercial. Dice que es contradictorio decir que hipotéticamente se aplicaría el art. 1905 del nuevo código para la demanda y no aplicarlo para resolver la reconvención.
Manifiesta que el art. 2250 del C.C.C. es aplicable en autos, pero que, aún con el código anterior, conforme doctrina que cita, se podía ejercer la acción de daños autónomamente. El hecho de que contara con otras vías para procurarse el cobro del precio no obsta al progreso de la acción. Expresa que la conjunción disyuntiva “u” incorporada en el art. 2250 denota separación, diferencia o alternativa. Dice que en algunos casos la acción de daños es la única posibilidad que le queda al lesionado.
Sostiene que la indemnización por daños debe cubrir el valor de la cosa con más los accesorios de acuerdo a lo pedido en la reconvención. Manifiesta que la carta-documento enviada por Minicchiello en 2007 es un reconocimiento de la deuda, y que la perito martillera de autos estimó el precio actual del inmueble en u$s 180.000.
Subsidiariamente se agravia de la imposición de las costas.
2. El actor contesta defendiendo la tesitura de que debe aplicarse el código velezano. Dice que las acciones que tenía el demandado para promover de acuerdo a este último ordenamiento prescribían a los diez años, y, además, el reconviniente ya había promovido de manera supletoria el reclamo de u$s 110.000 en el juicio de reivindicación, que terminara por caducidad de instancia. Dice que no puede juzgarse nuevamente.
V.- 1.- Reconvención. Legitimación.
Comienzo por destacar que llega firme a esta instancia el rechazo de la demanda de usucapión, correspondiendo tratar sólo los agravios del demandado-reconviniente.
Es acertado que la legitimación para obrar – legitimación sustancial, también llamada “legitimatio ad causam” – puede tratarse de oficio (Morello y otros, Códigos Procesales Comentados, T. IV-B, A. Perrot, 1990, p. 221), dado que sólo quien ostenta un interés legítimo en la decisión jurisdiccional debe actuar como parte en el proceso concreto en el cual la controversia se suscita (Loutayf Ranea, Roberto, “Legitimación para obrar y falta de legitimación para obra (sine actione agit)”, https://www.acaderc.org.ar/2018/01/29/legitimacion-para-obrar-y-falta-de-legitimacion-para-obrar-sine-actione-agit/ ).
Uno de los autores que mejor explica el tema, a mi juicio, es Osvaldo A. Gozaíni: “La idea parte de posicionar a la acción como derecho concreto y en esta medida, quien reclama la intervención judicial debe ser el titular del derecho subjetivo privado. Por eso la legitimación deja de ser un presupuesto del proceso para convertirse en una necesidad ineludible de la estimación de la demanda…. La importancia que tiene esta teoría deviene por la consideración evidentemente sustancial que cobra la legitimación para obrar. Al estar profundamente vinculada con la decisión que resuelva los derechos que tienen las partes en juicio, la sentencia sobre el fondo determina la coincidencia entre derecho y legitimación, sin poder delimitar qué espacios tiene cada una.” (https://gozaini.com/wp-content/uploads/2015/12/legitimacion_proceso.pdf ).
No cabe duda que el demandado-reconviniente es titular del derecho sustancial que puede hacerse valer mediante una reconvención (o la acción sustitutiva que la ley contemple). Si se trata de una acción de reivindicación, el titular de ese derecho sustancial es el titular dominial del inmueble (art. 1758 C.C., y arts. 2248 y 2252 C.C.C.), y no está controvertido que el reconviniente lo sea. Estar legitimado en la causa – se ha dicho – significa tener derecho a que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, por medio de una sentencia favorable o desfavorable (C.N.Civ., Sala J, 24/04/07, L.L. 1997-E-847, conf. Loutayf Ranea y Gozíni, trabajos citados).
No se trata, entonces, de un problema de falta de legitimación sino de si el encuadramiento correcto de la reconvención por daños y perjuicios deducida es derivada del contrato de compraventa que vinculara a las partes – como pretende el actor-reconvenido -, o si, por el contrario, es la acción sustitutiva prevista por el art. 2250 del C.C.C. – como pretende el reconviniente, y, en caso de que se tratara de esto último, si existe algún impedimento para que prospere.
No cabe duda que se trata de la acción sustitutiva contemplada por el art. 2250 del C.C.C. Así la planteó expresamente el demandado. Por lo tanto se rige por el derecho vigente cuando fue deducida la reconvención (17/10/16. Fs. 249); es decir por el Código Civil y Comercial ley 26.994, siendo abstracta, entonces, la discusión acerca de si con el código de Vélez podía entablarse ese tipo de acción.
En consecuencia, VOTO POR NEGATIVA.
El señor juez, Dr Luis María Nolfi, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a cómo ha quedado votada la cuestión anterior, corresponde tratar la defensa opuesta por el actor-reconvenido consistente en que el reconviniente dedujo con anterioridad una acción reivindicatoria, la que terminó por caducidad de instancia. En efecto, así surge de la lectura de los autos “Madlum, Sergio Eduardo c. Minicchiello, Delmar Horacio s. Reivindicación”, expte. n° 103.505 del Juzgado Civil y Comercial n° 2 Departamental que corre por cuerda (resolución confirmada el 15/05/12 por esta Sala).
Demás está decir que esta Sala está obligado a tratar la defensa por aplicación del principio de la apelación implícita. Como dijo esta Sala en la causa n° 118.468 (“Mansilla c. Suc. de Vitagliano”, del 21/09/21), siguiendo a Roberto Loutayf Ranea ( “La apelación adhesiva” pub. Revista de Derecho Procesal, Medios de impugnación. Recursos II, Rubinzal Culzoni, 1999, p. 125), hablamos de “aquella situación en que se encuentran aquellas cuestiones oportunamente planteadas por el vencedor en primera instancia, que hubiesen sido resueltas en su contra por la sentencia en grado o que se hubiese omitido su tratamiento en atención a que la solución dada a las otras cuestiones lo hacía innecesario: como vencedor, esta parte no podía apelar del fallo que en definitiva le era favorable a sus pretensiones; sin embargo, tales cuestiones resueltas en contra del vencedor o no consideradas por la sentencia de primera instancia, quedan implícitamente sometidas, como consecuencia del recurso de la otra parte, al tribunal de alzada, quien, llegado el caso -es decir, si considera procedentes los agravios de la apelante- debe también analizarlas y resolverlas. Esta solución ha sido admitida por la jurisprudencia en relación a todos los ordenamientos procesales, aun cuando no contemplen el instituto de la “apelación adhesiva”.”
Como dije en la sentencia citada, normalmente se lo denomina apelación adhesiva y así lo llamó el suscripto en otras oportunidades (causas n° 109.061 (“Sanz, Cirilo c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires s. Expropiación”, sent. del 07 /10/04; 115.676, del 28/06/16; 116.020, del 24/11/16; 117.575, del 02/04/20, entre otras), al igual que la S.C.B.A. (C 123043 S 21/10/2020; C 123111 S 24/08/2020; C 122865 S 04/12/2019; C 122358 S 06/11/2019; C 122484 S 07/03/2019, A 73767 RSD-153-17 S 29/08/2017; A 71590 S 27/11/2013; C 116715 S 10/06/2015, entre varias).
Hecha esta aclaración, es de recordar que el Código de Vélez – vigente en el momento en que ese juicio fue promovido - establecía que la prescripción de la acción debía tenerse por no sucedida si el demandante desistía de ella o si había tenido lugar la deserción de la instancia según las disposiciones de los códigos procesales (art. 3987 C.C; igualmente se prevé en el C.C.C.: art. 2547), pero de ahí no se derivaba (tampoco actualmente) que la caducidad de instancia produjera los efectos de extinción de la acción (cosa juzgada material). Ello así porque el actor podía (y puede) volver a deducir la acción mientras no esté prescripta (CC0002 SI 98130 RSI-447-5 I 02/06/2005; JUBA). Por tal razón reiteradamente ha dicho la Suprema Corte provincial que la resolución que declara la caducidad de la instancia es definitiva (art. 278 C.P.C.) siempre que pueda proyectar efectos respecto de la prescripción de la acción (Rc 125141 I 11/05/2022; Ac 48057 S 03/08/1993; Ac 41269 S 03/10/1989 ; Ac 38978 S 06/09/1988; Ac 37064 S 16/12/1986; Ac 34992 S 01/10/1985, entre varias).
Por consiguiente, la perención de la instancia en la causa señalada no produjo efectos de cosa juzgada.
VOTOR POR LA NEGATIVA.
El señor juez, Dr Luis María Nolfi, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
Conforme a lo resuelto al tratar la cuestión anterior, corresponde abordar la excepción de prescripción opuesta por el actor-reconvenido – que fuera diferida para la sentencia definitiva -, por aplicación también del principio de la apelación implícita o apelación adhesiva.
Partiendo de la base de que la cuestión debía regirse por el código de Vélez y que éste no preveía la acción de daños y perjuicios sustitutiva de la acción de reivindicación de la propiedad, planteó el actor que la acción (deducida por vía de la reconvención) estaba prescripta porque se dedujo vencido el plazo del art. 4023 del C.C. Fundó el planteo en que se trataba de una acción contractual derivada del boleto de compraventa que los vinculara.
Si, como dije, se trata de la acción sustitutiva de la acción reivindicatoria que contempla el art. 2250 del C.C.C., la prescripción se rige por las reglas que imperan para la misma.
Fortalece este encuadre del tema que es el mismo actor quien, con la demanda de prescripción adquisitiva, renunció a los derechos que el contrato de compraventa le confería (acciones contractuales) y planteó el conflicto en los términos de una discusión entre poseedor y titular de dominio. Es decir, pretendió que se había producido una interversión del título (art. 1915 C.C.C.; anteriormente: interpretación de art. 2353 del C.C.: ver esta Sala, causas n° 117.014 del 23/10/18, 117.212 del 05/02/19, 118.714 del 27/08/19 y 119.106 del 29/03/22), por el cual era poseedor con ánimo de dueño y en tal carácter había usucapido el inmueble. “Invitó” así al demandado a que se opusiera deduciendo la reconvención por reivindicación de la propiedad. De esa manera el objeto de la litis quedó trabado entre poseedor-ucucapiente y propietario-reivindicante.
Viene al caso recordar la doctrina de los propios actos, la que impide atender los planteos contradictorios con la conducta anterior del mismo sujeto. Sus presupuestos son los siguientes: a) que una persona haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, una cierta conducta jurídicamente relevante y eficaz, b) que posteriormente esa misma persona intente ejercitar cierto derecho subjetivo o facultad, creando una situación litigiosa y formulando dentro de ella una determinada presunción, c) que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista una incompatibilidad o una contradicción , según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior, d) que en ambos momentos, conducta anterior y pretensión posterior, existan una perfecta identidad de sujetos (conf. Diez Picazo, Luis, “La doctrina de los propios actos. Un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ed. Bosch, Barcelona, 1963; también: Bianchi, Enrique Tomás e Iribarne, Héctor Pedro, “El principio general de la buena fe y la doctrina “venire contra factum proprium non valet”, E.D. del 8/11/1983; S.C.B.A, Ac. 35.385 del 24/04/90 y Ac. 39.842 del 29/10/91, B. 63.363 del 2/11/16, C. 115.902 del 24/09/16, Ac. 86.638 del 27/10/04; esta Sala, 108.893 del 4/11/04, también mi voto en causa nº 30.275 de Sala 2). Es evidente – reitero – que al optar el actor por la usucapión generó en el demandado la legítima expectativa de que la cuestión se dirimiera acerca de quien era el verdadero propietario del inmueble (por adquisición prescriptiva o por titularidad dominial).
Volvamos, entonces, a la excepción de prescripción opues
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.