Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 123399
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLa Plata, dieciséis de agosto de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 232/238 vta. es justo (arts. 168, 171 de la Constitución Provincial; 68, 155, 332, 354, 375, 384, 411, 410, 679, C. Proc.; ; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Confirmar el apelado decisorio de fs. 232/238 vta.. II) Las costas de Alzada se imponen a la parte actora. III) Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad.
En la ciudad de La Plata, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “SARAGOSA ABELARDO C/ CASTIELLO DE BATIZ HAYDEE NELIDA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", (causa nº 123399), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 232/238 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En la cuestionada sentencia la Sra. Jueza de la anterior instancia rechazó la demanda por prescripción adquisitiva de dominio promovida por Abelardo Saragosa contra Haydee Nélida Castiello de Batiz y América Elena Martino de González, hoy sus herederos, en relación a los inmuebles sitos en la calle 8, entre 469 y 470 y el de la calle 470 entre 8 y 9 de esta ciudad. Impuso las costas al actor y difirió la regulación de honorarios.
En lo que interesa destacar, luego de analizar la prueba producida, concluye que, a excepción de la testimonial, que no permite por sí misma la procedencia del reclamo, no se ha producido en autos medios de acreditación que sostenga la demanda entablada.
II. La sentencia motivó la queja del accionante (fs. 240), quien expresó agravios a fs. 246/254 vta., con réplica a fs. 261/262 y 266/269.
III. En síntesis que se formula, el recurrente sostiene que no fue valorada adecuadamente la prueba producida, con excepción de la testimonial, en orden a la cual destaca que son contestes y suficientes para sustentar la demanda.
Puntualiza su queja en que, a diferencia de lo señalado en la instancia anterior, sí hay prueba suficiente para la procedencia de la demanda.
Luego de exponer doctrinalmente el concepto de prueba compuesta, que afirma haberse cumplimentado en autos, da cuenta pormenorizadamente de la prueba testimonial.
Alude luego a la prueba documental, aunque no especifica su detalle.
Refiere, en orden a la prueba confesional, que la codemandada Castiello falleció en el año 1999. Y que fueron citados sus herederos, sin resultado positivo. Concluye entonces que respecto de la demandada, sus herederos o acreedores, su ausencia hace las veces de una confesión ficta.
Respecto de los herederos de Martino de González América, Victoria y Daniel González sostiene que ambos prestaron declaración confesional con efectos favorables a la procedencia de la demanda, lo que no fue tenido en cuenta por la sentenciante.
Seguidamente desarrolla conceptos relativos a los indicios y presunciones; así como a la teoría del exceso ritual manifiesto.
Denuncia hechos nuevos y ofrece prueba, planteos que fueron desestimados por el Tribunal a fs. 271/272.
La réplica de la Defensora Oficial controvierte los argumentos recursivos y sostiene que el decisorio analiza correctamente el caso y debe ser confirmado.
De su lado, el codemandado Daniel González Martino afirma que la pieza recursiva carece de la entidad técnica para su tratamiento.
Seguidamente cuestiona la fundabilidad de los agravios vertidos, afirmando que en el caso no se cumplimenta con la prueba compuesta que se exige.
IV. Entrando en la tarea revisora, y dando las debidas razones del caso (arts. 171 Constitución Provincial; 3, Código Civil y Comercial), ante la petición de deserción recursiva propuesta por la parte apelada (fs. 266 y vta.), considero que el mismo no puede ser compartido. Es que como reiteradamente ha decidido esta Sala, la existencia en torno al cumplimiento de los recaudos de la expresión de agravios no debe ser tan rigurosa y estricta como para arribar a la deserción cuando exista un mínimo de ataque a la sentencia que sirva para justificar la efectiva salvaguarda del principio constitucional de defensa en juicio (arts. 18 C.N.; 260 y 261 -texto y doctrina-, C. Proc.; esta Sala, causas B-82.689, RSD. 121/96, B- 80.424, RSD 30/95; e.o.). Y, consectariamente, la sanción prevista por el art. 261 del código citado debe interpretarse con criterio restrictivo a fin de mantener intacta, en la medida de lo posible, la garantía constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 C.N.; 15 C.P.B.A.; esta Sala causas B-80.228, RSD 84/95; B-78.321 del 27-5-94; e.o.).
V. Es oportuno recordar que dado que la acción promovida constituye uno de los modos de adquirir el dominio, su nacimiento a la vida jurídica requiere necesariamente y de manera inexcusable, la posesión continua del fundo durante el lapso legal, de un modo efectivo y en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y con ánimo de dueño (conf. Salvat, “Derechos Reales”, T. II, pág. 234/5, nº 912; arts. 2524, inc. 7º, 2351, 3947, 3948, 3950, 3952, 4015, 4016, Código Civil; 1899, 1900 y 1905, Código Civil y Comercial).
De allí entonces que tendiendo la prescripción adquisitiva a prevalecer sobre el título de propiedad, la prueba debe producirse en forma clara y convincente, sin dejar espacio a dudas de que realmente se ostenta la posesión continua del bien durante el término de prescripción con los caracteres precedentemente enunciados (arts. 375, 679, C. Proc.; esta Sala, causas 119.167, RSD 178/15; 118923, RSD 190/15; 120.654, RSD 208/16; 121.395, RSD 91/17).
VI. Correctamente fue señalado por la colega de la instancia precedente -y no fue controvertido por el recurrente-, que la sentencia que admita la demanda no podrá basarse solamente en la prueba testifical (art. 679, inc. 1º, C. Proc.), y si bien es cierto que este medio es uno de los más importantes, deberá rodearse de otros complementarios a fin de obtenerse la denominada prueba compuesta (esta Sala, causa citada nº 120.654, RSD 208/16).
En esa dirección, y respecto de la prueba documental -enunciado en forma incompleta por el apelante a fs. 249 vta. in fine-, arriba incontrovertido el exhaustivo análisis formulado por la Dra. María Cecilia Tanco: “La documentación agregada a fs. 39/46, corresponde a pagos del impuesto inmobiliario por períodos de los años 2015 y 2016 (conf. informativa de fs. 209). Las boletas de fs. 48/50 a la tasa municipal por períodos de los años 2013 y 2014 (…) En cuanto a las fotografías de fs. 14/28, además de haber sido negadas por los demandados, carecen de elementos ciertos que permitan ubicarlas en un plano temporal con el período invocado y espacial en aquellos lotes que son objeto de este proceso (…) Las actuaciones "Guanco, Silvia Rosa c/ Castiello de Batiz, Haydee Nélida y otros s/ escrituración" en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 7, que tengo a la vista en este acto, y que ha sido ofrecida por el actor, no suma nada a los fines probatorios, por cuanto los documentos allí acompañados son similares a los que se encuentran en el presente proceso.” (v. fs. 234 vta. in fine/235; art. 260, C. Proc.).
En orden a la relevancia de la prueba confesional producida, y pese a los esfuerzos del recurrente, no se comparten los argumentos expuestos.
En efecto, la parte codemandada ausente -presuntos herederos de Haydee Nélida Castiello de Batiz-, representados por la Defensora Karina Luján Dicósimo (v. fs. 147 y vta.), no fue citada a prestar declaración confesional en atención a la especial naturaleza de la defensa de este sujeto procesal, circunstancia expresamente resuelta -y firme- a fs. 155, capítulo de proveimiento de la prueba confesional. De manera que no cabe propiciar la propuesta recursiva acerca de que la condición de ausente haga las veces de confesión ficta (v. fs. 250, punto b; art. 155, C. Proc.).
Por otra parte, y conforme emerge del registro digital de la audiencia de prueba celebrada (disco compacto de fs. 189, 10’ iniciales), tanto Daniel Esteban González Martino, como Victoria González, negaron las posiciones puestas por el accionante, y el primero de ellos fue preciso al señalar que su madre -cotitular registral- concurrió a los inmuebles en litigio hasta el año 2013, lo que resulta compatible con lo señalado al contestar la demanda (v. fs. 87, punto IV).
Por consiguiente, la prueba producida no ha logrado abastecer los estándares de acreditación necesarios de los hechos invocados en la demanda (arts. 332, 354, 375, 384 y 410 y 411, C. Proc.), siendo insustanciales las referencias a la prueba de presunciones y a la doctrina del exceso ritual manifiesto, en tanto fueron expuestas de manera abstracta, sin conexión al debate recursivo.
Es que, a pesar de la entidad de la prueba testimonial, las demás probanzas reunidas concurren a conformar un débil contexto probatorio, vale decir -en coincidencia con lo argumentado por la Jueza de la instancia precedente-, no se ha producido la prueba suficiente para justificar la alegada posesión veinteañal.
Al respecto, es muy difundido que dentro del régimen dispositivo de nuestro Código, la formación del material de conocimiento en el proceso constituye una carga de las partes y condiciona la actuación del juez. De su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas, de modo que, junto a la carga de la afirmación de los hechos, tienen la carga de la prueba de los mismos, cuando no fuesen reconocidos o no se trate de hechos notorios (Alsina, Hugo, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. III, p. 253). Por ello, pesa sobre las partes el imperativo del propio interés de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de su omisión (SCBA, Ac. y Sent., 1964, v. III, ps. 66 y 957; 1967, v. I, p. 305, cit. por Morello-Passi Lanza-Berizonce, Códigos Procesales, t. V, p. 98).
En el caso, aun en los términos de verdad relativa y contextual que puede obtenerse del proceso, lo producido en autos impide conmover el atacado decisorio (Michele Taruffo, "Consideraciones sobre prueba y verdad", en "Sobre las fronteras", ed. Temis, Bogotá, año 2006, págs. 253 y ss.; esta Sala, causas 109.819, RSD 34/15; 120.654, RSD 208/16).
Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Sala, causas B-79.059, reg. sent. 195/94; B-79.453, reg. sent. 237/94; A-43.391, reg. sent. 282/94; B-80.266, reg. int. 51/95, 92.189 reg. sent. 291/00, 97624 reg. 27/02, 100948 reg. sent. 151/03, 102.650 reg. int. 157/04, 102.106 reg. sent. 306/04, 104.536 reg. sent. 181/05; 120.480 RSD 138/16; e.o.).
Voto en consecuencia por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos la Dra. LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DOCTOR SOTO DIJO:
Atendiendo al acuerdo alcanzado corresponde y así lo propongo: I) Confirmar el apelado decisorio de fs. 232/238 vta. II) Las costas de Alzada se imponen a la parte actora apelante vencida (art. 68 del C. Proc.). III) Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, dieciséis de agosto de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 232/238 vta. es justo (arts. 168, 171 de la Constitución Provincial; 68, 155, 332, 354, 375, 384, 411, 410, 679, C. Proc.; ; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Confirmar el apelado decisorio de fs. 232/238 vta.. II) Las costas de Alzada se imponen a la parte actora. III) Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase. Dése vista a la Defensora Oficial.
Fin de la sentencia