Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130249
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada de fecha 14 de julio de 2021, por lo que se la deja sin efecto, debiendo continuar la tramitación de las actuaciones según su estado. Sin costas por tratarse de agravios generados de oficio (artículos 68, 69, 260, 266, 272, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 130249; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº10 - LA PLATA
VELAZCO SERGIO DANIEL C/ VELAZCO Y CORDAL JUAN LUIS Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA (DIGITAL)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 23 de Septiembre de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. La resolución de fecha 14/07/2021, que hizo efectivo el apercibimiento dispuesto mediante providencia del 16/06/2021 y, en consecuencia, rechazó en forma liminar la demanda impetrada, viene apelada por la actora según escrito electrónico del 16/07/2021 (ver concesión del 03/08/2021), quien sustenta el recurso mediante el memorial de fecha 16/08/2021, habiendo ratificado en esta Alzada la interposición del remedio en los términos del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC- (ver trámites de los días 2 y 3 de septiembre del corriente año, sistema Augusta).
2. En muy ajustada síntesis, se agravia la parte accionante apelante por entender que la sentencia impugnada resulta ritualista, dilatoria de los derechos del actor, absurda y falta de fundamentación.
Aclara que el asiento de dominio que se acompañara con la demanda era de la parcela 20, en los términos del artículo 679 inciso 2 del CPCC.
Considera que el plazo de 5 días para adjuntar nuevo informe era de cumplimiento imposible y que la aplicación del rechazo liminar en los términos del artículo 336 del CPCC importa un error en el juzgamiento que atenta contra el derecho al acceso a la justicia y el derecho de propiedad, vulnerando normas de jerarquía constitucional -nacional y provincial-.
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura (ver escrito electrónico del 16/08/2021, sist. Augusta).
3. A. Conforme lo establece el artículo 336 del Código Procesal Civil y Comercial, los jueces y juezas pueden rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan.
Así, en forma excepcional se ha procedido a rechazar liminarmente la demanda infundada o indebidamente trabada, ya que esta forma de decidir puede vulnerar el derecho de petición (Arazi y otro, "Código...", Tº 2, pág. 153, conforme esta Sala -con anterior integración-, en causa 105978, RSD 35/06, sent. del 16/03/2006).
Sólo cuando el juzgador interprete que la demanda resulta manifiestamente improponible por carecer la pretensión de tutela jurídica, ha de recurrir a este remedio excepcional, a efectos de evitar un indebido dispendio jurisdiccional.
B. En el caso bajo análisis, no se evidencia de manera alguna el incumplimiento del requisito de admisibilidad (informe de dominio) como sostiene la juzgadora, desde que le asiste razón a la actora apelante cuando sostiene que conjuntamente con la interposición de la demanda se adjuntó el asiento dominial correspondiente a la parcela (20) cuya prescripción adquisitiva se persigue.
Es que si bien en el formulario de solicitud del informe de dominio se consignó como parcela del inmueble la número 29 (ver páginas 11 y 12 del primer archivo digital en formato “.pdf” adjunto al trámite electrónico del 09/06/2021), lo cierto es que el Registro de la Propiedad Inmueble provincial expidió el informe en cuestión por la parcela 20 (ver páginas 14 y 15 del mismo archivo del 09/06/2021), documentación esta que -a su vez- coincide con la posteriormente agregada con fecha 07/07/2021 a requisitoria de la señora jueza de grado (ver páginas 1/4 del archivo “.pdf” adjunto, sist. Augusta).
Es decir, con la documentación acompañada -tanto al inicio de la acción como posteriormente en cumplimiento de la exigencia del 16/06/2021-, se satisface lo previsto en el artículo 679 inciso 2 del CPCC respecto del informe de dominio del inmueble objeto de las actuaciones.
C. Llegados a este punto, cabe indicar además que no existe razón alguna para otorgar de oficio sólo el plazo de 5 días para la presentación de un informe dominial, fundado ello únicamente en los artículos procesales relativos a las facultades ordenatorias e instructorias de la sentenciante y deberes de la magistratura (ver providencia del 16/06/2021, sist. Augusta). Ello así pues no se ha trabado la Litis y en consecuencia el impulso procesal está únicamente en cabeza del actor quien podrá ampliar la pretensión, incorporar nuevos hechos o adjuntar más documentación mientras no se materialice la notificación de la demanda.
A lo anterior debe aditarse que teniendo en cuenta las gravosas consecuencias que el eventual incumplimiento en tan exiguo término acarreaba para el actor (apercibimiento de tenerlo por desistido), la notificación por ministerio de la ley (artículo 133 del CPCC citado en el aludido proveído del 16/06/2021) se ve desplazada por el anoticiamiento personal o por cédula (a la fecha, mediante trámite autonotificable en los términos del artículo 1 del Acuerdo 3991/20 SCBA que incorpora el artículo 11 al Acuerdo 3845/17 SCBA), desde que lo exigido con fecha 16/06/2021 se equiparaba -cuanto menos- a una intimación en la forma prevista por el artículo 135 inciso 5 del CPCC. Se advierte un exceso en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales con tergiversación del prudente activismo judicial que se requiere para no cercenar el derecho a la acción. Asimismo, ello no guarda relación de necesaria proporcionalidad entre la supuesta falta y la sanción impuesta; más allá del negligente cotejo (por superficial) de la documentación presentada por parte del Juzgado antes de adoptar la decisión ahora impugnada.
Dichas circunstancias impiden el rechazo liminar de la acción, pues justamente la parte actora con su presentación del 07/07/2021 pretendía ajustar su conducta a lo que judicialmente se le había ordenado el 16/06/2021.
Este Tribunal se ve en la necesidad de aclarar ciertos conceptos esenciales y básicos: La acción es el poder provocar una respuesta de la jurisdicción, una atribución ejercitable ante el Estado en virtud de la cual se puede reclamar la puesta en marcha del mecanismo judicial. Cosa distinta es la pretensión procesal, objeto del proceso, acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial y frente a una persona distinta la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación. No podría jamás disponerse el rechazo “in limine” (en el umbral; https://es.wikipedia.org/wiki/In_limine) de la acción pues ello importaría vedar el acceso a la justicia. Pero ciertamente esa repulsa puede tener lugar en relación a la pretensión. En efecto, es posible de inicio que aquella pretensión no cuente con la idoneidad (en sus elementos constitutivos de objeto, sujeto o causa) para que el proceso continúe marcha en pos de la sentencia de mérito. En esa hipótesis los jueces están habilitados para evitar inútil dispendio de su actividad (conf. SCBA C.97.490, sent. del 15-6-2011, voto del Juez De Lázzari); situación ésta que no se da en la especie sino antes bien en la resolución puesta en crisis se retacea el acceso a Justicia por vulneración del derecho a la acción, conforme lo antes expuesto.
Es deber de los jueces y las juezas observar el cumplimiento de las normas que permitan el acceso a los estrados, máxime cuando en el caso los actores han cumplido con su manda en forma diligente.
D. En definitiva, ese modo de resolver en este estadio del expediente por parte de la jueza de la instancia de grado implica un cercenamiento del acceso a la justicia y a la tutela efectiva (artículo 15 Constitución Provincia de Buenos Aires).
En efecto, esta Sala ha entendido que la facultad de rechazar directamente la demanda o una incidencia, debe ser ejercida con suma prudencia, en tanto la desestimación de oficio puede lesionar sin remedio el derecho de acción íntimamente vinculado al derecho constitucional de petición (artículo 14 Constitución Nacional; causas 119446, RSI 285/2015, sent. int. del 15/12/2015; 120052, RSI 95/2016, sent. int. del 26/4/2016; 125826, RSI 180/19, sent. int. del 01/07/2019).
4. Como corolario, corresponde que la resolución apelada de fecha 14 de julio de 2021 sea revocada, por lo que se la deja sin efecto, debiendo continuar la tramitación de las actuaciones según su estado. Sin costas por tratarse de agravios generados de oficio (artículos 68, 69, 260, 266, 272, CPCC).
POR ELLO, se revoca la resolución apelada de fecha 14 de julio de 2021, por lo que se la deja sin efecto, debiendo continuar la tramitación de las actuaciones según su estado. Sin costas por tratarse de agravios generados de oficio (artículos 68, 69, 260, 266, 272, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20 SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia