Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132933
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se rechazan los agravios expuestos por el actor y se procede a la confirmación de la sentencia en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; las costas por la actuación en esta Alzada se imponen al legitimado activo en su condición de vencido (art. 68 CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 132933; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº25 - LA PLATA
CIAFARDO BRUNO C/ DON ROGELIO S.R.L. S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA
En la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de Diciembre de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132933, caratulada: "CIAFARDO BRUNO C/ DON ROGELIO S.R.L. S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 475?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de grado desestimó la demanda interpuesta por BRUNO CIAFARDO contra DON ROGELIO SRL por la adquisición del dominio por usucapión respecto del inmueble objeto de estas actuaciones; impuso las costas al demandante vencido y postergó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad prevista en el art. 27 inc. "a" de la Ley 14.967 (v. decisorio de fecha 1 de septiembre de 2021).
2. Contra esta forma de decidir se alza en apelación el actor (presentación electrónica del 10 de septiembre de 2021), ataque que previamente concedido (proveído de fecha 13 de septiembre de 2021) fundó en esta instancia en tiempo y forma (presentación electrónica del 22 de septiembre de 2022). Corrido el pertinente traslado (proveído del 23 de septiembre de 2022), no recibió réplica de la contraria. A partir de ello, se llamó autos para sentencia (proveído del 5 de octubre de 2022).
3. La principal queja que el actor expone en su confusa y reiterativa expresión de agravios se dirige al rechazo de la acción.
Califica a la sentencia apelada como contraria a los hechos que emanan de la demanda, a la ausencia de contestación y a las constancias probatorias.
Refiere que aquél se edifica sobre la supuesta ausencia de pruebas de la posesión ejercida por el cedente, cuando las evidencias ubican a la señora Ravainera como poseedora ad corpus de un predio agropecuario, que contuvo en su interior, entre otros, al lote objeto del presente.
Reclama que no se hayan aplicado las presunciones legales derivadas de la no comparecencia del demandado.
Agrega que el Juez apelado contrarió lo dispuesto por el art. 1928 CCyC y su antecesor 2351.
Detalla que la parcela a usucapir se encuentra ubicada dentro de un extenso territorio objeto del acta de constatación de mayo de 2015, la que no fe tenida en cuenta al momento de sentenciar.
Insiste en que la Sra. Ravainera poseyó con ánimo de dueña ese terreno y una mayor extensión desde 1980 para luego cederle sus derechos y acciones, en donde vivía con su familia, criaba animales y hacía plantaciones.
Alega que él hizo sus propios actos posesorios como alambrar el lote, rellenarlo, plantar árboles, etc.
Acusa que la sentencia solo merita a una parte de la prueba rendida.
Aduna que corresponde tener por ciertas las afirmaciones vertidas en libelo inicial y además por reconocida la documental acompañada. (conf. Art 354 inc 1 CPCC), que fallo en crisis no refleja el juego de presunciones que debió imprimirle el magistrado y ello redundó en su ulterior rechazo por falta de pruebas.
Entiende que la omisión de aplicar las presunciones redunda en un absurdo en miras de rechazar la demanda por ausencia de pruebas.
Concluye al respecto que esa ausencia configura un absurdo en su apreciación tanto en la faz interpretativa como por el resultado alcanzado en el decisorio, a contramano de las evidencias.
Reitera que el Juez no ha sido neutral en la selección, valoración y ponderación de la prueba rendida y que por ello termina rechazando el planteo esgrimido.
Reclama que esa conclusión debe modificarse para reestablecer lo que verdaderamente ha quedado plasmado en el expediente como reedición de la verdad histórica.
Aduna que los testigos Nélida Azucena Cantero y Vallejos acreditan lo dicho en la demanda, que el acta notarial acompañada y la toma de fotografías de mayo de 2015 incluyen las manzanas 23, 33, 53 y 43, entre otras que dan cuenta del fundo ganadero y dentro de éste el lote a usucapir (16), lo mismo que la contestación de ARBA a fs. 458.
Pone de manifiesto que el pago de impuestos no tiene que ser el único factor a tener en cuenta cuando hay otros medios asertivos de la posesión, utilizando el mecanismo de la prueba compuesta.
Acusa al Juez apelado de omitir deliberadamente la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, consagrando una renuncia consiente a la verdad, siendo incompatible con el servicio de justicia.
Concluye que en el proceso se ha cumplido con la prueba compuesta requerida por la ley.
4. El motivo esencial que concita la crítica de la recurrente es la valoración de la prueba efectuada por el Juez de grado, la que derivó en el rechazo de la acción instaurada.
Se ha dicho que la usucapión es un modo de adquirir los derechos reales por la continuación de la posesión en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante el tiempo establecido por la ley. Este instituto se basa en dos hechos fundamentales: la posesión de la cosa por parte de quien no es dueño y la duración de ella por un cierto tiempo. De la conjunción de los hechos con el tiempo la ley hace derivar la adquisición, siendo éste uno de los efectos más importantes de la posesión (cofr. Areán, Beatriz, “Derechos Reales”, Ed. Hammurabi, tomo I, pág. 375).
Justamente, la pretensión prospera de haberse acreditado el presupuesto fáctico de aplicación del art. 4015 del Código Civil.
Para ello nuestra legislación requiere de evidencia compuesta, admitiendo cualquier medio de prueba, con el límite de que no podrá el magistrado formar su convicción exclusivamente con la prueba de testigos (arts. 375, 384, 679 CPCC).
En este tipo de procesos se impone al actor la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión (arts. 375, 384, 679 y concs. del CPCC; art. 24 Ley 14159) y ello se logra cuando de los distintos medios proporcionados por éste se logra la evidencia compuesta que requiere la ley. Es decir que se requiere la concurrencia de probanzas de distinto tipo -confesional, testimonial, documental, informativa- coordinadas a los fines de probar sobre los hechos que acreditan la efectiva posesión durante el período y con las características exigidas por la ley.
Vale destacar, conforme una de las principales quejas del legitimado activo, que en materia de prescripción adquisitiva ni el allanamiento de los demandados ni la declaración de rebeldía suplen la actividad probatoria del accionante. El tránsito de los carriles de este especial modo de adquirir el dominio, tendiente a la acreditación de los recaudos legales, deviene imperativo para el pretenso poseedor, ya que ni el allanamiento del titular de modo expreso alcanza para eximirlo de tal carga. El juicio de usucapión posee particulares características. En él no cabe el allanamiento con efectos conclusivos del proceso ya que en los intereses socioeconómicos en juego se encuentra comprometido el orden público. En tal sentido, por tratarse de una peculiar forma de adquirir el dominio debe acreditarse en forma insoslayable el cumplimiento de los requisitos que la ley impone para ello, lo que excluye el acuerdo de las partes (conf. esta Sala, causa 132706, RS-270-2022, sent. del 17/11/2022, e.o.).
Consecuencia de lo expuesto, el agravio en este sentido no ha de proceder (arts. 59, 354 CPCC).
Otra de las disconformidades del legitimado activo es la ausencia de tratamiento de las pruebas testimoniales. Aquí, como he dicho, vale recordar en este tipo de procesos se requiere evidencia compuesta no pudiendo basarse la sentencia únicamente en la prueba de testigos (arts. 375, 384, 679 CPCC).
A partir de allí y en virtud al plexo probatorio desarrollado en esta causa, concluyo que el análisis de estas deposiciones no resultan suficientes para conmover las conclusiones a las que se llega en la sentencia apelada (art. 384 CPCC).
En lo tocante con la escritura de constatación y toma de fotografías del 20 de mayo de 2015 (v. fs. 37/40) se desprende de ella, en lo que respecta al inmueble objeto de estas actuaciones, que “…nos ubicamos sobre calle 469 entre calles 5 y 6 donde puedo observar a simple vista la existencia de un lote de terreno baldío con aparente forma de “u” que el mismo se encuentra alambrado en su frente sobre la calle 469, observando que el mismo se encuentra desmalezado parcialmente, al cual la requirente accede por sus propios medios y transita por el mismo libremente; manifestando la requirente que dicho terreno de acuerdo a un plano que exhibe corresponde a los lotes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la manzana 43. Y se observa asimismo al final de dichos lotes en lo que sería la calle 468 (cerrada al tránsito) una vivienda en la cual la requirente manifiesta que habita desde el año 1980 y manifiesta asimismo que la misma se halla emplazada sobre la manzana 42 de acuerdo al plano que exhibe…” .
De tal constatación no se vislumbra la existencia de actos posesorios indubitables siempre que se refiere a la existencia un alambrado parcial y que el predio no se encontraba a la fecha desmalezado (art. 384 CPCC).
En el mismo instrumento se consigna “…La requirente manifiesta que reviste el carácter de poseedora de dichos inmuebles y que ejerce la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de los mismos desde el año 1980; manifiesta asimismo la requirente que ha actuado con ánimo de dueño desde esa fecha y que utiliza los mismos para pastoreo de sus animales y esparcimiento suyo y de sus familiares; manifestando además la requirente que realiza esta acta a afectos de realizar el juicio de usucapión correspondiente sobre los mismos…” (v. fs. referidas). De ella se desprende que se trata de una manifestación unilateral de la pretensa poseedora que no configura de modo alguno prueba de sus dichos.
Llegado a este punto corresponde señalar que la circunstancia que la celebración del negocio jurídico haya quedado plasmado en un instrumento público no conlleva que la plena fe que el mismo otorga alcance a los supuestos actos posesorios alegados por la cesionaria o cedente; de allí la necesidad de acreditación de los mismos por parte del usucapiente (art. 375 del CPCC). Ello así pues el instrumento público hace plena fe de "de la existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia" (arts. 993 del CC; ídem 296 inc. a del CCyC; esta Sala, causa 111167). De lo que en cambio el mismo produce plena fe es lo que pasó ante su presencia como lo que constató, lo que no se encuentra debatido en estas actuaciones (art. 384 CPCC).
Asimismo, la contestación de oficio de ARBA a la que hace referencia el quejoso en sus agravios no resulta idónea para acreditar la posesión toda vez que hace referencia a la existencia del plano confeccionado a requerimiento del actor, cuestión que además de traducirse -conjuntamente con otros- en acto posesorio, es un requisito de procedencia de la demanda por prescripción adquisitiva (art. 679 inc. 2, CPCC).
A mayor abundamiento consigno que las facturas y constancias de pago de EDELAP (v. fs. 27/30) no cuentan con información suficiente que permita concluir que esos documentos corresponden a la parcela en litigio y no a otras lindantes. Al efecto se desprende de ellas que el domicilio es de intersección entre calles 6 y 459 de City Bell cuando el lote reclamado se ubica a mitad de cuadra (art. 384 CPCC).
Como consecuencia de todo lo expuesto, concuerdo con la conclusión del Juez de grado en dirección a que el actor no ha logrado probar por medio alguno la posesión de la cosa con los caracteres requeridos por ley para sí o por medio de su antecesora respecto del inmueble en particular que pretende usucapir (arts. 2351, 2384, 2510, 4015, 4016 CC).
Ello, en virtud del análisis bajo los parámetros de la sana crítica tanto de la documental, como de la declaración de rebeldía del demandado y las demás constancias en estas actuaciones (art. 384, 456, 679 CPCC).
5. Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala III causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
6. En tal entendimiento y por los argumentos antes expuestos, propicio rechazar los agravios expuestos por el actor, procediéndose a la confirmación de la sentencia en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; insto a que las costas por la actuación en esta Alzada sean soportadas por el legitimado activo en su condición de vencido (art. 68 CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS , por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde rechazar los agravios expuestos por el actor y proceder a la confirmación de la sentencia en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; las costas por la actuación en esta Alzada cabe que sean soportadas por el legitimado activo en su condición de vencido (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS , por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se rechazan los agravios expuestos por el actor y se procede a la confirmación de la sentencia en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; las costas por la actuación en esta Alzada se imponen al legitimado activo en su condición de vencido (art. 68 CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA; y a la demandada rebelde Don Rogelio SRL en su domicilio real -conforme trámite del 05/09/2022- (arts. 59, 62, 138 y concs., del CPCC; 11 inc. "a" del Anexo I y Anexo III del Ac. 4013/21 texto según Ac. 4039/21 de la SCBA.). DEVUÉLVASE .
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia