Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 133164
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada en todos sus términos (arts. 2384, 3948, 4015 CC; 7, 1905, CCyC; 375, 384, 474, 639 CPCC). Las costas en esta instancia deberán ser soportadas por la actora en su calidad de vencida (art. 68 CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N°133164; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº2 - LA PLATA
ALVARADO IRMA HAYDEE C/ SELMI JORGE CORNELIO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Marzo de Dos mil veintitrés, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 133164, caratulada: "ALVARADO IRMA HAYDEE C/ SELMI JORGE CORNELIO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada dictada el 30 de agosto de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de grado rechazó la demanda de prescripción adquisitiva del dominio promovida por IRMA HAYDEE ALVARADO contra JORGE CORNELIO SELMI, en relación al inmueble ubicado en la calle 31 nro. 1507 de La Plata, identificado según plano de mensura 055-0033-2017 como Circunscripción II Sección M Quinta 217 Manzana 217 b Parcela 4 Partida Inmobiliaria 055-85.839 e inscripto en la Matrícula 055-179008; impuso las costas a la actora en su condición de vencida (art. 68 CPCC) y difirió la regulación de honorarios para el momento que se determine el valor del inmueble (art. 51 Ley 14.967).
2. Contra esta forma de decidir se alza en apelación la parte actora mediante escrito electrónico de fecha 9 de septiembre de 2022, recurso que -previamente concedido el 12 de septiembre de 2022- fue fundamentado en esta instancia en tiempo y forma mediante presentación electrónica del 31 de octubre de 2022 (ratificada el 1 de noviembre de 2022). Corrido el traslado (proveído de la misma fecha), no recibió la réplica de la contraparte, llamándose autos para sentencia el 28 de noviembre de 2022.
3. La legitimada activa se agravia del rechazo de la acción instaurada.
Tilda el fallo de arbitrario por cuanto -en su opinión- efectúa una valoración errónea de la prueba rendida, violándose las reglas de la sana crítica y desestima la prueba de presunciones, extremo sobre el que gira en reiteradas oportunidades, derivados de los múltiples indicios ciertos y probados inequívocos y concordantes que conforma la prueba compuesta.
Estima que ha aportado y justificado la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de no menos de 30 años, la vida en familia de Bustos con la madre de la actora, las múltiples mejoras realizadas en el mismo, el pago de los impuestos y tasas que gravan el inmueble, el plano de posesión, entre otros, los que demuestran la continuación de la posesión continua de la cosa con ánimo de tenerla para sí.
Afirma que la prueba testimonial mantiene todo su valor y por lo general resulta la más apta para acreditar sus afirmaciones, puesto que posibilita la reconstrucción de los hechos a través del lapso posesorio, y ello a pesar de tener que confrontar dicha prueba con las restantes arrimadas en estos actuados que reflejen los mismos hechos, haciendo mérito de los testimonios rendidos por Fazio, Vieyra y Liporace.
Da cuenta de la importancia probatoria de la declaración de rebeldía de la demanda y por ende el reconocimiento de los hechos y la documental, del plano de mensura, del acta agregada que se deprende de una información sumaria y la pericia del Ing. Civil que corroboró las construcciones de mejoras.
Agrega el desinterés de Mirtha Azucena Luna como heredera del titular registral del bien.
Destaca que los servicios de luz y gas estaban a nombre del cedente en la posesión, Sr. Bustos, lo mismo que los pagos parciales de impuestos.
Se pregunta qué prueba en contrario se ha producido que destruya la presunción de verdad de los hechos reconocidos por la demandada los que incluye la posesión de Bustos y su continuadora.
Insiste en que el fallo ha analizado el carácter de poseedor de Bustos y su continuadora en la posesión, la actora, en forma irrazonable, porquw la plena prueba testimonial es la estructura probatoria de la posesión en autos; y, tal como se precisara precedentemente, el resto del material probatorio, incluido el de la presunciones, resultan idóneos para corroborar lo que emerge de la testifical producida, integrando así la prueba compuesta.
Reclama el absurdo jurídico, al omitir la sentencia de una ponderación holística de los elementos de convicción arrimados al proceso soslayando realizar su análisis de forma integral, precisa y conducente.
Reitera que se encuentra probada la continuación de la posesión del cedente Bustos.
Alega que el informe pericial fue incompleto, omisivo y carente de verdad material siempre que la antigüedad de las construcciones se encuentra probada por medio de los testigos. Agrega que el experto entró en contradicción con sus propias manifestaciones y afirmaciones omitiendo prueba documental, informativa y esencialmente la testimonial, que referían hechos acaecidos en escenarios correspondientes al tiempo pasado.
Acusa al Juez de la instancia por no haber indagado a través de una medida para menor proveer.
Indica que pretender que la actora pruebe la ejecución de más actos posesorios “durante” veinte años por parte de Bustos sin tener en cuenta el inexorable paso del tiempo, deviene en un excesivo e irrazonable rigor probatorio que va más allá del estricto análisis que debía hacer el fallo atacado, para plasmar el derecho que las normas civiles de fondo otorgan a todo ciudadano de obtener una titularidad de dominio por el trascurso del tiempo.
Por último, reflexiona sobre la prueba rendida, reclamando la revocación de la sentencia y consecuentemente la recepción del reclamo incoado.
4. Ante la sanción del Código Civil y Comercial dable es abordar la cuestión relativa a la ley aplicable.
En la especie, ha de señalarse que el libro cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación está dedicado a los derechos reales. La regla es que la constitución y los efectos ya producidos de las situaciones nacidas bajo el Código Civil no pueden ser afectadas por nuevas disposiciones; en cambio, el nuevo Código sustancial rige las consecuencias o los efectos de esas situaciones aún no producidas y la extinción no operada.
Señala la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci que al igual que en el resto del articulado, muchas de las disposiciones recogen las normas y criterios doctrinales y jurisprudenciales vigentes, por lo que no debería haber problemas de derecho transitorio (“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 159/160).
En el caso de la usucapión larga, como lo es el del presente, el Código Civil y Comercial de la Nación ha zanjado la disputa en torno a los efectos del pronunciamiento dictado en esos juicios a favor de la tesis minoritaria que sostiene la no retroactividad de la sentencia (art. 1905). La norma es de aplicación inmediata a todos los casos en los que el plazo se cumple después de la entrada en vigencia, desde que con anterioridad, eran simples derechos “in fieri”. Si se cumple antes, tratándose de una cuestión debatida en doctrina y jurisprudencia, sería deseable que el juez aplique el criterio de la nueva ley (autor y obra ya citada).
En ese entendimiento, atento los hechos ventilados en estas actuaciones y de conformidad con lo dispuesto por el Juez de grado, esta causa debe juzgarse a la luz del Código Civil vigente al momento que la actora denuncia como iniciado y cumplido el plazo de prescripción larga (arts. 7, 1905, CCyC).
5. El motivo esencial que concita la crítica del recurrente es la valoración de la prueba efectuada por el Juez de grado y que de ella haya derivado en la improcedencia de la acción instaurada.
Se ha dicho en reiteradas oportunidades que la usucapión es un modo de adquirir los derechos reales por la continuación de la posesión en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante el tiempo establecido por la ley. Este instituto se basa en dos hechos fundamentales: la posesión de la cosa por parte de quien no es dueño y la duración de ella por un cierto tiempo. De la conjunción de los hechos con el tiempo la ley hace derivar la adquisición, siendo éste uno de los efectos más importantes de la posesión (cofr. Areán, Beatriz, “Derechos Reales”, Ed. Hammurabi, tomo I, pág. 375).
Justamente, la pretensión prospera de haberse acreditado el presupuesto fáctico de aplicación del art. 4015 del Código Civil.
Para ello nuestra legislación requiere de evidencia compuesta, admitiendo cualquier medio de prueba, con el límite de que no podrá el magistrado formar su convicción exclusivamente con la prueba de testigos (arts. 375, 384 679 CPCC).
Como se dijo, el proceso de adquisición de dominio por usucapión impone al actor la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión (arts. 375, 384, 679 y cons. del CPCC; art. 24 Ley 14159) y ello se logra cuando los distintos medios proporcionados derivan en una evidencia compuesta que es la que requiere la ley. Esto significa que deben combinarse y coordinarse probanzas de distinto tipo -confesional, testimonial, documental, informativa- a los fines de acreditar sobre los hechos que acreditan la efectiva posesión durante el período y con las características exigidas por la ley.
Por ello, es dable adelantar que las conclusiones a las que arriba la Juez de grado en su sentencia, resultan las adecuadas en función a la evidencia acreditada.
Es que debe estarse a la idoneidad y fuerza probatoria de los elementos producidos y acreditados en autos en su totalidad y analizarlos detalladamente para, a partir de allí, determinar si se cumplieron los requisitos de ley para la procedencia de la prescripción adquisitiva.
6. Surge de estos actuados que efectivamente la actora reclamante no logra probar debidamente la posesión antecedente en cabeza del Sr. Ramón Esteban Bustos.
Las quejas sobre la valoración del reconocimiento de la demandada a partir de su declaración de rebeldía no han de ser de recibo. Es que La confesión que surge a partir de la declaración de rebeldía debe ser apreciada en función de los demás datos y probanzas de la causa. Se trata de una presunción simple de efectos relativos cuya eficacia probatoria se remite a la a la apreciación del Juez, quien debe evitar recurrir a esta ficción de ley cuando concurren otros factores que arrojan un resultado diferente. Es decir que los efectos de la rebeldía sucumben ante la prueba concluyente en contrario (art. 60 CPCC).
Es decir, que los efectos de la confesión a partir de la rebeldía deben ser evaluados a la luz del plexo probatorio producido y del resto de las constancias de la causa en estudio.
En consecuencia, de hacer lugar a la acción dotando a la rebeldía de efectos absolutos respecto de la producción de los hechos, se estaría subsanando una orfandad probatoria por parte de la reclamante, mediante la imposición de una ficción legal que no encuentra su correlato en las pruebas de la causa tal como lo desarrollemos en los apartados siguientes. Por ello, los agravios en este sentido no han de prosperar (arts. 60, 384, 474 CPCC).
En lo tocante con la cesión efectuada por escritura pública en favor de Alvarado, es dable destacar que se trata de una mera manifestación unilateral del cedente que debe ser acreditada en el juicio de usucapión posterior. Que esta exposición haya sido exteriorizada a través escritura pública no le otorga el cariz de indubitable siempre que, como es sabido, el instrumento público da fe de lo que sucede ante el notario (partes intervinientes, por ejemplo) más no sobre el contenido de las expresiones no constatadas (v. fs. 23/25).
En el mismo sentido, la información sumaria del 11 de septiembre de 1986 no hace prueba de la posesión con ánimo de dueño por la sola manifestación del domicilio que allí Bustos realizó, dado que se trata -nuevamente- de una manifestación unilateral sin sustento probatorio (art. 384 CPCC).
Luego, la pericia efectuada por el Ingeniero Civil Joaquín Norberto González describe y constata el emplazamiento en la propiedad de: cocina comedor, dormitorio, baño y pasillo al frente (respuesta 1.1 de presentación electrónica de fecha 30 de abril de 2022) y lavadero, baño y galpón al contrafrente (respuesta 1.2). Agrega que la propiedad se encuentra parquizada con Gramilla superficial cortada a máquina, cuenta con parrilla con ventilación a los cuatro vientos (respuesta 1.3) y que el cerramiento de la propiedad es del 100% (respuesta 2 de la pericia referida).
En la misma presentación el experto manifiesta que no puede establecer la antigüedad de las construcciones (v. pericia referida).
De allí que las quejas de la apelante en dirección a que el Juez no ordenó una medida para mejor proveer y que el perito no valoró las pruebas habidas en el expediente no son de recibo, siempre que en virtud a lo normado por el art. 375 CPCC pesa sobre cada parte (en este caso a ella) la carga de la acreditación de los hechos que dan fundamento a su pretensión, por lo que no resulta razonable delegar esa labor en terceros o bien en la actividad jurisdiccional (arts. 375, 384, 474 CPCC).
Párrafo aparte merece la apreciación de la prueba testimonial rendida a la que la legitimada activa le da una importancia central.
En este sentido noto que, por efectos de la pandemia de público y notorio conocimiento, se ordenó que esta prueba se produzca en “actas de declaración jurada” método que -por su naturaleza- impide el debido control de la contraparte y el órgano Judicial. Por ende, éstas deben ser analizadas con mayor estrictez y detalle (art. 384 CPCC).
Y es en esta faena que encuentro en las tres deposiciones respuestas que superan lo coincidente para incurrir en extremas similitudes que resultan sospechosas y les quitan entidad probatoria.
Nótese que las tres testigos, según las actas, describen hechos y circunstancias utilizando palabras prácticamente idénticas.
A modo ilustrativo véase que todas en la respuesta CUARTA responden “Que como ya dijera, antes del año 2015, Irma vivía con sus padres Ramón Bustos y Beatríz Freiría, después del fallecimiento de ellos, Irma es la única dueña de la casa” (resaltado en negrita las manifestaciones idénticas entre las tres).
En la QUINTA responden “Si, que yo sepa, desde que vivían en el barrio, siempre fue el señor Bustos y familia” (en negrita lo idéntico).
A la SEXTA “Si, que como fuera manifestado antes, Ramón Esteban Bustos era padrastro de Irma Alvarado”.
En la SEPTIMA hacen una descripción prácticamente idéntica desde lo semántico sobre las características del predio utilizando expresiones iguales y detallando la propiedad con una misma organización.
En aplicación de las máximas de la experiencia y reglas de la lógica -principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano, natural y científicos verificables- concluyo que resulta materialmente improbable que la totalidad de las deponentes, llamadas a declarar de modo separado una de la otra y sin influencias externas, utilicen idénticas palabras y organización para describir los mismos hechos. Insisto, todos los deponentes repitieron de modo casi textual la declaración, restándole ello sensiblemente la capacidad probatoria (art. 384 CPCC).
Finalmente, la prueba de presunciones bien puede ser aplicada y tenida en cuenta, tal como lo refiere la apelante, pero siempre y cuando está esté soportada por un despliegue probatorio que las haga sustentables, extremo que no se cumple en la presente causa (art. 384 CPCC).
Consecuencia de todo lo expuesto es que encuentro que la actora no ha logrado probar -tal como lo concluyó el Juez de grado- la posesión del cedente, por lo que no se hallan configurados los requisitos de procedencia de la acción (arts. 2384, 3948, 4015 CC; 7, 1905, CCyC; 375, 384, 474, 639 CPCC).
7. En tal entendimiento, propicio confirmar la sentencia apelada en todos sus términos (arts. 2384, 3948, 4015 CC; 7, 1905, CCyC; 375, 384, 474, 639 CPCC). Postulo, asimismo, que las costas en esta instancia sean soportadas por la actora en su calidad de vencida (art. 68 CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada en todos sus términos (arts. 2384, 3948, 4015 CC; 7, 1905, CCyC; 375, 384, 474, 639 CPCC). Las costas en esta instancia cabe que sean soportadas por la actora en su calidad de vencida (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada en todos sus términos (arts. 2384, 3948, 4015 CC; 7, 1905, CCyC; 375, 384, 474, 639 CPCC). Las costas en esta instancia deberán ser soportadas por la actora en su calidad de vencida (art. 68 CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA; y a la demandada rebelde Mirtha Azucena Luna -heredera de Jorge Cornelio Selmi- en su domicilio real -conforme trámite del 20/09/2022- (arts. 59, 62, 138 y concs., del CPCC; 11 inc. "a" del Anexo I y Anexo III del Ac. 4013/21 texto según Ac. 4039/21 de la SCBA.). DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 14/03/2023 07:33:17 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 08:33:23 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 14/03/2023 08:55:02 hs. bajo el número RS-47-2023 por AGUILERA MARIA FLORENCIA.
Fin de la sentencia